Año electoral y la crisis económica más difícil en cuatro décadas

El 25 de mayo se realizó una gran manifestación de trabajadores en el Ecuador.

Por Julio Oleas-Montalvo

El próximo octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones para el 28 de febrero de 2021. Si no se presenta una intempestiva renuncia −no improbable, dada la presión social y política− y no prospera el golpismo, el 24 de mayo de 2021 el Ecuador tendrá nuevo Presidente, según manda la estropeada Constitución de Montecristi.

El año electoral comenzó con covid-19. Hasta la fecha, nueve aspirantes han realizado algún ademán para parecer candidatos: César Alarcón, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Leónidas Iza, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Álvaro Noboa, Washington Pesántez y Jaime Vargas. Uno más, el “oficial”, ya ha aprovechado la pandemia como plataforma de lanzamiento.

La coyuntura electoral

Quien llegue a Carondelet asumirá una coyuntura compleja. La producción de bienes y servicios lleva estancada cinco años, si se compara el valor corriente del PIB en 2016 con el que se podría alcanzar en 2020 (Cuadro 1). Según la Cepal, en 2919 el 25,7% de los ecuatorianos vivía en condiciones de pobreza y el 7,6 por ciento en pobreza extrema. Los resultados del sector externo revelan graves problemas: falta de competitividad, una canasta de exportaciones poco diversificada de productos primarios y alta dependencia de las importaciones. En 2019 la deuda externa total (pública y privada) fue más de 10 puntos porcentuales del PIB mayor que la registrada en 2017. Por razones que habría que explorar con más detenimiento, la liquidez no se ha contraído, como hubiera sido de esperar en base a un razonamiento cuantitativista. Esto también puede empeorar, si se atiende a lo que está ocurriendo con el precio internacional del petróleo ecuatoriano, que en 2020 podría ser inferior al de 2016.

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Entre 2017 y 2019 el déficit fiscal se redujo casi tres puntos porcentuales, con severas consecuencias sociales. Con el Acuerdo de Facilidad Ampliada firmado con el FMI, en marzo de 2019, el gobierno obligó al país a un ajuste estructural que afectó gravemente la capacidad de respuesta frente a la pandemia (véase Badillo y Fischer, Ecuador, COVID-19 and the IMF: how austerity exacerbated the crisis, BLISS The ISS Blog on Global Development and Social Justice, 09/04/2020).

Los problemas que acarreaba el sistema de salud pública fueron agravados por el plan de austeridad acordado con el FMI. El gasto en este rubro alcanzó un máximo de 2,7 por ciento del PIB en 2017 y 2018 y bajó a 2,6 por ciento en 2019 (con un PIB menor, véase Cuadro 1).

Según la Constitución, el gasto en salud debería incrementarse 0,5% del PIB cada año, hasta alcanzar 4% −cifra inferior al 6% recomendado por la OPS. Mucho más dramática fue la reducción de la inversión: 64 por ciento entre 2017 y 2019, de USD 306 millones a USD 110 millones. Para cumplir con el FMI, en 2019 el gobierno despidió a 3.680 servidores de la salud (doctores, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales y otros), solo en el Ministerio de Salud Pública, y anunció otro tanto para el sistema de seguridad social. “En consecuencia -concluyen Badillo y Fischer- no es sorpresa que hoy Ecuador esté manejando tan pobremente la crisis del COVID-19”.

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El Gráfico 1 compara la frecuencia y letalidad del COVID-19 en varios países sudamericanos. Al 18 de mayo de 2020, Chile y Perú registraban más casos que Ecuador. Pero Ecuador reconocía seis veces más muertes que Chile y 1,9 veces más que Perú, por cada millón de habitantes.

 

El relevo presidencial se efectuará en la más difícil coyuntura económica y social de las últimas cuatro décadas. La covid-19 no ha provocado ni el estancamiento económico, ni los problemas externos ni las crisis distributiva y fiscal. Pero los ha agravado y visibilizado. Si fuese verdad -como dicen los expertos más optimistas- que las alteraciones sociales y económicas provocadas por la pandemia solo terminarán cuando se disponga de una vacuna o cuando se haya logrado la “inmunidad del rebaño,” ¿cómo será la campaña presidencial que se avecina? ¿Qué garantías ofrecerá el CNE de que el proceso y la elección sean transparentes?

El futuro inmediato

Recuperar la normalidad, entendida como la situación anterior a la pandemia, será imposible. La economía ecuatoriana está dolarizada, es dependiente y muy abierta (46,7% en 2019, según el BCE). Lo que ocurre en el resto del mundo la afecta y, como el COVID-19 ha modificado profundamente la economía global, en el caso ecuatoriano es muy importante considerar esos cambios a la hora de definir la política pública.

La incertidumbre es muy alta, pero se puede anticipar que los próximos años serán de crecimiento lento, lo que disminuirá la demanda de las exportaciones ecuatorianas. Los países poderosos darán primacía a sus mercados (como ya lo está haciendo EE. UU.), lo que supone retrotraer la globalización, desacoplar -relativamente- las economías, relocalizar industrias estratégicas (como las de insumos médicos y sanitarios), reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer las finanzas y la producción internas. Todos los países buscarán un nuevo balance entre la interdependencia y la autonomía, y redefinirán las relaciones Estado/mercado. Si algo ha dejado claro que la covid-19 es que los estados “eficientes” no son capaces de manejarlo con eficacia. Se revalorizará la acción colectiva, dadas la demostrada incapacidad del sector privado para enfrentar esta crisis y las siguientes, y la falta de decisión de la comunidad internacional para evitar la crisis ambiental y el cambio climático.

Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales deben contener las estrategias frente a este inminente cambio de escenario. Merecemos algo más que el rotundo “sí se puede”, tan movilizador en los estadios de fútbol.

¿Cambio de modelo de desarrollo?

Es necesario sacudirse del letargo en el que se encuentra la sociedad y la economía ecuatoriana desde el fin del superciclo de los commodities. Lo más importante es reconstituir los servicios públicos para garantizar el derecho a la salud de todos los ecuatorianos. La pandemia ha demostrado que ni la tercerización ni las alianzas público-privadas sirven para preservar ese derecho.

En el nuevo escenario mundial se reducirán los flujos de capital y de inversión extranjera, lo que obliga a promover el ahorro interno, a redefinir el grado de apertura de la cuenta de capitales y a negociar nuevos créditos para paliar la emergencia. El capital financiero podría ser un gran promotor del nuevo modelo, si deja de lado su mezquindad y codicia. Aunque no guste a muchos, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se torna indispensable, tanto para garantizar el financiamiento para la inversión productiva como para sostener el modelo monetario.

Si el COVID-19 solo fuese un shock exógeno, bastaría la política macroeconómica para superarlo. Pero es mucho más. ¿Qué nos propondrán los candidatos para contrarrestar el avance en 2020 de la pobreza y de la pobreza extrema −a 31,9% y a 11,6% de la población total del país, respectivamente, según la Cepal−?

En el sector turismo la pandemia ya ha provocado daños irreversibles. ¿Qué pasará con la vida de la gente de Galápagos? ¿Y con la de los pequeños empresarios de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena? Las remesas bajarán a niveles mínimos, agostando los medios de vida de miles de familias de migrantes que suficiente tendrán con tratar de sobrevivir al virus lejos de sus hogares.

La demanda de flores, rosas, camarones y de la secular tripleta (banano, café y cacao) se ha reducido sustancialmente, y esto afecta a una inmensa porción del empleo nacional. El petróleo bordea los USD 30/barril, lo que prácticamente anula el rentismo sobre ese recurso. ¿Debe ser el extractivismo el único camino posible para el país?

Los candidatos tienen la obligación de informarnos cómo vamos a superar los problemas en cada uno de estos sectores, comenzando por reanimar las entidades públicas a cargo de elaborar protocolos sanitarios suficientes para salvaguardar la salud de las personas y fortalecer la competitividad del país. Esto es un desafío mayor de planificación, que deben esbozar los planes de gobierno, a partir de la aceptación de dos ideas generales. La primera, que la inversión pública y los precios de los commodities ya agotaron su capacidad para impulsar el crecimiento económico. Y la segunda que, dada la magnitud del impacto recibido, ningún país podrá sobreponerse en forma autárquica, por poderoso que sea. Lo que obliga, en especial a los países chicos, a reencontrarse con la cooperación y el multilateralismo.

En la década de 1920, Ecuador afrontó una grave crisis económica provocada por las pestes y la pérdida de competitividad del cacao. Después del fastuoso auge cacaotero, el país debió hacer un ejercicio de introspección y comenzó a desarrollar sus mercados internos. Tal vez algo parecido deba intentarse, un siglo después, atendiendo las diferencias que marca la historia.

Un plan de gobierno coherente y apropiado para enfrentar la coyuntura y para enrumbar el mediano plazo es necesario. Pero no es suficiente. Los planes suelen quedar como meros recursos de campaña, dada la consuetudinaria incapacidad de honrar los compromisos electorales de quienes han gobernado el país. O, dicho de otra manera, dada su extraordinaria capacidad para traicionar la voluntad de los ciudadanos.

     “Los candidatos tienen la obligación de informarnos cómo vamos a superar los problemas en cada uno de estos sectores, comenzando por reanimar las entidades públicas a cargo de elaborar protocolos sanitarios suficientes para salvaguardar la salud de las personas y fortalecer la competitividad del país”.