Derechos Humanos

Armar a la población civil es fácil, puede hacerse acudiendo a una segunda enmienda (a la que tanto hacen referencia los grupos de ultraderecha en Latinoamérica) o emitiendo un decreto irresponsable. Lo difícil, casi imposible, es desarmar a la población civil armada. Que lo digan los mismos estadounidenses, o decenas de países en todo el mundo que han intentado el desarme, después de experimentar la tragedia de la guerra civil y otras formas de violencia extrema.

La mañana del 9 de noviembre de 1990, Gustavo Garzón salió de su domicilio ubicado en el tradicional barrio de San Juan en Quito. Fue a la biblioteca para trabajar en su tesis de doctorado en literatura y letras. En el transcurso del día y hasta la noche, recorrió la ciudad capital como acostumbraba hacerlo, no solo físicamente y a pie, sino también dentro de su escritura. Fue de norte a sur y viceversa, acompañado de amigos y quizás también de personajes y criaturas pérdidas entre el poder o el desamor, a los que su potente trabajo literario se encargó de dar vida en sus obras. Al día siguiente, luego de acudir a una reunión con amigos en la discoteca Son Candela, la ciudad por la que tantas veces caminó de un lado a otro, lo devoró. Desapareció. Tenía tan solo 32 años cuando no se supo nunca más de él.

Por Natalia Sierra* El 19 de mayo de 2022, en tres provincias del país, diez casas fueron violentamente allanadas por equipos de élite, fuertemente armados,...

La comunidad LGBTIQ+ venezolana en situación de movilidad humana, enfrenta cuando menos una doble discriminación durante su tránsito migratorio: la homo-lesbo-transfobia y, además, la xenofobia. Sin embargo, ellxs buscan -y en ocasiones encuentran- los caminos que conducen a su posible integración en las comunidades de acogida. Lxs protagonistas de esta historia se enfocan en el trabajo con y por “otrxs”, como herramienta para construir el deseable “nosotrxs” aún esquivo en muchos casos.

Hoy el país mantiene un sistema de salud subfinanciado, segmentado y fragmentado, algo así como el que encontró el covid-19 en 2020. El deficiente acceso a medicamentos tuvo que ser sorteado con una declaratoria de emergencia con resultados aún poco claros. ¿Y si surgieran nuevas variantes más contagiosas? Agüita de jengibre con canela. ¡Ah, verdad! Más del 80% de la población cuenta con el esquema completo. Pero, siendo honestos, ya en la mayoría la eficacia de la vacuna no tuvo el perdón del tiempo ni de las nuevas cepas. La inmunidad por contagio, al menos por un rato, sigue estando presente en algunos, aunque, lamentablemente, es difícil contar con una cifra fehaciente.

La desaparición de María Belén Bernal y su posible feminicidio perpetrado en las instalaciones de la Escuela de Policía de Pusuquí por su esposo, el teniente e instructor de la Policía Nacional, Germán Cáceres, evidencia de forma nítida que el problema no es el comportamiento machista y violento de un individuo, sino el modo de ser y operar de toda una institución. No es cualquier institución, estamos hablando de la Policía Nacional, supuestamente encargada de velar por el bienestar y seguridad de las y los ciudadanos que habitamos en este país.

"Son 33 pacientes por año los que fallecen en el Ecuador en la lista de espera”, explica con cierta apatía el doctor y médico cirujano Patricio Ortiz, director del Indot. La cifra parece menor en comparación con otros países y causales de muerte; sin embargo, ese número representa dolor, impotencia, esperanzas pérdidas y, sobre todo, una llamada que nunca llegó.

El 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, dos hermanos, el primero de diecisiete años y el segundo de catorce, salen de su casa ubicada en la urbanización Miravalle, en un vehículo Trooper, rumbo al norte de la ciudad de Quito, para recoger a un amigo y llevarlo hasta el aeropuerto. Santiago y Andrés nunca llegaron a su destino.

Lanzarse un proyecto necesario de regularización de extranjeros en Ecuador, como el planteado por Mauricio Montalvo y Luis Vayas, podría tener consecuencias en el electorado ecuatoriano con fobia al extranjero, en especial en Quito, una de las ciudades que acoge a más población venezolana en condición de movilidad en el Ecuador.

El pasado 19 de diciembre en Ecuador, se cumplieron dos años de haberse aprobado la Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, pero la misma no se ha podido implementar como tal en el país. Ante la falta de respuesta del Estado, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, Lidia Rueda, anunció que este lunes 20 de diciembre inician la Ruta de la Exigencia.

Entre enero y septiembre de 2021, el país registra 1.742 homicidios intencionales, media que se ubica 3,6 puntos por encima del promedio mundial y 14 puntos por debajo de la media regional.  Según datos oficiales del ministerio de Gobierno, el 61%, de ellos han sido clasificados como de carácter “criminal”, es decir que el motivo fue el lucro por parte de los perpetradores.

Excluyente, plagado de inequidades, altamente violento, corrupto y discriminatorio, el modelo carcelario que ha dejado tres masacres en menos de un año,  tiene un proceso y una génesis que exigen una mirada histórica para poder entenderse dentro de una dinámica regional.

¿Por qué podría yo cometer la herejía de plantear una analogía entre Guayaquil y la infame Salò de Pasolini? Lo que está ocurriendo ahora en Guayaquil me recordó a la escena final de Salò, después de que los esclavos sexuales rebeldes sean torturados de formas indescriptibles por los guardias. Mientras la tortura se perpetraba, el duque, el presidente y el magistrado la observaban con unos binoculares, excitándose por la perversión. Al mismo tiempo, dentro de la mansión, los guardias danzaban al ritmo de un vals que callaba los gritos de los torturados.

Fredi era un joven de 28 años de nacionalidad Shuar que vivía en el Centro Shuar San José de Piunts, ubicado en la orilla derecha del río Zamora. Fredi murió por un disparo en su rostro realizado por una munición de calibre 9mm. de dotación militar. Para justificar su muerte, El Gobierno (2013) lo presentó como terrorista.

Las organizaciones que conforman la Alianza Contra Las Prisiones expresaron, mediante un comunicado, su consternación frente a la pérdida masiva de vidas humanas en el centro carcelario conocido como Penitenciaría del Litoral y cuestionan el accionar y el discurso del gobierno nacional.