Asimismo, varias docenas de otros oficiales, con grado ya no de generales sino de “estado mayor” o “subordinados”, también están vinculados a las investigaciones por igual motivo. Unos pocos están presos. Es por tanto extraño que el caso del ex general Mauricio Santoyo, ahora en manos de la DEA y el sistema judicial gringo, sorprenda (¿?) a voceros del alto gobierno (1). Si así es, significa que estos funcionarios no tienen memoria o no quieren aceptar el hecho que ha confirmado el propio Mancuso, al aclarar la relación de los paramilitares y las fuerzas militares: “En un principio, esa vinculación se podrá mostrar como casos aislados que no comprometen la responsabilidad de estas instituciones militares, pero al final se evidenciará que todo esto no fue objeto de decisiones individuales sino de una política de Estado”. Por esta razón, amplía el ex jefe paramilitar, “va a ser cada vez más difícil disimular la vinculación de las Fuerzas Militares, de la Policía y de inteligencia con los diferentes actores del conflicto que nos ha tocado vivir” (2). Declaración por demás contundente.
Voceros de organizaciones de Derechos Humanos, testigos, víctimas, líderes sociales e investigadores, insistieron por años en esta acción paramilitar como producto de una política de Estado. En esa instancia, allí, reposa la memoria de la circunstancia y la razón que asumió obediente la decisión y ‘consejo’ de Estados Unidos en los años 60 del siglo XX, a través del general Yarboroug, para que las Fuerzas Armadas criollas le dieran cuerpo al paramilitarismo y las acciones encubiertas en las “zonas rojas”, con dibujos de apoyo en ‘zonas amarillas’ y ‘blancas’ en el “Reglamento de Operaciones del Ejército”. Eran los tiempos de la guerra fría, y pensar que aún no se supera en Colombia (3).
Pasaron años para concretar el ‘consejo’ a fondo. El aspecto sustancial por resolver, ante el interrogante ¿cómo estructurar las fuerzas en forma oculta, y de dónde saldrá el dinero para garantizar su sostenibilidad?, lo resolvieron en los primeros años de la década de los 80: el narcotráfico. Con esta mampara, aparecen mezclados traficantes y jefes de las unidades paras con todo el campo libre para exportar la droga. Así fue desde los años 80, una conjunción oficial-extraoficial, incluso con participación de unidades de inteligencia de los Estados Unidos, como quedó evidente ante los ojos del mundo en el caso Irán-contra. Bajo este beneplácito ingresaron toneladas de droga a territorio estadounidense para envenenar a toda una generación de jóvenes, quienes no les importaron a la dirigencia de ese vasto país ante la preeminencia de la geopolítica.
No pasaron inadvertidas estas decisiones para los investigadores sociales ni para los defensores de derechos humanos, quienes, ante el creciente número de asesinatos que cubrían el país, en calles y caminos, debieron preguntarse: ¿por qué está sucediendo esto? ¿A quién favorece? ¿Qué intereses hay detrás de cada masacre o desplazamiento humano?
Bien, sus persistentes denuncias, avaladas por fallos de los tribunales internacionales en que se condena al Estado colombiano por masacres, padecidas en carne propia por muchos habitantes de las zonas donde el paramilitarismo desplegó sus estructuras, crearon las condiciones para que la mayor parte de los habitantes del país no se asombre ante capturas de altos oficiales ni se sorprenda por los delitos y las violaciones al honor militar que aceptan. Sin duda, esta población, que no trabaja en las esferas de la Casa de Nariño, bajo los diferentes ‘clientelismos’, en su inmensa mayoría con menos formación académica en asuntos públicos y del Estado que la burocracia de turno o sempiterna, está ‘curada’ por la fuerza de los hechos padecidos por largos años.
El asombro no pasa por sus mentes, bien porque sufrieron por años la violencia y el control paramilitar, favorecido en tal acción por el abandono de zonas por parte del ejército nacional –haciéndose el de la vista gorda–, bien porque escucharon y consideraron certeras las declaraciones rendidas ante los jueces por parte de los jefes paramilitares traicionados, ahora extraditados y en cárceles de los Estados Unidos, los que una y otra vez reconocen sus relaciones con oficiales de alto rango, en su mayoría comandantes de división y de brigadas o unidades de importancia en cada uno de los territorios afectados por el despliegue armado.
Por ejemplo, sobre el ex general que ahora despierta supuestos asombros, Mancuso declaró que “durante muchos años el general en retiro Mauricio Santoyo fue pieza clave en la entrega de información”. Y enfatiza quien fuera uno de los jefes paramilitares: “[…] el general hacía lo que le pidieran las Autodefensas” (4). General, jefe de seguridad en la Casa de Nariño, que antes coordinó con el Presidente de los 8 años, cuando fue gobernador, la seguridad en la capital y otros municipios de Antioquia, con denuncia por el asesinato de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos, vinculados a Asfades.
La realidad que confirma lo ahora ‘descubierto’ no es otra cosa que el paramilitarismo, como asegura Mancuso, proyecto de Estado que orientó y copó la mayor parte de la estructura estatal. Así declaran y confirman decenas de ex alcaldes, ex congresistas, ex concejales, que están presos o siguen vinculados a investigaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia o por la Fiscalía. Una vinculación también con tentáculos en la banca y la empresa privada (5).
Coyunda y proyecto de una etapa contrainsurgente que quiso evitar la presencia internacional directa, aceptada más adelante con el ‘plan Colombia’, y que, antes que una oferta estructural de democratización y paz para erradicar el conflicto, abarcó el proceso de hostigamiento y asesinato de “las bases de apoyo” de los insurgentes, a través de no menos de cinco mil masacres, de la usurpación de la tierra de miles de familias, de la amenaza y el terror generalizado. Todo, en una magnitud que no quedó en la sombra y el sigilo de las “razones de Estado”. Por estos hechos, la Fiscalía vinculó e investiga a 191 oficiales y 57 suboficiales del Ejército, 121 oficiales y 128 suboficiales de la Policía (6). Entre ellos se encuentran generales como Jaime Humberto Uscátegui (masacre de Mapiripán): el llamado “pacificador de Urabá”, desagraviado en acto público por el “rey del twitter” (7); Carlos Alberto Ospina, masacre del Aro y La Granja, consumada cuando era jefe de la Cuarta Brigada del ejército en Antioquia, por lo cual también fue vinculado Alfonso Manosalva (†). Ospina llegó a Comandante de las Fuerzas Armadas; el también Comandante general, Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín por los días de las acciones criminales que se le sindican (operación Orión); Héctor Jaime Fandiño, masacre de San José de Apartadó; Martín Orlando Carreño (†), comandante de la Brigada 17 del ejército (operaciones conjuntas con los paramilitares); Iván Ramírez, comandante de la Brigada XI con sede en Montería (expansión en el norte del país del paramilitarismo; llegó a jefe de inteligencia del Ejército); vicealmirante Rodrigo Quiñones (masacre El Salado); Alfonso Vaca Perilla y Juan Salcedo Lora (La Rochela); Farouk Yanine (†) (desaparición de 19 comerciantes).
Ante semejante prontuario, el asombro por el apresamiento del ex general Santoyo no tiene asidero. Pero si alguien tiene alguna duda, hay que recordarles a los sin memoria que, en la concreción de este propósito macabro, el DAS fue transformado en la estructura de inteligencia de las fuerzas ilegales mismas que llevaba a cabo las tareas sucias que no aceptaba o no quería acometer las fuerza armada oficial. ‘Don’ Berna, otro ex jefe paramilitar, así lo recuerda: “El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) siempre ha sido muy cercano a las Autodefensas” (8). Por esta relación está preso Jorge Noguera, ex director de este organismo de inteligencia (bajo dirección de la Presidencia de la República), y está huyendo una ex directora: Marta Leal. Funcionarios de menor rango también están presos por los mismos hechos o bajo investigación.
No hay, pues, sorpresas. El interrogante por develar es por qué agentes del poder en Estados Unidos y Colombia decidieron que cayera en desgracia al ex general, ahora preso. La pregunta sustancial que surge es: ¿Cuál reacomodo del poder está en marcha?, y por ende, ¿a quién tratan de perjudicar con esta captura?
1 “Debe ser un campanazo para las FF.MM: Canciller sobre caso Santoyo”. También expresó: “Es lamentable que generales de la República tengan que estar en esta situación y esperamos que se esclarezca su participación”, dijo la Canciller María Ángela Holguín. El Universal, Cartagena, 20 de agosto de 2012.
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/debe-ser-un-campanazo-para-las-ffmm-canciller-sobre-caso-santoyo-88147.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, dijo: “Con el caso del general Santoyo es el país el que queda muy mal porque se trataba de un oficial de las primeras calidades”.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mauricio_santoyo_
2 LaSillaVacia.com 11 de junio, 2009 6:06 pm.
3 “Totalitarismo, Estado y nación”, Le Monde diplomatique edición Colombia, septiembre de 2002.
4 El Espectador, 22 de agosto de 2012.
5 “226 bananeros y ganaderos de Urabá en la mira por financiar a ‘paras’ http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12004961.html.
6 http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2253464.htm.
7 El acto se celebró en el Hotel Tequendama el 29 de abril de 1999, y allí Uribe dijo: “El general es un ejemplo para los policías y soldados de Colombia” (sic).
8 Efe, 30 de enero de 2012.
