Ecuador: estado de excepción y necroliberalismo. Por Adriana Rodríguez  

Los trabajadores ambulantes viven al diario con sus ingresos económicos en el Ecuador. Foto: Rodolfo Barbeito Rodríguez/ Pixabay

En Ecuador ya no es importante discutir si existieron o no motivos suficientes para justificar la declaratoria de un estado de excepción ante el Covid-19, sino cuál ha sido su uso en concreto, si observamos que la actual crisis sanitaria acontece en medio de una crisis política, económica y social que viene arrastrándose desde el mes de octubre.

Una de las primeras cosas que salen a la luz, es que el marco de excepcionalidad ha favorecido una suerte de ocultamiento generalizado de la información, puesto que el número de las personas contagiadas y fallecidas es a todas luces errático, algo de lo cual se han percatado medios internacionales como el New York Times, que afirma que la cifra de muertos es quince veces mayor a la que reporta el gobierno. En una especie de acuerdo tácito con los medios de comunicación, también ha servido para desviar la atención sobre los desaciertos de la política de salud, como por ejemplo el inhumano trato a las personas privadas de libertad, quienes claman por salir ante el contagio carcelario. Este ocultamiento ha guiado  a la población a una inmensa incertidumbre que, mezclada con la falta de respuesta y atención oportuna de las autoridades, ha llevado a escenas de barbarie, como el abandono de los muertos en las calles tal como ha ocurrido especialmente en la provincia del Guayas, epicentro de la epidemia nacional.

Aunque los datos oficiales son oscuros, la cifra de muertes en la provincia ya no es tan incierta. Hasta el 24 de abril se habla de 22 mil contagiados, pero del 1 de enero al 15 de abril el total de muertos solo e Guayaquil llegó a 14.561. Si a estos le restamos los muertos por otras causas (usualmente suele ser menos de dos mil al mes) tendremos aproximadamente 7.000 muertos altamente probable por el Covid-19 en una ciudad de 2 y medio millones de habitantes. Si bien el virus es democrático y puede contagiar a las personas de cualquier clase social, ciertamente actúa como un arma de destrucción en los sectores vulnerables que viven en hacinamiento y pobreza, precisamente por la imposibilidad de aislamiento.

En este contexto, Walter Benjamin nos recuerda que los oprimidos han vivido siempre en permanente estado de excepción. En una sociedad completamente desigual en la que muchas familias no pueden con el aislamiento, el estado de excepción se traduce como una decisión política que pretende pilotear una emergencia coyuntural, pero que se inscribe en un momento de profunda crisis del capitalismo radicalizada por la pandemia. Crisis ante la cual los gobiernos en nuestra región nunca han sido neutrales y, en varios episodios de la historia, han tomado posición para decidir quiénes viven y quiénes mueren.

El estado de excepción tiene la función de gestionar la muerte de las poblaciones hambrientas y enfermas”

Se trata entonces de una política de la muerte, muy bien descrita por Achille Mbembe, de la cual hemos tenido varias experiencias en nuestras débiles democracias. Este poder tiene la capacidad de salvar un modelo económico en lugar de salvar a la población; de pagar la deuda externa en lugar de pagar a los médicos; de sumir a la gente en la desesperación por la falta de alimentos o atención médica, al tiempo que afirma hacer todo para “protegerla”. Esto no es casual, pasa recurrentemente bajo el capitalismo, pero quizá no haya sido tan visible antes de la pandemia en la “normalidad” de la barbarie cotidiana en la que vivimos e hizo falta la presencia de cadáveres pudriéndose en las calles para entenderlo. En este contexto de crisis profunda, el estado de excepción tiene la función de gestionar la muerte de las poblaciones hambrientas y enfermas, afirmando al mismo tiempo la permanencia sin modificaciones del status quo tal como lo conocemos.

Más aún, cualquier estado de excepción podría pasar fácilmente a una dictadura constitucional necroliberal. En Ecuador la amenaza de una posible “muerte cruzada” debe llevarnos a una alerta mayor porque la democracia misma estaría en peligro. Si a esto le sumamos que los proyectos de ley enviados a la Asamblea, en el marco de la emergencia, revelan que el fondo del asunto es convertir la pandemia en el mejor pretexto para radicalizar el ajuste neoliberal. Dichas leyes buscan cosechar las ambiciones largamente demandadas por las élites: liquidación del marco legal de derechos y conquistas laborales, flexibilización del trabajo a niveles de semi esclavitud, reducción de salarios (hay quienes exigen la eliminación del salario básico que no llega a 400 dólares), despidos de trabajadores públicos, entre otras perlas del recetario ultra-necroliberal. Dicho de otra manera, el estado de excepción pasa a tomar el control de la pandemia y convertirla en arma, algo que también acaba de denunciar el secretario de las Naciones Unidas, quien afirma que los gobiernos de todo el mundo usan la enfermedad para promover agendas autoritarias.

La perversidad de la política de la muerte radica en que coloca a la sociedad ante la disyuntiva de salvar al capital o salvar a las personas y en la lógica necroliberal, al igual que en la guerra, los muertos no son más que números opacos en las estadísticas, algunos ni siquiera tienen cuerpo, porque el Estado ni se dio el tiempo de identificarlos; y vemos las noticias y vídeos caseros de decenas de cuerpos en camiones refrigerados que se usan para transportar comida, fosas comunes, gente fuera de los hospitales rogando por el cuerpo de su familiar. Y como todo es democrático bajo el sol, hasta en la clase media han llegado a tener que preguntarle a su familiar contagiado si prefiere morir en casa, para resguardar cierta dignidad ante la muerte, porque es mejor despedirse junto a los seres queridos que estar tirado en un vagón o una fosa común. Sabemos que la dignidad es el fundamento principal de los derechos humanos, pero para las culturas cristianas e indígenas, que son la mayoría de este país y del continente, se convierte en una extensión del propio derecho a la muerte.

De esta forma, vida y muerte no están separadas por tal motivo, la ceremonia de la despedida es humanamente necesaria porque nos diferencia del mundo animal. Lo que ha terminado de usurpar la política de la muerte, que es el necroliberalismo, es no solamente la vida (con dignidad), sino hasta el derecho a la muerte digna.

Vemos cómo los países de Europa empiezan ya a reanudar sus actividades sin hacerle caso a las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo mismo empieza a ocurrir en Ecuador que ya anunció que varios sectores productivos empezarán a reactivarse, aunque la pandemia está lejos de estar controlada. Uno de ellos será el de la construcción; es decir, los primeros cuerpos en exponerse serán el de los trabajadores, para que la maquinaria siga en marcha. Sostienen que se garantizará la protección de los trabajadores, pero incluso en los hospitales, los trabajadores de la salud denuncian todos los días la falta de protección. Tampoco han señalado con claridad qué tan efectivo es el “distanciamiento social” en plena pandemia y cómo se asegurará que se cumpla la medida. Esto nos acerca a lo que David Harvey llama distopía, propia de una oligarquía históricamente genocida que no ha logrado mediar con humanidad las contradicciones/crisis del capitalismo y es capaz de exponer la vida de la gente más vulnerable.

Más aún, este estado de excepción legitima un estado de cosas inconstitucional sin el menor escozor. Ante estos hechos que ocurren de facto, la justicia se ha quedado callada cuando debería estar en la vanguardia en la defensa de derechos. Sobre esto, el propio Agamben señaló hace un par de días que no entendía el silencio de los juristas, como si existiera un principio moral mayor al que hay que defender. “Una norma que establece que hay que renunciar al bien para salvar el bien es tan falsa y contradictoria como una que, para proteger la libertad, requiere que se renuncie a ella”. Pero no todo es panóptico, hasta en los episodios más trágicos de la humanidad se han abierto fisuras. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado un excelente trabajo en señalar que esta pandemia no debe dar luz verde a la violación de derechos fundamentales, especialmente la salud. De hecho, ha dicho algo que es lógico y es que a la pandemia se la enfrenta con más derechos, con acceso a la salud, a alimentos, etc.

Una posición coherente con el iugalitarismo nos debe llevar a estar con los trabajadores a quienes no se les puede obligar al retorno laboral sin garantías, con los sectores informales que salen por no tener con qué alimentarse. Posicionarnos también por el derecho a la verdad de los muertos en la pandemia, a quienes también se les negó el derecho a la salud y, después, a la muerte digna. Esto quiere decir que debemos mantener viva la esperanza para no desesperarnos ante el caos y apostar por el “mal menor”, y también el compromiso con los derechos fundamentales, que nos lleva a la obligación moral de denunciar las políticas necroliberales de reducción de derechos.

*Abogada de derechos humanos