La cuarentena envía la economía nacional a terapia intensiva

La academia, sectores privados y sectores políticos plantean propuestas económicas para enfrentar el Covid 19- Foto: FEF

“La situación social en Ecuador es lamentable. El 75% de la renta nacional recae en menos del 20% de la población. El resto sobrevive con salarios mensuales de poco más de 5.000 pesetas y la situación de los obreros subempleados es aún peor. Problemas heredados de 150 años de historia que sin duda tienen una solución a largo plazo”. Con esta frase concluyó un artículo publicado en mayo de 1979 en el diario español El País, en el que describía el perfil del entonces ganador de los comicios presidenciales del retorno a la democracia representativa, Jaime Roldós Aguilera.

Casi 41 años después es lícito preguntarse: ¿esta situación ha cambiado? ¿el país está mejor? Catorce presidentes de la República han pasado por Carondelet, 10 de ellos por elección popular y cuatro por sucesión tras la destitución o fallecimiento del titular. Esto quiere decir que por lo menos 10 posturas políticas y/o programas de gobierno distintos han llegado hasta el Palacio de Carondelet: dos centroizquierdistas (Roldós y Borja), dos populistas de derecha (Bucaram y Gutiérrez), nueve derechistas (Hurtado, Febres Cordero, Durán Ballén, Arteaga, Alarcón, Mahuad, Noboa, Palacio y Moreno) y un indescifrable (Correa). ¿Lograron el cambio anhelado?

“Las condiciones de la economía ecuatoriana son conocidas por todos. Durante 2019, la situación del país no mejoró. Los distintos organismos no prevén un incremento de la producción mayor de 1% para el año que termina y en 2020 incluso algunos calculan el estancamiento o decrecimiento de la economía”, destaca un artículo de la Revista Gestión de enero de este año.

Esta era la sentencia que parecía destino para el país. Octubre de 2019 y la protesta social imprevista no profundizó la crisis, como insisten en señalar las fuentes oficiales (1), sino que solo hizo despertar a la aletargada sociedad ecuatoriana ante una realidad que nadie quería asumir: no hay recursos suficientes, la banca sigue siendo la mayor –por no decir la única- ganadora, el desempleo crece, hay deflación, la pobreza gana terreno nuevamente, no hay producción ni inversión… y una larga lista de problemas. Solo que ahora el contexto mundial también está en líos y eso radicaliza la situación de la economía nacional: caída del precio del petróleo a niveles históricos ($20 por barril), crisis de mercados por disminución de exportaciones y dificultad para acceder a créditos por el indicador subjetivo del riesgo país.

Y ahora que parece que la situación no puede estar peor llega una pandemia, el COVID-19 o coronavirus, poniendo en cuarentena a casi todos los países del globo, lesionando gravemente la producción y el empleo. ¿Hay salida al final del túnel?

Para responder a esta pregunta, algunas de las posturas políticas que alguna vez estuvieron ya en Carondelet insisten en presentar alternativas y hay también grupos de sectores progresistas que promueven las suyas. Son seis bloques de propuestas, todas presentadas durante las últimas semanas y cada una de las cuales responden a la misma pregunta: ¿qué hacer?

Varios sectores económicos, la academias y políticos plantean su respuesta para enfrentar la emergencia sanitaria desde diferentes aristas: acciones ante el COVID-19, macroeconomía, endeudamiento externo e interno, banca pública y privada, sector público y servicios, reformas legales, sector petrolero, minería, seguridad social, lo agro, entre otras.  Conoce la propuesta completa: aquí

Fuentes: Documentos de cada agrupación. Elaboración: La Línea de Fuego

A estas propuestas hay que ir agregando las que salen desde el estómago de ciertos representantes de grupos de poder, como el del banquero Fidel Egas, que se hizo eco de una idea salida de un español en Twitter, señalando que sugiere una reducción temporal de los sueldos de los servidores públicos. Egas no lo dijo, pero su corazón lo pensó.

Hasta el cierre de este artículo hay más propuestas que siguen circulando, pero que parecen tener oídos sordos en quienes están en capacidad de aplicarlas. Una de ellas es de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). También Acción Humanista ha presentado propuestas. Esta última organización política aún en formación considera que hace falta una mayor creatividad en las decisiones, desafiando las visiones tradicionales y acercando la economía al ser humano cotidiano, no al de los textos académicos o los manuales y recetarios. “Es imprescindible implementar medidas contracíclicas, considerando que la economía mundial entrará en un proceso de ralentización, en donde se tenderá a cierre de empresas, despidos y precarización laboral. Estas medidas deben apuntalar el sistema de dolarización que mantiene el país. Esto sólo se puede lograr con sacrificios de todos aunando a una causa común”, señala Darwin Jurado, de Acción Humanista.

No voy a analizar en detalle una a una las propuestas esgrimidas, tanto las de carácter estructural como las coyunturales, pero las voy a agrupar entre viables e inviables en función de lo que en esencia pasa cuando se hace política pública: quienes ganan y quienes pierden. Para hacerlo me hago eco de una frase que encontré en un post en Facebook: “Cuando en una crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres, eso no es una crisis, es una estafa”.

En primer lugar, al analizar los planteamientos de los dos grupos ubicados en la derecha del espectro político, la mayoría con influencia en medios de comunicación por doble vía (fuentes recurrentes de artículos y columnistas en espacios de opinión), se observa que asumen a la situación de crisis general y la derivada por la expansión del coronavirus como un problema coyuntural y no permanente. Esto se acomoda a su visión tradicional en la que los resultados dependen funcionalmente de la aplicación de ciertas medidas o políticas mientras se mantienen intocadas las estructuras que generan las distorsiones en la economía.

Por ejemplo, en este caso, el plan propuesto se resume en las siguientes acciones: renegociar la deuda, privatizar la explotación del petróleo y ampliar las zonas, fortalecer la explotación minera, fomentar la inversión privada nacional e internacional, moratoria en el pago de impuestos de las medianas, pequeñas y microempresas, impulsar con las reformas planteadas a los códigos monetario y laboral impulsando la autonomía del Banco Central y la flexibilización en el ámbito del trabajo, reformar la seguridad social y ampliar los acuerdos comerciales con otros países, así como darle la bienvenida a los tratados de protección de inversiones que tanto dolores de cabeza y recursos le han costado al Estado ecuatoriano. ¿Dónde está lo nuevo? No hay una diferencia mayor a los planes, proyectos y impulsados por partidos, cámaras empresariales y gobernantes desde siempre. Son las propuestas esgrimidas desde 1979 por quienes también se han alternado en la gestión presidencial en Carondelet, pero que no pudieron implementarlas a cabalidad por su propia inoperancia y/o debido a la resistencia social que encontraron.

Hay dos puntos distintos, para ser honestos, que merecen ser mencionados. El Foro de Economía propone no pagar el monto de la deuda de marzo (2), así como suspender el pago de capital e intereses de los bonos mientras se renegocia el pago de la deuda. Por su parte, desde el Colegio de Economistas hablan de abordar el problema al estilo de una catástrofe y crear un fideicomiso administrado por ciudadanos honorables y transparentes (que siempre serán los mismos bendecidos en medios por los grupos de poder) con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables, sin especificar cuáles son. Pero para poner el toque clasista, una de las dos fuentes de financiamiento de este fideicomiso sería las contribuciones ciudadanas, incluyendo a los accionistas de empresas. Como es costumbre, si esta medida se llegara a implementar, las contribuciones no saldrían mayormente de allí, sino de los servidores públicos (como ya propuso el Gobierno a inicios de mes) e incluso de los trabajadores privados.

Al final, en el tema de la deuda, se impuso la visión del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien señaló que el 24 de marzo se pagó el monto del capital. “Martínez indicó que el pago de los 300 millones de dólares permite tener acceso a 2.000 millones de dólares frescos. Al respecto, afirmó que se está pagando el capital y para el interés se ha hecho uso del período de gracia”. En la tarde del 24 de marzo y con cuatro días de retraso, el Banco Central publicó el monto de las reservas internacionales (RI) que aparecieron con $ 851,48 millones menos que lo que tenía una semana antes. El monto de las RI al 20 de marzo de 2020 fue de $2.113,50 millones. Es de suponer que aquí se reflejó el pago de la deuda anunciada por Martínez.

“Quizá para usted, su equipo y su gobierno, su decisión sea pragmática, pero sin duda alguna no es ética y tampoco es responsable”

Esta acción le valió al Gobierno y al ministro Martínez ser objeto de una ofensiva extraordinaria en redes sociales de parte de organizaciones sociales y economistas de diversas tendencias, quienes rechazaron lo realizado. “La vida antes que la deuda”, fue unas de las principales consignas. Y el camino epistolar para el rechazo cobró fuerza. Sobresale la carta dirigida al Ministro de Economía por parte de Pablo Dávalos, que en lo esencial, señala que había otras opciones al pago de la deuda, pero que Martínez no las quiere ver, lo que hará que pase a la historia como un personaje infame. “Quizá para usted, su equipo y su gobierno, su decisión sea pragmática, pero sin duda alguna no es ética y tampoco es responsable (…) tampoco se entiende por qué usted le dice al país que existe una relación de causalidad directa entre créditos bilaterales y multilaterales con el pago de bonos de deuda de los mercados privados de capital, cuando usted sabe que eso no es cierto (…) Todos estamos haciendo un gran esfuerzo, todos menos usted y su equipo (…) su nombre (y el gobierno del cual forma parte) se inscribirán, no lo dude usted, en aquello que alguna vez Borges describió como la Historia Universal de la Infamia”.

Desde el otro lado del espectro político las tesis propuestas parecen cambiar de enfoque y destinatario. Se propone despejar el camino para que el Gobierno nuevamente emplee los recursos de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador para financiar al Estado en casos de emergencia. El desmonte de esta posibilidad fue uno de los caballos de batalla del actual Gobierno y se blindó legalmente para evitarlo (3), sin embargo, existe un profundo cuestionamiento ético de parte de varios sectores ciudadanos a que esta posibilidad se concrete, por lo que debe descartarse.

Otra medida coyuntural es exigir que no se proceda a la adopción de ninguna medida económica que conlleve afectación al bolsillo ciudadano, como la eliminación del subsidio a los combustibles, o el impulso de reformas a las leyes laboral, de planificación y monetaria. Por lo demás coinciden en decisiones como el regreso de las salvaguardias, el reperfilamiento de la deuda y la salida del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta aquí, estas propuestas también mantienen un tono coyunturalista y bien pueden esgrimirse con o sin situación de emergencia. Sin embargo, a diferencia de las tesis neoliberales de los economistas colegiados y ortodoxos, es cuando precisan a quién benefician algunas de sus propuestas donde marcan una diferencia abismal, porque abren la puerta a la posibilidad de reestructurar un plan de gobierno futuro con corte social y popular, y profundo contenido ciudadano.

Por un lado, centran su atención en el bolsillo y la capacidad de pago del ciudadano común, como la moratoria de pagos por al menos 12 meses de deudas hipotecarias con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y del pago de créditos microfinancieros, de consumo y de otro tipo con bancos privados y públicos. Pero también hay propuestas estructurales, como la disminución de las tasas de interés activas y la creación de encajes diferenciados a bancos y cooperativas, a la vez que generar un esquema contributivo que provenga fundamentalmente de parte de quienes reciben y manejan mayores recursos en el país.

“La propuesta heterodoxa es la única que pone énfasis en lo que pase con el sector de la salud, pidiendo el aumento del empleo, la cesación de los despidos en el sector, la liberación de aranceles a los productos farmacéuticos y químicos”

Sin embargo es aquí, en esto último, donde siempre han fallado las propuestas desde las izquierdas: no hay una propuesta que incluya a los sectores empresariales con una visión estructural. Uno de los principales problemas históricos del Ecuador es la ausencia de una capacidad productiva sostenida acompañada de un cambio en la matriz productiva, que permita que el tejido empresarial privado y el popular y solidario, confluyan en dinámicas propias que les permita escapar a coyunturas cambiantes. Hace falta poner un sello revolucionario a la dinámica empresarial y en eso, el bloque popular y ciudadano tiene aún una gran deuda. Tampoco hay una propuesta profunda y real respecto al campo, la agricultura y las relaciones productivas campo-ciudad.

Hay un último punto de estas propuestas que he dejado a propósito para el final. La propuesta heterodoxa es la única que pone énfasis en lo que pase con el sector de la salud, pidiendo el aumento del empleo, la cesación de los despidos en el sector, la liberación de aranceles a los productos farmacéuticos y químicos que ayuden a combatir la pandemia, inversiones en el sector de la Salud tanto en medicamentos como en insumos y tecnologías, y la reactivación de convenios de cooperación médico y tecnológico con China y Cuba. Estos planteamientos, si bien son una alerta, deben poner a todo el país a replantearse el papel que juegan los sectores sociales –como salud, educación y vivienda- en el escenario cotidiano nacional, pero también con una profunda transformación del enfoque desde donde se asume. La salud, la educación y la vivienda –así como la seguridad social- deben recuperar su conceptualización como inversión, pero además debe tener una adjetivación distinta. Estos rubros son inversiones preventivas, porque crean futuro.

La afectación de la pandemia del COVID-19 ha desnudado las terribles debilidades de muchos países en materia de salud, tanto en infraestructura como en personal, recursos, tecnología, cobertura, capacitación y capacidad de reacción. El Ecuador experimentó avances importantes en el ámbito infraestructural y tecnológico de la salud, y consiguió algunos logros en cobertura y capacitación, pero no consolidó políticas para la distribución y generación de recursos y la infraestructura para la capacidad de reacción. Si eso se hubiera trabajado, habría profesionales de la salud equipados y listos para reaccionar ante situaciones de crisis como la actual. Hay quienes argumentan que se construyeron ‘elefantes blancos’ y al ver qué ha pasado en el Ecuador de los últimos cinco o seis años, tienen algo de razón. El gobierno anterior desenfocó su visión sobre salud en los últimos años de su gestión y el actual gobierno actuó de manera perversa al desmontar algunos de los logros en aras de una austeridad postiza.

Para el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, la actual situación tiene entre sus causas la desinversión en el sector de la salud. Señala que en 2019 estos recortes fueron del orden del 36%. “El gasto en el sector salud disminuyó en aproximadamente $ 66 millones entre 2018 y 2019. Eso implica que las miradas de ajuste y de austeridad implementadas en la práctica significaron menor infraestructura, insumos, a la que se suma la separación de personal y que en conjunto limitan la capacidad de atención en la emergencia. De tal forma que el drástico recorte de la inversión en salud es abismal. Así, es muy preocupante observar la tendencia descendente de la inversión en salud que pasa de  $306 millones en 2017 a $201 millones en 2018 y  $110 millones en 2019. Eso implica una disminución de la inversión en salud entre 2017 y 2018 del 34% y después otra disminución adicional del 36%. Y la situación se agrava más considerando que existe una subejecución del presupuesto en inversión del sector salud. Si en 2017 se alcanzaba a realizar el 87% del gasto, en 2018 y 2019 apenas el 70%”. (4)

Se han contextualizado aquí algunas de las opciones y alternativas propuestas, tanto desde las derechas como desde las izquierdas. El país enfrenta un reto impensable hasta apenas unas semanas atrás, en donde la imposición de los dogmas neoliberales en las aparentes políticas económicas se ha juntado con una crisis que afecta directamente a la salud y al bolsillo de las y los ecuatorianos, produciendo una cantidad aún desconocida de muertos, como consecuencia de la ineficacia del sistema de salud nacional, una mala aplicación de comunicación y un temor político de aumentar la orfandad gubernamental.

El Ecuador se encuentra ante un futuro con más interrogantes que certezas, pero hay opciones y hay futuro, siempre y cuando este país y su gente aprendan que la solidaridad y la creación de redes son un mejor camino que el individualismo y la violencia. El Ecuador postcoronavirus no será igual que el de antes, pero esto no significa que como consecuencia de la precariedad generalizada en la que ahora vive todo el país como resultado del estado de excepción y emergencia sanitaria, se producirá una suerte de transfiguración de la población a favor de la bondad y la reconciliación. Siempre hay múltiples probabilidades, pero es necesario que quienes aún creemos que el ser humano merece un lugar más central en la economía y en todos los ámbitos, hagamos militancia por inclinar la balanza de las acciones futuras a favor de la cooperación y la solidaridad.

*Redacción La Línea de Fuego 

Referencias:

1. Según una investigación conjunta realizada entre el Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial, el paro de octubre dejó daños y pérdidas por USD 821 millones https://bit.ly/3bHzXH7

2.En marzo de 2020, el Ecuador debe realizar un desembolso de $ 944,4 millones por concepto de deuda externa y $ 285,8 millones por deuda interna.

3. Entre 2014 y 2016, el Ministerio de Finanzas obtuv$ 5.234 millones de parte del Banco Central ($ 3.100 millones por certificados de tesorería –Cetes- $ 2.134 millones por bonos) y los pagó entregándole a dicha entidad acciones de banca pública (Corporación Financiera Nacional –CFN-, BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips). Una vez que se plasmaron los cambios legales, sobre todo en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, se estableció un cronograma de pagos que se extiende hasta 2026.

4. Los recortes cobran factura al Ecuador: la inversión en salud se redujó un 36% en 2019 https://bit.ly/3bHMPwO