PROTESTAS EN ECUADOR: DEL PARO QUE NO PARÓ HASTA DEVOLVERNOS LA ESPERANZA

Empezaba octubre y con éste, los rumores de ajuste circulaban entre las organizaciones. Por la noche de este primer día, el presidente Lenín Moreno anunciaba medidas de corte neoliberal que golpeaban directamente la economía de los sectores populares y de ciertas capas medias.

Nadie imaginó que este era el inicio de 11 días de la mayor insurrección popular del Ecuador en los últimos 12 años. Luego de una década de gobierno dirigido por Rafael Correa y de instaurada la Revolución Ciudadana, el país asistía a un complejo proceso que mostraba líneas de continuidad con el correísmo asentadas en la reforma institucional y represivo del Estado y el favorecimiento material e ideológico de poderosos grupos económicos, a la par que visibilizaba un proyecto neoliberal articulado en las élites políticas y económicas nacionales y globales.

 

En efecto, el Decreto 883 promulgado aquella noche del primro de octubre, tenía la particularidad de enlazar la defensa de los intereses de clase del conjunto de las élites ecuatorianas, en detrimento de las condiciones de los sectores populares; y los intereses de las élites globales a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la agenda imperialista securitista de los Estados Unidos en la región.
Después de que Lenín Moreno asumiera la presidencia en 2017 y de algunos meses de cierta “apertura democrática”, el régimen morenista firmó un acuerdo con el FMI, por 4200 millones de dólares y con esto abrió la puerta a más endeudamiento. El pago de la deuda y de sus intereses pasaban a ser los factores que reorganizaban la economía, la riqueza y el trabajo en el país.
Recordemos que tanto Correa como Moreno condonaron las deudas del empresariado ecuatoriano, éste último por 4295 millones de dólares, monto que corresponde a las deudas fiscales de los empresarios con el Estado. Como bien sostiene Pablo Ospina en su análisis sobre las alternativas posibles de la política económica[2], el discurso neoliberal se encarga de presentarnos el déficit fiscal como el único problema de la economía, cuando para el caso ecuatoriano los principales problemas en dolarización son la balanza comercial y la balanza de pagos. Es decir que importamos más de lo que exportamos y que hay una salida de divisas al extranjero mucho mayor que las divisas que entran al país. Esta situación de desequilibrio visibiliza lo extremadamente caro que es producir en Ecuador, tanto por la ausencia de políticas integrales que reactiven la producción (el campo y la producción agrícola son un ejemplo del abandono del Estado) como por la rigidez que presenta una economía dolarizada.
En ese sentido, el contenido del Decreto 883 colocaba siguiendo la receta, el déficit fiscal como el mayor desequilibrio de la economía ecuatoriana. Para corregirlo, determinó 1) la eliminación de subsidios de gasolina extra y diésel, usados fundamentalmente por sectores populares y una parte de las capas medias del país, el transporte público y la pequeña y mediana producción.
La liberalización de los precios trae a la larga una subida de precio de los combustibles y el aumento en la inflación entre 10 y el 15%; 2) la reducción de derechos laborales para los funcionarios del sector público: cerca de 600 mil trabajadorxs, deben destinar un día al mes de su salario y sus vacaciones se reducen de 30 a 15 días al año. A eso se suma la reducción del 20% de remuneración en todos los contratos ocasionales que se renueven; y 3) la eliminación de aranceles en la importación de autos y celulares; y la reducción de impuestos a la salida de divisas.
Con la subida de precios generalizada, se afectaba no solo el consumo y la supervivencia de las mayorías, si no al costo de producción en el país. Si ya resultaba extremadamente caro producir en Ecuador y competir con la economía regional, con esta medida se volvía aún más costoso, porque se eliminaba el principal elemento de competitividad en dolarización. Por su parte, aquellas medidas que afectaban a lxs trabajadorxs del sector público, reflejan una parte de lo que están pensando las élites empresariales en materia de reforma laboral tanto para el sector público como para el privado.
El saqueo a la clase trabajadora es lo que está en el fondo de estas medidas. No solo se apuntaba a quitarle parte del salario, si no a que el plusvalor del trabajo de lxs ecuatorianxs se destine al pago de la deuda externa, tanto de la riqueza que proviene de la producción que incorpora el trabajo reproductivo, como del sostenimiento de la vida en la reproducción social.
Finalmente, los beneficios en aranceles y salida de divisas reflejan el acuerdo del gobierno con las facciones de la burguesía vinculadas con la importación. Los intereses de las élites se imponen por encima de todo el pueblo ecuatoriano, bajo el relato de la crisis y el ajuste como única salida posible. Tan grave es el sin sentido del actual gobierno, que en vez de generar un plan integral para la reactivación de la producción nacional, promueve la importación e incentiva la salida masiva de divisas. En efecto, para las élites, las únicas posibilidades del actual gobierno se condensaban en subir el Impuesto al Valor Agregado, IVA o aplicar el Decreto 883. Aquel elemento lanzado por el gobierno que impidió al conjunto de la pequeña burguesía sumarse los días posteriores al paro (no se subió el IVA), fue finalmente lo que determinó que éste sea una genuina expresión de la lucha de clases en el país.
Luego del anuncio del paquetazo neoliberal, el Frente Unitario de los Trabajadores, FUT; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie; y el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares convocaron a un paro exigiendo la derogatoria del Decreto 883 y el fin del acuerdo con el FMI. A este anuncio se suman los gremios transportistas quienes luego de sostener una paralización de sus actividades los días 3 y 4 de octubre, logran la subida de los pasajes y declinan la medida de hecho. Sin embargo, el resto de organizaciones, colectivos y movimientos pliegan ante el llamado al paro.
Con el pasar de los días, la masividad de las protestas y el sostenimiento de la pelea en las calles de varias ciudades del país, radicalizan a las dirigencias que no solo proponen medidas indefinidas si no que convocan a un paro, huelga y levantamiento el día 9 de octubre. Quizás es importante explicar para lxs lectorxs en otros países, el significado de cada forma adoptada por el conjunto del campo popular ecuatoriano. Se propone la huelga como la expresión de la conciencia de la clase trabajadora que apunta a la pérdida de sectores empresariales en tanto suspensión del elemento que permite el valor en las mercancías, es decir el trabajo; el paro, como posibilidad de incluir y ampliar a sectores de la población que paralizan sus actividades y toman el espacio público; y el levantamiento, que constituye la forma que adopta históricamente el movimiento indígena, y que expresa la convergencia de pueblos y nacionalidades para el cierre de carreteras, salida de sus comunidades y toma simbólica de la ciudad de Quito.
El gobierno de Moreno responde con una brutal represión y a pocas horas de haber iniciado el paro del 3 de octubre, declara el estado de excepción en todo el territorio nacional que habilita a las Fuerzas Armadas y a la Policía a ser las “garantes” del orden y la seguridad del Ecuador; restringiendo derechos de libertad y asociación civil.
Así mismo determina el toque de queda temporal entre las 8 pm y las 5 am en zonas aledañas a los edificios del Estado en Quito, y en todos los espacios que las FFAA y la Policía acuerden.
Tanto el paquetazo neoliberal como la política policial de represión y coerción del Estado ecuatoriano se vuelven la gasolina de las protestas en el país. Recordemos que en el Ecuador, la memoria de la lucha anti neoliberal es expresión de un pueblo insubordinado y rebelde que ha derrocado a tres presidentes, frenado la firma de tratados de libre comercio y que después de 12 años de Revolución Ciudadana, y de aparente consenso, sale a las calles. Ante el estado de excepción, la movilización generalizada, el cierre de carreteras, la toma de la Asamblea Legislativa, el enfrentamiento con militares y policías; frente al discurso racista, clasista y anti protesta de las élites y el Estado, el establecimiento de zonas humanitarias de albergue y centros de acopio que las universidades desplegaron y las redes de solidaridad que se fueron formando; al cerco mediático que establecieron las grandes empresas de comunicación, el compromiso de los medios alternativos para acompañar, denunciar y transmitir información; frente a la violencia y las prácticas de engaño del gobierno, la marcha de las mujeres; contra el toque de queda y la militarización de Quito, la convocatoria a un cacerolazo que llenó la ciudad entera de sonidos metálicos, barricadas y consignas contra el gobierno y por el cese de la violencia; como contrapeso al intento de romper la articulación entre las organizaciones, los pronunciamientos de las dirigencias que negaban al acuerdo con el gobierno si antes no se derogaba el paquetazo; contra las acusaciones del correísmo infiltrado y el relato de un intento de golpe de Estado, se hace presente la dignidad del pueblo ecuatoriano que no dejó un solo instante de sorprender al mundo, por su compromiso y su solidaridad
Luego de 11 días de paro, la Conaie anuncia su intención de dialogar con el gobierno siempre y cuando el Decreto 883 sea derogado y se establezcan diálogos públicos y transmitidos masivamente para que el pueblo entero pueda ser parte de ellos. Finalmente, el gobierno de Moreno deroga el decreto y se convoca a una primera mesa de diálogo el domingo 13 de octubre en Quito con la presencia de representantes de la Onu, dirigentes de la Conaie y la Feine, así como el presidente y parte de los ministros.
Enver Aguirre, dirigente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, decía hace unos días “esta expresión de movilización y resistencia involucró movilización, solidaridad, defensa de los intereses populares y propuestas frente a la crisis”.
En efecto, a pesar de los intentos de las élites y del uso del aparato del Estado para situar el conflicto en la dupla correísmo y anti correísmo como principal contradictor, 1) la capacidad del campo popular, que durante toda la Revolución Ciudadana insistió en salir a las calles y develar el carácter autoritario y capitalista del gobierno de Correa; y 2) así como el tipo de medidas neoliberales contra los sectores populares y medios, mostraron el paro como una expresión de la lucha de clases. Lo que vivió el país fue un momento de insurrección popular y la derogatoria del Decreto 883, un triunfo central para las organizaciones y movimientos en el país.
En este sentido, la derogatoria del Decreto 883 es una inicial victoria del campo popular ecuatoriano que muestra algunos elementos: la importancia de la organización y la movilización para alcanzar victorias; la reafirmación de que las calles son un espacio histórico y necesario para las organizaciones populares, de izquierda e indígenas; la urgencia de construcción de un espacio de articulación plural de las organizaciones y movimientos sociales; entre otros.
En once días vimos por ejemplo, la fuerza de las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios que sostuvieron la pelea en las calles y que impidieron que las fuerzas represivas avanzaran. Vimos también nuevas generaciones de jóvenes que no habían vivido la experiencia de las calles, de la lucha masiva, de la importancia de organizarse para avanzar en conquistas, y que vivieron en este paro, aquello que no se puede enseñar de otra manera.
Son la memoria colectiva encarnada de todo lo vivido. Se activaron las redes feministas y de mujeres para sostener la reproducción de la vida en esos días, resolver alimentación para miles de personas que habían dejado sus comunidades para protestar, pronunciarse y movilizarse, establecer zonas humanitarias de albergue y acopio, crear espacios para cuidado de niñxs, contener emocionalmente el dolor de la muerte, la rabia de la impunidad y el deseo de transformarlo todo. La vida digna, concreta, colectiva, se volvía a poner en el centro.
Sin embargo, estas jornadas de protesta también develan el proyecto policial securitista del actual gobierno. Un proyecto que se asienta sobre la reforma institucional y legal del Estado orquestada por Correa (el Código Orgánico Integral Penal es un ejemplo); el equipamiento, profesionalización y especialización de las FFAA y la Policía luego del 30S; la naturalización de las violaciones a derechos humanos y procedimientos de la década pasada; la práctica de judicialización y la criminalización de la protesta como política sistemática del correísmo. Y al que se le suman los acuerdos directos entre el gobierno de los Estados Unidos y las instituciones del Estado ecuatoriano (Fiscalía y FFAA), así como la estrategia imperialista para la región. Este paro nos muestra una derecha política y unas élites unidas, que dejan poco espacio a fisuras y disputas internas, y hacen del escenario de la lucha de las organizaciones, un espacio distinto a la etapa neoliberal de años anteriores.
La represión de estos días visibilizan el mandato impuesto por el FMI y la negativa rotunda y violenta de las clases dominantes para mantener sus intereses; en palabras de Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayacu parte de la Conaie, esta forma devela a su vez el carácter colonial y de clase del Estado: “Somos el Estado, pero no somos consultados. Cuando dicen que pueblos indígenas y campesinos somos los pobres, labramos, cultivamos, alimentamos a la ciudad, y sin embargo nos tratan de pobres” (Diálogo 13 de octubre de 2019).
El saldo doloroso de 12 días de represión estatal es 11 fallecidxs, 1192 detenciones de las cuales el 76% fueron arbitrarias e ilegales, la mayoría de lxs detenidxs tienen entre 15 y 24 años, 1340 heridxs. A la exigencia de memoria, verdad, justicia y reparación; se suma la demanda de garantías para ejercer nuestro derecho a la protesta y la salida de los ministros de gobierno, María Paula Romo; y de defensa, Oswaldo Jarrín. Mientras tanto tenemos la dignidad del pueblo ecuatoriano, esa misma que mostró Miriam, cuando en la mesa de diálogo, le dijo al presidente Moreno, viéndole a los ojos “Que en tu conciencia queden los caídos, los asesinados”.
En síntesis, la experiencia del paro en Ecuador devela la politización y conciencia de clase del pueblo ecuatoriano, muestra la pluralidad de actores y la diversidad de problemáticas, demandas y expectativas que requieren ser parte de un proceso y una propuesta plural y articulada. A diferencia de otras experiencias de revuelta, insurrección y rebeldía en la región, el campo popular ecuatoriano presenta dos elementos centrales que permiten explicar no sólo los días de protesta, si no también lo que ha pasado en estos últimos días, luego de esa histórica mesa de diálogo entre la Conaie y el gobierno.
El primero, la independencia de clase que se expresa en los planteamientos y estrategias de las organizaciones indígenas y populares, así como la relativa autonomía de éstas en contextos complejos y contradictorios como la Revolución Ciudadana. Es gracias a que estas organizaciones mantuvieron durante los años de gobierno correísta, un lugar predominantemente crítico, de oposición y de denuncia de izquierda al régimen debido a sus políticas económicas y extractivistas, su forma autoritaria y la sistemática criminalización de la protesta; que el margen de maniobra, de referente ético, legitimidad en el pueblo y capacidad de movilización, fueron contundentes.
A pesar de su debilidad y de sus errores internos, el campo popular ecuatoriano no se subordinó al gobierno de Correa, no permitió su aniquilación y asimilacionismo, ni tampoco desistió de salir a las calles, mostrando en la década pasada, la necesidad imperante de construir un proyecto propio, plurinacional y popular. Finalmente un segundo elemento, es que no es una protesta sin referentes organizativos. La Conaie vuelve a situarse como un actor reconocido y legítimo para sectores populares y medios del Ecuador, y el conjunto de organizaciones son asumidas como parte necesaria para la lucha social y política.
Velorio de Inocencio Tucumbi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Por último, nos queda la urgencia de persistir en la organización, en la presencia de la clase trabajadora en las calles para frenar la reforma laboral, en la construcción de un programa de alternativas populares, plurinacionales, ecológicas y feministas para el país.
Pero ahora el escenario es otro, con el paro cambiamos la correlación de fuerzas. Ahora que la lucha de clases desnaturaliza el mundo de lo dado, y muestra el proyecto de las élites y la derecha, urge una mirada estratégica y política que combata no solo las políticas neoliberales y capitalistas, sino la dimensión ideológica, racista y misógina de la clase dominante en su conjunto. Este es solo el inicio de un nuevo momento de la lucha social y política en Ecuador, y es al mismo tiempo continuidad y memoria larga de rebeldía e insurrección en tiempos oscurantistas.
Texto: Alejandra Santillana Ortiz
Fotos: Luis Herrera. CoopDocs
Artículo publicado originalmente en CoopDocs
Sobre la autora:
Es feminista de izquierda, parte de Ruda Colectiva Feminista, la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual y Marea Verde en Ecuador. Participa del Foro Feminista contra el G20, la Cátedra Libre Virginia Bolten y la Asamblea Feminista, Autónoma e Independiente de la Ciudad de México. Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural, actualmente realiza sus estudios de Doctorado en Estudios Ecuatorianos de la UNAM.
*Texto basado en la entrevista en italiano realizada por Alessandra Spano para Connessionne Precarie