Guayaquil, el coronavirus y la barbarie de la desigualdad. Por Adriana Rodríguez

Una mujer espera frente a la calle donde ancianos esperan para cobrar su pensión mensual antes del toque de queda impuesto por el gobierno para prevenir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Guayaquil, Ecuador. 20 de marzo de 2020. REUTERS/Santiago Arcos

No es de sorprenderse que la ciudad más desigual del Ecuador, Guayaquil, sea la que encabeza el número de contagiados y muertos por Coronavirus19.

La ciudad, gobernada por el socialcristianismo desde hace más de 20 años, es la muestra del fracasado “modelo exitoso” neoliberal, que tanto celebran las élites en el poder. Y es que en la ciudad se entremezclan los grandes negocios comerciales y una opulenta riqueza, siendo al mismo tiempo una de las ciudades con mayor cantidad de pobres del país, que representan casi el 17% de su población si se suman los indicadores de pobreza y pobreza extrema.

Hay que resaltar que en todo el Ecuador la pobreza es superior al 24%; es decir, casi a un cuarto de la población. En tal sentido, el par de dólares que la gente gana en el día, sirve para algo de arroz, plátano verde y lentejas. Así, en la lógica de la sobrevivencia se encuentra un porcentaje de la población que nunca es noticia.

En este contexto aparece el Coronavirus19, que los guayaquileños llaman “Corona” –quizá para olvidar la lógica letal del virus- el cual involucra, como parte del protocolo para su contención, el aislamiento total de las personas dentro de sus casas. Efectivamente, si esto no ocurre el virus puede expandirse a niveles catastróficos. Pero, la pregunta lógica que surge a continuación es ¿cómo vive la gente que gana apenas un par de dólares en el día? Hasta el año 2016, el Programa Nacional de Vivienda Social (PNVSE) señalaba lo siguiente: “la situación actual de la vivienda en Ecuador, el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas (…) Los 1,37 millones de hogares con déficit cualitativo residen en viviendas cuya tenencia es insegura, construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos o con problemas de hacinamiento.

Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo comparten su vivienda con uno o más hogares o viven en unidades de vivienda improvisadas”. En la ciudad de Guayaquil esta realidad es más que evidente. La propia ex ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, en el foro preparativo para Hábitat III en el año 2016, señaló que el total de casas con carencias de espacio y servicios básicos representa el 20% de los inmuebles en la ciudad de Guayaquil. Esta cifra es la misma que señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) en 2014, en la cual se demuestra que 378.000 guayaquileños (17% de la población local) viven en hacinamiento.

No señor, voy a buscar trabajo, a pelar cebollas si es necesario. Debo llevarle comida a mis hijos”.

Los abogados de derechos humanos, que defienden los DESC (Derechos económicos, sociales y culturales), han insistido en denunciar que la pobreza viola derechos humanos fundamentales, afirmando que los servicios de salud, educación y vivienda son necesarios para la sociedad humana. Sin embargo, han sido señalados -hasta por los propios abogados de derechos humanos de tinte liberal-individualista-, que estos derechos son “políticos”, rezagos de los sueños irreales de la “izquierda”. Ahora, dado que los pobres no pueden quedarse en casa y que esto es necesario para que el virus no se expanda, nos damos cuenta de la tragedia de la desigualdad, la que siempre ha estado y constituye la mayoría de la población, nos toca a todos. Pero este sector de la población, que son representados como una especie de “zombies” infectados, tienen mucho más claro el panorama de la realidad: “si no salgo, no como” decía una señora en las noticias cuando se le preguntaba por qué estaba en la calle. Algo despistado el periodista le insinuó si en su trabajo la estaban obligando a asistir. “No señor, voy a buscar trabajo, a pelar cebollas si es necesario. Debo llevarle comida a mis hijos”. A punta de golpes dados por la necesidad, la gente que sobrevive sabe que somos apenas seres biológicos que requerimos de alimentos para sobrevivir y que el hambre, al igual que el virus, también mata. Solo que el virus es más democrático y no responde a ninguna división social, por eso hay un porcentaje elevado de contagiados de la élite guayaquileña a quienes no se les ha juzgado con el mismo desprecio, porque llegar de vacaciones de Europa no es lo mismo que salir a luchar por la sobrevivencia. La pobreza por su parte es producto (i)racional de la sociedad capitalista.

Esta lógica de supervivencia también está presente de alguna manera en la clase media, aunque no siempre sea capaz de reconocerla en las acciones de los demás. Y es que, tal como lo señala Rosa Luxemburgo “al igual que la clase obrera, la clase media capitalista se encuentra bajo la influencia de dos tendencias contrapuestas: una que la eleva y otra que la oprime”. Es decir, se trata de una clase que intuye que está siempre al borde.  ¿Qué pasa si nuestra pequeña empresa quiebra? ¿Qué pasa si perdemos el trabajo? Esa ilusión o sueño capitalista que nos elevaba se ha derrumbado en estos días y nos lleva a sentir muy próxima la opresión sistémica, en la cual se encuentra la mayoría.

Sin embargo, no todo es color de hormiga: también existe un espíritu humanista que sobrevive y genera esperanza. Se levanta la sociedad civil y crea redes de solidaridad; su accionar cotidiano la hace conocedora de la desigualdad en los territorios. Algunas organizaciones, a través de internet y teléfonos, promueven servicios de distinta clase: recolectan fondos para los indigentes y familias de extrema pobreza, abren sus sedes para recibir a las mujeres con sus hijos en situación de violencia extrema. Los indígenas en las comunidades siguen cosechando para que en las ciudades podamos alimentarnos. Ellos, que en octubre fueron insultados hasta el racismo más abyecto, nos siguen llevando el plato de comida a nuestras mesas. Más aún, uno de los grupos más golpeados por los ajustes neoliberales, que se lleva no solo los aplausos sino todo nuestro sentimiento de agradecimiento, son los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud. No son los héroes falsos de Hollywood, sino quienes entendieron mejor el derecho a la salud. Ellos y ellas, quienes han sido despreciados por las políticas de ajuste con despidos, bajas salariales y precariedad y que hoy exponen su propio cuerpo y vida en la guerra contra el virus.

El pueblo, si no tiene condiciones mínimas para sobrevivir, seguirá exponiéndose a los riesgos que se expone todos los días, incluido este virus”.

Ahora, que el virus nos ha hecho entender que sólo somos seres biológicos, que necesitamos de lo básico para vivir, que no somos seres aislados (el encierro también nos ha demostrado), podemos dejar a un lado apreciaciones superficiales y elitistas sobre los sectores populares, cambiar la mirada y replantearnos todo: desde lo estructural socio-económico hasta lo más simple de lo cotidiano. El pueblo, si no tiene condiciones mínimas para sobrevivir, seguirá exponiéndose a los riesgos que se expone todos los días, incluido este virus. Y mientras no cambie la situación de desigualdad estructural, mientras dure este momento de emergencia, son necesarias acciones que permitan a las personas sobrevivir. Algunos ejemplos realizados en otros países pueden servir, porque apelan al “sentido común”, concepto que une el sentido lógico a lo comunitario. Nadie hoy en día se atrevería a considerar que lo obvio es el egoísmo individualista: que la fuerza pública lleve alimentación e insumos sanitarios para cada familia que lo necesite; que se abran los hoteles para recibir a los enfermos; que las clínicas privadas se vuelvan públicas; que las casas o edificios vacíos sean centros de refugio de mujeres con hijos que huyen de la violencia, así como de personas en situación de calle; que las farmacéuticas donen medicina a las familias vulnerables; que las empresas y la banca tengan impuesto especiales para mitigar el impacto económico; que los trabajadores y trabajadoras de la salud reciban bonificación y seguros de vida durante la emergencia. Obviamente, y finalmente, que el Estado no pague la deuda externa. El virus nos ha enseñado algo fundamental: somos iguales ante la peste y si no lo comprendemos, si no combatimos a la desigualdad estructural, estaremos próximos a extinguirnos como especie; tal como lo señala Göran Therborn en su libro Los Campos de exterminio de la desigualdad “La batalla está por comenzar. Nadie sabe cómo terminará ¿De qué lado se pondrá usted?”

 

*Abogada de derechos humanos