Más allá de la dicotomía entre populistas y antipopulistas

Por Lizardo Herrera, Whittier College

Los politólogos Felipe Burbano de Lara y Carlos De la Torre, en su artículo, “The Pushback Against Populism: Why Ecuador’s Referendums Backfired”, sostienen que los plebiscitos se constituyeron en la estrategia utilizada por líderes populistas para concentrar poder; sin embargo, en el Ecuador, esta estrategia plebiscitaria, a decir de los autores, no se limita a los populistas, sino que también ha sido utilizada por sectores antipopulistas que se denominan así mismos “defensores de la democracia”. Los plebiscitos, según los dos analistas, por un lado, permitieron a Rafael Correa plantear la política como un escenario de excepcionalidad mediante el cual pudo obviar la institucionalidad vigente, poniendo en crisis el sistema de balances y contrapesos que, a su entender, define toda democracia. Los antipopulistas, por su parte, se mimetizan con el estilo agonista de los populistas polarizando el escenario político y, de este modo, reproducen la misma concepción de excepcionalidad que sus contrarios, pero esta vez orientada a combatir al “tirano” y deshacer “todo el daño” que éste hizo. En resumen, según Burbano de Lara y de la Torre, la estrategia plebiscitaria, en lugar de profundizar la democracia en el Ecuador, es decir, fortalecer una institucionalidad sólida con sus respectivos balances y contrapesos, ha sido contraproducente debido a que ha traído consigo una noción de excepcionalidad que facilita, entre otras cosas, que el ejecutivo “meta mano” en el poder judicial impidiendo así una adecuada separación de poderes. 

 

En el caso de los antipopulistas, según ellos, la situación se complica aún más porque en lugar de contrarrestar el liderazgo de Correa, su recurso a estrategias populistas (el referéndum del 2017) contradictoriamente fortalece la imagen del caudillo y abre la posibilidad de su retorno al poder. De ahí, el título de su artículo.

En un bello libro, Montesquieu: la política y la historia, Louis Althusser sostiene que la separación montesquieuana de poderes más que una cuestión jurídica, es un asunto político. Dicho de otro modo, más que un tema que concierne a la legalidad y sus esferas, la separación de poderes debe ser abordada desde el estudio de las relaciones de fuerzas. El gobierno moderado o la moderación “no es ni la estricta separación de poderes, ni la preocupación y el respeto jurídicos a la legalidad…, sino el equilibrio de poderes entre las potencias, y la limitación o moderación de las pretensiones de una potencia por el poder de otras”. La propuesta de El espíritu de las leyes, según el filósofo francés, es conservadora en la medida en que su objetivo es garantizar un equilibrio de poderes entre los sectores establecidos para evitar que el “pueblo bajo” (que no debe confundirse con la burguesía preindustrial) tenga voz e injerencia en el gobierno.

En una época en la que los imperios estaban en auge, Althusser entiende que Montesquieu más que por la república y sus ciudades-Estados, se inclina por la monarquía. Una monarquía que limita el poder del monarca a partir del respeto de ciertas leyes fundamentales (por ejemplo, las de la sucesión) y costumbres de la nobleza (en donde el honor es el valor fundamental). Si la república tiene cabida en el pensamiento montesquieuano, se trata de una república de notables en donde la virtud y educación del ciudadano tiene poco o nada que ver con las costumbres del pueblo bajo o, mejor dicho, se opone a “los instintos” de este último. El bajo pueblo, según El espíritu de las leyes, puede tener una gran capacidad para elegir a sus representantes, pero no para gobernar; “abandonado a sí mismo, el pueblo no es más que pasiones. Es incapaz de prever, de pensar, de juzgar… Que se prive al pueblo, pues de todo poder directo, pero que elija a sus representantes”.

Aunque Burbano de Lara y Carlos De la Torre sostienen que la llegada de Correa, “el gran caudillo” de la última década, se da por una crisis de legitimidad política en la década de los 90, no analizan este argumento a profundidad. Esta crisis, en buena parte, se debe a que el sistema político ecuatoriano de la época coincidía perfectamente con esa república de notables que Althusser identifica en el ideario montesquieuano. En otras palabras, los sistemas de equilibrio entre los partidos políticos y los grupos de poder económico de la época estaban orientados a garantizar el reparto de poder entre actores políticos establecidos en clara contradicción con los intereses de lo que llamaríamos el bajo pueblo –la gran mayoría de compatriotas­, quienes resentían la continua vulneración de sus intereses/derechos por una clase política sumida en prácticas corruptas.

“Los sistemas de equilibrio entre los partidos políticos y los grupos de poder económico de la época estaban orientados a garantizar el reparto de poder entre actores políticos establecidos en clara contradicción con los intereses de lo que llamaríamos el bajo pueblo”.

—Lizardo Herrera, analista Whittier College

La candidatura de Correa leyó acertadamente el descontento ciudadano con la “república de notables” de los 90 e inicios del 2000 incorporando el llamado a una Asamblea Constituyente en su plataforma electoral. No se trata solo de plantear que Correa carecía de votos en el Congreso para convocar a la constituyente del 2008 y que hizo vericuetos -el polémico ardid de los “diputados de los manteles” gracias a un contubernio con el Tribual Supremo Electoral de ese tiempo- para saltarse la institucionalidad vigente, sino de tener presente que un elemento fundamental de su estrategia fue no presentar candidatos a congresistas en las elecciones del 2006. “Los notables” –i.e. los congresistas – de la época, usando el vocabulario de Montesquieu en clave althusseriana, no supieron entender las demandas de sus representados; por el contrario, su cometido consistía en bloquear toda reforma política que no estuviera acorde con sus intereses. En este sentido, la clase política estaba más preocupada en mantener sus espacios y cuotas de poder, esto es en preservar un equilibrio de poderes entre actores políticos divorciados de la ciudadanía, y fue precisamente este divorcio el desencadenante del triunfo de Correa en las elecciones del 2006 y en los referendos del 2007 y 2008.

La generalización de Burbano de Lara y Carlos De la Torre, al plantear que los plebiscitos han sido una estrategia usada tanto por caudillos como por antipopulistas para acumular poder y desentenderse de la separación de poderes, no da debida cuenta del contexto político del Ecuador entre el 2006 y 2008. En aquellas elecciones, no triunfó el “caudillo Correa” ni se trataba de una plataforma de carácter personalista; yo diría más bien que estamos ante la derrota de una clase política caduca, desconectada de la mayoría de sus representados. Por otra parte, tampoco es acertado reducir el contexto de crisis en el que se originan los primeros triunfos de Correa (Lucio Gutiérrez también ganó con una plataforma progresista en el 2003) a un deterioro de la legitimidad política. En 1999 y 2000, el Ecuador vivió una crisis financiera de grandes proporciones que supuso que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda “nacional” y que los ingresos y ahorros de la mayoría de compatriotas fueran drásticamente reducidos. En consecuencia, la institucionalidad “de notables” de la época no solo obedecía a un sistema “criollo” de cuotas o equilibrios entre unas élites bastante antidemocráticas ahora “antipopulistas”, sino que también estaba atada a las demandas globales del sistema neoliberal, el cual empezó a hacer aguas en el país desde mediados de los 90 y desembocó en la caída de tres presidentes.

Montesquieu aborrecía en alto grado la forma de gobierno que él definía como el despotismo. Y lo hacía, según señala Althusser, en primera instancia a partir de una serie de prejuicios que le permitían presumir que era el sistema que primaba en tierras cálidas o territorios lejanos a Europa –sería interesante ahondar más en estas consideraciones etnocéntricas (¿racistas?) que por esta vez solo cabe mencionar. En segundo lugar, el despotismo, según el pensador del siglo XVIII es ante todo una pasión que no respeta ni las leyes fundamentales del honor (monarquía) ni las de la virtud (la república). El déspota es un tirano que no conoce límite y se niega a aceptar contrapesos a su poder. Su conducta caprichosa, de acuerdo a lo propuesto en el Espíritu de las leyes, no rinde cuentas a nadie poniendo a todos sus súbditos en condiciones de igualdad, no en términos de derechos, sino en “la nada” o ante la arbitrariedad.

Esta visión del despotismo coincide no solo con el imaginario del antipopulismo de vuelta en el gobierno, fenómeno que con mucho acierto subrayan los politólogos ecuatorianos –un imaginario tremendista que, en mi concepto, es utilizado por los antipopulistas para psicologizar la historia y así justificar sus propias arbitrariedades–, sino que además coincide con la crítica que los mismos autores hacen a Correa, a quien definen como caudillo, saturándolo de un espíritu profundamente antidemocrático y cuyo principal pecado habría sido bloquear la separación de poderes e impedir un efectivo proceso de rendición de cuentas. Esta visión totalizante –y, como he señalado, también psicologizante– impide historizar adecuadamente las diferentes etapas del correato al mismo tiempo que lleva a los autores a desentenderse del análisis del modelo de Estado que defendió y quiso imponer el correísmo a lo largo de sus diez años de gobierno. Me parece que la propuesta de Althusser, al plantear la separación de poderes al interior de las correlaciones de fuerzas, ayuda a entender mejor la política ecuatoriana contemporánea que la visión un tanto idealista de la democracia –en la medida en que es ajena al accionar de los actores políticos ecuatorianos y únicamente funciona como una prescripción que nadie cumple– que manejan  Burbano de Lara y Carlos De la Torre en su texto.

“La clase política estaba más preocupada en mantener sus espacios y cuotas de poder, esto es en preservar un equilibrio de poderes entre actores políticos divorciados de la ciudadanía”.

—Lizardo Herrera, analista Whittier College

En el 2007, durante el primer gobierno de Correa, la agenda estaba marcada por la reforma política orientada a la consecución de una democracia participativa. De ahí la importancia del llamado a una Asamblea Constituyente y la alianza con varios de los llamados movimientos sociales que venían movilizándose en contra de las políticas neoliberales. Para finales del primer gobierno y ya en su segundo período (2013), se produce un giro significativo en el proyecto correísta, el cambio de matriz productiva deviene en el eje fundamental, dando paso a una ruptura definitiva con quienes fueran sus anteriores aliados. La modernización económica, en este segundo momento, desplaza al ideal de la democracia participativa. Es importante anotar que, en ambos momentos, se recupera el rol de Estado en los servicios y la inversión pública, principios reñidos con los preceptos fundamentales del neoliberalismo. Sin embargo, en el primer período, prima una visión más democrática del poder y existe un margen importante de negociación con grupos ajenos al partido de gobierno; mientras que, en el segundo, se da rienda suelta a una visión vertical de la política en donde toda directriz parte del gobierno central y quien no acata estos dictados es dejado de lado o hasta atacado mediante un uso instrumental de la ley.

La consulta popular del 2011 marca, entonces, un punto de inflexión y posee un carácter distinto a las dos anteriores: para ese momento ya no se trataba de repartir el poder o de avanzar en la democratización del país, sino de consolidar la posición del gobierno, no propiamente para que Correa se transforme en un déspota del siglo XVII o XVIII, sino para imponer una modernización económica en donde el rol del Estado tenía una importancia primordial no solo en lo social, sino también en lo económico. Tal como “la república de notables” de los 90 y mediados de los 2000 respondía a los preceptos del modelo económico neoliberal; las reformas del 2011 y en adelante obedecían a los dictados de una modernización desarrollista cuyo énfasis estaba en la centralización en los procesos de toma decisión y el fortalecimiento del Estado,[1] principios que cada vez dejaban un margen de participación mucho menor a la ciudadanía. En este contexto de centralización, el personalismo de Correa adquiere una mayor relevancia. Su gobierno empieza a girar básicamente alrededor de su figura y, desde este momento, el correísmo empieza a coquetear con la idea de la reelección indefinida, propuesta que no fue ni siquiera contemplada en la Constitución del 2008.

A diferencia de Felipe Burbano de Lara y Carlos De la Torre, considero que el 2007 y 2008 no está marcado por el caudillismo ni el inicio de una senda de concentración del poder político, sino que, al contrario, es un momento de mucho optimismo que resultó en una importante democratización en el Ecuador. En aquel entonces, hubo mucho interés por parte de la población en asuntos fundamentales del país y hubo gran participación de la ciudadanía. A pesar de que hubo fallas, como la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no logró su cometido de convertirse en un quinto poder independiente de los otros, especialmente del ejecutivo, hubo también logros importantes; entre ellos podemos destacar la pérdida de poder de la vieja clase política vinculada al sistema neoliberal, una mayor inversión social y un mejoramiento sin precedentes de la infraestructura pública. La consulta del 2011, por su parte, efectivamente supuso una “metida de mano en la justicia”, sin sugerir con ellos que la justicia de la época hubiese sido previamente independiente, al contrario, tenía fuertes vínculos con los partidos y las élites económicas-políticas del período neoliberal y también servía como herramienta de persecución política. En este sentido, considero que no estamos simplemente ante una lucha entre populistas y antipopulistas en la que ambos contrincantes exhiben conductas similares. Por detrás de esta lucha están presentes dos modelos autoritarios que restringen cuando no anulan la participación ciudadana: el neoliberalismo, de un lado, y la modernización desarrollista, del otro.

“En el primer período, prima una visión más democrática del poder y existe un margen importante de negociación con grupos ajenos al partido de gobierno; mientras que, en el segundo, se da rienda suelta a una visión vertical de la política en donde toda directriz parte del gobierno central y quien no acata estos dictados es dejado de lado o hasta atacado mediante un uso instrumental de la ley”.

—Lizardo Herrera, analista Whittier College.

También es necesario anotar, por otra parte y a contramano, de lo que plantean Felipe Burbano de Lara y Carlos De la Torre, que los actuales antipopulistas no copian los comportamientos de los populistas;  sucede exactamente a la inversa. El correísmo, en su segunda etapa, recuperó muchas de las prácticas de la clase política anterior, especialmente, el reparto de cargos públicos o espacios de poder a cambio de favores políticos y la instrumentalización de la ley para perseguir a los opositores, hecho que degeneró en arbitrariedades y escándalos de corrupción parecidos a los ocurridos en las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000. Podemos decir que la diferencia está en que la corrupción neoliberal fue, en su mayor parte, de tipo financiero teniendo su apogeo en los famosos créditos vinculados y los salvatajes bancarios; mientras que, en el caso de los neodesarrollistas, los escándalos surgieron a partir de los grandes proyectos de inversión estatal, los cuales por lo menos mejoraron la infraestructura del país y ampliaron la cobertura de los servicios públicos.

La mimetización del correísmo con las prácticas políticas de lo que ellos mismos llaman la partidocracia, en consecuencia, significó la imposibilidad de construir una institucionalidad diferente y que no estuviera controlada por el gobierno u otros grupos con claros conflictos de interés. Asimismo, el modelo vertical del Estado correísta en su segunda etapa, facilitó que el nuevo gobierno (Lenín Moreno Garcés, quien ganó las elecciones gracias Alianza País, el partido de Correa, y luego traicionó desvergonzadamente su propio programa de gobierno) se haga del control de la institucionalidad vigente con relativa facilidad, también gracias al reparto de cuotas de poder y la judicialización de la política.

Días antes de asumir la Presidencia de la República, Moreno se reunió con los representantes de la banca ecuatoriana. FOTO: Radio Luz y Vida FM

En mi lectura, la consulta popular del 2017 de nuevo hace evidente el cansancio de la mayoría de ecuatorianos con el clientelismo político y el uso discrecional de la legalidad. El correísmo perdió ese referéndum de forma contundente; es decir, la mayoría de ecuatorianos, al igual que en los tiempos de la hegemonía neoliberal o partidocracia, rechazó un sistema basado en el reparto y la judicialización de la política. Sin embargo, a diferencia de las consultas del correísmo, tras la consulta de Moreno, como bien señalan los autores, el Consejo de Participación y Control Social Transitorio se extralimitó en sus funciones y buena parte de lo ejecutado por este organismo raya abiertamente en la arbitrariedad y en la ilegalidad.

También es importante señalar que la consolidación de Moreno en el poder significó un regreso de la hegemonía neoliberal al poder con la banca y la gran empresa como los principales soportes del gobierno. Es claro que el regreso de estos antipopulistas a Carondelet ha traído consigo un serio retroceso en la inversión y los servicios públicos en el Ecuador en donde el interés de la mayoría de ecuatorianos -los ciudadanos de a pie- se ve cada vez más afectado con el objetivo de garantizar los privilegios e intereses particulares de los grandes grupos de poder económico. Dicho de otro modo, el modelo antipopulista actual no solo significa la continuación de la instrumentalización de la ley y del clientelismo político, hecho que se hace evidente en los escándalos de corrupción en los hospitales públicos, sino que además resulta en un mayor deterioro de la calidad de vida de la gran mayoría de compatriotas tal como sucedió en la década de los 90 y mediados de los 2000. Las nuevas políticas neoliberales (en realidad las mismas de hace dos décadas: reducción del tamaño del Estado, eliminación de impuestos para las grandes fortunas, flexibilización laboral, desregulación financiera, eliminación de subsidios, privatizaciones, etc.) cuentan con un amplio rechazo ciudadano y dieron paso a una fuerte movilización popular que por poco terminó en la caída del gobierno en las jornadas de octubre del 2019.

Analizar la separación de poderes desde el punto vista de las correlaciones de fuerza, no exclusivamente desde lo legal ni desde un moralismo prescriptivo, sin embargo, no significa desentenderse o cancelar un pensamiento republicano. La separación de poderes es un principio importante si nuestro objetivo es construir una sociedad democrática con una mayor participación ciudadana. Sabemos que la democracia no puede confundirse con ese equilibrio de poderes que nos ofrece la “república de notables”, es decir, con el reparto del poder entre sectores oligárquicos o burguesías emergentes que hacen del clientelismo político su modus operandi. También sabemos que el antipopulismo atado a los principios neoliberales tiene como meta bloquear la participación política de las mayorías para garantizar los privilegios de las élites económicas; mientras que la modernización desarrollista, a pesar de sus avances en los servicios e infraestructura pública, es un modelo que restringe la participación ciudadana en favor de una mayor centralización política. El gran reto, me parece, es saber si en el Ecuador, es posible construir una república democrática en donde el “pueblo bajo” tenga voz y participación directa en el gobierno y donde no se reivindique la separación de poderes simplemente para bloquear su acceso al poder. El período entre el 2006 y el 2008 nos dejó muchas enseñanzas que conviene releer sin caer en la dicotomía entre populistas y antipopulistas que nos ofrecen Felipe Burbano de Lara y Carlos De la Torre, la cual lastimosamente no hace sino conducirnos a un círculo vicioso tanto en el análisis como en el ejercicio de la política.

“La consolidación de Moreno en el poder significó un regreso de la hegemonía neoliberal al poder con la banca y la gran empresa como los principales soportes del gobierno”.

—Lizardo Herrera, analista Whittier College

[1] Es importante dejar sentado que estamos ante un Estado capitalista que en ningún momento supuso un riesgo para la propiedad y empresa privada.