El aborto, un problema de salud pública que afecta a las más pobres

El 95 % de la mortalidad asociada a complicaciones con el aborto se produce en los países subdesarrollados.

Por Andrés Gómez

Hasta 1938, en Ecuador la penalización del aborto estaba sujeta a la moral pública y a la honra de la familia. En ese año, el entonces nuevo Código Penal tenía como su centro de protección jurídica, en casos de aborto, a la vida.  En este código penal se despenalizó el aborto en caso que corra riesgo la salud o vida de la mujer embarazada, y también, en el caso de que la mujer tenga alguna discapacidad mental[1].

En el 2019, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a varios colectivos conservadores denominados Provida y colectivas feministas defensoras del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. El primer grupo planteaba la creación de un ministerio de la Familia, así como la aprobación del código Integral de la Familia, como herramientas de protección al núcleo de la sociedad, como propuesta para oponerse a la despenalización del aborto[2]. Las colectivas feministas proponían que se incorpore al Código Orgánico Integral Penal (COIP) la legalización del aborto, especialmente en casos de violación. Despenalizar el aborto permitirá que las mujeres, sobre todo niñas víctimas de violación, tengan la opción de decidir y no ser revictimizadas. Además, plantearon la incorporación de otras causales como el incesto y malformaciones fetales graves. 

La posición de los grupos Provida es clara a escala latinoamericana, pretenden la imposición de valores e instituciones religiosas en el aparato estatal; generan campañas constantes en contra de los planteamientos feministas; promueven, abierta y agresivamente, una política reaccionaria que se propone imponer las relaciones socioeconómicas opresivas. Sí, opresivas porque están en contra de permitir a la mujer decidir sobre su cuerpo y su reproducción, lo cual incide en que pueda participar plenamente en todas las esferas de la sociedad en condiciones de igualdad. 

El aborto, sobre todo en caso de violación, es una problemática que debe ser entendida como un asunto de salud pública. Según los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 15,6 % de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos clandestinos. (ver recuadro). Aproximadamente 2000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente en el país. El aborto, en condiciones inseguras, es una de las principales causas de mortalidad materna, solo en el 2018 se registraron 17 muertes por abortos inseguros y 243 mujeres fueron judicializadas por abortar entre el 2013 y 2017[3]. Los estudios han demostrado que la prohibición de la interrupción efectiva del embarazo de manera legal, segura y gratuita, está asociada con un aumento de complicaciones médicas.[4]

Si nos centramos en analizar en qué provincias se efectúan más abortos, encontramos que las ciudades más pobladas registran más casos: en un estudio desde el 2004 al 2014, se reveló que en Guayas se practicaron 696,038 abortos; en Pichincha, 487,387; Manabí, 266,348; Los Ríos, 154,487; y, Azuay, 130,358 abortos[5], lo cual no quiere decir que en otras provincias no se hagan. El 84,3% de los casos fueron manejados dentro del sistema de salud pública, mientras que el 15,7% ocurrió en clínicas y hospitales de los subsistemas privados o sin fines de lucro[6]


Tabla 1

Número de muertes registradas relacionadas con el aborto en Ecuador de 2004 a 2014

Tipo de abortoSector públicoSector privadoEgresos hospitalariosNumero de muertes
Aborto espontáneo35,822386339,91015
Aborto medico17.253792824,9699
Otro *310.58956,159366,546165
Total363,66467,950431,425189
*Otros embarazos terminaron en aborto.
Fuente Ortiz E, Simbaña K, Gómez L, Stewart A, Scott L, Cevallos G. El aborto, un creciente problema de salud pública en Ecuador, un análisis poblacional de 10 años. Julio 2017

El hecho de que más mujeres recurran a una atención pública se debe a que la mayoría llega a las casas de salud en un estado de gravedad por las condiciones insalubres después de realizarse interrupciones del embarazo en lugares clandestinos. Vale la pena recordar que desde el 2014, año en el que se aprobó COIP, se castiga con uno y hasta tres años de cárcel al médico que da atención a una mujer en un proceso abortivo, en tanto, las mujeres son castigadas con penas de cinco a siete años. Un tercer factor, –un secreto a voces– es la condición económica de la mayoría de mujeres que mueren en abortos inseguros.

A lo largo de la historia, el patriarcado ha controlado a la mujer en todos los campos y uno muy fuerte ha sido el de la reproducción. La Iglesia dictó la subordinación de la mujer al hombre y el Estado, a través de sus leyes, lo ha ejecutado. La religión, las instituciones políticas, la legislación y el peso de la ideología reaccionaria trabajan en sincronismo y ejercen su peso coercitivo sobre ella[7].

Para agravar la situación, desde el 2015, en América Latina, han asumido el mando de nuestros países sectores ultraconservadores, autoritarios y xenófobos. Poderes que, desde el Estado, buscan adaptar los derechos económicos y sociales a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI), etc. 

Tabla 2

Número de muertes registradas por continente

El 95% de la mortalidad por complicaciones relacionadas con el aborto provocado se da en los países sub desarrollados, y no solo debemos centrarnos en la mortalidad, debemos considerar los impactos sociales, psicológicos y familiares que presentan las complicaciones de abortos en condiciones de riesgo[9]  

El 95% de la mortalidad por complicaciones relacionadas con el aborto se registra en los países como el nuestro; la mortalidad también genera impactos sociales, psicológicos y familiares; [9]  recordemos también que en estas cifras hay un subregistro.

En el 2019, la Asamblea Nacional tuvo la segunda oportunidad de lograr avances significativos en la protección de derechos sexuales y reproductivos, pero dejó a las mujeres y niñas, especialmente a las más pobres, sometidas a abortos inseguros, a la persecución penal y a la estigmatización. Esta decisión afecta con mayor severidad a los extractos socioeconómico y cultural de bajos recursos.

Es urgente que en América Latina se piensen y generen políticas públicas con perspectiva de género, que permitan decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos, sin dejar de lado una educación sexual y programas de planificación familiar.

“A lo largo de la historia, el patriarcado ha controlado a la mujer en todos los campos y uno muy fuerte ha sido el de la reproducción”.


[1] Buendía Silvia. El aborto en la historia penal del Ecuador. Wambra medio digital. Quito, 29 julio 2019

[2] El universo, 3 de enero 2019.  https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/04/nota/7121805/se-extendera-debate-sobre-aborto

[3] Plan V, 16 de septiembre del 2019 https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/ecuador-15-muertes-maternas-se-deben-abortos-clandestinos

[4] Faúndes A, Hardy E. Aborto ilegal, consecuencias para la salud de la mujer y el sistema de salud. 1997

[5] Ortiz E, Simbaña K, Gómez L, Stewart A, Scott L, Cevallos G. El aborto, un creciente problema de salud pública en Ecuador, un análisis poblacional de 10 años. Julio 2017

[6] Ortiz E, Simbaña K, Gómez L, Stewart A, Scott L, Cevallos G. El aborto, un creciente problema de salud pública en Ecuador, un análisis poblacional de 10 años. Julio 2017

[7] Greenberg M. Un punto de vista comunista revolucionario sobre el aborto y la liberación de la mujer.

[8] Billion D, Ventura C. ¿Por qué protesta tanta gente a la vez? En la globalización de la protesta. Nueva sociedad 286. 2020

[9] Briozzo L, Vidiella Gonzalo, Vidare B, Ferreiro G, Pons J, Cuadro J. El aborto provocado en condiciones de riesgo emergente sanitario en la mortalidad materna en Uruguay. Revista mé0dica de Uruguay. 2002

[9] Briozzo L, Vidiella Gonzalo, Vidare B, Ferreiro G, Pons J, Cuadro J. El aborto provocado en condiciones de riesgo emergente sanitario en la mortalidad materna en Uruguay. Revista mé0dica de Uruguay. 2002

[10] Quintela  C. El gobierno disfraza las muertes de mujeres por abortos inseguros.  OCOTE. 2016