El primero de enero de 2019 marcó el 25 aniversario del levantamiento indígena zapatista en Chiapas, México. Para algunos de nosotros que recordamos bien ese día es difícil creer que fue hace un cuarto de siglo.
¿Qué les hicimos para que nos insulten así? ¿Somos malos, mamá? ¿Por qué quemaron nuestro colchón si no era de ellos? ¿Por qué tenemos que salir corriendo como si fuéramos ladrones, mamá? Dime mamá, no entiendo. ¿Yo también soy un niño malo? Te juro que no hice nada, yo solo dormía contigo y mi hermanita. ¿Es porque no les gusta lo que vendemos? ¿Nos tenemos que ir también de este país? ¿A dónde nos vamos ahora? ¿Por qué no nos quieren? ¿Qué les hicimos, mamá? ¿Qué les hicimos?
¿Cómo la impugnación para que una persona no acceda a la Corte Constitucional por su falta de probidad, al haber sido acusado de una grave violación a los derechos humanos, se convirtió en un ataque a los impugnadores, quienes ahora han sido tildados de delincuentes y defensores del terrorismo? La respuesta es simple, la Comisión Calificadora no entendió su labor en la etapa de impugnaciones.
Una nueva propuesta para renovar la institucionalidad venezolana circula entre los movimientos sociales de ese país. La propuesta se aleja de la polarización en la que han caída las fuerzas políticas y hace énfasis en una solución independiente que no pliega al interés geopolítico estadounidense, aupado por la oposición a Nicolás Maduro, pero también cuestiona el deseo de Maduro de atornillarse en el poder.
“El gobierno pretende convencernos de que la ley fracasó cuando en realidad fue boicoteada por su propio reglamento y por una interpretación controladora que se le dio en su primer período de vigencia”.
Entre diciembre de 2007 y 2017 (último año en que la tendencia de disminución de la pobreza se mantiene) la pobreza –medida por ingresos- a nivel urbano disminuyó de un 24.3% a un 13.2%. No obstante, en 2018 existe un aumento estadísticamente significativo a un 15.3%.
Desde hace décadas se ha planteado la conformación de un sistema nacional de salud con principios de universalidad y equidad, con una red pública integral y con rectoría de una autoridad sanitaria nacional. Desde la Constitución de 2008, esta autoridad nacional la ejerce el Ministerio de Salud Pública, que aislado no toma en cuenta al Consejo Nacional de Salud (Conasa) que constituye una instancia representativa del polimorfo y laberíntico sistema de salud que convive en el Ecuador.
