Vulnerabilidad y pandemia: la in-gobernanza y los problemas que salen a flote. Por Daniel Ramos Trávez

Este 4 de mayo arrancará la fase de distanciamiento social en Ecuador, pero esta decisión depende de cada gobierno descentralizado, así lo informó el presidente Lenín Moreno. Foto: referencial de Pixabay

Al 27 de abril de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) ha informa que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ha procesado y evaluado un total de 61.529 muestras de pacientes con sintomatología de Covid-19. Los casos confirmados, según los resultados presentados son 23.240, siendo las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos dónde se ha reportado el 52% de casos confirmados. De ellos, 25.052 casos han sido descartados mediante el procesamiento y evaluación de muestras.

Mientras la “fase de aislamiento” parece llegar a su fin el 4 de mayo para pasar a la “fase de distanciamiento” como lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el viceministro de Salud,   Francisco Xavier Solórzano, la “nueva normalidad de la que habla el gobierno ecuatoriano no pinta un futuro cercano en la cotidianidad  pre-coronavirus de las ciudadanas y ciudadanos.

Seguimos en un limbo en el que la incertidumbre y la credibilidad hacia las autoridades se ha perdido, todas y todos pendientes de las nuevas cifras de contagios, todas y todos accediendo a los portales web de los medios o simplemente viendo los telenoticieros que hablan y hablan del coronavirus: ¿Qué más se puede hacer en tiempos de encierro cuando todo parece estar en stand by?

A pocos días de que la “nueva normalidad”, a la que tan natural se ha referido el gobierno ecuatoriano, cabe preguntarse: ¿Qué es lo que conlleva?

Desde este artículo se reflexiona sobre ciertos puntos que han causado problemáticas y conmoción social durante la administración de este gobierno frente a la crisis del coronavirus con el fin de poner en perspectiva crítica,  qué es lo que se puede esperar en un futuro inmediato.

El manejo de la (des)información 

Lo que se ha mantenido como una constante durante la administración de Lenín Moreno es referente al manejo de información. Al parecer la erradicación de las fake news es una tarea primordial en los dos momentos coyunturales (paro y pandemia) que hemos tenido en su mandato. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia batalla durísimo en redes sociales en pos de su campaña para frenar la desinformación.

Sin embargo, por poner un ejemplo de cómo se caracteriza el manejo de información en el gobierno de Moreno, entre finales del mes de marzo e inicios de abril circuló por internet videos que evidenciaba en Guayaquil una situación crítica en torno al manejo de cadáveres y prácticamente, personas sumidas en el olvido.

Las versiones del gobierno fueron de aceptar lo innegable en la “Perla del Pacífico”,  la situación real de las carencias en la población superaba las cifras oficiales; pero no hay que olvidar que “granjas de noticias falsas” identificadas en México, Cuba y Venezuela, también intentaban desprestigiar la imagen del país, según declaraciones de la ministra Romo.     

Y, mientras  Oto Sonnenholzner pidió disculpas por el “deterioro” de la imagen internacional, Moreno en cadena nacional ordenó a los funcionarios públicos transparentar las cifras, decisión que adoptaron los medios locales de inmediato (¿por qué no lo habían hecho antes?), y expusieron la compleja situación de las familias guayasenses.

Resulta importante tratar el manejo de la información sobre el tema que más ha alarmado a la población ecuatoriana y ha posicionado al Ecuador como un “mal ejemplo” a nivel internacional. Los cadáveres en las calles y apelmazados en las morgues, en los baños de los hospitales de Guayaquil han sido una imagen fuerte que no se olvidará en la historia del país.

Los protocolos de seguridad y la pandemia

Pareciera que la muerte es el destino certero de quién ha sido contagiado de coronavirus, a pesar de que, según datos del Ministerio de Salud (hasta 27 de abril de 2020), el 2,9% de casos confirmados con Covid-19 ha fallecido; el 83,9% de casos confirmados se encuentran estables en aislamiento domiciliario, y el 6,7% de casos les han dado alta hospitalaria; los demás porcentajes corresponden a pacientes hospitalizados estables y con pronóstico reservado. Es decir, que la mayoría de casos confirmados con Covid-19 están pasando la cuarentena tal como el resto de ecuatorianas y ecuatorianos que no han contraído esta enfermedad, en sus casas.

Ahora, la capacidad de contagio de este virus es alta y no es la intención proponer que el escenario que actualmente vivimos es para despreocuparse; las mismas autoridades, como el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, han dicho que se espera cifras de contagios y muertes mucho más altas. El 60% de la población,  según el ministro se verá afectada por esta enfermedad, pero en medio de las cifras y los datos que nos llegan a todos los dispositivos móviles a cada rato, hay que preguntarse por la credibilidad de la información “oficial” en este tiempo de pandemia. Aunque las cadenas de WhatsApp o esos copy-paste en los grupos de Facebook no aporten más que desinformación y alarma social, en muchos de los casos la realidad virtual ha perfilado una realidad cotidiana que llena de preocupación.

Jorge Wated, encargado de la recolección de fallecidos en Guayas, el 15 de abril declaró que durante la primera quincena de este mes se han reportado 6.700 fallecidos en esta provincia.

La situación que más ha posicionado al Ecuador a nivel internacional son los relatos de personas que de forma surreal han “perdido” el cuerpo de su ser querido en el contexto de la emergencia sanitaria que desborda la capacidad de gestión de la salud pública en esta ciudad.

Como medida para solucionar la problemática de los cadáveres se estableció un plan de recolección en toda la provincia de Guayas y se dispuso la construcción de un cementerio para dar “cristiana sepultura” a los fallecidos por coronavirus. Aunque en muchos casos se sigue hablando de fosas comunes para el entierro de los millares de cuerpos que abarrotan la ciudad, como son las declaraciones de los habitantes de Pascuales, en Guayaquil.

De hecho, Jorge Wated, encargado de la recolección de fallecidos en Guayas, el 15 de abril declaró que durante la primera quincena de este mes se han reportado 6.700 fallecidos en esta provincia. Esta cifra no coincide con los datos oficiales del Ministerio de Salud que registra un promedio de alrededor de 2.000 fallecidos mensualmente en la provincia; lógicamente, la mortalidad por Covid-19 es el factor que ha aumentado esta cifra.

A pesar de las medidas que se han tomado para la gestión de los problemas sanitarios referentes al manejo de cadáveres, las condiciones no son las mejores, tal como exigen los protocolos de salud se deben respetar todas las medidas de bioseguridad en estos casos, así lo ha explicado el ministro de Salud con el procedimiento para tratar los fallecidos por Covid-19. El Municipio de Guayaquil junto a la Asociación de Cartoneros dispusieron la donación de dos mil ataúdes de cartón prensado en los principales camposantos de la ciudad, para ayudar a las familias que no contaban con este recurso para el entierro de sus familiares. No creo que el cartón prensado esté contemplado en las normas de bioseguridad para los protocolos de manejo de cadáveres.

El ministro de Salud, Juan Carlos Cevallos, en una rueda de prensa aseguró que el contagio del personal médico ocurrió afuera de las casas de salud. Foto: @DrJuanCZevallos

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) junto con el Registro Civil han aplicado medios para la notificación de personas fallecidas vía registro electrónico o llamando al 911, pero hasta inicios del mes de abril no se han tenido cifras concretas para el caso de la provincia de Guayas.

Algo aún más surreal, es el caso de Alba Maruri Granda, que en versiones del ministro de Salud ha sido un caso “espeluznante”, declarada fallecida a finales de marzo y entregados los restos mortales a los familiares, incinerados y guardados como “ceniza” en su residencia, resulta que no falleció sino que hubo una confusión en los registros del hospital. Ahora, la familia está muy alegre con la “milagrosa” re-aparición de esta mujer, sin embargo, las cenizas que conservan aún no se han registrado a qué persona pertenece.

La pregunta lógica es: ¿Qué está pasando en Guayaquil? ¿Qué tan precaria es la situación de esta ciudad para que en menos de un mes haya este tipo de situaciones anecdóticas?, y sobre todo, ¿Quién es el responsable directo de la desorganización de esta ciudad?

Los recursos del Estado y la seguridad de las y los trabajadores

Las condiciones de vulnerabilidad en este país se agudizan con la pandemia, se habla mucho en la política de la solidaridad como un valor superior ahora entre la población, sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores de todos los sectores han visto reducidos sus derechos laborales, sus condiciones de trabajo y la seguridad laboral de sus puestos. Si bien, en este tiempo de cuarentena quiénes se ganan a diario sus medios de subsistencia han visto disminuidas sus condiciones de vida al no poder acceder a su “normalidad laboral”, las decisiones del gobierno también han afectado a otra porción de la población que aparentemente tenía condiciones de trabajo más estables.

Una de los sectores de trabajadores que no ha parado sus actividades durante todo el contexto de la pandemia a nivel mundial es la salud. En Ecuador ha habido varios plantones de personal hospitalario referente a los insumos médicos faltantes para la atención oportuna a pacientes con Covid-19. A pesar, que en un primer momento la ex ministra de Salud Catalina Andramuño confirmó que los insumos para las y los profesionales de la salud estaban garantizados y que los presupuestos para la adquisición de dichos insumos estaba desde hace “dos meses atrás entregado” en todos los distritos zonales de salud, posterior a su destitución del cargo en el ministerio en la carta de renuncia presentada a Presidencia declaró todo lo contrario. Esto generó una polémica con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quién rechazó las declaraciones de Andramuño.

A esto se suma las 1463 denuncias por separaciones por caso fortuito y 1310 por despidos intempestivos al Ministerio de Trabajo, sólo en el mes de abril de 2020″.

Con todo este show mediático-político en el gabinete de gobierno, las y los trabajadores de la salud se han pronunciado por distintos medios sobre  la poca seguridad que tienen en la utilización de equipos de protección personal apropiados para la atención médica y en rechazo a las decisiones que ha tomado el gobierno con este sector, que según declaraciones del viceministro de Salud se han detectado que 1.600 miembros del personal médico se ha contagiado en el país. Sin duda, algo de la disputa por recursos entre los ministros tiene sentido al ver que el personal de la salud a nivel nacional ha sufrido una clara vulneración entorno a sus actividades.

En contra parte a esta situación, otros sectores han adoptado diferentes modalidades de trabajo para continuar con las actividades productivas. Frente a la proyección de un escenario de crisis económica en un futuro cercano, las y los trabajadores han visto vulnerados sus derechos laborales. Por ejemplo, las reformas laborales presentadas en el proyecto de Ley Económica por el ministro de Economía y Finanzas Martínez y el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, a la Asamblea Nacional precarizan la situación laboral de miles de trabajadoras y trabajadores, al presentarse en tres temas: suspensión de actividades sin remuneración ni aportes al Seguro Social; la modificación temporal de la jornada laboral y disminución de los salarios; y la reforma a las condiciones del “teletrabajo” para empresas que han adoptado esta modalidad, como el impago de horas extras y la pérdida de otros beneficios.

A esto se suma las 1463 denuncias por separaciones por caso fortuito y 1310 por despidos intempestivos al Ministerio de Trabajo, sólo en el mes de abril de 2020, entre otras formas de desvinculación laboral como la obligación para tomar de vacaciones sin remuneración en este tiempo. Moreno al decretar las medidas restrictivas para la cuarentena aseguró que los despidos no serían una realidad en estas condiciones críticas.

Por otro lado, la intención del gobierno es clara al momento de recaudación y gestión de recursos para mejorar sus esfuerzos frente a la pandemia, el primer informe del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 fue debatido el 27 de abril en sesión virtual por la Asamblea Nacional, básicamente este cuerpo legal establece cinco condiciones ámbitos de gestión: régimen de contribuciones solidarias (la famosa tablas de contribución a partir de $500 de un salario); medidas solidarias y de bienestar para el acceso de personas en situación de vulnerabilidad a los recursos estatales; la creación de una “cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía” (manejada por la “junta de notables” según Moreno); reformas que permitan asegurar los derechos laborales y los beneficios en el IESS; y un régimen temporal que permita establecer condiciones claras entre acreedores y deudores.

Muchas de estas medidas han sido criticadas por los sectores de trabajadores ya que se ve en la contribución solidaria una medida inconsecuente de acuerdo a la deuda fiscal que mantiene el sector empresarial y financiero con el Estado. Además, como se ha expuesto, a pesar de las declaraciones del presidente en cadena nacional sobre las condiciones laborales, la credibilidad ha caído conforme a la acción de ciertos grupos empresariales.

Esta vulneración de derechos laborales también ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo que ha recogido desde la declaratoria de emergencia 4200 alertas de vulneraciones de derechos.  Desde el 20 de abril, este organismo estatal habilitó un apartado virtual para quejas y denuncias sobre vulneración de derechos al que se puede acceder de forma gratuita por medio de su página web: https://portal.dpe.gob.ec/. Aquí se puede atender a servicios de asistencia psicosocial, registro de fallecimientos, denuncias sobre situaciones que vulneran el derecho a la salud, a la vivienda, al alimento, entre otros.

#Quédateencasa y los privilegios de la “nueva normalidad”

El 63% de la población en el Ecuador habita zonas urbanas, según los datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para 2016, lo que significa que cada seis de diez ecuatorianos, en el territorio nacional, está –o debería estar- pasando el tiempo de cuarentena en alguna ciudad.

17 de cada 100 ecuatorianos tienen ingresos menores a $85 mensuales y son considerados pobres, mientras que 4 de cada 100 tienen ingresos menores de $47 por mes y son considerados extremadamente pobres”.

Las condiciones de urbanización aquí, como en la mayor parte de América Latina, son desfavorables para la población urbana. En 2019, se estableció el porcentaje poblacional para la pobreza por ingresos en el 17,2%, y 4,3% para la pobreza extrema, a nivel nacional. Lo que significa que 17 de cada 100 ecuatorianos tienen ingresos menores a $85 mensuales y son considerados pobres, mientras que 4 de cada 100 tienen ingresos menores de $47 por mes y son considerados extremadamente pobres. La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en el área urbana se cifra en el 21,4% de los casos censados y la pobreza multidimensional en 23,9%.

Según estas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las condiciones de vida en el área urbana reflejan un estilo de vida relativamente estable para la población urbana a nivel nacional. Pero, la distribución de la población urbana ha concentrado focos emergentes que han aumentado las condiciones de desigualdad durante esta pandemia. Volviendo al caso de Guayaquil, los barrios populares y los asentamientos humanos irregulares reportan grandes falencias en cuanto al acceso de servicios básicos, entre ellos salud y educación (criterios para definir los indicadores de pobreza). No hay que olvidar que estos espacios también forman parte de la ciudad y sus condiciones de vida son muy distintas a los centros de producción o espacios residenciales en lo urbano.

Por otro lado, según informes del Ministerio de Agricultura, el desabastecimiento de alimentos no es una preocupación para el contexto de la cuarentena porque la producción agrícola, ganadera, avícola, de la pesca, entre otros sectores continúan con sus actividades productivas. De hecho, las medidas de seguridad en las ciudades permiten a sus habitantes el abastecimiento de productos alimenticios hasta la imposición del “toque de queda”; de 14h00 a 5h00 del día siguiente. Es el campo el que está manteniendo a los y las habitantes de las ciudades en el tiempo de la cuarentena.

A menos de una semana de que el COE-Nacional se pronunciara por el cambio hacia la “fase de distanciamiento” la preocupación por parte de la población no se ha hecho esperar en vista de una realidad urbana que está a puertas de cambiar para bien o para mal.

La “nueva normalidad” empezará por el distanciamiento social para evitar nuevos contagios entre la población, basado en el criterio técnico de los especialistas del COE-Nacional que los contagios se han desacelerado, y que la “disciplina y organización” son la solución, para la ministra Romo, para esta nueva etapa.

Varios sectores se han pronunciado como el gremio de médicos de Guayaquil al preguntar por la capacidad del sistema de salud al enfrentar un nuevo proceso de contagios por Covid-19 en las zonas urbanas.

Mientras tanto, otros gremios establecen protocolos para el reinicio de las actividades laborales donde las trabajadoras y los trabajadores aseguren su integridad física  y se disminuya el riesgo de contagio.

Hay que tener muy en cuenta que no sólo se trata del ambiente laboral el tema de los contagios, sino la movilidad urbana es el principal punto crítico en la “nueva normalidad”, por lo que el gobierno ha establecido que los COEs cantonales serán los encargados de evaluar su situación local e ir reduciendo la restricción de movilidad, según el semáforo para levantar la cuarentena.

Por lo demás, la población quedaremos expectantes a sabiendas que la “nueva normalidad” está por definirse.

La ingobernabilidad y tratar de tapar el sol con un dedo

La popularidad y credibilidad de Moreno han ido en picada, de acuerdo a varias encuestadoras locales, la gente simplemente no confía en su gestión. Por lo pronto este vacío de gobernabilidad también ha tenido repercusiones mucho más directas en los casos resaltados en este artículo.

Nos encontramos en una crisis económica y social dónde la salud, el trabajo y la información se han manejado de una forma despreocupada. No se han planteado medidas efectivas para dar solución al desinterés de la administración pública por sectores populares. Ahora se pretende afrontar la caída económica con el aporte de la clase trabajadora para solventar huecos fiscales y del presupuesto estatal; cabe recordar que se pagó la deuda durante este periodo, la caída del precio del petróleo y la repercusión a las pérdidas económicas de sectores que han dejado de producir.

La “nueva normalidad” viene cargada de incertidumbre y no se prevé un escenario favorable, además la población sigue estando vulnerable.

*Sociólogo. Investigación en temas urbanos y  comunitarios.