Por Jorge Basilago*

El humo se aplacó junto con las protestas de Octubre. Las mingas limpiaron calles y (bien dispuestas pero involuntariamente cómplices) borraron huellas. Cada roca de Quito volvió a su lugar, para alivio de ciertos “nervios patrimoniales” inflamados. El descontento masivo y creciente fue cubierto por un oportuno telón pandémico. 

Pero muchas alambradas, reales y simbólicas, siguen allí. Las vidas y ojos arrancados asedian a sus verdugos, y las voces acalladas aún buscan la forma de hacerse oír. Gargantas de roca y pintura gritan con ellas desde los muros. Persisten en la voluntad común de recordar lo que no debe ser olvidado. Resisten. Cuestionan.

Durante el Paro nacional en octubre-2019, la Fuerza Pública del Ecuador no solamente apuntó sus armas a los cuerpos de los manifestantes, también usó gas lacrimógeno caducado. Mientras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, niega el peligro de estas bombas, químicos, toxicólogos y abogados adviertes que un Estado no debe utilizar armamento caducado.

Por Adriana Rodríguez Caguana

Hace un año, en octubre de 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) volvió a ser protagonista de un levantamiento popular que estremeció las estructuras coloniales de un país que, a pesar de ser “plurinacional e intercultural”, continúa mostrando sus estructuras racistas.