EL AGOTAMIENTO DE UN MODELO DE CONTROL SOCIAL

Decenas de estudiantes formaron cadenas humanas para ayudar en las protestas sociales. Foto: Inredh

El levantamiento indígena de octubre

¿Fin de un gobierno o fin de un régimen? Eso es lo que toca definir al calor del levantamiento indígena que acaba de convulsionar al país. Si entendemos a un régimen como el modelo de estructuración de las relaciones de poder durante un período determinado, podemos afirmar que el régimen actual se inauguró con el ascenso al poder de Lucio Gutiérrez en 2002. En ese momento fue determinante la irrupción del movimiento indígena, que venía movilizándose desde una década atrás.

Gutiérrez fue un militar golpista que se embarcó en el movimiento indígena para llegar al gobierno. En su administración se definieron los lineamientos generales de lo que sería el régimen para los próximos años: subordinación prioritaria al capitalismo chino (sin dejar la vieja dependencia al capitalismo gringo), extractivismo, acumulación de capital con la intermediación del Estado, neutralización de la resistencia indígena, mayor concentración de la riqueza, políticas clientelares para reducir la conflictividad social.  Los gobiernos que se sucedieron durante los últimos 17 años han cumplido con relativa uniformidad este patrón de dominación.

El esquema funcionó mientras abundaron los recursos públicos producto de la bonanza petrolera. Ya desde el gobierno de Gutiérrez se registró una mejora notable de varios indicadores sociales y macroeconómicos. No solo por comparación con la debacle previa, sino porque la disponibilidad de fondos públicos permitió iniciar la aplicación de políticas de recuperación económica. En ese sentido, la caída de su gobierno en 2005 obedeció más a un desacuerdo respecto del proceso de acumulación de capital que a un agotamiento de su administración.

Estos desacuerdos fueron hábilmente resueltos durante los diez años de gobierno de Rafael Correa. En ese período hubo mayor disponibilidad de recursos públicos y Correa logró la aquiescencia previa de los mayores grupos de presión económica del país. Al margen de su retórica anti sistémica, el primer gobierno de Alianza País facilitó un proceso de acumulación inédito en la historia del Ecuador.

El modelo, no obstante, empezó a mostrar sus costuras en 2014, una vez que los precios internacionales del petróleo se desplomaron. Como la presión de los grupos de poder no cedía, el gobierno se vio obligado a tomar algunas medidas que reactivaron los lineamientos neoliberales del pasado: endeudamiento agresivo, explotación del Yasuní, alianzas público-privadas, visita de Hilary Clinton para restablecer puentes con los Estados Unidos, invitación a un “monitoreo” del FMI y, finalmente, suscripción de un TLC con la Unión Europea.

La reacción social pudo contenerse gracias a un endeudamiento externo opaco e irresponsable, que permitió mantener la línea de gasto clientelar hacia los sectores populares. Dicho de otro modo, el gobierno de Correa/Alianza País pateó hacia adelante la insostenibilidad del modelo. Arrinconado por los escándalos de corrupción, apostó por la impunidad promoviendo la candidatura de su exvicepresidente, Lenín Moreno.

Moreno heredó una economía colapsada; eso es cierto. Lo reconoció ni bien se posesionó con la célebre frase de que “no le habían dejado ninguna mesa servida”. No obstante, y al margen de querer descargarse de sus responsabilidades como sucesor de Correa, tuvo que darle continuidad a un modelo que persistió más allá de su voluntad. Los grupos de poder que se habían beneficiado de la bonanza desde 2002 (incluyendo las empres trasnacionales, especialmente las chinas, a partir de la segunda década) seguían marcando el compás de la economía. El costo de la crisis, en tales circunstancias, debía echar mano de una respuesta que no pusiera en riesgo el esquema de acumulación capitalista acordado desde la época de Gutiérrez.

Aspiración inviable a la luz de los hechos. En efecto, los problemas estructurales sin resolver tenían que aflorar tarde o temprano: una economía campesina que no fue impulsada ni reconocida con una reforma agraria integral, sino con la entrega de paquetes de compensación para incluirla en la gran revolución verde (kits de fertilizantes, fortalecimiento de grupos monopólicos de producción y comercialización de alimentos como Pronaca y La Favorita/Supermaxi, subordinación de la alimentación escolar a la gran empresa, reemplazo de la alimentación escolar manejada por las familias en las comunidades, destrucción del seguro social campesino), sectores indígenas y afroecuatorianos con los peores indicadores sociales del país y de la región, desempleo, marginalidad urbana creciente, matriz productiva primario-exportadora, es decir, un caldo de cultivo para el estallido social.

Hay que señalar que, a diferencia del escenario del levantamiento indígena del año 90, hoy el Ecuador está mucho más permeado por el narcotráfico como factor político. En 2017 vivimos el asesinato de tres periodistas en la frontera norte, a manos de un grupo disidente de la guerrilla colombiana dedicado al tráfico de estupefacientes; el país registra la escalofriante cifra de 42.000 desaparecidos; el sicariato y el crimen organizado se han incrementado en los últimos años.

Lo que acaba de suceder era previsible por la continuidad y profundización del gobierno de Alianza País. Durante dos años el gobierno de Moreno recurrió a una desesperante ambigüedad para evitar decisiones estratégicas que comprometieran su imagen interna. Mientras tanto, los sectores empresariales de derecha iban poco a poco colonizando la administración pública, a la par que la crisis económica se volvía cada vez más inmanejable. Las especulaciones sobre eventuales medidas para enfrentar la crisis han sido pan del día durante el último año. En algo sí coincidían todos los expertos: el modelo no daba más. En otros términos, el régimen instaurado a inicios de siglo se había agotado.

Lo que no era previsible fue la brutal represión con la que se intentó frenar la movilización del pueblo (nacionalidades indígenas, comunidades, barrios populares). Hasta la fecha se registran al menos ocho muertos, centenas de heridos, niños y niñas perdidos y atendidos en puntos de salud improvisados, centros de salud con prohibición de dar información debido al estado de excepción, amenazas a los servidores públicos de perder sus puestos si salen a atender. Durante doce días se instauró un auténtico terrorismo de Estado, en la misma tónica con la que han respondido los últimos gobiernos a las movilizaciones indígenas: represión indiscriminada, militarización del espacio público, guerra informática, simbología racista.

Finalmente, la solidaridad de las clases medias y populares en las calles de Quito, brindando albergue, alimentos y vituallas a los indígenas movilizados nos muestra que el guion racista la derecha empresarial no ha calado. La gigantesca marcha de las mujeres el día previo a la instalación del diálogo entre el gobierno y la Conaie da muestras de una reacción social que fue determinante para forzar una salida negociada, en un momento en que la tozudez del gobierno y las acciones violentas de grupos delincuenciales habían vuelto incontrolable el conflicto.

La plurinacionalidad a la orden del día

El desenlace de las movilizaciones fue, sin lugar a dudas, un triunfo del movimiento indígena, empezando porque sentaron al Presidente de la República en una mesa común para establecer un diálogo público. No solo se derogó el Decreto 883 que fue el detonante de las protestas, sino que se entró a discutir alternativas para salir de la crisis económica sin golpear aún más a los sectores populares.

La marcha de miles de mujeres encabezada por Blanca Chancoso, un referente histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas, que invadió el centro financiero de la capital para visibilizar lo que los medios empresariales quisieron minimizar, evidencia la diversidad de las solidaridades y desmonta el imaginario de marginalidad que las élites quieren implantarle al movimiento indígena. Estas expresiones vuelven a colocar sobre el tapete la agenda pendiente de la plurinacionalidad.

La solidaridad de los quiteños con los indígenas movilizados desbordó las expectativas. En varias universidades se alojó, protegió y alimentó a miles de mujeres, niños y hombres que durante doce días resistieron a la represión en las calles. Fueron grupos de jóvenes estudiantes que asumieron un compromiso no solo humanitario, sino político: el reconocimiento de los derechos colectivos de un sector social que no vino a invadirnos, como perversamente quisieron describirlo las élites más reaccionarias y racistas de la ciudad, sino a presentarnos una realidad diferente. Una realidad que es parte sustancial de este país.

Si durante doce años el gobierno de Alianza País ha intentado reducir el sujeto colectivo a la individualidad ciudadana, el paro nacional liderado por los indígenas nos restaura el valor de la comunidad: el parque del Arbolito con sus cocinas comunitarias, las universidades convertidas en zonas de paz y acogida, el sostén de las mujeres y el cuidado compartido.

Los días de movilización dejan otra enseñanza fundamental: aquellos jóvenes urbanos que durante una década vivieron adormecidos por el consumismo, experimentaron en carne propia las lógicas de dominación del sistema: represión, brutalidad policial, irrespeto a la diferencia. También descubrieron que más allá de los muros simbólicos de las urbes hay un mundo que desafía la ofensiva depredadora del capitalismo, que cuida el agua, la naturaleza y la biodiversidad, que se opone con razón a la ofensiva minera y petrolera.

La visión paternalista de las clases medias urbanas cambiará. No se trata de caridad, sino de justicia. La deuda de más de 500 años no puede soslayarse con una respuesta administrativa y asistencial desde el Estado. Las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas cuestionan un modelo de Estado que los excluye en forma sistemática; no quieren programas y obras, sino una reestructuración de las formas de poder. Luego del levantamiento de octubre, el movimiento indígena se fortalece, no solo por su cohesión y capacidad organizativa sino por haber generado una solidaridad enorme en otros sectores del país. La madrugada del lunes 14 de octubre, una vez finalizado el paro, pobladores del sur de Quito, una zona pobre de la ciudad, despidieron a los indígenas en medio de aplausos.

A pocos días del paro los impactos cotidianos son evidentes: el precio del transporte volvió a sus cifras anteriores, al igual que el precio de los alimentos básicos. Las diferencias medidas en centavos son cruciales para la economía familiar campesina y popular urbana.

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Desde Cotacachi

El lunes 7 de octubre viajamos a Quito desde Cotacachi, sierra norte del Ecuador, en una caravana integrada por unos dos mil representantes de las comunidades de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac) y de Intag, zona subtropical del cantón que resiste a la minería por más de 20 años. Fuimos a integrarnos a las movilizaciones indígenas. A lo largo de la ruta se nos sumaron compañeros y compañeras de las comunidades indígenas de Otavalo y Tabacundo. La ruta estaba totalmente bloqueada por barricadas, pero pudimos pasar gracias a que teníamos un salvoconducto de la Federación Campesina e Indígena de Imbabura (FICI). Entendí que estábamos viviendo la plurinacionalidad.

A lo largo de los 100 kilómetros de recorrido fue impresionante el apoyo de las comunidades indígenas de Imbabura y Pichincha, y también de comunidades no indígenas como Tabacundo y Guayllabamba. Aplaudían y nos entregaban agua y comida. En el ingreso a Quito había varios cortes de la ruta; en Carapungo, barrio popular y con fuerte población indígena, la gente se unió a la caravana. Tardamos más de una hora en cubrir el tramo de alrededor de un kilómetro entre Llano Chico y el intercambiador de Carapungo.

A lo largo del viaje conversé con varios dirigentes indígenas que venían en el camión que nos prestaron unos comerciantes de Íntag. Los dirigentes no tienen nada que ver con el correísmo; aún está vivo el recuerdo de cómo las organizaciones indígenas fueron brutalmente perseguidas por Correa, cómo muchos dirigentes fueron criminalizados e incluso encarcelados. No descartan la infiltración de elementos nefastos del correísmo, que pretenden pescar a río revuelto, pero el financiamiento de la caravana venía de las organizaciones, las comunidades y de algunos gobiernos municipales.

Las comunidades indígenas son las más pobres de Ecuador. La exclusión y desigualdad se las sufre como en ningún otro sector social. Cientos de años han pasado sin que se resuelvan.

Nuestro regreso a Cotacachi, ocho días después, estuvo marcado por muchos sentimientos, principalmente la alegría de haber sido parte de un momento histórico para el país, para América y el mundo. Nuestra presencia en las calles fue más que nada una escuela de solidaridad, de empatía, de humildad; una escuela que nos enseñó que el país tiene otras caras, muy hermosas. El reencuentro y la cercanía con todos nos transformó. Terminamos con la imagen de ser parte de esas naciones y de este país, muy diferente a la de la violencia, la corrupción, la farándula y el arribismo que nos muestran los medios.

También fue una escuela política. Muchos criterios se aclararon, las mentiras de las élites se develaron, develamos las trampas que intentaron ponernos como sociedad, entre el humo de las bombas lacrimógenas y las llantas descubrimos algunas verdades ocultas: las de los pueblos oprimidos que luchamos juntos y, sobre todo, la fuerza que nos empuja a ser actores vivos de las transformaciones.

Regresamos a Cotacachi y a Íntag a reencontrarnos con nuestros hijos, hermanos y hermanas, quienes también resistieron cerrando vías y solucionando el desabastecimiento, haciendo fuerza para que sus hijos y hermanos regresen con vida. También reconocemos el dolor, la honra y el recuerdo de nuestros muertos; de las ocho personas que murieron, que dejaron su vida en la protesta, en la construcción de su propia historia. Nos quedan los ocho presos políticos de Cotacachi, cuyo delito fue exigir sus derechos y responder a la violencia que impuso el Estado.

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Desde las calles de Quito

En el parque del Arbolito había unos diez médicos y entre 40 y 50 estudiantes voluntarios brindando atención a los heridos. También había brigadas en las universidades Católica, Salesiana y Central. La Universidad Central abrió las puertas del coliseo quizá más por la presión social, luego de que las otras universidades se convirtieron en lugares de acogida. Las autoridades negaron el pedido de algunos estudiantes de abrir la facultad de Medicina, que habría sido estratégicamente importante para guardar los insumos y atender pacientes menos graves.

En el centro de la ciudad se instalaron varios puntos móviles: en San Blas, en el colegio Mejía, cerca de del Palacio de Gobierno, en la Basílica, los más importantes; grupos de ocho personas en promedio recorrían las calles para atender a quienes no podían llegar a los albergues.

En el parque del Arbolito se dieron al menos cien atenciones diarias. Se atendió muchos asfixiados, heridos por perdigones o bombazos, esguinces, fracturas, contusiones y quemaduras. Hubo heridos que necesitaron suturas y curaciones. También hubo heridos graves: varios con paro cardio-respiratorio que requirieron reanimación cardio-pulmonar; otros, con traumatismo craneano grave, fracturas expuestas, amputaciones traumáticas por explosiones y golpes, tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital. Todo esto en medio del gas y la movlización, en camillas improvisadas con mantas o colchones, en camionetas de voluntarios porque la Cruz Roja decidió no prestar más sus ambulancias.

En los recorridos por las calles también encontramos heridos por perdigones o por golpes. Varios de ellos requirieron ser suturados en la vereda o en los zaguanes. Recibimos muestras de solidaridad inenarrable de parte de la gente, que en los recorridos por las calles nos ofrecía agua y alimentos.

No hubo coordinación entre las universidades para la atención; por lo menos, no formal. En el parque del Arbolito estuvimos estudiantes voluntarios de todas las universidades de pre y posgrado y de varias carreras; médicos del sector público y privado; y socorristas de la Cruz Roja que al llegar se sacaron el uniforme porque temían ser reconocidos por su institución, que no respaldó su presencia.

* Por J. Cuvi, E. Arteaga, J. Cueva y X. Maldonado