Repartidoras: frente a las ganancias millonarias, se requiere una regulación urgente

En agosto pasado cientos de trabajadores de las empresas de repartición de comida y otros insumos, como lo son Glovo, Rappi y Ubber, realizaron una protesta por las condiciones laborales en las que trabajan. FOTO: iproup.com

Por Johannes M. Waldmüller*

Durante las campañas electorales, mucho se escucha de las intenciones políticas de “sacar a la gente de la informalidad laboral”, mientras no se hable de lo ambiguo y altamente elusivo que es la noción de “informalidad”, esas no son propuestas concretas.

Existe un sector informal altamente precario, que a todos nos ha ayudado muchísimo durante esta sindemia,[1]  que capitaliza fuertemente la crisis, la irregularidad y que se ha vuelto urgente revisar, tal como se ha sucedido en Italia y como se discute en varios países europeos. Me refiero a las empresas repartidoras de comida (o starups), como UberEat, Glovo, Rappi, etc., bastiones urbano del trabajo mal pagado, sin seguridad social y laboral para miles de migrantes venezolanos y otros que perdieron su trabajo “formal” tras los recortes públicos y privados, gracias a las políticas del maldesarrollo[2] del Fondo Monetario Internacional.

En Italia, recientemente, se decidió imponer una multa de 733 millones de euros a empresas como Deliveroo, Glovo, Uber y Just Eat, por haberse beneficiado de las condiciones de trabajo inconformes a la ley vigente. Durante las indagaciones, se analizaron las condiciones laborales de más de 60.000 repartidores,[3] después de una serie de denuncias por parte de los mismos trabajadores. Una situación inconcebible en Ecuador hasta ahora, no solo por la falta de reglamento legal del sector, –grave omisión dada su relevancia actual–, sino también por la cultura de intimidación prevalente en todos los sectores laborales a día de hoy. A esto se suma la existencia de un ejército de fuerza laboral de reserva, en buenos términos marxistas, y cada vez más amplio, dispuesto a reemplazar a cualquier persona que decida reclamar sus derechos.  

Italia implementó un antecedente importante y es muy probable que otros países de la Unión Europea sigan su ejemplo para actualizar las normativas laborales legales. Lo contrario se presenta en nuestro hemisferio, donde los gobiernos prestan atención cuando se trata de “flexibilizar” y minimizar ciertos estándares.

Deliveroo, Glovo, Uber, Just Eat, Rapid, siguen capitalizándose en los mercados financieros internacionales aprovechándose de la laxitud y negligencia de los marcos normativos nacionales, y, sobre todo, de exprimir al máximo a los repartidores, a quienes no se provee con ningún insumo para ejercer su trabajo, más ella de la caja tipo mochila y la aplicación para el celular.

Delivery Hero, por ejemplo, es la transnacional alemana detrás de una amplia red de empresas de repartición activa en 50 países. Durante 2020, duplicó su volumen de ventas a 2.8 billones de euros, y en la bolsa tiene actualmente un valor de 27 billones de euros. En octubre de 2020, Delivery Hero compró la empresa Glovo, fundada en Barcelona y disponible en Argentina, Ecuador, Perú y Centroamérica. El modelo de negocio de la compañía se basa en la contratación de repartidores que actúan como trabajadores por cuenta propia, sin establecer una relación laboral alguna. En España, la inspección de trabajo ha confirmado que este régimen constituye una relación de “falso autónomo”, pues los mensajeros no tienen poder para negociar su contrato o sus remuneraciones y la empresa organiza y manda a los repartidores con protocolos claros. A pesar de ello, hubo sentencias que avalaron, y otras que rechazaron, este modelo de precarización laboral. 

Las plataformas repartidoras han basado su éxito en la explotación laboral de la mano de obra migrante, frecuentemente indocumentada, que en el último año se ha expuesto a un riesgo elevado de contagio con covid-19, debido al contacto directo y diario con mucha gente. Frente a esto, sí se ha hecho presión tanto en Europa como en Ecuador para mejorar la situación, pero no es suficiente. Es urgente regular y fiscalizar mejor todo el sector de las repartidoras, de las cuales nos hemos servido durante la crisis por la pandemia.

Por último, hay quienes argumentan que cualquier regularización necesariamente aumentaría los costos del servicio al domicilio, o que el sector se reduciría drásticamente por falta de rentabilidad. Ahora bien, hay que preguntarse: ¿realmente hace falta mantener sectores económicos que únicamente existen porque se aprovecha de la subversión de los estándares sociales y laborales?

¿Realmente no podemos pagar 1 o 2 dólares más por delivery, para mejorar la seguridad de los trabajadores, de los migrantes? ¿Su respuesta es No? Entonces, vale mencionar que existen otros servicios, por ejemplo, Lieferando en Alemania, que sí contratan a los repartidores de manera regular en relación de dependencia, con salario fijo más gratificaciones extras por logros, seguro social e insumos (bici, moto, etc.). En algunos países europeos incluso representan los servicios más ampliamente disponibles, lo cual relata algo sobre la supuesta falta de rentabilidad en el caso de formalizar el sector.  

“Deliveroo, Glovo, Uber, Just Eat, Rapid, siguen capitalizándose en los mercados financieros internacionales aprovechándose de la laxitud y negligencia de los marcos normativos nacionales, y, sobre todo, de exprimir al máximo a los repartidores, a quienes no se provee con ningún insumo para ejercer su trabajo, más ella de la caja tipo mochila y la aplicación para el celular”.


*Johannes M. Waldmüller, docente Investigador en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con amplia experiencia en la educación superior dentro y fuera del país.


[1] Merrill Singer, Introduction to syndemics: a critical systems approach to public and community health, 1era edición (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009).

[2] José María Tortosa, “Maldesarrollo como Mal Vivir”, America Latina en Movimiento 455 (2009): 18–21.