La semana pasada se divulgaron los últimos resultados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU de diciembre 2019. Entre sus principales resultados se encuentra que entre 2018-dic y 2019-dic el empleo adecuado se reduce de 40,6% a 38,8% (diferencia estadísticamente significativa), el subempleo aumenta de 16,5% a 17,8% (diferencia estadísticamente significativa) y el desempleo se mantiene constante en un 3,8%.
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Los dos rubros estimados en este trabajo (3% TIE a los Grupos Económicos y 40% a sus socios accionistas con los ingresos personales en la parte más alta de recaudación) se observa que se recaudarían $2 053 millones, un valor 11,6 veces superior a gravar a las 10 403 empresas esbozadas en el artículo 389 de la ley y se afectaría tan solo al 0,006% de la población.
La reforma fiscal regresiva -basada en impuestos indirectos como el IVA- planteada por el gobierno, para satisfacer los anhelos de las élites nacionales y transnacionales, es uno de los principales ejes de disputa sobre la desigualdad en este momento.
La primera línea del “Diagnóstico del sector laboral” elaborado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador muestra el sesgo con el que se están debatiendo las reformas laborales desde la élite empresarial, en articulación con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La información de los países que han accedido al tipo de crédito que Ecuador pretende realizar con el FMI no es nada alentadora en la temática de empleo. En efecto, las condiciones que plantean parecen aumentar el problema.
Entre diciembre de 2007 y 2017 (último año en que la tendencia de disminución de la pobreza se mantiene) la pobreza –medida por ingresos- a nivel urbano disminuyó de un 24.3% a un 13.2%. No obstante, en 2018 existe un aumento estadísticamente significativo a un 15.3%.
La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2019 fue presentada en días pasados y su consigna es clara: ajuste. Es necesario ajustar las cuentas, realizar recortes, reducciones del gasto, etc. En ese sentido, el debate se centra en qué tan rápido el gobierno está realizando el ajuste.
Una de las condiciones necesarias para que la igualdad económica de las mujeres tenga lugar es la posibilidad de que tengan decisión.[1] A su vez, uno de los mecanismos que permiten dicha toma de decisión es la propiedad y control que estas posean sobre los activos productivos[2].
Con las consignas “necesitamos un código laboral moderno” y la implementación de la “flexiseguridad”, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea resolver el problema del empleo. No obstante, el verdadero objetivo es flexibilizar a la clase trabajadora y dar seguridad sobre las altas ganancias que el empresario va a obtener, por lo que la rama de Comercio tiene un bajo nivel de empleo adecuado.
Los créditos otorgados al país son parte de la autoemboscada propiciada por la ley “Trole 3”. La fuga de divisas, fomentada por esta ley y profundizada por la estructura importadora de las élites, va a provocar un problema de liquidez, en la que la dolarización estará en juego.
