¿Dinamitados los puentes para la actuación unitaria de las izquierdas y el progresismo?

Por Fernando Buendía*

Tras los inesperados resultados electorales del 11 de abril, lo que se puede esperar del nuevo gobierno, es la continuidad. Se mantendrá la continuidad de las políticas económicas neoliberales de ajuste estructural, privatizaciones, desregulación de los mercados y aperturismo comercial indiscriminado, medidas que fueron iniciadas por el régimen de Lenín Moreno. Guillermo Lasso profundizará el proceso destituyente: desmantelará la institucionalidad pública definida por la Constitución vigente,  –que impulsó Moreno con la Consulta Popular de 2018 y que se concretaron con las acciones inconstitucionales de Julio César Trujillo–; mantendrá su alineamiento incondicional de respaldo a la política estadounidense para la región latinoamericana y el planeta de “guerra híbrida” contra las naciones y procesos que sean contrarios a sus intereses y de recuperación de los territorios que conforman su patio trasero, para acceder a los recursos naturales, energéticos, mercados y trabajo barato. La “heredad imperial”. 

Ofensiva sostenida contra el correísmo

El triunfo de Guillermo Lasso fue la culminación de una orquestada y sostenida ofensiva campaña de destrucción y desmantelamiento contra las fuerzas sociales y políticas lideradas por Rafael Correa, que, con sus aciertos y errores fue el gestor (no el único) de la transformación democrática-nacional, la más importante desde el retorno a la democracia, a través del proceso Constituyente de Montecristi; la aprobación de la Constitución del Buen Vivir; y, la implementación de las políticas para avanzar progresivamente en el “estado constitucional de derechos”, aun dentro del marco de un modelo económico neodesarrollista y con una estrategia fuertemente institucionalista.

Las capacidades contraofensivas de las fuerzas y actores de la derecha junto a la intervención de gobiernos externos, que de forma articulada impulsaron una “cruzada conservadora” contra la amenaza regionalista, nacionalista y desarrollista representada en Ecuador por el movimiento de la Revolución Ciudadana y de varios sectores sociales y políticos afines, muestran un nivel significativo de recomposición de sectores ultraconservadores de la derecha oligárquica que bajo el ropaje discursivo de “la libertad, la democracia, la república” pretenden retornar al modelo de despojo de “la república bananera”, bajo el imperio de la ley de la selva (mercado oligopólico), la democracia formal vaciada de derechos y la cooptación elitista de las funciones e instituciones del Estado, para solventar la profunda crisis nacional e internacional del capitalismo, retomando las formas más severas y depredadoras de explotación, típicas del capitalismo de hace 200 años[1].

La ofensiva implementada desde el año 2017 por parte de las fuerzas conservadoras -después de una década de resistencia- se jugó en varios frentes y operaciones. El principal movimiento fue la cooptación del gobierno de Moreno y otras figuras y posteriormente de los organismos de justicia, control y electorales, a través de la emboscada preparada mediante la Consulta Popular de 2018. Además del cambio del Consejo de la Judicatura, de los jueces, de la Fiscalía y la Contraloría, utilizados para perseguir judicialmente a varios líderes; con el cambio de las autoridades electorales se impidió y proscribió el registro electoral de Revolución Ciudadana, y se actuó durante las elecciones seccionales de 2019, en forma bastante opaca para el caso de Quito. 

Saturación comunicacional anticorreísta

Otro frente fundamental fue la estrategia de saturación comunicacional anticorreísta a través  de los medios corporativos hegemónicos, de la conformación de un sinnúmero de medios y páginas virtuales con redes sociales financiadas por ONG de EE.UU., y de la vocería agigantada de liderazgos de opinión anticorreístas (económicos, sociales, culturales, políticos), difundiendo de modo persistente una matriz comunicacional -construida en “cuartos de guerra”- de calumnias y acusaciones de corrupción, autoritarismo, extractivismo, machismo, castrochavismo, para sustentar la persecución judicial y criminalización de los dirigentes representativos de la revolución ciudadana y movimientos sociales afines (lawfare). 

Afirmados en ese tinglado y aprovechando la fuerte resistencia que generó el régimen de Correa en varios sectores sociales e indígenas, varias ONG internacionales y nacionales (organismos solapados de intervención política)  y muchas otras instituciones similares, construyeron -desde décadas atrás- una estrategia para cooptar, formar y posicionar a determinados líderes del movimiento social e indígena, apoyando su proyección a encabezar sus organizaciones y movimientos (locales y nacionales), con el propósito de exacerbar las diferencias y explotar cualquier posibilidad de acercamiento y de acuerdos con el progresismo y la izquierda.  

Coadyuvó a profundizar las distancias, la visión neoinstitucionalista que caracterizó la gestión política del gobierno de Rafael Correa, según la cual, bastaba con el soporte y afinidad de las instituciones del poder estatal para llevar a cabo el proceso de cambio del país, y por tanto no era necesario construir un sujeto social transformador que articule a los movimientos sociales y en particular al movimiento campesino e indígena. Por el contrario, el tratamiento de las diferencias con el uso de la fuerza y la justicia estatal, agravaron las distancias convirtiendo a varias organizaciones gremiales e indígenas en duros adversarios.

Octubre 2019

Aunque el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 contra el alza de los combustibles y el neoliberalismo, enfrentado a sangre y fuego por el régimen morenista con el saldo de 11 fallecidos, 42 personas que perdieron uno o dos ojos y cientos de detenidos, puso en graves aprietos a la línea de flotación política del gobierno de Moreno y agrietó la ofensiva anticorreísta, el triste desenlace alcanzado en las negociaciones -con la intervención de ciertos dirigentes bajo la justificación de que podía favorecer al correísmo-   y con una mayor virulencia del poder mediático, obligado a realizar verdaderos malabarismos de postverdad para extremar su línea comunicacional, finalmente lograron asimilar el contundente golpe que amenazaba con llevar al movimiento indígena a brazos del vilipendiado correísmo. 

Habiendo perdido la iniciativa política, la derecha se reconcentró en la persecución judicial, en el discurso anticorrupción y autoritario atribuido al gobierno de Correa y en el trabajo de apaciguamiento al interno del movimiento indígena, que aunque había logrado una importante reconcentración de fuerzas y de legitimidad entre los ecuatorianos, al interno enfrentaba una fuerte pugna entre los líderes etnicistas de derecha y los de izquierda que condujeron el levantamiento. Resultó vencedor el etnocentrismo de derecha que posteriormente puso a Yaku Pérez como su candidato presidencial, persistiendo con fuerza la posición de antagonismo con el movimiento político de Rafael Correa.

La pandemia y la movilización social 

La brutal emergencia de la pandemia por covid-19, ocurrida en el primer trimestre del año 2020, con sus miles de fallecidos y millones de contagiados y el confinamiento generalizado del país, golpeó a la movilización social y le dio un fuerte respiro a Moreno, que aprovechó el aislamiento obligatorio para implementar a lo “Kill Bill” la agenda neoliberal:

  • Impulsó una agresiva reducción de la inversión estatal, 
  • Eliminó, con efecto paulatino, los subsidios a los combustibles; 
  • Concesionó a las empresas y servicios públicos;
  • Redujo los servicios estatales; 
  • Despidió a más de cien mil servidores públicos, que provocó, entre otros desastres, el debilitamiento criminal del sistema sanitario, con cerca de 57.000 muertes inusuales[1].
  • Generó un millón de desempleados y 3 millones de personas empobrecidas. 

Nuevamente el poder mediático aprovechó la autopercepción de vulnerabilidad que ahogaba a la sociedad para invadir la tranquilidad de las familias los siete días de la semana y varias veces cada día, con mensajes atemorizadores, encubridores de la realidad de fallecidos y contagios y de desmovilización de la resistencia. El poder mediático llevó a la conciencia de las personas a un coma inducido, persistiendo en una realidad paralela: la culpa es de Correa.

Elecciones presidenciales 2021

El clima de descontento generalizado reflejado en una contenida rabia antimorenista (10% de credibilidad), que anticipaba una derrota electoral, levantó la articulación derechista neoliberal, facilitándose el camino de la candidatura única de Guillermo Lasso con la renuncia de Jaime Nebot (PSC) y la ilegal proscripción de la candidatura de Álvaro Noboa, que podría haber trastocado totalmente el escenario.

Las zancadillas y cortapisas para la participación del movimiento político Compromiso Social (RC), así como los obstáculos para la candidatura de Andrés Arauz, cumplieron con el propósito de debilitar la construcción política, organizativa y social de la campaña electoral, demorando su aprobación hasta una semana antes del inicio de la primera vuelta para impedirle un resultado mayoritario en primera vuelta, como sí ocurrió en Bolivia. 

Las percepciones extendidas sobre la debilidad de la campaña de primera vuelta de Guillermo Lasso, con el 16% de los votos[1] (voto duro real)-, que reflejan resultados menores a los obtenidos en 2017, y que inclusive tuvieron que ser empujados con ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE) para pasar a la segunda vuelta; y, por otra parte, los resultados  de la campaña de Andrés Arauz, con el 25% [2] (voto duro real) frente a sus expectativas de llegar a la mayoría; contrastaban con el histórico crecimiento de Yaku Pérez al 15,8%, la más alta votación obtenida por Pachakutik en su historia; y, con la emergencia desde bien abajo de la candidatura de Xavier Hervas de la ID con el 13% [3] de la votación nacional. Estos dispersos resultados debieron haber disparado las alarmas y merecido una mejor interpretación en los espacios de la izquierda y del movimiento progresista, respecto de las estrategias y acciones que debían implementarse para la segunda vuelta, pues era más que evidente que en la escena electoral se mantenía como dominante el enfrentamiento correísmo versus anticorreísmo.

Dramática confusión ideológica

De acuerdo con la publicación de la página GK,  escrito por Ricardo Viteri, con fecha 15 de abril del 2021 según con un modelo matemático formulado se establece la siguiente transferencia de votos de los candidatos de la primera vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz en el siguiente gráfico:

Elaborado por Cálculo Electoral con datos del CNE. (Tomado de GK)

Los resultados de la segunda vuelta por una parte muestran la dramática confusión ideológica de los sectores medios (pequeños y medianos propietarios, profesionales, servidores públicos, trabajadores autónomos) que ascendieron numéricamente del 19% al 42% en sus expectativas sociales y de ingresos durante el período correísta (2007-2014), pero que sintiéndose identificados con el modelo de éxito individualista, consumista y capitalista, optaron por la candidatura de Guillermo Lasso frente a la amenaza de la supuesta de venezolanización, autoritarismo y corrupción correístas. La transferencia de la mayor parte de la votación de Hervas (12% según el estudio indicado) y de los demás candidatos de derechas (10%) evidencian nuestra apreciación y ponen la atención respecto de la limitada penetración que todavía existe de las ideas de la izquierda en estos sectores, muy susceptibles de ser cooptados por los medios de comunicación corporativos. 

Los resultados también muestran la gravísima incapacidad de los movimientos sociales y de la izquierda para actuar en forma congruente, pues de acuerdo con el estudio de Viteri, del 16% de los votos de Yaku Perez, obtenidos en primera vuelta, el 10% se transfirió a Guillermo Lasso; y, el 6% al voto nulo (ideológico). 

Es evidente que la decisión colectiva del voto nulo dejó el camino abierto para la intervención de varios líderes indígenas nacionales y locales con las comunidades indígenas que obligatoriamente necesitan relacionarse con el poder para recibir atención y reivindicar sus necesidades concretas (Lourdes Tibán, Mariano Kurikamak, Luis Pachala, etc), por lo que también en esta ocasión no desperdiciaron su voto favoreciendo la candidatura y triunfo del candidato de derecha con cerca de 1.800.000 sufragios (de acuerdo a la orientación de los mencionados líderes). 

Una interpretación elemental sobre la contradicción principal del período entre neoliberalismo versus recuperación progresiva de derechos ­–con todos los límites– y un mayor esfuerzo de relegamiento de las contradicciones secundarias existentes entre los movimientos sociales y el progresismo correísta, hubieran conducido a un respaldo condicionado y fuerte por parte de todos los actores de la tendencia al candidato progresista. Sin embargo, tanto en la decisión de Pachakutik, como la de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y de otros sectores sociales y políticos pesó en mayor medida el juicio crítico de los errores del período de Correa, “tirando el agua sucia de la tina con todo y guagua”, lo cual constituye un histórico y craso error para la suerte de los sectores populares del país, para la recuperación del regionalismo de América Latina y aún para el multilateralismo a escala mundial.

La ofensiva implementada desde el año 2017 por parte de las fuerzas conservadoras -después de una década de resistencia- se jugó en varios frentes y operaciones. El principal movimiento fue la cooptación del gobierno de Moreno y otras figuras y posteriormente de los organismos de justicia, control y electorales, a través de la emboscada preparada mediante la Consulta Popular de 2018.


[1] El caso de esclavitud moderna de los trabajadores de la empresa Furukawa es un muestra palpable de tales intenciones.

[1] Hasta la presente fecha.

[2] Incluidos votos nulos y blancos.

[3] Incluidos votos nulos y blancos.

[4] Incluidos votos nulos y blancos.