Vivimos pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo.
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Cuando se escucha que se van a fusionar Petroamazonas EP y Petroecuador se entendería que con la supuesta “optimización”, el Estado saldría ganando numerosos millones de dólares. Pero no. Según Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos No Renovables, indica que esto costará 20 millones de dólares hasta diciembre del 2020.
El ex presidente Rafael Correa Delgado, como buen neoliberal tapiñado, embaucó a los ecuatorianos argumentando la crisis económica por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el arranque del neoliberalismo con la venta, fusión y liquidación de 16 empresas entre incautadas y públicas, incluyendo sectores estratégicos (minas, petróleo) y centrales hidroeléctricas, con el subterfugio de optimizar el sector público.
Los impuestos se remontan a la urgencia que el naciente Estado tuvo para financiar sus gastos, especialmente aquellos relacionados con la represión y el monopolio de la fuerza.
¿Las empresas perdieron competitividad por los altos salarios?
Los gremios empresariales han estado presionando al Ejecutivo por la reforma laboral orientada a la flexibilización del mercado de laboral que implica la eliminación de las regulaciones para contratar y despedir a los trabajadores. Sus partidarios afirman que la demanda laboral debe estar articulada a la variación de los procesos productivos de bienes y servicios. Predican que la flexibilización del mercado laboral incrementa la productividad de las empresas y consecuentemente la competitividad.
En el segundo informe a la nación presentado el 24 de mayo de 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, expone su visión desde el poder, sesgada, enclaustrada de la realidad ecuatoriana; es costumbre en todos los gobiernos, presentar una visión unilateral, una rueda de molino que quiere nos comamos sin digerirla.
El gobierno ha anunciado profusamente la reducción de la prima del riesgo país como un gran logro del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, ¿de qué sirve que baje el riesgo país si esto no se traduce en mejoras en las condiciones financieras de la deuda?
La Gran Depresión de 1929, una de las crisis económicas más graves que ha conocido la historia contemporánea tuvo como asiento principal a EEUU. Además de la caída del mercado de valores en el Crac del año 29, otros acontecimientos relevantes fueron la deflación (descenso generalizado de los precios de los bienes y servicios), las caídas dramáticas de la demanda y de los créditos.
Modesto crecimiento de la economía
La producción de bienes y servicios de Ecuador (PIB) en 2018 se estima que alcanzó un valor de $108.398 millones. Entre 2006 y 2017, la economía registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3,4%, tasa realmente modesta comparada con las tasas de Perú 5,4%, Bolivia 4,9%, Colombia 4,1%, entre otros (World Bank Group, 2019).
Sarcástico nombre “Plan de prosperidad” que el gobierno ecuatoriano y los ministros empresarios custodios y beneficiarios de sus intereses en estratégicos ministerios: Pablo Campana, yerno de la señora Isabel Noboa (grupo Nobis) en Comercio Exterior; Richard Martínez, ex presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador, en Economía y Finanzas; Raúl Ledesma Ex ministro de Trabajo (hijo del presidente de la Asociación de exportadores de Banano del Ecuador); y Carlos Pérez ex gerente de la petrolera Halliburton para América Latina, en Energía y Recursos Naturales no Renovables; han puesto su visión privada-empresarial en la redacción de la Carta de Intención para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) conceda un crédito de $4.200 millones, de un total de 10.200 millones de dólares.
