UN 2020 PARA OLVIDAR| Entre la pandemia, el desgobierno y la corrupción

Marcha de los estudiantes UCE. Foto Patricia Noriega

Por Wilma Salgado*

La profunda crisis económica provocada por el confinamiento decretado en prácticamente todo el mundo, para combatir el coronavirus, obligó a recuperar el papel del Estado, en la mayor parte de países del mundo, inyectando masivos recursos económicos para estimular la reactivación productiva, proteger el empleo y paliar la crisis provocada por el confinamiento, sin embargo, el gobierno ecuatoriano, continuó aplicando las políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario  Internacional: despidió empleados públicos; redujo el gasto y la inversión pública inclusive en salud y educación; privilegió el pago a tenedores de bonos de deuda pública externa; eliminó subsidios a los combustibles; incurrió en masivos atrasos en el pago a pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado; introdujo normas laborales restrictivas de derechos e incluso dictando leyes para limitar el monto del gasto y la inversión públicas a futuro. 

El gobierno nacional aprovechó el confinamiento para poner en vigencia leyes y medidas impopulares acordadas en el programa suscrito con el FMI, como el decreto ejecutivo 1054, firmado por el Presidente de la República el 19 de mayo 2020,  mediante el cual se impusieron precios de mercado para los combustibles, esto es, se eliminaron los subsidios a los combustibles[1]. Antes, en octubre 2019, masivas movilizaciones populares obligaron al gobierno a dejar sin efecto tan impopular medida.  La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las condiciones contempladas dentro del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, en marzo del 2019, para garantizar la generación y extracción de excedentes financieros para cumplir con el pago del servicio de la deuda pública, convertida en el objetivo fundamental de la política económica.

Y, mientras el gobierno servía a los intereses de los tenedores de bonos de la deuda pública externa y cumplía con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia azotaba a la población y la delincuencia organizada hacia su agosto:

    • En los hospitales públicos y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se adquirieron medicamentos con sobreprecios: equipos médicos, mascarillas y hasta fundas para los cadáveres de las víctimas del covid-19, acudiendo a los mismos mecanismos utilizados por los banqueros en la crisis financiera de 1999, esto es, la creación de empresas fantasmas, -en el caso de los banqueros- para apropiarse de los ahorros de los depositantes mediante los autopréstamos y, en este circunstancia, para autoasignarse los contratos para la adquisición de bienes y servicios médicos, con sobreprecio. En dichas operaciones habrían participado, autoridades de los hospitales, autoridades de los gobiernos provinciales y locales y hasta asambleístas de varias tendencias políticas:

    • En la construcción de hospitales, incluido en el que se debía construir en el epicentro del terremoto de 2016, azote de la naturaleza que destruyó la infraestructura en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y cegó miles de vidas humanas. Los recursos de esta zona tan sensible se habrían repartido entre asambleístas, incluido Daniel Mendoza, quien integraba la bancada de Alianza País y era el vocero legislativo del gobierno de Lenín Moreno[1], negoció votos en la asignación del manejo fraudulento de agencias de tránsito [2]; y, en la asignación de carnés de discapacitados, sin que presenten tal condición, incluso para autoridades de la función judicial, asambleístas, quienes se habrían beneficiado malamente con la importación de vehículos de alta gama, libres de impuestos; exoneraciones tributarias; jubilaciones anticipadas, en forma fraudulenta; en la asignación de cargos públicos, a cambio de coimas; en la administración de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL.

La lista anterior no es exhaustiva, pero da cuenta de que la crisis que enfrentamos, no es solamente sanitaria, económica y social, se trata,  fundamentalmente, de una crisis de valores, institucional y de liderazgo, en un contexto internacional de aguda competencia por conservar el empleo dentro de las fronteras nacionales, conquistar mercados y relocalizar el desempleo, talón de aquiles de la economía mundial.

“Y mientras el gobierno servía a los intereses de los tenedores de bonos de la deuda pública externa y cumplía con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia azotaba a la población y la delincuencia organizada hacia su agosto”.

*Wilma Salgado, máster en Sistemas Financieros y Desarrollo en la Universidad de París I en Francias, doctora en economía en la UNAM, México. Ex gerente de la AGD, ex ministra de Finanzas.


[1]    Ver: http://www.recursosyenergia.gob.ec “El Gobierno decreta la vigencia del nuevo Sistema de Comercialización de Combustibles – Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 20 de mayo 2020