29 de agosto 2016
Redacción Lalineadefuego
Desde el 23 al 26 de agosto, tuvo lugar la Conferencia Internacional de Tierras y Territorios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los debates que se dieron durante tal masivo encuentro entre investigadores, docentes y actores del campo, anunciaron la necesidad de una mirada latinoamericana que resuma las diferentes problemáticas y alterativas en la defensa de la tierra y territorio.
Esteban Daza, investigador del OCARU, Observatorio del Cambio Rural, nos habla de las tendencias en el debate agrario en América Latina.
¿Por dónde camina el debate de tierras y territorios en Latinoamérica?
Durante los últimos 10 años en América Latina, hemos constatado cómo los gobiernos del llamado “bloque progresista” tanto cómo aquellos de corte neoliberal, han volcado sus estrategias económicas a las dinámicas que los altos precios de los commodities brindan a sus dependientes economías. Granos, energía y metales fueron las apuestas con las que construyeron sus presupuestos.
Este tipo de mecanismos impeslican para las legislaciones nacionales una serie de cambios a favor de la inversión de capitales transnacionales, translatinos y nacionales. Las facilidades van desde: flexibilización laboral, reducción de impuestos y concesiones de extensas áreas geográficas en los territorios. Pero, sobre todo, poner a disposición de los capitales el uso de la fuerza pública y la legislación penal como forma de garantizar las inversiones.
Cabe mencionar que una de las diferencias entre los gobiernos de América Latina que dependen de los commodities, fueron las formas en que se redistribuyeron las rentas de éstos; en uno de los casos, parte de su destino fue elevar los niveles de consumo de la población a través de políticas sociales y asistenciales, creando una burbuja de bienestar insostenible a mediano plazo. Por varias razones, al no destinar parte de la renta hacia el fomento de la industria y la agricultura, el consumo local fue de bienes importados; otro peligro ha sido la volatilidad de los precios del petróleo y los granos y su alta dependencia del mercado internacional. En otros casos, la renta fue directamente a los grupos de poder tradicionales que privilegian los mercados externos.
La puesta en marcha de estos tipos de políticas estatales, tanto en materia de extracción como en la distribución de sus rentas, más sus alianzas con los capitales, han generado una serie de conflictos con pueblos y nacionalidades, múltiples amenazas a los territorios y destrucción de los ecosistemas. Grupos ambientalistas, indígenas y campesinos, sectores de trabajadores y estudiantes se han movilizado masivamente para cuestionar el modelo de desarrollo fundamentado en la reprimarización de las economías del continente.
Para dar cuenta de esta realidad que viven las sociedades rurales en Latinoamérica, los estudios que hacen la academia, los movimientos sociales y activistas, muestran que, actualmente, los debates giran en torno a: primero, la discusión del extractivismo como política de Estado ejecutada por prácticas concretas de los gobiernos de turno y su alianza con los capitales para la apropiación de los recursos naturales; segundo, la acumulación por desposesión como finalidad del extractivismo al mercantilizar la naturaleza con el fin de superar la crisis del capitalismo en los últimos años y; tercero, la tierra y el territorio como ese otro lugar donde se reproduce la vida, la cultura, la economía, lo social y lo político, que resisten y proponen la disputa por el sentido de vida frente al desarrollo.
Si nos referimos al Ecuador, ¿cómo se expresa la realidad de las sociedades rurales que usted menciona que están amenazadas?
Se expresa en varios ejemplos. Primero, hay que descartar las hipótesis que mencionan que este régimen no ha tenido política pública para el sector del agro. Lo que ha existido es bajo presupuesto, éste nunca ha superado la barrera del 1% de presupuesto general del Estado. A pesar del poco dinero que se invierte, gran parte se destina a mejorar la competitividad de los sectores agroindustriales y agroexportadores; por ejemplo, la construcción de infraestructura como las “famosas” carreteras y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP).
Otro caso emblemático de política pública ha sido el “Plan semillas de alto rendimiento” que ha generado una agricultura de pequeños campesinos altamente dependiente de insumos extra finca, beneficiando claramente al sector importador de agrotóxicos, fertilizantes y semillas; además de la agroindustria de balanceados a través de “subsidios” del Estado. Este hecho da cuenta de que sí existe política pública que beneficia a un solo sector en detrimento de otro.
Otra de las tesis a debatir es qué significa la deuda agraria en el Ecuador. El gobierno nos dice constantemente que la deuda agraria será cubierta a través del aumento de la productividad del campo. En el caso de los grandes productores, el aumento de la productividad permitirá la generación de empleos; y en el caso de los pequeños, el aumento de la productividad les permite articularse a los encadenamientos agroindustriales, lo que les garantiza un mercado fijo para la venta de su producción.
En el primer caso, el del empleo, lo que podemos ver es que aquellos sectores agroindustriales que crecen no generan empleos de calidad, sino una serie de mecanismos que violan los derechos de los trabajadores, y en el segundo caso, los encadenamientos que funcionan en muchos de los casos como agricultura bajo contrato, tienen una serie de reglas que hacen que los campesinos nunca reciban el precio oficial.
Para el caso de los sectores indígenas y campesinos, la deuda agraria responde a superar los altos niveles de desigualdad en el acceso y tenencia de los recursos productivos; la tierra, el agua para riego, el crédito, la protección de las semillas nativas y el control de las semillas certificadas, entre otras demandas. Estos sectores han retomado con fuerza la propuesta de reforma agraria integral.
También hay otras dirigencias que creen que el pago de la deuda agraria es la entrega de un proyecto para su asociación o algún puesto de trabajo como funcionario público.
Esta disputa se puede encontrar en los debates y propuestas de leyes para el campo. El caso más evidente es el de la Ley de Tierras, mientras el Estado promovía abiertamente que: “repartir la tierra es repartir pobreza”, por medio de lo cual evade la reforma agraria integral y, en su lugar, promocionar el productivismo en el campo. Otro de los actores como las organizaciones campesinas y de indígenas entregan con más de 44 mil firmas de respaldo una propuesta de ley que tenía como principio la redistribución de las tierras y la protección de los territorios.
Pero los riesgos que corren las sociedades rurales trascienden el tema agrario, el pacto minero energético es uno de los más evidentes. La construcción de proyectos multipropósitos tiene entre sus sentidos más prácticos proveer de energía y agua a las explotaciones mineras en el Ecuador. Su ejecución no solo está devastando los ecosistemas sino que desplaza poblaciones. Las concesiones mineras en el sur del país y la expansión de la frontera petrolera en zonas como el Yasuní dan cuenta de la ofensiva del capital sobre los territorios.
El efecto yunque que se genera sobre los campesinos en los lugares que “rebasan la frontera agrícola” es otra de las amenazas. Expulsarlos o controlar sus actividades de manera excesiva en estas zonas, bajo el discurso de la conservación como responsabilidad del Estado, hace que estas familias que fueron “empujadas” hacia las zonas altas y agrestes por las reformas agrarias y los proyectos de desarrollo rural neoliberales, no tengan a donde ir. Casos como la expansión de zonas urbanas, la asignación de tierra para parques industriales, destrucción del manglar por las camaroneras hacen parte de los riesgos más significativos.
A propósito ¿cómo usted dice que no se paga la deuda agraria en el Ecuador, si tenemos ya una Ley de Recursos Hídricos, una Ley de Tierras y Territorios, y actualmente está en Consulta Prelegislativa la Ley de Semillas?
Es por eso que mencionaba, las diferencias sobre la comprensión de lo que es el pago de la deuda agraria. El Estado ha sido enfático en promover la productividad como principio para superar las desigualdades y la pobreza en el campo. Ha propuesto el cambio de la matriz productiva como política pública de fomento; pero dicha propuesta no se ha logrado consolidar a excepción del maíz duro seco, que sí ha crecido en extensión de tierra sembrada, en toneladas por hectáreas y ligeramente en rendimientos. Sin embargo, el modelo implantado para el maíz duro seco es altamente vulnerable debido a las plagas, lo que ha hecho que en 2016 la producción decaiga aproximadamente en un 30%.
Si revisas leyes como la de Recursos Hídricos y la de Tierras que ya han sido aprobadas, puedes dar cuenta que su orientación a la productividad está relacionada con las capacidades de los capitales extranjeros y lo permisivo del Estado. La ley de Recursos Hídricos prohíbe la privatización del agua por ser un derecho humano pero permite la administración por parte de capitales privados de la infraestructura de los servicios, riego y agua potable.
La Ley de Tierras anuncia que el sujeto prioritario de la política de tierras serán los campesinos pobres pero no ejerce control sobre el mercado de tierras que especula con los precios; en su lugar, promueve la inversión extranjera para la compra o alquiler de tierras.
Lo que puede suceder con la Ley de Semillas es mucho más peligroso aún: declarar a la semilla como patrimonio del Estado permite que aquello que han cuidado por generaciones inmemoriales los campesinos y que manifiestan como símbolo del inicio de la vida, sea negociado por el Estado al mejor postor. En el caso de Ecuasem, la alianza público – privada se hace entre instituciones del Estado con los monopolios mundiales de semillas, e incluso con empresas que tienen sociedades en paraísos fiscales.
Además, esta ley criminaliza la libre circulación de las semillas campesinas, pues define algunos parámetros para su inocuidad, como la pureza varietal. Este hecho va en contra de la misma diversidad que poseen las semillas campesinas y los territorios donde son sembradas y luego cosechadas. A los inspectores encargados de vigilar que no circule ninguna otra semilla que no sea certificada, les asiste el derecho de violar la privacidad de las familias y grupos campesinos, al permitirles ingresar con la fuerza pública a los lugares donde se gurda la semilla, circula y comercializa.
Para cerrar, ¿cuáles son las principales acciones a seguir por parte de los diferentes sectores que confluyen en las demandas por una reforma agraria integral?
Hace un mes aproximadamente, se realizó el primer encuentro de Cumbre Agraria en el Ecuador, el cual permitió el debate entre diferentes actores: trabajadores, comuneros, indígenas, campesinos, juntas de regantes, mujeres rurales, entre otros. Una de las cosas importantes de este espacio fue la realización de varios encuentros de precumbre, donde se debatían en los territorios los problemas más locales con una perspectiva nacional.
Uno de los objetivos que se cumplieron durante el primer encuentro fue la elaboración del Acuerdo Nacional Agrario que, entre sus principales puntos, recoge la necesidad de revestir toda la política de tierras que ha desarrollado este gobierno, exige el respeto de la administración del agua que realizan las organizaciones de regantes y rechaza abiertamente la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otros.
Sin embargo, el reto para la cumbre es mantener el proceso activo, que no sea solo un gran evento; sino que esta serie de demandas y acciones contempladas en el Acuerdo Nacional Agrario permita articular al movimiento campesino nacional y, también, crear espacios de negociación que resuelva las demandas locales. Otro reto es incidir en los programas de gobierno que presentan los candidatos a presidente de la república.
