La primera línea del “Diagnóstico del sector laboral” elaborado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador muestra el sesgo con el que se están debatiendo las reformas laborales desde la élite empresarial, en articulación con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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La información de los países que han accedido al tipo de crédito que Ecuador pretende realizar con el FMI no es nada alentadora en la temática de empleo. En efecto, las condiciones que plantean parecen aumentar el problema.
Entre diciembre de 2007 y 2017 (último año en que la tendencia de disminución de la pobreza se mantiene) la pobreza –medida por ingresos- a nivel urbano disminuyó de un 24.3% a un 13.2%. No obstante, en 2018 existe un aumento estadísticamente significativo a un 15.3%.
La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2019 fue presentada en días pasados y su consigna es clara: ajuste. Es necesario ajustar las cuentas, realizar recortes, reducciones del gasto, etc. En ese sentido, el debate se centra en qué tan rápido el gobierno está realizando el ajuste.
Una de las condiciones necesarias para que la igualdad económica de las mujeres tenga lugar es la posibilidad de que tengan decisión.[1] A su vez, uno de los mecanismos que permiten dicha toma de decisión es la propiedad y control que estas posean sobre los activos productivos[2].
Con las consignas “necesitamos un código laboral moderno” y la implementación de la “flexiseguridad”, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea resolver el problema del empleo. No obstante, el verdadero objetivo es flexibilizar a la clase trabajadora y dar seguridad sobre las altas ganancias que el empresario va a obtener, por lo que la rama de Comercio tiene un bajo nivel de empleo adecuado.
Los créditos otorgados al país son parte de la autoemboscada propiciada por la ley “Trole 3”. La fuga de divisas, fomentada por esta ley y profundizada por la estructura importadora de las élites, va a provocar un problema de liquidez, en la que la dolarización estará en juego.
El índice de precarización ha aumentado durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. En este se observa que el índice de precariedad aumenta en dos años consecutivos -a pesar del crecimiento económico-, es decir, la tendencia de la precarización laboral parece aumentar sin límite; aún más preocupante es que se muestra el mayor crecimiento del índice de precariedad en 2017.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preparando su gran entrada al Ecuador y lo hace por la puerta “académica”. Esto implica una embestida del FMI por deslegitimar decisiones políticas pro-equidad y atribuir a procesos exógenos cambios en las tendencias de desigualdad, mismos que dependen en gran medida de las acciones del gobierno (pro-élites o pro-resto de la población).
La “Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal”, denominada Ley Trole 3, es una autoemboscada que situará como única salida dos aparentes soluciones: i) el contraer deuda con organismos multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que situó sus garras nuevamente en América Latina con uno de los mayores salvatajes observados, el préstamo de $50 mil millones en Argentina y, ii) La disminución del gasto social.
