Por Jaime Chuchuca Serrano*
Las movilizaciones de Colombia entre octubre y diciembre de 2019 fueron truncadas por la pandemia. Un sinnúmero de demandas se fueron acumulando ante un gobierno que se ha hecho de oídos sordos ante la pobreza, el desempleo, la insalubridad y la carestía de la vida. Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2020 fueron asesinados 290 líderes sociales por el paramilitarismo y las fuerzas represivas. Un promedio de seis dirigentes campesinos e indígenas muertos por semana, sobre todo por conflicto de tierras. Además hay miles de heridos y constantes amenazas.
La violencia armada se ha normalizado en Colombia desde su independencia en el siglo XIX, con 54 guerras civiles entre conservadores y liberales. En los años sesenta aparecieron las guerrillas socialistas (FARC, ELN, EPL, M-19) queriendo tomarse el poder. A tres años de la Segunda Guerra mundial, en 1948, se produce el Bogotazo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y tras las movilizaciones masivas, la violencia estatal acaba con unas tres mil personas. A este proceso se suma la organización de guardias armadas terratenientes, capitalistas, paramilitares y grupos de sicarios alrededor del crimen organizado de la producción y circulación de la cocaína en todas las esferas de la sociedad. La narcopolítica se toma el Estado colombiano con autoridades de todos los calibres. El expresidente Álvaro Uribe y el actual, Iván Duque, tienen relaciones directas con el narcocapitalismo y la violencia. Las organizaciones de trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes, mujeres y la sociedad civil se encuentran entre la escalada de la violencia y las políticas que generan mayor pobreza y desempleo.
Estados Unidos tiene un papel central en el desarrollo del conflicto colombiano, basta recordar el Plan Colombia firmado por los ex presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana en 1999, para el control de las zonas cocaleras, que agudizó la criminalidad; Barack Obama en 2017 cambió el nombre a Plan “Paz Colombia”. La cocaína es ese negocio, como dice Galeano, donde los norteamericanos ponen la nariz y los colombianos (latinoamericanos) los muertos (2008). EE.UU. tiene 7 bases militares en suelo colombiano y ha enviado cientos de millones de dólares para el desarrollo de las fuerzas represivas. El informe ¡Basta Ya! relata que entre 1958 y 2012, fallecieron en el contexto del conflico 40.787 combatientes y 177.307 civiles. Entre 1981 y 2010, desaparecieron 25.000 personas, 27. 023 fueron secuestrados y 150.000 asesinados.
Las últimas protestas de los pueblos colombianos surgieron contra la Reforma Tributaria, condensada en la Ley de Solidaridad Sostenible, que no tenía nada de solidaria. Esta disponía empobrecer más a la gente con políticas como cobrar el Impuesto a la Renta a quienes ganan más de 234 dólares; incrementar el IVA a todos los productos, excepto los de la canasta básica; nuevos impuestos a pequeñas empresas y otras políticas tributarias totalmente injustas para cualquier tiempo, no solo el pandémico.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) desde su creación por Andrés Pastrana en 1999, y su consolidación por Uribe, ha sido otra fuente de conflicto. Solo la Fiscalía reúne más de 40 mil denuncias en su contra (Europapress, 2020). En las últimas protestas la policía y el Esmad son acusados de 30 jóvenes asesinados, 89 desapariciones forzadas, decenas de heridos y varios casos de violencia sexual.
La maquinaria de la violencia estatal ha tomado a los niños y jóvenes como “instrumentos de guerra”, las fuerzas represivas los han estigmatizado, cuando son asesinados entran en el catálogo de guerrilleros, drogadictos, homosexuales, subversivos. El Estado abusa sistemáticamente de la fuerza. La mayoría de asesinados están entre los 14 y 30 años.
Entre 2017 y 2019, según el movimiento antimilitarista, registraron 289 homicidios por la Policía, 39 mil 613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual. La organización dice: los jóvenes y niños se convirtieron en el “enemigo interno de la fuerza pública” y “los jóvenes pobres de Colombia son utilizados para alimentar una máquina de poder y guerra”. El Paro de Colombia incluye demandas contra la explotación y la normalización colectiva de la muerte, la desigualdad y la violencia desatada por el poder, además de la pobreza exacerbada por las cenizas de la guerra viral. Latinoamérica toda tiene su corazón puesto en una Colombia que merece otra historia.
Las últimas protestas de los pueblos colombianos surgieron contra la Reforma Tributaria, condensada en la Ley de Solidaridad Sostenible, que no tenía nada de solidaria. Esta disponía empobrecer más a la gente con políticas como cobrar el Impuesto a la Renta a quienes ganan más de 234 dólares; incrementar el IVA a todos los productos, excepto los de la canasta básica; nuevos impuestos a pequeñas empresas y otras políticas tributarias totalmente injustas para cualquier tiempo, no solo el pandémico.
*Jaime Chuchuca Serrano es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Ciencias de la Educación, en Filosofía, Sociología y Economía. Magíster en Sociología. Doctorando en Ciencias de la Educación.
