OPINIÓN| 1979-2021: democracia, republicanismo y el arte de birlibirloque

Fotografías: Archivos públicos campañas electorales de Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

Por Julio Oleas Montalvo*

Las constituciones de 1979 y 1998 establecían que el gobierno del estado ecuatoriano era republicano. La de 2008 también organiza el Estado como una república, forma de gobierno anhelada por el Ecuador desde su nacimiento. La república no tolera ni el despotismo ni la dictadura, es lo opuesto a la monarquía. En ella el manejo de la cosa pública (la res pública) emana de la voluntad popular (la soberanía del pueblo) representada por los dignatarios elegidos en democracia. 

La república evita que el Estado avasalle a los ciudadanos coartando derechos o limitando libertades. Los derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos, y los objetivos esenciales del estado se definen en ese contrato fundamental llamado constitución política. Allí también se delimita la segunda característica importante de la república: la división de poderes (el recurso del pueblo para contrarrestar el absolutismo). En el caso del Ecuador se establece además la plurinacionalidad del estado. El éxito de una república se puede medir por la calidad de su democracia, la vigencia real de los derechos y libertades, y por el equilibrio entre los poderes del Estado.  

Existe más de un tipo de república, y no son más republicanos los liberales que los populistas (en el buen sentido del término). Lo que los diferencia es que aquellos son más elitistas y estos más participativos, lo que dependerá del valor que se le pueda dar a la democracia como expresión genuina de la voluntad popular. A la república le repugnan las comisiones de notables para gestionar o dirimir lo que debería ser dirimido por el órgano de gobierno competente para ello. Pero esas comisiones suelen operar en paralelo a la estructura gubernamental cuando las instituciones son débiles.

El republicanismo no es un simple modelo administrativo. Es una doctrina política que propone y fundamenta un modelo de gobierno que promueve la igualdad de los ciudadanos, la libertad política, la juridicidad de las acciones del gobierno, la división de poderes, la tolerancia, la inclusión, la participación y la responsabilidad. Democracia y republicanismo no son lo mismo, pero el robustecimiento de la primera fortalece a la segunda y, por ende, a sus principios. En conjunto, son condiciones necesarias para la prosperidad de un país, entendida esta en su sentido más amplio e integral.

El Ecuador antes de 1979

En 1979 Ecuador “retornó” a la democracia. Esta afirmación quiere significar que antes de ese evento ese mecanismo de expresión de la voluntad soberana era inexistente. Y también el anhelo de que la nueva y subsiguiente etapa histórica sería mejor, con el beneficio de la connotación positiva contenida en la palabra democracia.

En la década de 1970 gobernaron tres dictaduras. En febrero de 1972 los militares depusieron a José María Velasco Ibarra, dictador desde junio de 1970. El General Rodríguez Lara ejerció el poder hasta enero de 1976 y fue reemplazado por un triunvirato. Los militares cumplieron varios objetivos políticos, en particular interrumpir el velasquismo para contener la corrupción enquistada en el gobierno; impedir que el líder de la Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Asaad Bucaram, gane las elecciones presidenciales de 1972; y, modernizar un aparato de gobierno cuya estructura seguía siendo la misma dejada en 1927 por la misión Kemmerer.

La república desde 1979

Las leyes de elecciones y de partidos promulgadas por la dictadura militar en 1978 fueron concebidas para bloquear al caudillo depuesto en 1972. Se prohibió la reelección inmediata y se propuso reducir el número de partidos políticos. Estos debían tener principios ideológicos, programas de gobierno, presencia nacional y acreditar cierto rendimiento electoral mínimo, o desaparecer. Los candidatos a elección pública estaban obligados a certificar su filiación política. La constitución aprobada mediante referéndum autorizó al Ejecutivo a recurrir a poderes de emergencia; estableció un legislativo unicameral y amplió el derecho al voto a los analfabetos. Desde entonces, el padrón electoral se ha multiplicado por seis, algo positivo y necesario, pero insuficiente para mejorar la calidad de la democracia. 

El retorno a la democracia ocurrió en un momento de graves problemas políticos y sociales, y de profundos cambios en la economía mundial. La década perdida comenzó cuando la Reserva Federal norteamericana incrementó las tasas de interés para frenar la inflación. Esta medida produjo el inicio de la crisis de la deuda externa. Al mismo tiempo bajaron los precios de las materias primas, los ajustes macroeconómicos de las reaganomics aniquilaron el pacto fordista e iniciaron un nuevo régimen de acumulación del capital. 

Mientras el mundo experimentaba este cambio extraordinario, los políticos ecuatorianos se concentraron en sus rencillas domésticas: Asaad Bucaram bloqueaba a su sobrino político (Jaime Roldós), hasta su muerte; León Febres Cordero quemaba muñecas de trapo para levantar su tarima de campaña; y Osvaldo Hurtado sucretizaba deudas privadas con dinero público.

En la década de 1980 el país se hundió en una severa crisis distributiva y el intento de modernizar la democracia produjo resultados opuestos a los buscados. En enero de 1981 el diputado Heinz Moeller, afiliado a la Coalición Institucionalista Democrática (CID), protagonizó el primer “camisetazo” de la nueva era. En mayo de 1983 ya se registraban 16 partidos. Y en octubre de 1984 el presidente Febres Cordero impidió con la fuerza pública la renovación de la Corte Suprema porque no le simpatizaban los magistrados nombrados en la Cámara Nacional de Representantes con mayoría opositora.

En los 42 años transcurridos desde 1979 solo cinco presidentes han terminado sus mandatos. Jaime Roldós gobernó durante 21 meses. Bucaram (Abdalá) presidió el Ejecutivo entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997. La Cámara Nacional de Representantes lo destituyó en forma sumaria, aduciendo incapacidad mental para gobernar. Un caso de brevedad extrema fue el de su sucesora, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien permaneció tres días en su cargo. Como no era del agrado del Partido Social Cristiano (PSC) ni del alto mando militar, fue remplazada sumariamente por el presidente de la Cámara Nacional de Representantes, Fabián Alarcón, con la venia de la partidocracia.

El arte de birlibirloque

La teoría de la elección racional propone que cada individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones posibles. Si en 1984 Febres Cordero ganó las elecciones presidenciales a Borja, o en 1998 Mahuad las ganó a Noboa (Álvaro), la mayoría de individuos ─los votantes─ habría tomado la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones posibles. Al hacerlo, los electores expresan sus preferencias políticas, económicas, ambientales y hasta culturales. Esta es una de las razones por las que se dice primer mandatario de unos mandantes que comparecen a las juntas electorales para ejercer un derecho que ha sido calificado de sagrado. 

Esto no ocurre en la democracia ecuatoriana. No es que la teoría de la elección racional sea una falacia. Ocurre que para tomar la mejor decisión posible es necesario contar con la mejor información disponible. Pero mientras los ciudadanos no sepan quiénes financian las campañas políticas de sus futuros mandatarios y por qué lo hacen, seguirán presumiendo que eligen determinadas causas y objetivos (técnicamente, un plan de gobierno) que, en el transcurso de un par de meses luego de la posesión presidencial, ya se habrán diluido frente al apremio de esos arcanos financistas.

Este birlibirloque comienza a operar cuando se conforman los gabinetes. El caso más conspicuo ocurrió en 1996, cuando el 54,5% de los electores esperaba un gobierno popular. Incluso Pachakutic apoyó en segunda vuelta al loco que ama. Pero este, tras una millonaria campaña electoral, se rodeó de la oligarquía chola; nombró asesor económico principal a Roberto Isaías, dueño de Filanbanco; presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) al dueño del Banco Territorial, David Goldbaum; y presidente de la Junta Monetaria al millonario Álvaro Noboa. El ministerio de Energía fue confiado al millonario Alfredo Adoum. El dueño del diario El Telégrafo, Emelec y Banco del Progreso, entre otras muchas empresas, fue presentado como miembro del equipo económico.

La transmutación de las preferencias de los electores ha tenido otro actor importante. En 1976, el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que la moneda ecuatoriana (el sucre) era una de las diez monedas más sólidas del mundo. Siete años más tarde, en 1983, ya condicionaba el ajuste de la economía ecuatoriana a su primera negociación con los acreedores externos. Desde entonces, el FMI ha intervenido activamente en la política económica interna (salvo entre 2007 y 2014). 

En realidad este arte reviste peculiaridades mucho más complejas. Nunca una carta de intención acordada con el FMI se ha ejecutado como se la negoció originalmente. En el argot técnico, Ecuador es un caso extremo de inconsistencia dinámica. Pero tras el fracaso de cada ajuste, el FMI ha servido para que las oligarquías gobernantes se sacudan su responsabilidad histórica. Es más cómodo culpar a un tercero de lo que no se ha hecho. Y si algo no han hecho los políticos ecuatorianos es honrar las preferencias democráticas de sus mandantes.

“En el argot técnico, Ecuador es un caso extremo de inconsistencia dinámica. Pero tras el fracaso de cada ajuste, el FMI ha servido para que las oligarquías gobernantes se sacudan su responsabilidad histórica. Es más cómodo culpar a un tercero de lo que no se ha hecho. Y si algo no han hecho los políticos ecuatorianos es honrar las preferencias democráticas de sus mandantes”.

La crisis de fin de siglo

La democracia inaugurada en agosto de 1979 se encontraba, 20 años más tarde, agotada. Y la república, exhausta. Dos décadas de crecimiento económico casi nulo, reiterados desastres naturales (El Niño, el terremoto de 1987, La Josefina…), dos conflictos fronterizos, los racionamientos eléctricos, tres renegociaciones fallidas de deuda externa, inflación galopante, la crisis financiera iniciada en 1995, los abusos del poder y la corrupción sumieron al Ecuador en la anomia social. 

La partidocracia buscó una bocanada de oxígeno reformando la constitución, como si buscara delinear una república liberal. Pero lo hizo sin la participación ciudadana. Entre las paredes de la Academia de Guerra, en Sangolquí, se modificaron 156 de 181 artículos de la Constitución de 1978 y se introdujeron 103 disposiciones adicionales. En realidad, se redactó una nueva constitución que, bajo la figura de la reforma, evitó ser sometida a referéndum. La Cámara Nacional de Representantes la aprobó con los votos de tres partidos políticos que sumaban 70% de las curules (el PSC, la Democracia Popular, (DP) y el Partido Roldosista Ecuatoriano, (PRE)).

La transacción entre la gobernabilidad (impulsada por la Cordes) y la plurinacionalidad (la irrupción de pleno derecho del proyecto político de campesinos e indígenas) proyectó una sociedad democrático-liberal con elementos cuasi corporativos que no aceptó consagrar el Estado plurinacional. Se creó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codempe). Se rehabilitó el caudillismo, al permitir que ciudadanos no afiliados ni auspiciados por los partidos políticos participen en las elecciones. Se estableció la revocatoria del mandato y la consulta popular para reformar la constitución o como mecanismo para conocer las preferencias ciudadanas en asuntos importantes.

La Constitución de 1998 institucionalizó las reformas económicas neoconservadoras iniciadas en 1982. Eliminó los sectores estratégicos y abolió la propiedad exclusiva del Estado, abriendo la posibilidad de privatizar cualquier empresa o actividad reservada para el sector público. Subordinó la legislación nacional a los acuerdos de la OMC sobre propiedad intelectual y confirmó la vigencia de los tratados de inversión amparados por el Ciadi. Franqueó las puertas para iniciar la privatización de la seguridad social. Estableció como objetivos de la política económica el crecimiento y los equilibrios macroeconómicos. Consagró el axioma monetarista sobre la independencia del banco central. Y declaró prioritario al sector primario y extractivo. Es decir, fijó en el nivel constitucional la política de reprimarización de la economía promovida por el neoliberalismo.

Este intento de renovación republicana, al margen de la participación ciudadana, tropezó con la crisis financiera de fines del siglo XX, propiciada por la apertura de la cuenta de capitales y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994. El salvataje bancario iniciado en 1995 fue gestionado por los dueños de los bancos privados fallidos, mediante sus agentes enquistados en los organismos de regulación y control del gobierno.  

La Revolución Ciudadana

La dolarización aplacó la inflación pero no estabilizó la democracia. Antes de iniciar una nueva etapa de la historia política, entre el 9 enero de 2000 y el 15 de enero de 2007 hubo cuatro presidentes. Acto seguido, el caudillo del movimiento Alianza País (AP) ganó la elección presidencial de 2006 (con 57% de los votos venció a Álvaro Noboa), la de 2009 (con 52% de los votos venció al coronel Lucio Gutiérrez) y la de 2013 (con 57%, a Guillermo Lasso). 

Con precios del petróleo extraordinarios, entre 2007 y 2014 se incrementó el gasto social. La pobreza se redujo 38% y la pobreza extrema 47%. Se duplicó la inversión pública como porcentaje del PIB, pero fracasó el cambio de la matriz productiva. Y, a partir de 2014, la expansión del gasto se sostuvo a base de endeudamiento, una vez terminado el boom de precios de las materias primas.

El primer plan de gobierno de AP ofreció transformar el Ecuador mediante cinco ejes presentados a los votantes como sendas revoluciones de la gran Revolución Ciudadana (RC): revolución constitucional y democrática; revolución ética: combate general a la corrupción; revolución económica y productiva; revolución educativa y de salud; y revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. Entre 2007 y 2017 se abrió una inmensa y creciente distancia entre las propuestas de ese plan y el ejercicio del poder de la RC. La política económica enfiló hacia el libre comercio y el extractivismo. El punto de quiebre se dio en agosto de 2013 con la suspensión de la iniciativa Yasuní-ITT.

Durante esa década se afinó el arte de birlibirloque y se trató de instaurar la verdad absoluta propia de un régimen totalitario. Con el buen vivir como mantra, el Ejecutivo se valió de las sabatinas para erigirse en jefe del Estado. En ellas mimaba o humillaba a su antojo a sus ministros; vejaba a sus críticos y opositores valiéndose de la inteligencia del Estado; ofrecía construir puentes, escuelas, dispensarios y carreteras; daba cátedra de desarrollismo con la misma facilidad que proscribía o concedía derechos, o anticipaba cómo debían administrar justicia los jueces de cualquier jurisdicción. 

El Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, nuevo poder del estado creado para evitar la impune manipulación de los organismos de regulación y control ejercida por la partidocracia, fue convertido en instrumento de control político. En la Contraloría General del Estado, transformada en alcahuete de la contratación pública, se perpetuó a un sagaz abogado, hoy prófugo en EE.UU., a quien la Asamblea Legislativa condecoró en mayo de 2013. A pesar de que la Constitución de 2008 diversificó los poderes del Estado con el propósito de democratizarlo, la praxis política de AP condujo a su concentración, en grave perjuicio del republicanismo.

En 2017, AP ganó las elecciones una vez más, con sus dos exvicepresidentes como fórmula presidencial. El arte de birlibirloque fue llevado a su perfección. Se prefirió alinear el gobierno con las oligarquías. Se alentó la persecución a los compañeros de AP, se recuperó la tutela del FMI, se ejecutó una política internacional servil (se la puede sintetizar en el colapso de la Unasur para caer en los brazos del Grupo de Lima), con sumisa complacencia se permitió que la Embajada intervenga en asuntos internos. En 2020 sobrevino la pandemia, para evidenciar la incompetencia de un mandatario que ya disputa el título del peor de la historia republicana.      

AP anuló los tan necesarios pesos y contrapesos característicos de las repúblicas modernas. Arruinó las instituciones del Estado revocando los principios de meritocracia y envileciendo el servicio civil. En lugar de garantizar la libertad de opinión, trató en vano de imponer una verdad única. Dividió a la sociedad (pelucones y gorditas horrorosas versus compañeros). Jugó temerariamente con conceptos e ideas de la izquierda (la lucha de clases) y del ecologismo (la Iniciativa Yasuní, los derechos de la naturaleza), paralizó a los movimientos sociales y, en su etapa final, se desentendió por completo del pueblo que le elevó al poder. Quince años después de proclamada la revolución ética de AP, y no sin la ayuda de las empresas de información, el ciudadano promedio asocia progresismo a corrupción. 

Abril de 2021

Poco o nada queda de AP, variopinto movimiento incubado en la primera década de la dolarización. Le sobrevive su caudillo, con sobra de recursos para intentar encaramar en Carondelet a otro de sus ministros coordinadores (…ayudado por el estrepitoso fracaso del otrora conmilitón). Si lo logra, se habrá convertido en el gran elector del siglo XXI. Teniendo como opción al banquero del Opus Dei, el próximo 11 de abril el Ecuador se encuentra en un callejón sin salida, pues deberá decidir entre confirmar el caudillismo como forma de gobierno del siglo XXI o retornar a la plutocracia anterior a la Revolución Juliana. 

El balance de la democracia y del republicanismo en las pasadas cuatro décadas es desalentador. El imperio de la ley ha sido erosionado en forma constante, convirtiendo a las tres constituciones vigentes desde 1979 en simples hojas de papel. Incluso los derechos civiles ─no se diga los políticos, sociales, ambientales, económicos…─ más elementales han estado en riesgo constante. En política ya no existen adversarios, solo existen enemigos. En lugar de avanzar hacia una república con instituciones robustas y previsibles, se ha evolucionado hacia una suerte de democracia plebiscitaria de ganadores con la mitad más uno. 

El arte de birlibirloque ha corrompido la república y ha debilitado el estado de derecho. Los ciudadanos ya no somos iguales ante la ley, como lo confirma la vacunación contra el covid-19. Los poderes públicos ─las funciones del estado─ se encuentran vencidos por el asedio constante de los operadores políticos de los grandes grupos de presión. Seguimos anhelando un país gobernado por leyes, y no por caudillos y notables. 

El arte de birlibirloque ha torcido las preferencias de los ciudadanos para redituar a los inversionistas de las campañas electorales. Con excepción de la Constitución de Montecristi, los avances democráticos no han surgido de la clase política. Quienes los han promovido han sido los movimientos indígenas, las organizaciones de la economía solidaria, las minorías GLBTI, los yasunidos y otros grupos ecologistas, y los colectivos de jóvenes no contaminados por la lascivia del poder y del dinero.

Los indicadores de escolaridad, esperanza de vida al nacer o ingreso per cápita presentan cifras más altas hoy que hace cuarenta años. ¿Se puede inferir de esto que vivimos un país más próspero? Una mirada economicista daría, sin dudarlo, una respuesta afirmativa. Una mirada integral, que abarque también la política, la sociedad y el ambiente, no podría ser tan optimista.  

“El próximo 11 de abril el Ecuador se encuentra en un callejón sin salida, pues deberá decidir entre confirmar el caudillismo como forma de gobierno del siglo XXI o retornar a la plutocracia anterior a la Revolución Juliana”. 


*Julio Oleas Montalvo, docente universitario, es doctor en historia económica ecuatoriana por la UASB-Ecuador.