Orden, disciplina y control son las grandes tentaciones del poder político. Suponen una condición ideal para gobernar, es decir, para conducir a una sociedad hacia donde alguien creer que debe llegar. Los derroteros pueden significar una aproximación a la felicidad o una salida de la desdicha, tal como hoy ocurre con el Ecuador. El gobierno y sus cortesanos piensan que con las decisiones que están tomando nos alejarán de la catástrofe del coronavirus.

Las élites latinoamericanas acaban de ratificar su menosprecio por sus países, por pueblos de los cuales se sienten albaceas, pero no parte. La pandemia del coronavirus no es una catástrofe colectiva que afecta a millones de personas, sino una oportunidad para replantear y repotenciar sus negocios. Al menos así queda en evidencia cuando revisamos los discursos de sus representantes políticos, los pronunciamientos de sus voceros empresariales, las decisiones que fuerzan en medio de la crisis.

A tanto llega el impacto de la pandemia que ha logrado opacar lo que hasta hace menos de un mes muchos calificaban como el juicio del siglo o la noticia más importante del período. Pues tendrán que guardar tinta y saliva para otra ocasión. Porque en medio de la catástrofe sanitaria que vive el país, la sentencia por corrupción en contra de un nutrido grupo de empresarios y exfuncionarios del gobierno anterior pasó sin mayores alborotos.

El coronavirus no desnudó un país sobre cuyas intimidades ya teníamos amplio conocimiento; desnudó la inviabilidad de un futuro concebido desde una serie de premisas convencionales. Por ejemplo, que la desigualdad puede ser atenuada dentro del sistema capitalistas; que la informalidad es un terreno propicio para los emprendedores; que la privatización de los servicios incrementa la eficacia del sistema de salud; o que las fuerzas políticas persiguen el bien común cuando de enfrentar una tragedia colectiva se trata. La pandemia levantó el velo de las apariencias.

Después del levantamiento de octubre, el movimiento indígena se ha convertido en monedita de oro electoral. El que menos quiere arrimarse a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) o a Pachacutik para conseguir una candidatura. Poco importa la fuerza social demostrada en octubre o el potencial del proyecto plurinacional, o los cuestionamientos concretos a las viejas formas de poder o los eventuales cambios civilizatorios que subyacen a las luchas indígenas. Como tantas otras veces en el pasado, la política termina desleída en las urnas.

Pandemia es el capitalismo, no el coronavirus. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de emitir una alarma que someterá al mundo entero a esa perversa ecuación comercial entre pánico y consumo. Como tantas otras veces en la historia, las gigantescas corporaciones médicas harán su agosto vendiendo mascarillas, medicamentos, tratamiento e insumos de laboratorio.

Una peligrosa institucionalización de la violencia oficial se está implantando en el país. Y no solo por el último llamado de la alcaldesa de Guayaquil a que los policías desenfunden sus pistolas alegremente. Esa aspiración no tiene nada de novedoso. En efecto, el proyecto socialcristiano se ha basado siempre en la exaltación del Estado policiaco: la única posibilidad de conservar un sistema que produce delincuencia en cantidades industriales es el uso de la fuerza.