EMPLEO EN ECUADOR 2019: LA POBLACIÓN MENOS ASEGURADA EN LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS. Por Jonathan Báez

115 mil personas dejaron de tener empleo adecuado y más de 117 mil se insertaron como trabajadores subempleados. Foto: referencial de Pixabay

La semana pasada se divulgaron los últimos resultados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU de diciembre 2019. Entre sus principales resultados se encuentra que entre 2018-dic y 2019-dic el empleo adecuado se reduce de 40,6% a 38,8% (diferencia estadísticamente significativa), el subempleo aumenta de 16,5% a 17,8% (diferencia estadísticamente significativa) y el desempleo se mantiene constante en un 3,8%.

Tasas de indicadores laborales 2018-2019*

Imagen1
*Nota: Personas ocupadas mayores a 15 años. Fuente: ENEMDU. Elaboración: Propia.

Una situación sin  duda preocupante considerando que, en el mismo periodo, también existe un aumento de la desigualdad que pasa de 0,469 a 0,473[1] (diferencia no es estadísticamente significativa), de la pobreza por ingresos que aumenta de un 23% a un 25%, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas que pasa de 33,5% a 34,2% y de la pobreza multidimensional[2] que aumenta de un 37,9% a 38,1%. Aunque estos aumentos no indican una diferencia estadísticamente significativa, si muestran una situación preocupante para la población ecuatoriana.

En términos absolutos es posible indicar que más de 115 mil personas dejaron de tener empleo adecuado y más de 117 mil se insertaron como trabajadores subempleados. Por otra parte, casi 45 mil personas habrían dejado de ubicarse en la categoría de otro empleo no pleno y, dado que el empleo adecuado no aumenta, estas se insertaron bien en el subempleo o en el desempleo. Eso implica que estas personas que tenían insuficiencia de horas o de ingresos pero que no deseaban o no estaban disponibles para trabajar más, ahora si lo están. Dichos procesos pueden ser el resultado de que ahora existe una constricción del poder adquisitivo en estas personas y se ven obligadas a esforzarse más para consumir el mismo nivel.

En efecto, la situación se complica más para la población rural que muestra índices siempre superiores. El más complejo es la última medida de pobreza multidimensional que pasa de 67,7% a 71,1% y la diferencia si es estadísticamente significativa. Eso implica que 7 de cada 10 personas en el área rural es pobre porque tiene carencias en educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación social, así como en hábitat, vivienda y un ambiente sano.

Por lo tanto, el deterioro de las condiciones del empleo marca el cierre del año 2019. Una muestra de ello es  el índice de precarización -que considera las dimensiones de ingresos, acceso a seguridad social y contrato estable-[3] que indica un aumento considerable que en 2017 y 2018.

Gráfico 1. Índice de precarización laboral 2007-2019*

Imagen2
*Nota: Personas ocupadas mayores a 15 años Fuente: ENEMDU Elaboración: Propia

En fin, la recesión económica autoinflingida de las élites empresariales tiene sus resultados, así como los marcos de sentido de “un ethos favorable al mercado” (Castellani, 2018, pág. 56). No necesariamente al “dejar hacer, dejar pasar”. Lo contrario, la utilización del quehacer del Estado para fomentar este proceso. A tal punto que del total de personas ocupadas que no están afiliadas al seguro general disminuye al 60%. Una cifra no observada desde hace 9 años.

Gráfico 2. Seguridad social en población ocupada 2007-2019*

Imagen3
*Nota: Personas ocupadas mayores a 15 años Fuente: ENEMDU Elaboración: Propia

 

Desde esa perspectiva, una situación sumamente complicada se configura para el sector laboral del país. La afiliación no solo implica la posibilidad de ser atendido -así como su familia-[4] en los sistemas de salud de la seguridad social, también implica la posibilidad de generar una jubilación digna en edades avanzadas.

Proceso que no ocurre en un gran porcentaje del Ecuador. El 36% del total de población ocupada (mayor a 15 años) a diciembre de 2019 se inserta como cuenta propistas, convirtiéndose en la principal categoría de ocupación del país y el 79% de estos trabajadores no están afiliados. De esa manera, estos trabajadores se ven obligados a continuar sus labores hasta una avanzada edad y/o sus familias deberán sostener su reproducción, con lo cual estas familias no alcanzarán a generar ahorros o canalizar recursos en otras actividades. Se gesta una trampa de pobreza e inmovilización social.

Sin una reactivación de la economía que esté basada en una redistribución adecuada, la posibilidad de activar la demanda efectiva se verá todavía más sumergida y el país continuará su descenso hacia un quebranto en su bienestar.

* Este artículo fue redactado por Jonathan Báez, economista e investigador del CDES ECuador, para ISIP

[1] Medido por el índice de Gini

[2] Corresponde al porcentaje de personas que viven en hogares que tienen privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados (K>=33.3%).

[3] Existe una estimación continua del índice de precarización en Ecuador desde 2007. Para ver estos análisis: https://n9.cl/uqrl   ;  https://bit.ly/2RzCbkP ; https://bit.ly/30ZPoq0 ; https://bit.ly/3aL9FUV

[4] Desde el lado de la oferta de mano de obra, si existe una adecuada prevención en salud de los hijos de afiliados en el seguro social, eso permite por un lado, la no saturación de los servicios de salud de curación y, por otro lado, la formación de una bien formada fuerza de trabajo.