“Las demoras de los procesos pueden afectar a las víctimas de violencia sexual”

Subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Morales. FOTO: Secretaría de Derechos Humanos

Por Ela Zambrano

Quito, 27 de agosto de 2020.- La Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador es la institución encargada de implementar las disposiciones que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, en la que se determinan medidas indemnizatorias a favor de la familia de Paola Guzmán Albarracín, quien fue víctima de violencia sexual, pero sobre todo establece varios puntos sobre políticas públicas que se deben implementar para solucionar la violencia sexual estructural y sistemática en el país. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Morales, explicó a La Línea de Fuego el proceso que está llevando adelante para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. 

Juan Pablo Morales, ¿Cómo está articulando la Secretaria de Derechos Humanos para cumplir con la sentencia en el caso de violencia sexual del que fue víctima Paola Guzmán Albarracín. 

La Secretaria de Derechos Humanos tiene como competencia el cumplir las sentencias y resoluciones del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Estamos convencidos de que esta sentencia llega a poner justicia en un caso sobre una terrible violación de derechos humanos. Hemos organizado una primera reunión de autoridades e instituciones para encaminar el trabajo y dar cumplimiento a esta sentencia y todas las medidas que ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Están establecidos tiempos por parte de la Corte, hay algunas medidas más fáciles de cumplir como las de corte indemnizatorio, pero hay otras, las más importantes, que son medidas de política pública y que requieren el compromiso de varias instituciones del Estado. Vamos a encaminar todos los esfuerzos para que avancen de la mejor manera. 

¿Quiénes integran la mesa interinstitucional?

En esta primera reunión convocamos a las autoridades de los ministerios de Salud Pública, Educación, Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura, con quienes vamos a empezar a organizar este trabajo. 

En la reunión primero se explicaron las medidas que establece la Corte IDH, qué instituciones tendrían que tomar acciones, se pidió que nombren a los delegados técnicos que elaborarán un cronograma y una hoja de ruta, previo a convocar a las víctimas y sus representantes para presentar una propuesta concreta por parte del Estado. Queremos ejecutar el mayor número de medidas, en el menor tiempo posible. 

¿En algunos casos es posible pero las que son de generación de políticas públicas es muchísimo más complejo? 

Esas serán las que más tiempo nos tomarán como Estado porque además requieren un proceso participativo de las niñas y adolescentes, de las víctimas y sus representantes, así lo ha establecido la Corte y es así como se debe construir política pública.  

¿Cuáles son las que podrían cumplir con mayor rapidez? 

La definición de un Día Nacional de Lucha Contra La Violencia Sexual, es una de las obligaciones por parte de la Corte. Otra es otorgarle el título de bachiller a Paola Del Rosario Guzmán, en forma póstuma, para ello ya está trabajando el Ministerio de Educación. Una vez que tengamos una propuesta debemos contar con el acuerdo de la señora Petita Albarracín y sus abogados. Vamos a avanzar lo más pronto posible. 

¿Sobre la indemnización han tenido ya algún acercamiento?

No. No queremos tener reuniones de a poquito con la señora Petita Albarracín, queremos que sea una reunión donde abarquemos de una manera global todos los aspectos. Esperamos en unas dos semanas sentarnos a conversar con los familiares de la víctima, sus representantes y llegar a los acuerdos necesarios. 

Sobre el Día Nacional en contra de la Violencia Sexual, ¿podría ser el día en que Paola falleció, el 12 de diciembre? 

Nosotros estamos totalmente abiertos. Debe ser una fecha que debe tener un simbolismo, sin duda. Los criterios de los familiares serán absolutamente valorados. Esta declaración se emitirá a través de un Decreto Ejecutivo. 

En cuanto a las políticas públicas que el Estado ecuatoriano debe implementar y es la parte más compleja de la sentencia. ¿Cómo solucionar la indiferencia que operó en el sistema educativo y la impunidad en el sistema judicial? Los dos,  educación y justicia fallaron y no es el único caso… 

Hemos vivido casos terribles violencia sexual en el ámbito educativo como el Aampetra (41 niños abusados en su aula de clases en un colegio de Quito). La Corte IDH primero nos habla de un tema estadístico, sobre los casos de violencia sexual en los casos de los niños y adolescentes para lo cual debemos contar con una mesa interinstitucional en la cual tiene que estar el INEC, para levantar datos estadísticos y tener una información organizada. 

Otra falencia que identifica la Corte es el proceso de denuncia en el sistema educativo, allí es indispensable trabajar con el Ministerio de Educación y los DECE, desde el caso Aampetra ya se ha venido trabajando, habrá que analizar en qué estado está eso,  cómo se debe implementar y mejorar el tema de denuncia y el seguimiento a esas denuncias, por eso, se incluyó también al Consejo de la Judicatura. Cuando se conoció del caso Aampetra, desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para  fortalecer los trabajos de los Servicios de Protección Integral (SPI) encaminados a llevar una atención adecuada para las víctimas y sus familiares. Por supuesto que hay mucho que mejorar y para eso están las mesas de política pública con la participación de la niñez y la adolescencia. El Estado debe adoptar acciones normativas, institucionales y presupuestarias para la efectiva implementación de las medidas. Son muchas aristas en las que participan muchos actores y nosotros debemos tener la capacidad de articularlos para dar un resultado efectivo respecto a lo que está solicitando la Corte IDH.

¿Cómo hacer para que un trabajo técnico burocrático cale en los más profundo de una sociedad y no sea solo una disposición? Por ejemplo, como evitar que nuevamente haya una víctima de violencia sexual ante la indiferencia de un personal de una institución educativa que sabía lo que pasaba. Para que algo así suceda se requiere además de mucha reflexión como país.  

Es la pregunta del millón respecto a la efectividad de la política pública en muchos aspectos. Creo que debe haber, primero, un componente normativo claro, la definición de los conceptos de lo que es la violencia sexual -para empezar-, la responsabilidad que tienen las autoridades por cometer un acto de estos y no denunciarlo. Luego viene la parte administrativa que es hacer que esas normas, que son obligatorias, efectivamente se persigan y lleguen a cumplir su efecto sancionatorio; con la sanción todo el mundo va a entender que no son normas escritas en el papel, que tienen un efecto real, una consecuencia. Finalmente va a generar una cultura de respeto a la norma. Eso, al mismo tiempo, va a dar seguridad para que las personas puedan denunciar. Mucho de lo que pasó también fue porque Paola no se atrevió a denunciar, por el poder que tiene una autoridad sobre un estudiante. Es indiscutible el poder que tuvo la autoridad. De lo normativo tenemos que pasar a lo administrativo y de lo administrativo al cultural, al social. Serán los tres elementos que permitirán cumplir con lo que está planteando la Corte. 

Al nivel de los operadores de justicia, allí hay muchos problemas: desde la revictimización, los costos lo que determina el acceso, los tiempos. ¿Cómo se puede mejorar el sistema de justicia y su respuesta en casos de violencia sexual? 

Las medidas de reparación no tienen una relación directa con el sistema de justicia pero es indiscutible que en el caso de Paola tuvo una influencia decisiva lo que provocó la prescripción del delito y, por lo tanto, la impunidad. Los representantes del Consejo de la Judicatura están participando, porque las demoras de los procesos pueden afectar a las víctimas de violencia sexual. Hay un ámbito de trabajo desde la Subsecretaría de Prevención de la Violencia se ha avanzado, hay una Mesa de Justicia en la que participa la secretaria Cecilia Chacón. En el caso de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes deberán adoptarse medidas específicas, lo básico es la capacitación a los agentes de justicia para que respeten los derechos de la víctima, eviten la revictimización y que se realice en un tiempo adecuado. 

En cuanto a lo presupuestario, las dificultades son evidentes, pero las políticas públicas sin presupuesto no funcionan. Hay muchos programas a los que se les ha ido dejando sin presupuesto como el de los SPI que Ud. mencionó. ¿Cómo se va a solucionar eso? 

La sentencia es absolutamente clara de que la obligación del Estado incluye claramente adoptar acciones de carácter presupuestario para la efectiva implementación de las medidas. Lo dice la Corte y el Estado tiene una obligación y tiene que poner los recursos donde deben estar.  La Corte tendrá que evaluar si se han fortalecido las políticas públicas, los procedimientos, alrededor de la violencia sexual en el caso de niñez y adolescencia en el ámbito educativo. 

Es difícil en este momento determinar cuál es el presupuesto que se requerirá. Pero ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Se esperará al nuevo año fiscal? 

Yo haría una distinción de dos momentos. La indemnización compensatoria se hará de una forma adecuada y lo más pronto posible. En cuanto a la política pública, desde lo personal, debería ser un proyecto de inversión, interinstitucional, en el que varias instituciones ponen un presupuesto para hacerlo realidad. Me parece que es la forma de garantizar y focalizar los recursos. 

¿Está previsto dar a conocer públicamente la hoja de ruta para la implementación de las recomendaciones de la Corte? Estamos en esta fase previa. Primero sentamos a las autoridades con poder de decisión, se deben presentar los representantes técnicos que van a trabajar en la construcción de cronograma, se pondrá en consideración de las autoridades y finalmente de las familias. Una vez acordado con ellos, ahí si se podrá comunicar abiertamente las medidas a implementarse. Todo será absolutamente transparente.