Ávila: “La ley esconde una agenda neoliberal programática”

Por Ela Zambrano

El pasado 15 de mayo se aprobó con 74 votos la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. ¿Qué dice exactamente esta normativa? Conversamos con el jurista Luis Ávila Linzán, docente universitario e integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, quien nos explica la letra pequeña de esta controvertida ley.

  • ¿A nivel general cómo evalúas la Ley de Apoyo Humanitario y cuáles son los aspectos que puedes destacar?

Esta ley es un eufemismo del Estado que muestra una agenda coyuntural y esconde medidas de largo aliento, entre ellas, las que varios sectores empresariales han venido planteando desde hace varias décadas y que se aprobaron en la ley con muy poco debate en la Asamblea Nacional y sin que los ciudadanos puedan digerir y oponerse.

El gobierno, con esta ley, logra legitimarse con los sectores que le dan apoyo político. Eliminan el capítulo que tenía que ver son los aportes de los trabajadores y del sector empresarial, pero se quedan las medidas que precarizan al sistema laboral del Ecuador. Es una ley retardataria, que no tiene que ver con la crisis sanitaria y lo que hace es flexibilizar el mercado laboral, uno de los compromisos del gobierno de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esconde una agenda neoliberal programática.

  • ¿Cuáles son las medidas que abonan para esa “flexibilización laboral?

Se incluyen tres figuras: para los contratos nuevos se permiten contratos especiales que tienen la posibilidad de que sean entre 20 y 40 horas. Se acabó la conquista laboral de la jornada mínima de 40 horas semanales, esta tenía como fin darle estabilidad al trabajador. ¿Qué va a pasar? Van a contratar gente con la mitad del sueldo, la mitad de horas, pero la misma carga laboral.

Otro tema, en los contratos vigentes las remuneraciones podrán reducirse hasta el 55% y la jornada laboral hasta el 50%. Esos acuerdos emergentes los puede ejecutar el empleador por causa fortuita y fuerza mayor. La propuesta la plantea el empleador y la aprueba la mayoría de los trabajadores.

El problema es que las organizaciones colectivas están debilitadas y en la mayoría de las grandes empresas no hay ni sindicatos ni asociaciones. Si el empleador es quien puede hacer estos acuerdos, sin duda tiene una posición de ventaja frente al trabajador. En estas relaciones verticales, la mayoría de las empresas lo van a ejecutar.

El tercer problema es que se eleva a ley lo que constaba en algunas resoluciones emergentes que emitió en estos días el Ministerio de Trabajo, respecto a la terminación de relación laboral por causa fortuita y fuerza mayor.

  • ¿Pero eso ya se está aplicando, incluso algunos medios de comunicación se han acogido a esa figura?

La OIT ha dicho que para aplicar la fuerza mayor y causa fortuita debe haber un reglamento que conozcan los trabajadores y se aplica cuando se demuestra que es imposible desarrollar la labor productiva de esa empresa. Muchas empresas se acogerán a esta figura y no se pagará el despido intempestivo a los trabajadores que sean desvinculados. Los tres mecanismos llevan a una situación de flexibilización y precarización laboral de las y los trabajadores. No se protege el empleo, se protege a las empresas.

  • Me pongo del lado de las empresas, si no he podido trabajar por 60 días obviamente estoy en crisis. ¿No era necesario buscar un mecanismo que les permita abrir nuevamente y mantener fuentes de empleo?

Sin duda. La pregunta: ¿en los hombros de quiénes estamos dejando el peso de la crisis? En otros países se han tomado otras alternativas para proteger el empleo; el Estado, a través del ahorro interno, ha solventado las crisis de las empresas para proteger el empleo. Allí parte de la crisis la asume el Estado. En Estados Unidos, parte del peso de la crisis la asume el Estado, y por eso subvencionó con una renta básica por seis meses para reactivar la economía y mantener el consumo. En el Ecuador, el peso va a caer sobre los trabajadores.

  • Según la ley, la medida tiene una larga temporalidad: tres años.

La ley establece que se podrá aplicar por dos años y prorrogable por un año más. Durante tres años las empresas podrán disminuir al 50% todos los derechos de los trabajadores.

  • ¿La crisis en el Ecuador entonces, se prevé, durará tres años?

Esto ya no tiene que ver con la crisis ni con la generación del empleo. Esto ya tiene la intención de flexibilizar el mercado, este siempre ha sido uno de los deseos de los sectores productivos en el Ecuador.

  • El gobierno ha dicho que no hay ahorros internos y en prácticamente tres años de gestión su ineficiencia se justifica, siempre, en lo heredado. Por eso, “nos toca arrimar el hombro a todos”.

Esa también es una falsedad. Las leyes de finanzas públicas permiten otras opciones como disponer de las reservas del Ecuador; tenemos los fondos de los encajes bancarios, es una medida para mantener la dolarización, pero en tiempos de crisis se podría disponer de manera programática para solventar la crisis. Estados Unidos hizo uso del 20% de su reserva, claro somos economías radicalmente distintas. Lo que quiero mostrar es que existen otras posibilidades. Este gobierno ni siquiera se planteó la posibilidad renegociar la deuda. Países en condiciones más desfavorables que el Ecuador han logrado acceder a créditos importantes, a condonaciones importantes, a renegociaciones favorables.

  • ¿Qué pasó con el pago por horas, también se planteó?

En el proyecto original había la posibilidad de una remuneración por horas. Esa otra de las viejas aspiraciones del sector productivo ecuatoriano. En una economía de mercado, totalmente libre como Estados Unidos, tiene sentido porque hay una sobre oferta de trabajo. En una economía como la nuestra, con 25% de personas en la desocupación y más del 20% de la población en el subempleo, es precarizar más la relación laboral. En el trabajo por horas, las empresas no tienen responsabilidad sobre la estabilidad de los trabajadores. Gran parte de las manufacturas, las maquilas, se pagan por horas en condiciones miserables.

  • ¿Qué pasa con los contratos especiales emergentes que contempla ley?

Es una figura temporal de dos años prorrogable hasta tres años. ¿Qué va a pasar en tres años? Estas reglas no se van a poder cambiar porque ya hacen carne en el mercado laboral. En estadística vamos a tener que hay más personas empleadas pero en condiciones deplorables. Nos van a decir que el sistema funcionó, tendremos menos desempleo pero con trabajadores en situaciones penosas.

  • Las vacaciones: se establece que el empleador define unilateralmente el calendario de vacaciones y cualquier inasistencia se devenga de las mismas

Eso es grave, una conquista laboral es del derecho a las vacaciones, a ocupar el tiempo de ocio como creas conveniente. Hay ocasiones en que las personas tienen que faltar porque se enfermó o tuvo una calamidad familiar. Es violatorio de los derechos de los trabajadores. Yo me pregunto qué pasa con las personas que tienen horarios especiales porque atienden en sus casas personas con discapacidades o enfermedades catastróficas, ese tiempo que les garantizaban varias leyes ¿es imputable a las vacaciones?

  • En la ley se incluyen elementos que aplacan la presión sobre las personas como el pago de los servicios básicos, deudas, etc.

El 80% de la ley está regulando cosas que se podían solventar mediante decreto porque dependen únicamente del Ejecutivo, me refiero al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos; las facilidades de pago de las aportaciones al IESS; el control de las pensiones educativas. Yo a esto le he denominado como “contenido placebo”, se podía haber regulado directamente, pero lo ponen en la ley para darle el toque humanitario.

  • Para conseguir los votos se eliminó de la ley el capítulo referente a las contribuciones temporales, por lo tanto, no recauda nada para enfrentar la crisis sanitaria y económica. ¿Tiene sentido?

Pierde sentido en relación a la crisis sanitaria. Jaime Nebot y Guillermo Lasso dijeron no más impuestos para la gente, en realidad, era no más impuestos para ellos. Pero gana sentido en la agenda de flexibilización laboral, en la agenda neoliberal. Estas figuras que se aprobaron hoy han estado rondando todas las reformas laborales desde hace 40 años.

  • ¿Están considerando alguna acción jurídica por esta ley?

Sin duda. Desde Acción Jurídica Popular estamos analizando la ley y conversando para poder plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, sabemos que no es independiente del poder pero debemos pelear jurídicamente. Pensamos también en estrategias de movilización social, pacífica, considerando la emergencia sanitaria.

“La pregunta: ¿en los hombros de quiénes estamos dejando el peso de la crisis?”