Estado violador: penalización del aborto por violación

La despenalización del aborto sigue esperando el dictamen de la Corte Constitucional. FOTO: Latinoamerica Piensa

Por Mónica Mancero*

La violencia contra mujeres y niñas violadas, proveniente tanto de los violadores directos como del Estado que las somete, es inconcebible e inaguantable.

¿Por qué es responsabilidad del Estado? Decir que el Estado es el responsable suena algo abstracto; eso es precisamente lo que caracteriza a la violencia estructural que padecemos las mujeres, que aparentemente no hay culpables visibles, porque ¿quién es el Estado? no hay nada más abstracto que el Estado, como diría Abrams, el Estado es la máscara. 

Entonces ¿por qué el Estado es el violador?, porque encarna el poder de la ley, creada y ratificada por su monopolio de ejercer violencia; un poder patriarcal, conservador y religioso que determina que las mujeres violadas no deban abortar en el país; que las castiga con prisión y que no da ninguna posibilidad de atención de salud pública para que estas niñas y adolescentes violadas aborten con seguridad, como debería hacerlo.

El movimiento de mujeres, por enésima vez, vuelve a hacer una solicitud pacífica, en derecho, siguiendo todos los procedimientos legales disponibles para que sea despenalizado el aborto por violación, en este caso a la Corte Constitucional, pero el Estado casi siempre es de oídos sordos frente a las demandas de las mujeres. 

¿Qué esperan? ¿Que las mujeres nos expresemos por medios violentos? como todos sabemos, la gran revolución feminista que se ha generado en estas últimas décadas en el mundo ha sido pacífica, y eso en sí mismo constituye toda una novedad luego del acumulado de violencia desplegado por hombres en innumerables guerras y revoluciones que, en muchos casos, lograron muy poco, Sin embargo, la situación de injusticia y de clamor de las niñas y adolescentes victimizadas por el Estado es tal, que las mujeres podemos acabar perdiendo la paciencia.

Es vergonzoso que en el país estemos en este nivel de demanda, para apenas despenalizar el aborto por algo tan básico como la violación, cuando muchas legislaciones latinoamericanas tienen incluida esa causal.  En nuestra legislación hay una apertura a las mujeres con discapacidad mental y, al respecto, esto nos dice el Boletín de Prensa de las organizaciones que llevan el caso ante la Corte Constitucional.

“Si mujeres con discapacidad mental pueden acceder a un aborto porque no consintieron una relación sexual que es violación, las mujeres que no viven con una discapacidad tampoco (consintieron), las primeras puedan abortar sin ser criminalizadas y las segundas no. Parir producto de un crimen como es la violación es violencia estatal, ¿Por qué todas las mujeres, sin discriminar a nadie, no cuentan con el derecho de decidir si quieren finalizar con seguridad y legalmente ese embarazo o continuarlo?”

–Boletín de Prensa, organizaciones de mujeres

Decimos las mujeres, dice el movimiento feminista “Las mujeres ya no tenemos más tiempo ni vida para esperar por nuestros derechos, la Corte Constitucional debe resolver #AbortoPorViolación” ¿Por qué se nos acaba el tiempo? porque en este confinamiento de la pandemia se ofrecen todas las condiciones para que niñas y mujeres sean abusadas y violadas por sus allegados o familiares varones, se embaracen y deban hacerse cargo de esos hijos fruto de violaciones, en las condiciones más injustas para estas niñas y adolescentes violadas.

En esta campaña electoral demandamos de los candidatos posiciones claras al respecto, sobro todo de este tema que es acuciante. La pregunta es ¿cómo van a abordar los distintos movimientos y candidatos el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos? Hoy todos se dicen “feministas” pero llegado el momento priman los cálculos políticos y prejuicios religiosos antes que los derechos de las mujeres violadas. Exigimos de los candidatos -con excepción de apenas una mujer, el resto todos son hombres- clarifiquen su posición acerca de esta demanda de las mujeres organizadas en este país.

El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es la demanda más simple pero también la más radical de las mujeres. Constituye una cuestión de justicia social, de salud pública y es parte de un ordenamiento democrático. No se trata de imponer a nadie que aborte, de lo que se trata es del derecho a decidir. La pregunta que está por detrás de este debate es ¿quién debe tomar la decisión de la interrupción del embarazo?

La feminista mexicana Marta Lamas señala que en estos debates impera el fanatismo, y que la mejor definición la da Hare: “Para Hare, el fanatismo es la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos” (citado en Lamas, 2007). Acá también hemos tenido fanáticos con poder que han hecho demasiado daño a las mujeres y niñas. No caben más fanatismos en el Estado y sus instituciones: la Corte Constitucional, la Asamblea, el Ejecutivo.

Finalmente, debe quedar claro que no se trata solo de despenalizar el aborto por violación, sino que es necesario desplegar una amplia estrategia tanto para prevenir embarazos no deseados como, en general, en la ampliación de servicios de salud sexual y reproductiva. Además, estas decisiones van a tener congruencia con la opinión pública que, en el caso del Ecuador según la encuestadora CEDATOS, apoya mayoritariamente despenalizar el aborto en caso de violación, al menos con un 65% a favor. 

Cada 25 de noviembre que se conmemora el Día de la No Violencia Contra la Mujer, en este país, nos sobran argumentos desalentadores, por el número cada vez más alto de femicidios: durante la pandemia ya superaron cien mujeres asesinadas; por la persistencia de la penalización del aborto por violación; por la creciente violencia política que recrudece en temporada de campañas electorales. Aflije mucho como mujer, y madre de una hija mujer, tener que vivir en una sociedad como la nuestra, pero se impone la indignación para exigir que pare tanta violencia.

En esta campaña electoral demandamos de los candidatos posiciones claras al respecto, sobro todo de este tema que es acuciante. La pregunta es ¿cómo van a abordar los distintos movimientos y candidatos el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos?

*Mónica Mancero, Doctora en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos.