LA BATALLA POR EL PLANETA DE LA AMAZONÍA AL TRANS ADRIATIC PIPELINE-TAP. Por Alberto Acosta

El catedrático Alberto Acosta participó en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Foto: https://horizontal.mx/

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza tutela la salud de la Tierra

Entrevista a Alberto Acosta

¿Usted estará en Lecce el 22 de noviembre para un día de estudio organizado por la Universidad de Salento [1], como miembro del Tribunal Internacional para los Derechos de la Naturaleza? ¿Puede ilustrarnos brevemente el objetivo de este Tribunal?

El Tribunal se estableció en el año 2014 con el fin de promover una coexistencia armónica entre los seres humanos y el resto de los seres de la Naturaleza. Su objetivo es investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, ocasionadas por organizaciones internacionales, Estados, empresas, comunidades o individuos. Es importante relievar que esta idea -que va cobrando creciente fuerza a nivel mundial- comenzó a germinar después de la declaración de los Derechos Humanos en la Constitución de Ecuador, en 2008, y recibió un gran impulso como consecuencia de la gran movilización que provocó la cumbre de Tiquipaya, en Bolivia, en el 2010, que concluyó con la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra .

En vista de la ausencia de una instancia de este tipo en el entramado jurídico internacional, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza surgió desde la sociedad civil, con representantes de todos los continentes y está conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso con la Madre Tierra, nombrados por defensoras y defensores de la Naturaleza de diferentes partes del mundo.

Este Tribunal no froma parte de ninguna instancia internacional (como podría ser Naciones Unidas), ni es un componente de algún acuerdo entre varios Estados. Esto, que parece una grave limitación, es su mayor fortaleza. Como anotó Bertrand Russell en Londres, el domingo 13 de noviembre de 1966, en la primera reunión preparatoria para establecer un tribunal internacional que sancione los crímenes de guerra (que luego llevaría su nombre), al no tener dependencia alguna, las decisiones de estos tribunales éticos y hasta sus miembros son libres pues no están atados a compromisos con poder alguno, ni político, ni económico; eso es lo que sucede con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. En igual sentido se pronunció Jean-Paul Sartre, en Estocolmo, también un domingo 7 de mayo de 1967, al inaugurar como presidente el primer tribunal Russell, conocido también como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. La agresión imperialista norteamericana en Vietnam o luego los crímenes de las dictaduras en Chile y Brasil fueron temas que abordó en su tiempo el Tribunal Russell; que inspiró posteriormente la creación del reconocido Tribunal Permanente de los Pueblos; Tribunal con el que se está ya coordinando acciones conjuntas.

Por tanto, el poder de este tipo de tribunales está, por un lado, en su independencia, pero por otro, en la calidad de sus jueces y juezas. Se trata, empleando palabras de Russel, de personas “eminentes, no por su poder, sino en virtud de su contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar, de un modo optimista, civilización humana”. Actualizando estas líneas del discurso inaugural de Sartre en 1967, concluyamos que en realidad los jueces en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza están en todas partes: son los pueblos y la misma Naturaleza.

Entre los próximos “casos” de catástrofe ambiental sobre los cuales se pronunciará el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en la sesión de diciembre en Chile, también hay incendios en la Amazonía. ¿Cómo se llega a una sentencia de este Tribunal?

El Tribunal, como se estableció en sus estatuos de conformación, conocerá las amenazas o violaciones a los Derechos de la Naturaleza que emanen del Derecho de la Tierra y los derechos reconocidos en la Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra y demás instrumentos nacionales e internacionales que tengan por objeto reconocer y proteger los Derechos de la Naturaleza, como lo es la Constitución de Ecuador del año 2008.

El Tribunal respeta los principios del debido proceso. De oficio o a petición de parte, el Tribunal podrá conocer sobre amenazas o presuntas violaciones a los Derechos de la Naturaleza. Cuando conozca el caso, el Tribunal si hubiere méritos declarará admitido el caso y notificará a las partes involucradas para que presenten pruebas.

El Tribunal podrá investigar para tener información suficiente para poder resolver. Para el efecto, el Tribunal podrá receptar versiones, recibir pruebas técnicas, hacer visitas in situ (como fue el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS en Bolivia)[2], recibir documentación en cualquier formato, pedir información a las autoridades competentes de los Estados o empresas, convocar a audiencias especiales, y utilizar los demás medios que estuvieren a su alcance.

El Tribunal realizará audiencias públicas de pruebas o de resolución, en las que escuchará a todas las personas interesadas y formulará las preguntas que creyere necesarias. El Tribunal trasladará a los demandados las acusaciones, evidencias y cargos que se le imputan para que en un plazo de 30 días ejerzan su derecho de réplica y  defensa.

Cuando considere que hay amenaza o violación a los Derechos de la Naturaleza, el Tribunal dictará sentencia[3], en la que declarará la violación de derechos, establecerá responsabilidades y sugerirá medidas de restauración/recomposición integral a la Naturaleza y reparación a las comunidades afectadas. Las sentencias serán publicadas y difundidas internacionalmente.

El Tribunal dispondrá medidas cautelares contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace los derechos humanos y la integridad física y de las defensoras y los defensores de la Naturaleza en cualquier país.

El Tribunal podrá hacer audiencias de seguimiento. Y cuando la sentencia se haya cumplida, el Tribunal archivará el caso.

Siguiendo este procedimiendo se han procesado varios casos y así se procederá en Santiago de Chile[4] en donde se recibirá las denuncias por los incendios en la Amazonía y la Chiquitania, a las de casos propios de ese país austral, en donde sobre todo hay evidentes violaciones al agua como un derecho humano fundamental y en tanto elemento vital de la Naturaleza .

A este respecto, también se debatirán dos estudios de caso durante la conferencia en Lecce: sobre el movimiento de Salento contra el gasoducto TAP y el conflicto ambiental en el tren de alta velocidad TAV. ¿Pueden los conflictos italianos ambientales italianos estar sujetos a la decisión de este Tribunal Internacional?

Por supuesto que si. No hay restricciones para receptar denuncias de cualquier parte del planeta.

El Tribunal comenzó a sesionar, el 17 de enero del 2014 en Quito, Ecuador, presidido por Vandana Shiva, destacada física y ecofeminista de la India. El 5 de diciembre del mismo año, el Tribunal se reunió en pleno, por segunda vez, en la ciudad de Lima, Perú, presidida por Alberto Acosta. El 4 de noviembre del año 2015, en París, el abogado sudafricano Cormac Culinan presidió la tercera sesión del Tribunal. En Bonn, Alemania, el 7 de Noviembre del año 2017, se instaló por cuarta vez el Tribunal teniendo a la cabeza al indígena norteamericano Tom Goldtooth. En ese lapso se han realizado adicionalmente varias sesiones nacionales en Ecuador, Australia y Estados Unidos. Y habrá una nueva sesión del Tribunal en diciembre del presente año en Santiago de Chile.

La lista de denuncias recibidas y casos procesados, provenientes de todos los continentes, es cada ves más grande. Y sin duda alguna resulta cada vez más difícil atender esa creciente demanda con los recursos disponibles.

Para tener una idea de los casos abordados, no todos aceptados y tampoco con sentencia, se puede recordar, entre otros, los siguientes: los casos petroleros Chevron-Texaco y Yasuní-ITT, así como el proyecto minero Cóndor Mirador en Ecuador;  el derrame petrolero de la BP y el fracking en los Estados Unidos; el yacimiento minero Conga – Cajamarca en Perú;  la destrucción del Gran Arrecife de Corral en Australia; la destrucción de las fuentes de agua en Almeria, España; la represa de Belo Monte en Brasil; la mina de lignito en Hambach, Alemania; el caso del TIPNIS en Bolivia; la mina Montagne d´Or en la Guyana Francesa; también hay temas que se repiten o que tienen repercusión global como la persecución de defensores y las defensoras de la Naturaleza en diversos países; los transgénicos, el cambio climático y las falsa soluciones, acuerdos de libre comercio e impactos ambientales, como la financiarización de la Naturaleza y REDD.

También se encontrará con muchos movimientos de justicia ambiental y social presentes en Salento y discutirá con ellos el fenómeno de la “criminalización” de los movimientos. ¿Por qué los movimientos de defensa de la naturaleza son criminalizados por las instituciones?

Es imposible abordar la defensa de los Derechos de la Naturaleza separada de la defensa de los derechos de sus defensores y defensoras. Como se ha podido constatar en todo el planeta, las dificultades que están atravesando las personas, organizaciones y pueblos que defienden los Derechos de la Naturaleza crecen aceleradamente. Son reiterados los casos de criminalización, de cooptación y división de organizaciones. Los asesinatos y desapariciones están a la orden del día, e incluso la prohibición para asociarse con otras personas con el fin de proteger la Naturaleza. Ante la incapacidad de los Estados o debido a su complicidad, las defensoras y los defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza -individuos y comunidades- ejercen cada vez más su derecho a proteger la vida.

Pero hay que dar un paso más. El desafío transformador de reconocer los Derechos de la Naturaleza pasa de un mero enfoque antropocéntrico a uno socio-biocéntrico que reconozca la indivisibilidad e interdependencia de todas las formas de vida y que, además, mantenga la fuerza de las obligaciones y normas propias de los Derechos Humanos.

El fin es fortalecer y ampliar el régimen de los Derechos Humanos, complementándolos y profundizándolos con nuevas generaciones de derechos de este tipo de derechos, en este caso los derechos ambientales, como parte de la permanente emancipación de los pueblos. El disfrute de los Derechos Humanos no puede separarse de un medio ambiente sano. La degradación ambiental induce a graves violaciones de los Derechos Humanos, del derecho a la salud, comida, agua, vivienda, trabajo. Por ejemplo, la expansión de la frontera extractivista minera o petrolera, así como la construcción de infraestructuras vinculadas a esas actividades, como puede ser un oleoducto, atropella a personas y comunidades que defienden la tierra y el medio ambiente, afectando cuerpos, subjetividades y territorios. Los más afectados, ya lo dijimos son los guardianes y las guardianas de la Madre Tierra, sobre todo los pueblos indígenas que viven en una interdependencia armónica con la Naturaleza y reconocen en su vida el valor intrínseco de la Madre Tierra.

Una importante opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma explícitamente la relación intrínseca entre el disfrute de los Derechos de Humanos y un medio ambiente sano y va más allá al especificar que “el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege componentes del medio ambiente, como bosques, ríos, mares y otros, como intereses legales en sí mismos, incluso en la falta de certeza o evidencia sobre el riesgo para las personas individuales. Se trata de proteger la Naturaleza y el medio ambiente no solo por su conexión con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar sobre los derechos de otras personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los otros organismos vivos con quienes se comparte el planeta, que también merecen protección en sí mismo”.

Esto demanda fortalecer el principio de responsabilidad de los seres humanos para preservar los ciclos naturales de la Naturaleza y reconocer su relevancia. Es ya en si mismo un paso fundamental.

Pero hay que ir más allá.

Debemos entender y aceptar, en la práctica, que los seres humanos somos Naturaleza. No podemos seguir explotándola y destruyéndola. La Naturaleza pueda existir sin seres humanos, pero nosotros no podemos vivir sin nuestra Madre Tierra. Al respecto es clara la Encíclica Laudato Si: “Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta” Y va más allá el Papa Francisco, cuando afirma que “estamos incluidos en la Naturaleza, somos parte de ella y estamos interpenetrados.”

Y ese es el punto fundamental: a los Derechos de la Naturaleza se los considera como derechos ecológicos, a diferencia de los derechos ambientales, que surgen desde los Derechos Humanos. Estos derechos ecológicos buscan proteger ciclos vitales y procesos evolutivos, no sólo las especies amenazadas o las áreas naturales. Se fijan en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. La justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como conjuntos, como redes de vida. Más allá de indemnizar a los humanos por el daño ambiental, con los Derechos de la Naturaleza se busca restaurar los ecosistemas afectados.

En síntesis, los Derechos de la Naturaleza no se oponen para nada a los Derechos Humanos. Es más, sin duda que ambos grupos de derechos se complementan y potencian. En realidad, se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza; son justicias estructural y estratégicamente vinculadas.

Pronto llegará el día para construir una declaración conjunta de derechos para la Humanidad y la Naturaleza, en tanto ambos son derechos para la vida. Hoy, a pesar de todos los problemas existentes y de los enormes retos pendientes, bien podemos confirmar que el tránsito de la “Naturaleza objeto” a la “Naturaleza sujeto” ya está en marcha.

A la luz de su experiencia como economista y ministro de energía, ¿cuáles son las mejores opciones de energía para salvar nuestro planeta?

Este es uno de los temas más importantes que tenemos que abordar para impedir que el colapso climático en marcha termine por hacer invivible el planeta para los seres humanos. La Humanidad necesita construir otra matriz energética. No puede seguir consumiendo combustibles fósiles y carbonizando la atmósfera. Y debe reflexionar cómo la energía marca no solo la estructura productiva y los patrones de consumo, las ciudades y el transporte, sino de forma indudable las instituciones sociales y políticas.

Este reto demanda la conjunción entre la escala estatal con los ámbitos locales y regionales, sin descuidar el internacional.

Como punto de partida habría que realizar un inventario del sector. Y, simultáneamente, habría que replantearse los objetivos del mismo. Luego hay que analizar cuál es la estructura de oferta del sector energético, conociendo sus potencialidades en fuentes energéticas renovables y no renovables. El consumo también merece un análisis detenido, pues no se podrá mantener como meta la satisfacción permanente de crecientes demandas de energía, así como aquellos hábitos de consumo energético dispendiosos e insostenibles socio-ambientalmente.

Si bien los márgenes de maniobra al inicio son limitados, es mucho lo que se puede hacer con algunos ajustes estratégicos, por ejemplo en el campo de los precios de la energía orientándolos a potenciar la diversificación del abastecimiento y la calidad de la demanda teniendo siempre en mente la justicia social y la justicia ecológica. Aquí, entonces, urge dar una respuesta sensata a sistemas de subsidios inconsultos en términos económicos e inclusive sociales.

Un punto más complejo radica en desmontar la concentración de los procesos de transformación de energía en pocas unidades y tecnologías complejas, que restringen la capacidad de respuesta y vuelven muy vulnerable al sistema energético. En este caso la tarea exige respuestas desde lo comunitario y lo local; la experiencia de la Energiewende alemana (transformación energética) -al menos en sus orígenes- es muy enriquecedora.

El marco legal y normativo de soporte del sistema energético también debe ser motivo de una especial revisión, puesto que, con frecuencia, presenta serios vacíos y desajustes en relación con la estructura institucional. Las instituciones que norman, controlan y regulan el sector no han logrado adaptarse plenamente al funcionamiento y operación del resto de agentes y actores del sector energético.

El reto principal para el abastecimiento de energía es hacer posible el establecimiento de esquemas comunitarios y locales, que se sustenten en una mayor participación de la sociedad. Excluir o al menos minimizar el patrón actual dominante en el que la producción de energía queda centralizada es el reto. No se puede alentar más prácticas autoritarias y represivas propias de estos sistemas centralistas. Se requiere, por tanto, apuntar a la autosuficiencia energética: la mejor garantía para desde las mismas comunidades construir la soberanía energética.

Esto se alcanzará con un proceso plural de transición que significará ir disminuyendo sistemáticamente el aporte de los combustibles fósiles aprovechando las reservas de energías renovables: hídrica, solar, geotermia, eólica, mareomotriz. Al igual, se necesita una vigorosa infraestructura descentralizada y de pequeña escala -que utilice sobre todo la energía solar-, en la que las comunidades rurales y urbanas (los barrios) están convocadas a formar parte. La mayor cantidad de energía debe ser utilizada en el punto de generación para ahorrar la energía perdida a través del transporte de larga distancia de electricidad y las emisiones de carbono asociadas. Y sobre todo para asegurar el control de la sociedad sobre el sistema energético.

La descentralización generalizada de la energía, en todos sus ámbitos, es una condición necesaria para democratizar los sistemas de acceso y distribución atravesados actualmente por una serie de deformaciones estructurales. Entonces, todo intento por construir una alternativa energética a largo plazo obliga a una visión integral e integradora de la estructura y de la dinámica de la sociedad, de la economía y de sus interdependencias con el sistema energético. Este sector no solo que genera o fortalece encadenamientos con otros sectores productivos, sino que a la postre puede ser un determinante de la estructura de una sociedad y de su democracia misma.

En resumen, el sistema energético -en clave post extractivista en el Sur y decrecentista sobre todo en el Norte- requiere una creciente descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía; demanda por igual repensar íntegramente las ciudades en tanto espacio de creciente insostenibilidad ambiental e inclusive social, impulsando el mayor control comunitario posible del sistema energético. Este nuevo patrón es coherente con la necesidad de considerar la energía antes de todo como un derecho, y no simplemente como una mercancía. Se desprende la necesidad de desarrollar una visión diferente del abastecimiento y consumo de energía.

Este proceso queda, como ya lo hemos dicho, íntimamente relacionado a la necesidad de transformar los patrones de consumo. De la misma manera, habrá que redoblar esfuerzos para fomentar el uso racional y eficiente de la energía, tanto como el desarrollo de tecnologías conviviales. La legislación tendrá que promover el ahorro de energía y la reducción sustantiva de las emisiones de carbono. En muchas ocasiones, por la falta de inversiones oportunas en el mantenimiento y renovación de los equipos se ha acelerado el proceso de obsolescencia de los complejos tecnológicos existentes que pueden estar operando con niveles precarios de eficiencia.

Cabe reconocer, entonces, que los desafíos para reorientar el sistema energético son enormes.

En definitiva, es indispensable tener una visión integral, que englobe las distintas fuentes energéticas existentes integrándolas activamente a las demandas del aparato productivo que, a su vez, deberá orientarse por la disponibilidad de los energéticos domésticos, crecientemente de los renovables. Y todo esto, oferta y demanda en línea con las exigencias de una nueva economía subordinada a las necesidades de sociedades que han entendido que son parte de la Naturaleza.

¿Qué compromiso podemos tomar para impresionar un cambio de rumbo a través de nuestras acciones diarias para un mundo mejor?

 El complejo entramado de la vida en la actualidad puede y debe asumirse desde los barrios en la ciudades y pueblos, tanto como desde las comunidades en el campo.[5] De hecho ya hay muchas acciones en marcha en las ciudades para organizar vivienda y transporte, suministrar energía eléctrica y servicios públicos, recuperar escuelas y espacios comunales, consolidar finanzas cooperativas, impulsar huertos urbanos para alcanzar crecientes niveles de autoabastecimiento alimentario y establecer ámbitos de recreación, tiendas y negocios particulares y comunales; negocios comunitarios para reciclar y reparar, en donde principios del bienestar colectivo reemplacen a la búsqueda del lucro individual; son algunas de las muchas acciones posibles. Todo esto demanda ampliar la ayuda mutua como base de otra economía.

Incluso cuestiones de seguridad se resolverán en tanto que la comunidad recupere directamente el control de los espacios públicos -el crimen organizado o no, también hecha raíces en estos espacios-; la militarización de los espacios públicos no será nunca una solución, sino todo lo contrario: es más, cada vez es más necesario dar paso a procesos de desmilitarización de las sociedades. Y es indudable que el Estado centrismo no tiene futuro alguno, menos aún el mercado centrismo.

Este empeño será aún fácil construyendo y controlando bienes y espacios comunes: como se hace en todo el mundo más allá del mercado y el Estado. Gestión que demanda territorios emancipados y emancipadores que llenen a los barrios -y a las comunidades rurales- de vecindad, vida intensa, autosuficiencia y democracia; entre muchas opciones a destacar. Son necesarias las acciones de artistas urbanos que plasmen de alegría -no confundir con la happycracia neoliberal- y mucha rebeldía las calles, las plazas y las mismas paredes de las ciudades para corroer esas bases conservadoras que caracterizan a las sociedades coloniales, patriarcales, clericales, neoliberales… Los barrios y las comunidades rurales deben revertir sus imaginarios negativos y tristes, deben abandonar su gris del cemento, dejar de ser lugares de paso o simples “dormitorios”; el color y la vida plena debe realizarse allí.

La “libre asociación”, sobre bases de una radical y horizontal democracia comunitaria, será el motor que garantice la libertad individual a ser alcanzada en comunidad. Esta es una tarea que demanda claridad, creatividad y constancia: la (re)construcción de tejidos comunitarios; en realidad lo que se precisa es potenciar el ingenio social para potenciar democráticamente “la sociedad autónoma”.

En muchas ciudades existen “girones de comunidad”, que en parte provienen de la migración desde los mundos rurales y en parte de otras formas de organización de la vida. No olvidemos que lo indígena, afro y popular está también atravesado por la promesa de la modernidad: individualismo, consumismo, productivismo.

Las opciones concretas están presentes en muchas partes. Están en juego la planificación y uso del suelo, el territorio y el hábitat urbano; el espacio para viabilizar los encuentros y convivencias, no solo los flujos comerciales; los consumos y modos de producción y de vida urbanos; otras economías y otras lógicas de mercado (conviviendo todavía con el mundo capitalista…); la recuperación de los espacios públicos: plazas y calles (cuyo contenido común ha sido vampirizado por políticas urbanistas destinadas muchas veces a embellecer las ciudades vaciándolas de habitantes…); la pluralidad y diversidad en ejercicios de creciente democratización. Todo esto demanda destruir los muros visibles e invisibles que jerarquizan y dividen las ciudades y sus sociedades, tanto como construir puentes entre las luchas urbanas y las rurales, entre quienes resisten al extractivismo clásico y quienes lo hacen al “extractivismo urbano”, que en definitiva son también puentes entre quienes impulsan visiones postextractivistas vinculándolas con opciones de postcrecimiento para superar el laberinto capitalista.

En muchas regiones hay procesos que consolidan procesos de una democracia vivida con la que se puede lograr la sustentabilidad, incluso en términos ambientales. Todos estos son ejercicios de creación comunitaria trascendente y práctica; son esfuerzos que por sí solos no cambian el mundo, pero ayudan a pensar cómo hacerlo (lo cual en lo personal siempre me motiva) y cuyo potencial será cada vez mayor en tanto que se entretejan redes de resistencia y construcción de alternativas entre barios dentro de las ciudades y fuera de ellas, entre las ciudades, entre el campo y las urbes.

Esto no implica transformar a los barrios -y a las comunidades rurales- en una suerte de guetos marginados de las luchas en marcha, tanto a nivel nacional como internacional. Tampoco simplemente de asumir subsidiariamente tareas que les competen a los municipios. Al contrario. Desde abajo hay que pensar y cristalizar otros estados, otras sociedades, otras economías, otras instituciones, otros mundos, otras solidaridades. Consolidando bases materiales de autosuficiencia, interdependencia y autonomía genuinas habrá incluso más posibilidades para proponer y ejercitar alternativas transformadoras como las que podrían venir, para citar apenas algunos ejemplos, de la introducción de la renta básica universal, de la reducción de la jornada de trabajo productivo reclamando el derecho al ocio (que no es negocio), de la salud y la educación gratuitas; sin perder de vista la redistribución de la riqueza y de los ingresos vía tributos a los patrimonios, a la plusvalía, a las rentas desmedidas o incluso a través de reformas agrarias y urbanas que afecten la excesiva concentración de la riqueza y la propiedad. Acciones que demandan una clara estrategia de construcción de poderes contra-hegemónicos, en línea con Antonio Gramsci.

En la mira debe estar la recomposición de la cotidianidad revalorizando la convivencia en comunidad, la construcción y defensa de bienes comunes, la consolidación de historias y conocimientos comunes, la autogestión de la producción y la distribución, las actividades destinadas a la reproducción de la vida, la desprivatización y la recuperación comunitaria (no estatizada) de los bienes y espacios públicos, y la misma búsqueda de alternativas que ayuden a superar aquella perversa opción que aflora al asumir que las necesidades son infinitas, que la acumulación material debe ser permanente, que tener más nos hace más felices… falacias tan difundidas y propias de la civilización que hoy nos domina. En definitiva, desde los barrios y las ciudades, se deben construir nuevos sentidos de vida que reemplacen a la fe del lucro sin fin.

Mientras más fuerte sea el tejido social comunitario, mientras más abiertas y solidarias sean las construcciones comunitarias, mientras más intensa y activamente participemos en el proceso social, mientras más alianzas sociales y políticas se consoliden, mientras más influencia tenga la educación y capacitación, así como la atención de salud comunitarias, mientras más autosuficiencia material se logre, más libertad y más autonomía alcanzaremos. Para lograrlo habrá que desarrollar las capacidades necesarias para abordar temas y retos nuevos, con creatividad, audacia y sin fijaciones que limiten las acciones comunitarias. Todo esto sin pedir permiso y sin descuidar los límites y particularidades de las urbes del Norte y del Sur global (cuyas diferencias pueden requerir de propuestas distintas en cada caso).

Es la hora de las luchas y respuestas comunitarias. Si ponemos algo de atención y -figurativamente hablando- hacemos silencio, podemos escuchar el futuro respirar. Las propuestas alternativas están allí. La construcción del pluriverso, un mundo donde quepan todos los mundos, en donde la vida digna sea posible para todos los seres humanos y no humanos, ya está en marcha.

La vida es hoy. Y nadie mejor para revolucionarla que quienes la viven sin sofocar la vida de nadie, sea por la explotación Humana o de la Naturaleza. Y esas personas justamente viven en los barrios y en las comunidades. Son esas personas las que deben tener una voz y enseñarnos al resto desde la sabiduría que han ganado desde su cotidianidad, sin negar la sabiduría de quienes nos precedieron.

*Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). Juez del Tribunal de Derechos de la Naturaleza.

Esta entrevista fue publicada en La Gazzetla del Mezzogiorno 

[1] Invito a leer el siguiente texto en donde se recoge la experiencia que vivió el autor al registrarse la presencia de la “policía política” en pleno acto académico: La violencia extractivista en clave italiana: Resistir es existir (2019), publicado en varios portales tanto en español como en italiano: https://bit.ly/3a8E9j4  – https://bit.ly/2NnLAtd

[2] Alberto Acosta y Fatima Monasterio (2019) TIPNIS, Cuando las palabras superan a los hechos http://eju.tv/2019/05/tipnis-cuando-las-palabras-superan-a-los-hechos/

[3] Ver, por ejemplo, la sentencia del caso TIPNIS, que fue ampliamente comentada y reseñada en la prensa boliviana e internacional, a modo de ejemplo: Azarug Justel Arbelo: Un tribunal internacional condena al Gobierno de Bolivia por violación de los derechos de la naturaleza en el TIPNIS (2019)

[4] Como estaba previsto, el Tribunal sesionó en Santiago de Chile el día 5 de diciembre del 2019. El veredicto de dicha sesión está disponible: aquí

[5] Sobre el tema se puede consultar el artículo del lector: La ciudad, un espacio de emancipación – La gran transformación desde los barrios (2019)