Alivio en comunidad shuar, pero la alerta sigue

 En el territorio del pueblo shuar arutam en el sur de Ecuador viven alrededor de 12’000 personas en 47 comunidades: la comunidad Tsuntsuim en octubre de 2017. (Kimberley Brown)

 El temor a un contagio con Covid-19 en las comunidades de Warints y Yawi, en el sur del Ecuador disminuyó. Ayer, el gobernador de la provincia de Morona Santiago dijo que las pruebas dieron negativo. Sin embargo quedan varias preguntas sin responder ¿Por qué no se realizó un testeo masivo del Covid-19 y por qué el puesto de Salud Pública dentro de la comunidad fue abandonado durante semanas, como informa la empresa minera?

La preocupación de que miembros de las comunidades indígenas Warints y Yawi en Morona Santiago podían estar contagiados con el Covid-19 fue grande. Pero ayer, el gobernador de la provincia, Juan Léon Pilco, dio a entender que el hombre mayor que murió a principios de abril en dichas comunidades “no falleció por coronavirus, sino por un proceso respiratorio y gastroentérico. Se ha descartado la presencia de coronavirus en estas comunidades”. Este dato es certificado por el Ministerio de la Salud Pública. El gobernador no mencionó detalles acerca de las brigadas médicas que hace una semana entraron a Warints y Yawi para revisar la salud de los integrantes de las comunidades. Tampoco aclaró detalles acerca del viaje de otras brigadas médicas, que entraron ayer con un helicóptero del Ejército.

Pero la calma ha vuelto, al menos por el momento. Las comunidades indígenas del Ecuador—no solamente las de la provincia de Morona Santiago—siguen en alerta. Anteayer, por ejemplo, varias organizaciones de derechos humanos informaron de que alrededor de veinte personas de la nacionalidad Secoya (Siekopai) de la provincia Sucumbíos, al nororiente del país, han presentado síntomas asociados al Covid-19 e incluso una persona mayor ha fallecido. En el comunicado exigen al Ministerio de Salud que realice testeos masivos para que se reduzca el riesgo de contagio para la comunidad, que tiene aproximadamente 700 habitantes.

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA) ha hecho un pedido similar como máxima autoridad dentro del territorio shuar para Warints y Yawi. Pero según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) hasta hoy se realizó sólo una prueba del Covid-19: a la hija del hombre fallecido. Él fue la segunda persona dentro de dos semanas que murió en dichas comunidades; a fines de marzo falleció una mujer. Resulta llamativo que ambos eran familiares de individuos que a principios de marzo viajaron a Canadá para asistir a un encuentro sobre minería. El encuentro, realizado en la ciudad canadiense de Toronto, contó con más que 20.000 participantes de todo el mundo, donde varias personas se contagiaron con el Covid-19. A tal punto, que las instituciones gubernamentales del país norteamericano advirtieron pocos días después del encuentro que los participantes siguen auto-examinándose para poder frenar la prospección del virus.

Temor por la presencia minera y la rotación de personal

Pese a que los estudios científicos han demostrado que la mayoría de personas contagiadas no presentan mayores síntomas, cuando los integrantes de Warints y Yawi ingresaron al Ecuador el 5 de marzo, no se aplicó un cerco epidemiológico. Les tomaron solo la temperatura, el peso, la talla y la auscultación de las vías respiratorias, pero volvieron a sus comunidades como después de cualquier viaje.

“Las autoridades del Estado nos obligan a usar mascarillas, pero hasta ahora no tenemos. Lo único que hacemos es apartarnos”.
Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam

 

Efectivamente, recién unos días antes se detectó el primer caso de Covid-19 en el Ecuador y el Estado todavía no había restringido ni la movilidad ni exigido cuarentena para los viajeros. En esto se basa también la empresa minera Lowell Copper Holdings, una subsidiaria de la canadiense Solaris Resources, que organizó el viaje a Canadá y que enfatiza en haber cumplido con los protocolos respectivos en este entonces. “El estado de excepción fue decretado el lunes 16 de marzo”, manifestó en un comunicado pocos días después del primer fallecimiento en Warints.

Sin embargo el CGPSHA, la Confenaie, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y docenas de otras organizaciones de la sociedad civil se encuentran en alerta. Por eso el lunes pasado emitieron una Acción Urgente al presidente Lenín Moreno, al ministro de salud y al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para exigir que se frene la actividad extractiva en la zona, en particular la minería, para que se frene la expansión del virus. “La constante rotación del personal ajeno a las regiones donde se desarrollan estas actividades constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para todas las comunidades locales, indígenas o no”.

Algunas de las familias de las comunidades Warints y Yawi bloquearon el acceso a sus casas: comuneros del pueblo Shuar Arutam durante un encuentro en noviembre de 2019. – Foto: fundacionaldea.org

El primer caso confirmado de Covid-19 en territorios indígenas de la provincia de Morona Santiago se dio a principio de abril, un par de kilómetros al Este de Warints y Yawi. Se trataba de un militar que vino desde Guayaquil. Por lo tanto, el CGPSHA exigió ya en ese entonces a que se suspenda el paso y los relevos de las Fuerzas Armadas dentro de la provincia hasta que termine la pandemia. “La presencia del virus en las comunidades indígenas significaría el exterminio“, advierte Josefina Tunki, presidenta del CGPSHA. “Las autoridades del Estado nos obligan a usar mascarillas, pero hasta ahora no tenemos. Lo único que hacemos es apartarnos”.

“Hay un adiestramiento para que no se informe”

Gran parte de la Cordillera del Cóndor, donde se encuentran las comunidades Warints y Yawi, está concesionada para la explotación minera. Cabe destacar que a Warints y Yawi solamente se puede llegar caminando, en avioneta o helicóptero. Ellos son parte del territorio del pueblo Shuar Arutam, con sus 47 comunidades y 12.000 habitantes, y están a 80 kilómetros de la cabecera del cantón Limón Indanza. Es allí precisamente donde Lowell quiere extraer cobre y molibdeno. En la franja de la cadena montañosa se encuentran también a los megaproyectos mineros Mirador y San Carlos Panantza.

En la práctica no fueron asignados los insumos necesarios, tanto para la compra de pruebas de Covid-19, como de insumos médicos“,
Tarquino Cajamarca, defensor del Pueblo de Morona Santiago.

 

Dentro de las comunidades Warints y Yawi hay una división entre pro-mineros—la mayoría—y las que están en contra. Pero hoy más que nunca se encuentran unidos por el hecho de que viven lejos de las grandes urbes y tienen poco contacto con personas de afuera. Eso quiere decir que su sistema inmune está preparado para vivir en la selva, donde no existen tantas enfermedades como en el mundo globalizado. Igual que todas las poblaciones indígenas que viven en sus territorios, Warints y Yawi son grupos vulnerables frente a enfermedades como el Covid-19 .

Varias organizaciones internacionales ya hace semanas destacaron de que por la pandemia, las poblaciones indígenas requieren una atención específica. La Conaie incluso emitió a fines de marzo, un llamado de emergencia al gobierno Central, pidiendo que se trabaje por una comunicación social inclusiva, ya que Ecuador está compuesto por 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, cuyos idiomas maternos son distintos al español. Pero hasta el día de hoy es la misma Conaie la que organiza la traducción de los comunicados estatales a siete lenguas indígenas.

El Defensor del Pueblo de Morona Santiago, Tarquino Cajamarca, sostiene que las medidas del gobierno quedaron en la teoría. “En la práctica no fueron asignados los insumos necesarios, tanto para la compra de pruebas de Covid-19, como de insumos médicos“, afirma.

Respecto a los integrantes de Warints y Yawi que viajaron a Canadá, Cajamarca cree que es una irresponsabilidad no haber realizado un cerco epidemiológico y denuncia que la empresa minera debía haber realizado un seguimiento a los integrantes de la comitiva y a quienes tuvieron contacto con ellos. “Con las comunidades no es como con un europeo que puede resistir a una seria de bacterias y virus”, dice el Defensor del Pueblo de Morona Santiago. Según él, hay otros enfermos en la comunidad de Warints, sin que se conozcan las causas; algunos incluso fueron trasladados al hospital de Macas. “Es que hay un adiestramiento para que no se informe suficientemente”, dice Cajamarca, aludiendo al hecho de que el control comunicacional está en manos de la empresa minera. “Ellos controlan el internet de las comunidades y lógicamente, los que viajaron a Canadá no tienen interés de decir abiertamente lo que está pasando”.

Durante los últimos días, los líderes de Warints y Yawi que están a favor del proyecto minero se manifestaron en medios de comunicación locales. Destacaron que por su viaje a Canadá han sido amenazados por otras familias de la comunidad, acusándolos de haber traído el Covid-19; algunas familias incluso bloquearon los accesos a sus casas. Según ellos, las operaciones mineras están suspendidas y no hay entrada ni salida de la comunidad.

No toda gripe es coronavirus”.

Juan Léon Pilco, gobernador de la provincia de Morona Santiago.

 

En relación a la Acción Urgente del CGPSHA, máxima autoridad del pueblo Shuar, el rector de la unidad educativa de la comunidad Warints acusó a Josefina Tunki de mentirosa, ya que ella no fue al lugar de los hechos para informarse de primera mano. “Le ha faltado el respecto a las autoridades electas por una Asamblea del Centro Shuar Warints y Yawi”. En ese mismo sentido fue la crítica del gobernador de la provincia, Juan Léon Pilco, que después del pedido del CGPSHA, de que se hiciera pruebas de Covid-19 en Warints, para asegurarse de que el virus no ha llegado a las comunidades, crítico a la presidenta. En la rueda de prensa virtual del viernes pasado decía que “no toda gripe es coronavirus”, minimizando el temor del CGPSHA y organizaciones de la sociedad civil. Tanto él como el coordinador del Ministerio de Salud de la zona, Julio Molina, no respondieron a nuestras solicitudes para entrevistarlos.

Ministerio de Salud retiró médico de Warints

El puesto de salud pública en la comunidad Warints en la provincia de Morona Santiago, según la empresa minera, no atendió durante más de dos semanas a las comunidades porque no hubo médicos. Foto: Confenaie/Twitter

Unas de las preguntas que urge responder es el hecho de que pocos días después de que Lenin Moreno declaró el estado de emergencia sanitaria, el personal de salud pública en Warints fue sacado de su puesto para atender otros sitios en la provincia. Así lo relata Ricardo Obando, sociólogo y vicepresidente de gestión de la empresa Lowell. La minera tiene un convenio con las instituciones estatales y normalmente hay un médico en la comunidad, pero desde que fue sacado, “la comunidad permanentemente ha venido insistiendo en que los médicos en algún momento regresen, porque necesitan atención sanitaria”.

En respuesta a los reproches del CGPSHA y de la Defensoría del Pueblo, Obando repite lo que la empresa emitió principio del mes: “Hemos actuado en estricto cumplimiento de lo que establece la autoridad sanitaria en el país”. Además, recalca que la empresa tiene un equipo de paramédicos, que junto con el personal de salud pública “han realizado chequeos y monitoreos médicos a la comitiva que regresó de Canadá”. Al preguntar sobre el compromiso con “la seguridad y la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades” que se menciona en la página web de la empresa, no vio un posible peligro para los habitantes de las comunidades después del viaje a Canadá. El sociólogo, que acompañó el grupo a Canadá, remite la responsabilidad al Ministerio de Salud.

Recién el domingo pasado viajó una brigada de siete médicos a Warints, “por la presión en las redes sociales y no por el interés de tener datos exactos”, dice el Defensor del Pueblo, Tarquino Cajamarca. “No tenemos más información porque no hicieron partícipe a nadie de la organización del Pueblo Shuar Arutam”, afirma Cajamarca, “aunque ellos son los dueños de este territorio”. Mientras que Ricardo Obando de Lowell entiende que “se hicieron algunas pruebas de Covid-19”, pero no puede asegurar que realmente sea así. “No tengo información precisa”, dice, a pesar que Lowell tiene un convenio con los responsables de la salud pública.

Texto: Romano Paganini                                                              Colaboración: Mayra Caiza y Emilio Bermeo

 

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