El Estado pide disculpas pero “todavía hay muchas Paolas y muchas Petitas buscando justicia”

Durante 18 años doña Petita Albarracín, no bajó la guardia hasta conseguir justicia para su hija. En este mes, Paola habría cumplido 34 años.

Redacción La Línea de Fuego

“Todos fallaron cuando una niña pedía ayuda, es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido acepten nuestras disculpas, por ese inmenso dolor que sufrieron hace 18 años”, así lo señaló el presidente de la República, Lenín Moreno, ante Petita Paulina Albarracín Albán, en un acto público de reconocimiento y vergüenza estatal por la violencia sexual y la indiferencia de los sistemas de salud y educación que llevaron a la muerte a Paola del Rosario Guzmán Albarracín, hija de Petita, en diciembre de 2002. 

Como parte de la reparación con la familia, la ministra de educación Monserrat Creamer entregó el título de bachiller póstumo para Paola y se declaró el 14 de agosto (Decreto Ejecutivo No. 1205), Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, la fecha coincide con el día en que fue notificada la sentencia del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El momento más conmovedor del acto llevado a cabo, este miércoles 9 de diciembre, en la gobernación del Guayas, fue la intervención de Petita, quien tras 18 años de lucha logró justicia para su hija:

“Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija y se le reconoce como una víctima. Recibo las disculpas del Estado en nombre de mío y de mi hija, aunque nada ni nadie podrá devolverme a mi Paola. Acepto su título de bachiller en su nombre, porque era uno de sus sueños, estudiar y graduarse. Con este título se reconoce todo lo que ella vivió y todo lo que el sistema le negó”. 

–Petita Albarracín

Sin embargo, Albarracín aclaró en su discurso que “estas disculpas son los primeros pasos” para cumplir con la sentencia y lamentó que “todavía hay muchas Paolas y muchas Petitas buscando justicia”. 

Lo contradictorio en este acto público es la  firmeza con la que el Primer Mandatario aseguró que se tomarán “las medidas paralelas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, pero, al mismo tiempo, es el gobierno que dejó sin presupuesto a la implementación de la Ley de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer;  redujo a la mitad el presupuesto para los Servicios de Protección Integral (SPI) encaminados a llevar una atención adecuada para las víctimas de violencia y sus familiares; dejó en cero el presupuesto para la Prevención de embarazo adolescente y la violencia de género; vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud donde se garantizaba la atención en salud de las emergencias obstétricas; y, redujo el presupuesto para la educación básica y universitaria.

Moreno denunció que en los últimos 6 años se han recibido 11 mil denuncias de violencia sexual en las aulas, un promedio de 1.900 por año, sin embargo no explicó cómo está trabajando el sistema educativo y judicial para atender estas denuncias, no encubrir a los agresores y “no permitir que hayan otras Paolas”, como enfatizó en su discurso. 

La historia de violencia y que acabó con la vida Paola Guzmán Albarracín empezó en el año 2001 cuando cursaba el segundo año de educación básica y el vicerrector y prófugo, Bolívar Espín Zurita, se ofreció a ayudarle a pasar el año. Desde su posición de poder, el sexagenario Espín abusó y violó sistemáticamente a Paola con el conocimiento del personal del colegio y, nuevamente, su indiferencia frente a la situación de una menor.  

Según informa el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM-Guayaquil, “11 de diciembre de 2002, la Inspectora del curso de Paola le envió una citación a la madre de esta para que se presentara al colegio al día siguiente. El 12 de diciembre de 2002, mismo día de la citación, Paola consumió unas pastillas que contenían fósforo blanco conocidas en Ecuador como diablillos. Llegando al colegio, Paola le contó a sus compañeras lo que había ingerido y ellas de inmediato la llevaron a la enfermería y dieron aviso a las autoridades educativas pero su única reacción fue recomendarle que se pusiera rezar”. Doña Petita logró llevarla a una casa de salud, sin lograr salvarla. Muere el 12 de diciembre de 2002, ese día empezó la búsqueda de justicia y aún no ha terminado, aseguró doña Petita pues la sentencia Corte IDH contiene muchos aspectos más que deben ser cumplidos. 

Y mientras el gobierno a nombre del Estado pedía disculpas, el mismo día,  Human Rights Watch denunció el flagelo de la violencia sexual en las escuelas del Ecuador, desde el preescolar hasta la secundaria. “El Ecuador ha fallado en la protección de muchos niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual, afectando toda su vida, incluidos sus derechos a la educación, a la reparación y sus derechos sexuales y reproductivos”, dice el reporte. 


Justicia por Paola es una campaña desarrollada por Cepam-Guayaquil. Arte: Cepam-GYE

“En los últimos años se han recibido 11 mil denuncias de violencia sexual en las aulas, un promedio de 1.900 por año”.

–Lenín Moreno