En Ecuador, el Estado repudia a sus funcionarios

Marcha de los estudiantes UCE. Foto Patricia Noriega

Por Alfredo Espinosa Rodríguez* 

El Estado y sus representantes repudian a sus servidores públicos. Los hostigan todos los meses con despidos, estrés laboral, ataques a su autoestima, bajas de sueldos y atrasos en sus pagos.  No importa si estos ganan mucho o poco. Tampoco cuánto trabajan. Menos si son corruptos o no.  Hemos pasado de una época en la que se intentó transformar a los funcionarios estatales en militantes del partido de gobierno, a otra caracterizada por el desprecio de los ciudadanos –exteriorizado en redes sociales con insultos y generalidades canallescas– que los asocia como los únicos causantes del descalabro económico de la república.

¿Bajar los sueldos de estos funcionarios soluciona el problema de la corrupción? ¿Despedirlos nos hará más eficientes como país? ¿A quiénes les pasa la factura el Estado por su ineficiencia y crisis institucionalizada? Al conserje, al oficinista, al técnico y al analista. ¿Por qué no responsabilizan a los tomadores de decisiones? Sí. A los que gobiernan dentro y fuera del país junto a sus familiares. O a los que lideran instituciones con los vestigios del pasado que tanto aborrecieron (sus asesores y directores). ¡Cierto, es que ellos sí son “eficientes”! ¿Para qué?

¿Por qué no dirigen sus miradas a quienes guardan con celo el dinero del país en los tumbados de sus casas o a los que dijeron combatir la corrupción y terminaron germinándola en su regazo? ¿Se convirtieron en lo que criticaron o simplemente alzaron el telón de un tongo bien orquestado? Cada uno tiene su respuesta.

El Estado quiere pauperizar a sus funcionarios, por decreto o acuerdo ministerial. De una forma u otra serán arrojados a la calle. Posiblemente sus liquidaciones sean pagadas con bonos o en efectivo, pero luego de algún tiempo. ¿No se han puesto a pensar que estas personas también usan el sistema financiero del país? Sí. Tienen deudas con la banca y pagan sus obligaciones crediticias, sus impuestos. Pagan una renta, porque no todos son propietarios de viviendas. Hacen compras en plazas y mercados. Tienen familiares con enfermedades catastróficas e invierten importantes sumas de dinero en la medicina que el sistema de salud y de seguridad social les niega, porque “no consta” en el Cuadro Básico de Medicamentos.

Los funcionarios públicos, que permanezcan en un Estado transformado en partícula subatómica, serán obligados a cobrar menos, trabajar de domingo a domingo y más horas de las dispuestas por la ley. No tendrán tiempo libre, porque sus administradores vendieron la idea de que aquí, el confinamiento fue sinónimo de vacaciones. Argumento tan falso como la honestidad que pregonan. La realidad habla de un sistema de tele-esclavitud, hipervigilancia y maltrato laboral que reveló la verdadera faz de la “nueva normalidad” y dilapidó en la práctica cualquier discurso de respeto a los derechos humanos. ¡Todos saben esto, pero no lo denuncia por miedo!

Quienes no distinguen entre funcionarios de Estado y oportunistas que buscan un nicho para hacer plata a costa del pueblo serán felices con los despidos y la asfixia que viven los servidores públicos. ¿Con eso mejorará su calidad de vida? No. Pero su sed de venganza habrá sido saciada. Alguien tiene que pagar y en Ecuador, por lo regular, siempre pagan justos por pecadores.

Lo irónico de todo esto es que los cabecillas de los atracos de antes y de ahora no reciben el repudio nacional. Siguen impunes y hablando de la patria o del legado familiar de la “honradez”. ¡Cuánta infamia! Si hay una herencia para sus familias es la que le robaron a los ciudadanos metiéndoles la mano al bolsillo, a cambio de un mendrugo de dignidad.

“La realidad habla de un sistema de tele-esclavitud, hipervigilancia y maltrato laboral que reveló la verdadera faz de la “nueva normalidad” y dilapidó en la práctica cualquier discurso de respeto a los derechos humanos. ¡Todos saben esto, pero no lo denuncia por miedo!”.

*Magíster en Estadios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.