Casualidades, coincidencias y serendipias de las élites en el Ecuador

Por Carlos Pástor Pazmiño*

Tras la muerte de su padre Luis Noboa Naranjo en 1994, Isabel Noboa Pontón recibió una inmensa herencia en 1995; en 1996, Isidro Romero Carbo, esposo de Isabel (en ese entonces), fue elegido diputado por el Partido Social Cristiano (derecha-conservador) en Guayas; en 1997, Noboa Pontón conformó el Consorcio Nobis. Inicia este emporio empresarial con la Compañía Azucarera Valdez y elcentro comercial Mall del Sol. Pocos años después logró una gran diversificación con presencia en electricidad, agroindustrianegocios inmobiliarios, comercio, turismo etc. 

El consorcio es un espacio familiar que incorpora en la Junta Directiva a tres de sus hijos: Melisa Romero, Isidro Romero e Isabel María Romero, esposa del ex ministro (período de Lenin Moreno) de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, Pablo Campana. También es madre del futbolista Leonardo Campana, que inició su carrera deportiva en el año 2016 en las divisiones menores del Barcelona Sporting Club, equipo en el que Isidro Romero Carbo (abuelo) fue presidente por tres períodos 1982-1986, 1990-1997 y 2005-2006. 

Desde el 2019, Isidro Romero Carbo recorre las provincias del Ecuador con el lema “estoy preparado para la Presidencia”, al igual que su cuñado Álvaro Noboa que ha sido varias veces candidato presidencial con su propio partido político, y su yerno Pablo Campana, que luego de dejar el ministerio ha fomentado varias actividades desde su Fundación (Fundación Campana) llevando alimentos a varias provincias pretexto de la pandemia. 

Las élites del poder son las mismas, comerciantes, banqueros, turismo corporativo, terratenientes, salud, políticos, todos ellos tienen vínculos entre sí (matrimoniales, sus herederos estudian en las mismas escuelas, etc.) sus empresas son parte del mismo grupo económico, de la misma trinca o manada. La élite del poder es altamente diversificada, se incrusta a lo largo de toda la cadena productiva. 

Con mucha frecuencia, ellos a través de sus empresas entrelazadas, se compran a sí mismos, una y otra vez (integración vertical), logrando que ni un solo dólar salga por fuera de sus dominios (“economía circular”, le llaman). Al contrario, ellos logran que nosotros, los sectores populares llevemos nuestros limitados recursos a sus tiendas, compremos en sus centros comerciales, usemos sus bancos, sus seguros médicos, sus telefónicas, etc. Incluso, formateando nuestras subjetividades, con el apoyo de la prensa, logran que votemos por sus élites políticas en elecciones. Comprar o votar por ellos es darles más poder de exclusión social, de destrucción ambiental, de acumulación y concentración de capital.   

A siete meses de las elecciones nacionales y en plena pandemia (junio de 2020), el Consorcio Nobis, liderado por Isabel Noboa, anunció que pasará de ser un consorcio, a un holding gestor de inversiones, lo que le daría la capacidad de atraer, invertir, administrar y gestionar recursos, nacionales y/o extranjeros. En este mismo mes, exactamente el 11 de junio de 2020 el presidente Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 1071, designando a Roberto Dunn Suárez, como delegado permanente del Presidente ante el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La CFN es una institución financiera pública, cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos, ahora liderado por el ex Director Ejecutivo del Consorcio Nobis. ¿Tres candidatos a la presidencia, un giro en los negocios, un hombre de confianza a la cabeza de empresa nacional más grande de inversiones, es una coincidencia? Un sabio profesor me decía que en política y economía no hay coincidencias, toda acción está fríamente calculada para mantener intereses de clase. 

Los lazos del grupo Noboa con el gobierno no son nuevos, Correa en el 2016 decía que Isabel Noboa “es una gran empresaria, yo la quiero mucho, porque ha confiado en su país, ¡qué cantidad de inversiones ha hecho durante nuestro gobierno!”, Moreno ha mantenido la misma línea con respecto a este grupo. La política pública en tiempos de pandemia tiene una directa inclinación para favorecer a las élites, veamos:

 

Ministro junto a los directivos y empleados de supermercados Coral que se sumaron a la campaña Juntos Ecuador. FOTO: Ministerio de la Producción

Iván Ontaneda Berrú, por ejemplo, quien reemplazó a Campana en el ministerio “forma parte de la segunda generación de una familia agroexportadora, ex CEO y Fundador de Eco–Kakao, empresa con más de 25 años de experiencia en la exportación de cacao, ex presidente de la Asociación Nacional de Exportadores e Industrializados de Cacao del Ecuador, ANECACAO 2012-2019; en 2017, presidió el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, entidad que representa al sector exportador privado” (MPCEIP, 2020). Su visión para salir de la crisis económica es apostar a las grandes empresas, con la campaña “Juntos Ecuador” ha promovido que empresas como CoralHipermercados del grupo Ortiz del Azuay incremente sus ventas directas a pretexto de “consumir lo nuestro”. 

No cabe duda que el gobierno de Moreno replica los vicios de la tradicional partidocracia dedicada a desviar los recursos públicos en beneficio de los que ya tienen más dinero, sirviendo a los sectores económicos que concentran la riqueza, alejados del interés general, enloquecidos por la acumulación y el acaparamiento de tierra, agua, mercados, etc.

En el Ecuador, vivimos una “democracia” de mercado, en manos de rentistas, especuladores y vende patrias. Moreno -la continuidad de Correa y su equipo de empresarios enquistados en altos cargos públicos-, gobierna para beneficiar y proteger a minorías ricas, que en estos días de crisis han incrementado sus ventas a costa del miedo y la muerte del pueblo. El virus facilita que nos arrebaten las libertades, que se fortalezca el autoritarismo, el control de la sociedad y que se tomen medidas antipopulares como la mal llamada “Ley Humanitaria”, aprobada por una Asamblea con poquísima credibilidad. 

A diario salen a la luz innumerables casos de corrupción, en todas las esferas que manejan recursos públicos. Durante la pandemia pudimos ver varias denuncias en todas las funciones del Estado. En el ejecutivo, Lenin Moreno lidia con la presunta utilización de dinero público para la consulta popular de 2018. En el legislativ,  Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza PAIS, se enfrenta a acusaciones de corrupción por contratación de obras públicas en la provincia de Manabí.

La cabeza del Consejo Nacional Electoral es cuestionada por presuntamente favorecer con el registro electoral al partido del asambleísta Daniel Mendoza, a cambio de la nulidad de un juicio político. Los sobre precios en los hospitales públicos, en medicinas, mascarillas o en fundas para cadáveres son pan de cada día. Los gobiernos locales no se salvan, el caso más sonado es el de Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, fallecido por un infarto durante la investigación, acusado de corrupción junto con su hijo y su esposa. La pandemia ha destapado una estructura corrupta que ha sido amparada desde el sistema político.

Para “combatir” la crisis, el Ejecutivo propuso a la asamblea nacional la Ley De Apoyo Humanitario, que fue aprobada el 19 de junio de 2020, esta ley profundiza la explotación laboral, ya que reducen la jornada de trabajo presencial hasta un máximo del 50%, lo que implica a su vez que el sueldo del trabajador también disminuya,  se pague según las horas trabajas validadas por el empleador, esta reducción podrá aplicarse hasta por un año, con la opción de renovar un año más. La misma ley habla de caso fortuito o fuerza mayor, pretexto para despedir a los trabajadores sin pago de indemnizaciones. 

“Un sabio profesor me decía que en política y economía no hay coincidencias, toda acción está fríamente calculada para mantener intereses de clase”. 

Por Carlos Pástor Pazmiño

El resultado de la aplicación de estas medidas, casi siempre, es que la clase obrera, campesina, indígena, mujeres o jóvenes, son los que ponen el sacrificio, el sufrimiento y los muertos en las calles. Las marchas de protesta, de los grupos indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles, de mujeres y otros han expresado el descontento del pueblo, cuyas condiciones de vida empeoran a diario. Según el IESS,  hasta inicios de julio 240 mil afiliados han dejado de cotizar en el servicio.

Esto no solo en los sectores productivos, sino también en sectores que han estado en primera línea en la pandemia, el Ministerio de Salud Pública en mayo de 2020 emitió un comunicado oficial en el cual afirma que “ha iniciado un proceso de optimización del Talento Humano” término gentil para despedir al personal administrativo con contratos ocasionales de trabajo. Despidos que se dan mientras el país registra oficialmente 61.958 contagios y 4.781 fallecidos por Covid-19 (datos del COE Nacional). Estos contratos cesados tienen rostro, son obreros explotados sometidos a un salario mínimo mensual de $394, ya insuficiente para cubrir la canasta básica de $719.18; que ahora se quedan sin ningún ingreso. Mano de obra precarizada; jóvenes endeudados hasta el cuello para conseguir una formación; jóvenes con títulos bajo el brazo, pero sin oportunidades de trabajo. 

Todo esto, detrás de un renovado discurso de generar emprendimientos con créditos otorgados por la ya capturada Corporación Financiara Nacional, ¿Roberto Dunn Suárez será una estrategia de crecimiento para el Consorcio Nobis, o para los sectores populares? 

Los modelos que el poder nos impone como “emprendedores exitosos” son los construidos desde la herencia, el linaje, el compadrazgo. Modelos que se sustentan en el egoísmo a seguir, por haber acumulado y diversificado sus capitales. Lo que no nos dicen de estos “casos exitosos”, son sus vínculos directos con las élites políticas que hacen que sus capitales incrementen y diversifiquen. Aplicar políticas públicas que excluyen a miles y miles de ciudadanos, en nombre de las ganancias de minorías selectivas, es injusto, indigno, reprochable, contrario a los derechos humanos.

La precariedad del trabajo significa sufrimiento en la vida cotidiana y produce vulnerabilidad, desprotección, depresión, falta de amor propio, baja autoestima, crisis emocional, permanente inestabilidad familiar, agotamiento. Ya casi no se habla de economía solidaria, solo de individualismo competitivo. Se olvida que, bajo la globalización neoliberal, cualquier pequeño emprendimiento puede dejar de existir por las condiciones estructurales del mercado o los permanentes cambios en el contexto.

Ningún gobierno ha sido capaz de saldar la histórica deuda con la salud, con el campo o la educación, al contrario han promovido significativos recortes presupuestarios en estas áreas. Los recortes presupuestarios en salud es una forma de decir, muerte para los más empobrecidos del país y dependencia con las corporaciones de salud, recortes en educación es decir mano de obra explotada en el mediano plazo. Recortes para el sector rural es aliento para la agroindustria. No saldremos de la crisis en base a la caridad de las elites económicas o políticas, el sistema de salud, el sistema alimentario, el sistema educativo no puede depender de la caridad del gobierno de turno o de las grandes empresas. 

El neoliberalismo nos quiere divididos, no es un azar que los actores hegemónicos confundan distanciamiento físico, con distanciamiento social. El poder separa la economía y la política de la sociedad para que los organismos de control y de regulación sean débiles. A partir de ese punto debemos volver a encontrar a la economía y la política con la sociedad a través de la lucha popular. 

Con la lucha popular podemos construir otra economía para la sociedad, donde la racionalidad que nos guíe sea redistributiva, cooperativa, solidaria, cuyo sentido no sea el lucro, sino la reproducción y desarrollo de la vida digna de todos y todas, reconociendo al otro como complemento, es decir, yo no soy, si tú no eres, sino somos todos. Dejemos de ver a los otros como obstáculos y veámonos como compañeros de vida, fortaleciendo una economía y una política que busque el bien de todos.

“En el Ecuador, vivimos una “democracia” de mercado, en manos de rentistas, especuladores y vende patrias”.

Por Carlos Pástor Pazmiño

*Carlos Pástor Pazmiño, militante de las luchas populares por la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía popular solidaria. Politólogo por la Universidad Central del Ecuador, Especialista Superior en Cambio Climático, Magíster en Relaciones Internacionales y Doctorando (Ph.D) en Estudios Latinoamericanos.

*Foto principal: Campaña de Isidro Romero Carbo en sectores populares de Esmeraldas. Tomada de su cuenta twitter @isidroromero_c