EL MOVIMIENTO INDÍGENA Y LA INSURRECCIÓN DE LOS ZÁNGANOS. Por Stalin Herrera 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH alertó sobre nivel de violencia generalizada en varias ciudades del Ecuador resultado de protestas sociales. Foto: CDH

Aunque hay quienes pueden criticar los resultados de las movilizaciones de octubre en el Ecuador, yo diría que ganamos muchas de las cosas que habíamos perdido, sobre todo repusimos la posibilidad de reapropiarnos de la historia aunque el futuro siempre sea incierto. Pero para avanzar necesitamos hacer balances de los claros y oscuros que nos mostró la jornada.Ana María Guacho, una de las miles de mujeres indígenas que tomaron un palo para caminar por sus hijos, en medio de sus lecciones de economía y política para Moreno, nos cuenta que vivimos un segundo levantamiento indígena. Los 11 días de movilizaciones recuperaron de la memoria colectiva del gran levantamiento de 1990, pero es evidentemente que este tiene otros elementos que debemos explorar:

A diferencia de los noventa el movimiento indígena hoy es el movimiento social y popular organizado más grande del Ecuador, pero al igual de los noventa, el proceso fue más insurreccional que el resultado de su convocatoria. La misma dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no lo esperaba y todos teníamos dudas de lograr una marcha importante.

Las medidas se anunciaron tempranamente y el gobierno, en nombre de la crisis y alineadas con el plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), pedía a la ciudadanía que sea comprensiva y arrimara el hombro; pero cuando presentó las medidas proponía que los trabajadores pagaran la crisis para asegurar las ganancias de las elites (reducción de salarios y vacaciones para unos, reducción de impuestos y libre mercado para otros). Así, mientras el Frente Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Conaie intentaban acordar una fecha para el gran Paro Nacional que luego se convocaría para el 9 de octubre de 2019, los primeros en reaccionar fueron los transportistas y los estudiantes que empezaron a tomarse las calles al día siguiente.

El gremio de transporte negoció rápidamente y María Paula Romo, ministra de Gobierno, tras la desmovilización de los transportistas afirmó que en las calles solo quedaban unos cuantos zánganos y la gente invirtió el símbolo y  bautizó la protesta como la “Rebelión de los Zánganos”.

Las organizaciones mantuvieron la auto convocatoria y el Paro Nacional, las protestas se multiplicaron en los territorios y en los barrios, algunas filas del gremio de transporte no se sintieron reconocidos en la negociación también se sumaron, las organizaciones de bases de la Conaie empezaron marchar hacia la capital antes de lo previsto; y el 7 de octubre, cuando los indígenas empezaron a llegar a Quito, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores y los barrios  llevaban varios días sosteniendo la protesta.

En Quito, desde los barrios populares del sur y norte salieron a las calles a recibir las marchas con aplausos, consignas, agua y comida, y en el parque de El Arbolito mucha gente que se movilizó a “preparar” la bienvenida, su entrada fue casi una fiesta. Hubo mucha expectativa de que el movimiento indígena pudiera poner orden, dar cierta dirección y empujar hacia delante las acciones.

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Cuando llegó el día del Paro Nacional, el presidente Moreno había trasladado la sede del gobierno a Guayaquil –el bastión de las oligarquías terratenientes y conservadoras– y la Asamblea Nacional dejo de sesionar por seguridad, pero se produjo una marcha enorme, el cálculo más conservador fue 35.000 personas: 20.000 indígenas que anunció la Conaie, unos 5.000 trabajadores convocados por el FUT y unas 10.000 personas más que se auto-convocaron. Personalmente creo que la marcha supero largamente la cifra, pero el gobierno y los medios de comunicación tampoco se atrevieron a dar una cifra e intentaron construir la idea de que en Quito no pasaba nada.

En las provincias miles de personas expresaban su apoyo al paro con una multiplicidad de agendas y demandas, tal como lo reconoció Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en uno de sus primeros discursos, “tras el movimiento hay un agenda anti minera y de los trabajadores”; el MICH por ejemplo planteó la necesidad de una agenda territorial con la agenda nacional; y el Pueblo Montubio convocaba a las productores porque las medidas afectan los costos la producción y la comercialización. Sin embargo, tanto el FUT como el Frente Popular que habían sido convocantes del Paro Nacional palidecieron frente a la abrumadora presencia indígena. Aquello que inició como un paro nacional se transformó en un levantamiento indígena popular y con esto también perdieron visibilidad las demandas de los estudiantes, las mujeres, los ecologistas, etc. Este fenómeno no responde únicamente a la fortaleza del movimiento indígena, sino también, a  la debilidad del resto de movimientos para situarse en el escenario; la mayor parte de organizaciones optaron plegar a la demanda nacional, bajar las banderas propias y sostener la movilización.

Para los que marchábamos ese día,  en la mañana nos llamó la atención la forma de ordenar una de las pocas tarimas del proceso. Aunque el presidente del FUT, Mesías Tatamuez, pasó por ahí invitando al movimiento a la marcha de los trabajadores que estaba convocada al otro lado del parque, la tarima tenía su ritmo y no le hicieron mucho caso; hablaron solamente dirigentes y autoridades de los pueblos, nacionalidades  manteniendo así un discurso radical contra el gobierno, el paquetazo, el FMI y el Correísmo.

Además, en la tarima volvieron a estar la Feine y la Fenocin, una articulación/participación que no se había visto desde la Ley de Tierras en el 2012, organizaciones que mantuvieron fuertes rivalidades durante el periodo de Correa. Al mismo tiempo, fue notorio que las autoridades electas del Pachakutic y grandes figuras del último periodo como Yaku Pérez o Salvador Quishpe tuvieron un rol secundario; y que la bancada legislativa tuvo poca iniciativa política para acompañar al movimiento.

Hubo quienes criticamos las formas de organizar la tarima y construir la vocería del proceso, se percibía la disputa por la conducción y la representación, pero en Chimborazo reportaron elementos similares; los dirigentes de base se negaron a que las autoridades electas y los “viejos” dirigentes condujeran el proceso. Pero más allá de la disputa por la representación, en los actos estaba presente la tensión entre lo “social” y lo “político”, entre la organización y su representación política; tensión que fue posible gracias a la clara distancia entre las autoridades electas y su base social (vale mencionar que varios asambleístas del PK, en la Asamblea Nacional votaron a favor del proyecto por la reactivación económica que permitió la condonación de la deuda en firme de las empresas; en contra de la despenalización del aborto en casos de violación aunque la Conaie había manifestado públicamente su apoyo).

Sin duda la instalación de una tarima ayudó a sintonizar a la dirección nacional con las dirigencias de base, pero no fue insuficiente para contener las tensiones y las demandas. En el desarrollo de la marcha los dirigentes de base reclamaban la presencia de las autoridades y las orientaciones resultaron confusas. Aunque a lo largo de la marcha se evitaron las confrontaciones con la policía y se mantuvo la disciplina  gracias a la “Guardia Indígena”, en la tarde la represión de la policía desató la confrontación nuevamente, la gente marchó sin dirección clara, unos querían tomarse la presidencia y otros la asamblea, pero como el presidente cambió la sede de gobierno, simbólicamente intentábamos ocupar instituciones vacías.

Los siguientes días la protesta en las calles fue en ascenso, el movimiento hizo esfuerzos por desmarcarse de la violencia, pero en el proceso se incendió la Contraloría General del Estado y la respuesta del gobierno también fue en ascenso. El ministro de Defensa Oswaldo Jarrín advirtió, entre líneas, a la población que se usarían armas letales y la respuesta del gobierno fue en esa línea: decretó estado de excepción, toque de queda y movilizó tanto a la policía como al ejército.

La represión de esos días dejó ocho fallecidos, 1.340 personas que recibieron atención médica y 1.192 detenidos a escala nacional (Informe de la Defensoría del Pueblo del 14 de octubre del 2019). A la vez, los 11 días de movilización fueron posibles porque la protesta se inundó de la solidaridad de la población que llevaba comida, frazadas y medicamentos; estudiantes de medicina que atendían a los heridos; voluntarios de todos los colores que corrían de un lugar a otro, limpiaban o cuidaban niños; cocinas populares; universidades que abrieron sus puertas para que los indígenas durmieran. Sin embargo, la imagen de la Contraloría General del Estado incendiada fue el símbolo elegido por los grandes  medios de comunicación para posicionar una imagen de vandalismo.

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Todos los que participamos de la convocatoria y la movilización frente al silencio de las dirigencias, la ausencia de la mesa de coordinación entre el FUT y la Conaie, la creciente impaciencia y la dificultad para articular las múltiples movilizaciones y la explosión de las desconfianzas que las falsas noticias sembraban en la movilización; preguntábamos por la estrategia para salir del paro. Cuando el gobierno se abrió al diálogo directo, lanzó el desenlace en las manos de la dirigencia y cuando la Conaie aceptó, se sintió un profundo respiro, aunque varios dirigentes decían que podrían sostenerse un mes –la reflexión no resultaba descabellada, el tejido comunitario y la diáspora campesina sostenía a sus delegados y representantes en una estrategia de relevos; pero esa no era las condiciones del resto de organizaciones.

El planteo una carta de negociación en donde la agenda reveló la profunda incomprensión del campo y la absoluta distancia de los ministros con los sujetos que se habían tomado la ciudad. Era una propuesta de desarrollo rural de los años ochenta mezclada con propuestas que el gobierno ya está haciendo desde el periodo de Correa (vías rurales, hectáreas de pastura, riego, crédito, kits y tecnología); proponía proyectos para que sean manejados por los indígenas, un intento de reeditar los programas de desarrollo indígena tipo Prodepine; la reapertura de las escuelas multigrados que sonó a educación uni-docente de los 90. En el fondo, el racismo institucional que históricamente domina la organización de la política agraria en el Ecuador por parte de las élites.

Pero el movimiento indígena respondió con un diálogo condicionado, que sea directo y televisado al público. Mientras se producía el diálogo los memes incendiaron las redes y alguien dijo “parece un reality show, de un lado; gente que apenas pueden expresarse, manejan malamente el castellano y casi no se dejan entender en español; del otro lado, los indígenas”; otros punteaban un partido 5 a  0 y un autogol del gobierno.

El hecho es que los indígenas  habían hecho su tarea, mientras que el gobierno planteaba la revisión del Decreto 883 para incluir unas medidas compensatorias, los dirigentes daban clases de economía y política; mostraron una posición unitaria; explicaron con manzanas el problema de paquetazo; y recogieron la subjetividad de insubordinación en dos frases: “Señor presidente, no estás hablando con la Conaie sino con todo un país”, “No hemos venido solos, sino que estamos acompañados de la gente”.

El gobierno, finalmente acepta cambiar el Decreto y, de manera amenazante, compromete al movimiento a sacar un nuevo decreto que incluya las compensaciones que eviten el desangre de la economía resultado de las compensaciones. En un momento, recorrían las redes una parte del diálogo que no se televisó, un intento del gobierno de engañar al movimiento, sosteniendo que no se derogaría el decreto hasta que no esté listo el nuevo decreto, pero el movimiento y el gobierno afirmaron que se derogaba el Decreto 883.

Más allá del decreto mismo, el movimiento indígena logró una histórica articulación entre la Conaie, Feine, Fenocin y la estratégica representación de las mujeres amazónicas, recuperando el lugar de representación política para el conjunto de las fuerzas populares.

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El gobierno, los medios de comunicación y las élites nacionales desplegaron una compleja campaña para desmovilizar a la población, la cual merece un análisis aparte, pero el estado de excepción, el toque de queda y el despliegue policial militar debe ser entendido en el marco de un extraño proceso de insurrección que lograba una escala nacional; y pudimos seguir gracias a los medios masivos de comunicación que rompieron el cerco mediático.

  • A pesar del estado de excepción, el toque de queda y la amenaza de guerra planteada por el gobierno, la población salió a las calles para solidarizarse con los indígenas y participar del Paro Nacional, la misma noche en que decreto toque de queda se convocó a un cacerolazo, la gente salió a las terrazas y a las calles a mostrar su apoyo, pero además las redes mostraron que su eco llegó incluso hasta a la lejana provincia de Loja.
  • Los medios intentaron difundir algunas acciones de los indígenas frente a los símbolos modernos de la dominación “terrateniente”, un intento por tomarse una empresa lechera y la “invasión” de varias florícolas, pero el movimiento desmintió los hechos y no generaron mucha conmoción.
  • Entre los elementos a resaltar está el ejercicio de autonomía y derechos colectivos realizado por el movimiento indígena, que ante la declaración del estado de excepción, la Conaie y el Pueblo Kitukara emitieron comunicados donde establecía un Estado de excepción en sus territorios: advertían que los policías y militares que intervengan en los territorios serian castigados por la justicia indígena.
  • En las jornadas de protesta las organizaciones se tomaron 8 gobernaciones, en donde se destacaron las acciones de Chimborazo e Imbabura que impulsaron asambleas populares y autogobierno.
  • A diferencia de otros levantamientos, se registraron acciones de protesta en casi todas las provincias y solo en Quito se mapearon algo más de 13 focos/barrios en resistencia, en su mayoría sectores populares, zonas cercanas a los mercados y las comunas indígenas de Quito.
  • En la Costa, a pesar del regionalismo sobre el cual se construye una parte de la identidad nacional, en El Oro, Quevedo, Manta y Guayas, las organizaciones salieron a las calles a solidarizarse con el levantamiento indígena y como consigna coreaban “Quito aguanta que Manta se levanta” o “Quito aguanta que Quevedo se levanta”.
  • A esto se suma un hecho sobre el cual no conozco un registro histórico similar, un grupo de indígenas deciden caminar hacia Guayaquil y Jaime Nebot y Cyntia Viteri (alcaldesa de la ciudad, líderes del Partido Social Cristiano) respondieron con un racismo virulento, llamaron a la ciudad a defender la democracia, pidieron a los funcionarios que de forma voluntaria se movilizaran y enviaron a los camiones del municipio colocar llantas en el puente “Unidad Nacional” para evitar su entrada. Pero los medios no difundieron imágenes claras sobre la dimensión de la convocatoria o las marchas que si se produjeron en Guayaquil (casi todo debimos verlos en las redes).

Los dos últimos hechos, la solidaridad costeña con Quito y las marchas de las organizaciones indígenas apostadas en Guayaquil, mostraron fisuras en el régimen de lealtades sobre el cual se sostienen las elites, un hecho que se reforzó con convocatoria en defensa de la ciudad, la cual resultó pequeña frente a otros momentos en los cuales han demostrado una gran capacidad de movilización.

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Con 11 días de movilización que tenía manifestaciones “nacionales”, en otros tiempos del neoliberalismo, era fácil imaginar una salida presidencial antes que la derogación del 883. Sin embargo, el gobierno contó con el respaldo de los medios de comunicación, las élites económicas, el Partido Social Cristiano y el FMI; así, tras el rostro bonachón se esconde una sólida alianza conservadora.

La alianza sabiamente cultivada, le permitió al gobierno desplegar una estrategia de contención compleja y simultanea que fue más allá de uso de la fuerza policial y militar. Mientras el país se encendía, los medios de comunicación y el gobierno intentaron construir una imagen de que el problema se encontraba localizado en Quito –en la radio y en la televisión pasaron propagandas que mostraban al resto de ciudades en paz y una sociedad que demandaba tranquilidad para volver al trabajo–; tal como lo decía uno de los manifestantes, “mientras nos están masacrando, los medios transmiten a Bob Esponja”.

Apelaron al capital moral del movimiento y cierto paternalismo racista para intentar aislar al movimiento del resto de la protesta diciendo que el movimiento no es violento. Usaron la contraloría en llamas y los actos de violencia para deslegitimar la movilización, negando e visibilizando el impresionante despliegue de violencia estatal. Incluso intentaron apropiarse de los actos de solidaridad de la población para con el Paro Nacional afirmando que el cacerolazo era la ciudadanía que saludaba la paz sembrada por las fuerzas armadas en las calles.

Finalmente, aprovechando las declaraciones de Rafael Correa y la participación de los representantes de la Revolución Ciudadana que, erradamente salieron a apoyar al paro seguros de contar con el apoyo popular, el gobierno logró de manera eficiente activar una de sus mejores estrategias de contención, el anticorreísmo.

El punto es que, en un sentido gramsciano, el anticorreísmo se ha convertido en un consenso entre las élites y la sociedad que se ha instalado como un dispositivo de fragmentación y desmovilización. El anticorreísmo en las élites se explica porque, a pesar de que el gobierno de Correa garantizó su reproducción y ampliación económica, logró mantenerlos a un margen relativo de la administración del Estado y la distribución del excedente o la renta estatal.

El anticorreísmo de las organizaciones se fraguó en la política de contención que deliberadamente y consciente la Revolución Ciudadana lanzó sobre los movimientos sociales, en especial sobre los indígenas y trabajadores, al punto de fragmentarlos, perseguirlos y situarlos en la polarización permanente,  pero el anticorreísmo de Moreno se convirtió en una estrategia para orillar políticamente a Correa y hacer de “sus” consignas –el progresismo y la inversión pública– contrasentidos de época.

En el proceso, la figura de Correa y el progresismo fue evocada para deslegitimar las acciones de protesta y levantar un argumento conspiranoico que articula a Correa con Maduro, las FARC y los Latin King; pero además, sirvió a las organizaciones para deslegitimar a los dirigentes y otras organizaciones que en su momento estuvieron con Correa; en las mismas filas del propio movimiento indígena algunos dirigentes lo usaron para decir que la movilización había sido tomada por el correísmo y con eso deslegitimar la acción de su propia dirigencia; el anticorreísmo sirvió para legitimar la judicialización de asambleístas de le Revolución Ciudadana –un hecho sobre el cual se produjeron varios memes celebrándolo, a costa de celebrar la fractura de las instituciones y el debido proceso; sin darse cuenta que con eso el gobierno logró fortalecer su posición en la Asamblea Nacional a favor de las reformas económicas que deberán debatirse ahí.

Al finalizar el diálogo y pacificada la insurrección, la ministra María Paula Romo fue enfática en afirmar que se buscaran los responsables del vandalismo y la violencia, así que anunció el reforzamiento de los procesos de criminalización y judicialización de la protesta. Con este argumento, el gobierno fue tras los representantes más visibles del correísmo, contradictoriamente, el gobierno usa las normas del Código Penal Integral que, a pesar de la oposición y críticas de la sociedad en su momento, nació y se legitimó en las propias manos de lo que fue Alianza País.  Pero, como decía, el problema es que el anticorreísmo es un dispositivo que legitima la violencia del Estado, y una vez que termina con el núcleo duro de la Revolución Ciudadana, va en busca de los dirigentes y líderes sociales que protagonizaron la insurrección.

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Con la fortaleza que el gobierno muestra gracias a la alianza conservadora que lo sostiene y el reforzamiento de la judicialización y criminalización de las y los dirigentes, resulta claro que el trabajo hacia delante es enorme y exige reapropiarnos de la resistencia, fortalecer las articulaciones que se produjeron y mantener viva la solidaridad de la sociedad. Pero decirlo es fácil, velar a los muertos, curar los heridos y sostener a los presos es un trabajo enorme y costosos para las organizaciones y sus dirigentes. Pero como dijimos al principio, ganamos en muchas formas y El Arbolito volvió a ser nuestra cancha.

Tras varios años en los cuales el movimiento indígena se piensa desde la crisis o el fin de ciclo, fue evidente que el tejido organizativo lo dotan de una fortaleza política explosiva que no puede compararse con otros movimientos. Pero recuperar la capacidad de veto sobre la reconfiguración del neoliberalismo, no es tarea solo del movimiento indígena. Al interior exige resolver las tensiones y reconstruir los acuerdos políticos para lograr la reconstrucción de la conducción política e ideológica. Las rearticulaciones de las organizaciones de segundo grado en Tungurahua y Chimborazo muestran que avanzan superando las divisiones que se habían sembrado durante el gobierno de Rafael Correa y tienen la capacidad de volver a sintonizar sus diferencias religiosas. Las tensiones con algunas autoridades electas y el PK se muestran como un problema más complejo, su atomía y distancia respecto a la dirección del movimiento social, su alineación con la agenda conservadora, la forma de actuación personalista de algunos de sus representantes y la falta de iniciativa de su bancada siguen siendo un problema interno, pero la el reposicionamiento del movimiento social también es una oportunidad para alinear sus posiciones.

Lo cierto es que el movimiento indígena guarda el capital moral y simbólico que le permiten sostener la expectativa/solidaridad de la población, el problema es que las organizaciones y la población suele pedir más de lo que el movimiento puede dar.

Luego de la movilización sigue siendo claro que uno de los problemas del proceso no tienen que ver solo con los límites del movimiento, sino, también con las complejas y lentas articulaciones de los otros sectores, organizaciones y movimientos sociales, los zánganos. Sin embargo, la movilización mostró que son sectores activarlos, están sintonizados con la coyuntura, su reacción fue rápida, lograron salir de sus parcelas y su iniciativa se mostró generosa con el momento. La plataforma de articulación amplia que nos permita potenciar las acciones a través de un mínimo de coordinación parece ser una tarea urgente.

El FUT, la Frente Popular y la Conaie parece que avanzan en la idea, pero la coyuntura mostró que está pendiente descifrar la forma en que los dirigentes puedan materializarlo antes de que las reformas económicas y laborales lleguen a la Asamblea Nacional.

* Investigador y Coordinador Académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos, miembro del GT Desarrollo Rural y Estudios Críticos de CLACSO