LA NUEVA COYUNTURA CONSERVADORA

Brasil es históricamente elitista. Un país que abolió la esclavitud en 1888, continúa luchando por desmontar el acervo simbólico construido para justificar ese sistema de dominación. En 1930, década en la que Getúlio Vargas asume el poder, 80 por ciento de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. En 2003, cuando Lula llega a la presidencia, el 50 por ciento aún se encontraba en esa condición. Para gran parte de las elites brasileñas, integrar material y simbólicamente a este conjunto de personas no fue una prioridad. Esto se refleja desde la institucionalidad hasta en las ciudades, que se destacan por sus contrastes entre la pobreza y la riqueza más obscenas. Para gran parte de la población brasileña la política fue algo inalcanzable, un espacio en el cual no está claro cómo intervenir, un ámbito distante, ajeno. Para amplios sectores esto fue así hasta la asunción de Lula.

En mayor o menor medida los distintos gobiernos progresistas de América del Sur han reivindicado la política como el ámbito en el cual se construyen los acuerdos sobre los cuales regirse como sociedad. Es decir, la política debe ser el espacio por excelencia donde se deben gestionar los conflictos y construir los consensos que posibiliten normativizar las relaciones sociales. La democratización de la política en los gobiernos posneoliberales ha procurado reconocer una pluralidad de actores legítimos que intervengan en la toma de decisiones. A las tradicionales alianzas entre partidos de derecha y sectores empresariales y rurales se han incorporado, junto con los partidos de izquierda, los sindicatos y movimientos sociales de diversa índole.

Los gobiernos del PT han mejorado la calidad de vida de millones de brasileños, principalmente a través de un conjunto de políticas sociales y de un incremento real del salario mínimo. No obstante, los avances en la democratización han sido sumamente limitados: la política continúa siendo dominio exclusivo de las elites. Más allá de las elecciones presidenciales y legislativas, no se han desarrollado canales institucionales para que los diferentes sectores de la sociedad puedan incidir en el funcionamiento de los distintos niveles estatales. Tampoco existen mecanismos de democracia directa: la sociedad civil organizada no tiene derecho a convocar por sí misma un plebiscito sin la aprobación del Poder Legislativo. Los partidos no parecen permeables a las demandas explicitadas en la esfera pública, ni siquiera frente a las masivas movilizaciones de junio del año pasado.

EL AÑO 13.

Las manifestaciones de 2013 –con una amplia convocatoria en Rio de Janeiro y San Pablo– instauraron un conflicto en la sociedad brasileña a través de la discusión sobre las responsabilidades y los posibles caminos para mejorar un amplio abanico de servicios públicos, tales como transporte, educación, salud, entre otros. La izquierda –desbordada– se fragmentó en sus posiciones y en las estrategias a seguir, perdiendo poder a la hora de establecer el significado de las movilizaciones. La conversión de los reclamos populares en demandas políticas estructuradas tampoco pudo concretarse. La derecha y los medios de comunicación hegemónicos inicialmente procuraron ignorar las movilizaciones, hasta que la magnitud de las mismas tornó imposible esta estrategia. El politólogo João Feres, responsable del observatorio de medios de comunicación y política, data este cambio en el 23 de junio de 2013, cuando la cadena O Globo le atribuye al gobierno federal la responsabilidad de las mismas. En primer lugar, según este medio, el caso de corrupción denominado mensalão fue el motivo principal por los cuales las personas se manifestaban. En segundo lugar aparecía la inflación y la situación económica y, por último, el transporte público, la salud y la educación “padrão Fifa”. Sin embargo, una de las demandas constantes que O Globo sistemáticamente omitió mencionar fue la democratización de los medios de comunicación masiva. Esta demanda se fue consolidando a lo largo de las movilizaciones en la medida que era cada vez mayor la distancia entre lo expresado por estos medios y las proclamas predominantes en las calles y su foco político a nivel estadual –a manos del Psdb en San Pablo y el Pmdb en Rio de Janeiro.

El incremento de la violencia, los conflictos entre los black blocs y la policía militar no sólo contribuyeron a despoblar las calles y a subdividir aun más a la izquierda, sino que también ayudaron a deslegitimar el sentido de las manifestaciones. Un accidente con unos fuegos artificiales le costó la vida a un camarógrafo de la Band, y se convirtió en un punto de inflexión en este proceso: los manifestantes dejaron de ser sujetos preocupados por los destinos del país para ser considerados como sospechosos. Se trasladó el énfasis de sus denuncias hacia los trastornos que generaban en la ciudad y la supuesta amenaza sobre las rutinas de las personas. La represión se incrementó y, a diferencia de lo sucedido con los manifestantes del Movimiento Passe Livre –desencadenante de las manifestaciones–, aquí fue aceptada, e incluso celebrada por algunos sectores.

La máxima expresión de la transformación en el significado de las manifestaciones se dio hacia el final de la Copa del Mundo, cuando la policía acusó a 19 militantes del delito de “organización de cuadrilla armada”, y a varios sindicalistas y a una profesora de la Uerj de financiar esta supuesta organización. Según la Orden de Abogados de Brasil, la policía considera como elementos probatorios los artículos encontrados en los allanamientos realizados en las casas de los detenidos: máscaras de protección contra el gas, diarios, libros, una bandera del Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario y un arma calibre 38, que pertenecía al padre de uno de los detenidos, cuyo permiso de porte de armas se encontraba vencido. La supuesta financiación por parte de los sindicatos consistió en la distribución de alimentos durante las movilizaciones. La profesora, por su parte, contribuyó con estos delitos reservando un aula para la realización de una reunión. La abogada defensora de algunos de los detenidos también fue acusada de integrar esta cuadrilla, por lo que solicitó asilo político al gobierno uruguayo, el cual se lo negó. De este modo, no sólo se criminalizó la protesta social, sino que, además, se disciplinó a todos aquellos que contribuyeron, de algún modo, con las manifestaciones.

Pocas semanas después, los edificios abandonados en el centro de San Pablo que fueron ocupados durante las manifestaciones –con el objetivo de resolver un problema concreto de vivienda, y de denunciar el déficit habitacional que azota al país– fueron desalojados. Las crudas imágenes que circularon, que mostraron a niños y familias violentamente desalojadas por la policía militar, no generaron conmoción pública. Tampoco lo hizo el desalojo de un predio abandonado por una empresa pública privatizada en la década de 1990, en el marco del cual dos bebés murieron a causa de la cantidad de gas lacrimógeno utilizado. La sospecha permanente ante las movilizaciones sociales se restableció, y el tradicional conservadurismo político del país recuperó terreno en el imaginario simbólico de los brasileños, en el que, nuevamente, estructura y coyuntura se retroalimentan.

CONGRESO.

Este escenario se plasmó en los resultados de las elecciones pasadas, principalmente en la composición del Poder Legislativo federal. Entre los diputados federales disminuyeron aquellos relacionados al sindicalismo y las políticas sociales (46 en 86), frente a un aumento de los vinculados a los militares evangélicos y ruralistas. Al mismo tiempo se incrementó la cantidad de millonarios en el congreso, que componen cerca de la mitad del mismo. Los candidatos más votados en varios estados del país, como Russomano en San Pablo –el más votado en el país, seguido por Tiririca–, Bolsanaro en Rio de Janeiro y Luis Carlos Heinze en Río Grande del Sur, son de extrema derecha, por más que algunos de ellos formen parte de la coalición gobernante. En la bancada evangélica fue reelecto el ex presidente de la comisión de derechos humanos, el pastor evangélico Marco Feliciano, conocido por sus opiniones homofóbicas y su militancia por la criminalización de las religiones de origen afro, sus principales competidores en el mercado religioso. Conjuntamente, existe una mayor fragmentación de los partidos con representación parlamentaria, introduciendo un nuevo nivel de complejidad en la construcción de la agenda política de la próxima administración.

En este marco, temáticas como la legalización del aborto y de las drogas o el casamiento entre personas del mismo sexo difícilmente sean tratadas en el próximo período de gobierno. Un destino similar le espera a otras asignaturas pendientes, como la reforma tributaria y la reforma política que, de llevarse a cabo, seguramente contendrán la impronta de sus redactores. La conformación de este congreso, si bien le permitiría al PT mantener la gobernabilidad, constituye ciertamente una derrota para la izquierda brasileña, que deberá revisar sus estrategias a los efectos de construir una nueva hegemonía cultural.