Por Wilma Salgado*
La profunda crisis económica provocada por el confinamiento decretado en prácticamente todo el mundo, para combatir el coronavirus, obligó a recuperar el papel del Estado, en la mayor parte de países del mundo, inyectando masivos recursos económicos para estimular la reactivación productiva, proteger el empleo y paliar la crisis provocada por el confinamiento, sin embargo, el gobierno ecuatoriano, continuó aplicando las políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional: despidió empleados públicos; redujo el gasto y la inversión pública inclusive en salud y educación; privilegió el pago a tenedores de bonos de deuda pública externa; eliminó subsidios a los combustibles; incurrió en masivos atrasos en el pago a pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado; introdujo normas laborales restrictivas de derechos e incluso dictando leyes para limitar el monto del gasto y la inversión públicas a futuro.