JUNTOS CONTRA GOLIAT. Por Marie-Therese Lager

Miles de personas en Ecuador se movilizaron en contra de las medidas económicas en el país.

Una reflexión sobre las manifestaciones indígenas en respuesta a las recientes medidas económicas en el Ecuador

Desde que se iniciaron las protestas, el tres de octubre de 2019, cuando el  presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció medidas económicas, el llamado “paquetazo”, nos enfrentó a un momento histórico de una realidad cruel y violenta que no han logrado superar los países latinoamericanos desde la independencia.

Esto nos pone de frente a una lucha desproporcionada, desde relaciones geopolíticas, sociales, culturales y económicas desiguales: los poderes hegemónicos nacionales y transnacionales por un lado y los pueblos y nacionalidades indígenas y otros actores sociales por otro. Seguimos marchando bajo la sombra colonial acompañada por un discurso que encuentra la salvación en el desarrollo.

Da a entender que la pobreza es culpa del “vago”, y que empeño, dedicación y esfuerzo son las claves que nos llevarán a una vida próspera.  Bajo este esquema discursivo el vicepresidente Otto Sonnenholzner pedía, en semanas pasadas, a la ciudadanía  “comprensión por las decisiones tomadas en el marco del “plan de prosperidad”.

Las medidas económicas que conlleva el “plan de prosperidad” son el resultado de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo del 2019.

  Cambiar el mundo no viene de arriba ni de afuera”.

 

Según el economista Pablo Dávalos,  son las primeras medidas  establecidas en la Carta de Intención del FMI y seguirán otras. Hasta ahora se decidió la eliminación de subsidios de gasolina y diesel, la eliminación de los anticipos de los impuestos a la renta, reducción a la mitad de los impuestos a la salida de divisas y la reducción de sueldos para contratos ocasionales entre otras medidas.

Este acuerdo, según el Ministro de Finanzas Richard Martínez (heredero de uno de los mayores diarios del país) tiene como objetivo recuperar la credibilidad y confianza de la comunidad internacional;  alejarse de la ruta del socialismos del Siglo XXI; mejorar la economía interna a partir de la reducción de la masa salarial y los gastos de bienes públicos, dando mayor competitividad a la actividad privada, lo que significa la privatización de los bienes públicos y la apertura al libre mercado.

Dávalos habla de un “terrorismo económico” que somete a la población a una crisis económica y empobrecimiento, necesario para legitimar las ventas de los bienes públicos en manos privadas, lo que termina quitando al Estado ecuatoriano su soberanía económica (Dávalos, 2012). Las medidas económicas establecidas en la Carta de Intención del FMI obliga al Estado la abstención de gastos públicos en: educación, salud e infraestructura para de esta manera poder pagar las deudas con el FMI.

Esto provocará una contracción económica que resultará en crisis social, elevación de los precios y aumento del desempleo, reducción en obras sociales, caída del consumo, mientras que los despidos aumentan. Los créditos se volverán insostenibles y las deudas personales empezarán a crecer. Asimismo, las empresas dejarán de colocar dinero al interior de la economía y los capitales serán enviados al exterior gracias  a la eliminación del impuesto de salida de las devisas. De esa manera los dólares se reducen y en el Estado empieza a faltar capital para soportar una crisis de liquidez. Por lo tanto, la venta de la infraestructura pública a manos privadas, que hasta ahora ha logrado mantener la dolarización, se volverá incomprensible en este escenario.

En este sentido las medidas tomadas responden a los intereses de las grandes corporaciones y el mercado apoyado por el FMI, en cuya sangre corre el neoliberalismo. Así mismo, las decisiones gubernamentales muestran su adscripción a la agenda de los empresarios; no velan por la estabilidad económica ni por el “bienestar” de la población. Delante de todos ecuatorianos se está llevando a cabo un “terrorismo económico” que conduce al Ecuador a la pobreza total encubierta en el cuento del desarrollo.

En consecuencia, los pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra y Amazonia marcharon a Quito para manifestar su desacuerdo. Desde este momento la ciudad se convirtió en un campo de guerra, resultado de una política de represión y violencia ejecutada por los militares y policiales; medios de comunicación, en manos de los grandes empresarios beneficiados, publicando información únicamente a favor del gobierno ecuatoriano.

Moreno, a través de un discurso que “criminaliza” a los grupos sociales, tanto indígenas como demás actores sociales que levantan su voz contra las medidas tomada, y despierta “miedo” en los ciudadanos. Verbaliza la ideología colonial inherente a la  estructura social ecuatoriana.

 

Junto a sus partidarios da nombre y color a los “culpables”  insinuando contantemente que “vandalismo”, “inseguridad” y “actos criminales” llevan poncho y sombrero. Intenta de esa manera explicar las decisiones decretadas; el uso de violencia a través de la fuerza armada,  matanza y represión contra los protestantes. Esto justifica la represión violenta como “mal necesario” para restablecer la “democracia” y “seguridad social”, aunque se perjudique la integridad humana y se viole los derechos constitucionales y humanos. Por ello, se ha anunciado el “estado de excepción” que requiere la presencia y la intervención militar y policial.

Estas decisiones resultaron en siete fallecidos,  1340 personas heridas y 1152 personas detenidas (Defensoría del pueblo, 2019). Estos números están aumentando, pero únicamente del lado de los grupos marginales, los actores sociales y organizaciones indígenas en resistencia, porque ésta lucha es desigual. Es una lucha contra Goliat: el decreto 883, el “paquetazo” y la oligarquía ecuatoriana. Pero también es una lucha contra la hegemonía económica, contra el cuento de hadas llamado “desarrollo”, y además contra la sombra colonial que hasta ahora ha sido nuestro fiel acompañante.

 

*Antropóloga

Bibliografía:

Dávalos, Pablo (2012): “Hacia un nuevo modelo de dominación política: Violencia y poder en el posneoliberalismo” En Diego Castro (ed.) Luchas sociales y gobiernos progresistas en américa latina, Extensión: Uruguay. 135-152.