Por Alberto Acosta, Esperanza Martínez y Miriam Lang*

La historia de la Modernidad tiene dos caras: por un lado, es una historia de revoluciones y luchas por los derechos. Pero, por otro, está plagada de violencias, de injusticias y de abusos. Muchos de los filósofos políticos ilustrados e incluso héroes de la Independencia eran esclavistas en su época. Las declaraciones de derechos -en línea liberal de derechos- excluían a mujeres y hombres no-blancos, pueblos indígenas y pueblos afros. La misma noción de la Europa  conquistadora potenció la masacre, el saqueo y la explotación de trabajo gratuito. En tanto que se fue expandiendo la voracidad por acumular valores abstractos, se fueron marginando otros horizontes civilizatorios en las comunidades humanas y también las relaciones de armonía con la Madre Tierra. Las diversas relaciones de dominación subyugaron a las mujeres, a la Naturaleza, a los pueblos en cuyos territorios habían “recursos” acumulables.

Lo que rige el juicio por el derrame petrolero en la Amazonia ecuatoriana es el silencio. Entonces, ¿qué es lo que tenían que decir los expertos frente al juez? Hoy, damos la palabra a William Sacher*, quien escribió uno de los amicus curiae. Nos explica el derrumbe de la cascada de San Rafael en la provincia del Napo, por qué los responsables podían haber evitado la catástrofe ambiental y cómo la represa Coca-Codo-Sinclair influyó en la situación actual. 

Por Romano Paganini y Ela Zambrano

Quito, 2 de julio de 2020 – Desde hace un mes se suspendió el juicio por la acción de protección y las medidas cautelares debido al derrame petrolero ocurrido en la Amazonia del Ecuador, a principios de abril. La abogada Veronica Potes forma parte del equipo legal de los demandantes. Ella  fue entrevistada para profundizar sobre las implicaciones legales del caso, los limbos jurídicos allí presentes, la impunidad de los petroleros y la pertinencia de que el juicio sea transmitido en vivo.  

Por Romano Paganini*

A inicios de abril se produjo un derrame de cientos de miles de litros de petróleo y gasolina en los ríos Coca y Napo en la Amazonia del Ecuador. Desde entonces, los habitantes aledaños se están intoxicando. Se inició un proceso legal en contra de las empresas petroleras y del Estado ecuatoriano. Pero este proceso fue suspendido y ahora no se sabe quién se hará cargo de una de las catástrofes petroleras más grandes de los últimos quince años en el país. 

Por Ileana Almeida

La pandemia del coronavirus se extiende entre toda la población y, como siempre, los indígenas son los más afectados porque soportan las peores condiciones de vida y salubridad. Las bases y los dirigentes de sus organizaciones han reiterado reclamos y peticiones pero el gobierno no comprende la gravedad de la situación y no responde en la medida de la magnitud que adquiere esta tragedia entre los descendientes de los pueblos originarios.

La pandemia del Covid-19 se desató a miles de kilómetros de Ecuador, pero biólogos y epidemiólogos locales advierten que el desequilibrio ambiental en el país andino puede ser causante de otras enfermedades zoonóticas. Los factores claves para impedirlo son políticas regulatorias fuertes en temas de deforestación para las industrias agrícolas, mineras y petroleras y el tráfico de fauna silvestre.  

Desde Santiago de Chile

En pleno debate académico se dio lo inesperado. En la Universidad de Salento – Lecce, Italia– mientras varios disertábamos, aconteció algo insólitopara un país considerado como desarrollado y democrático, incluso miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se descubrió a un agente de la “policía política” (DIGOS) filmando el acto, en un esfuerzo subrepticio por grabar a todoslos participantes.

Por la vida y la democracia desde los páramos del Azuay 

La consulta popular, esencia de la democracia

Sin duda falta seguridad jurídica en el convivir nacional, pero el gran objetivo de la seguridad jurídica no es asegurar a las inversiones privadas. Ese aspecto, de hecho, debe quedar supeditado a algo más trascendente: el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, a la vida y a la participación democrática.