Junio 1 de 2017
En el análisis político, particularmente en la comunicación política, se ha vuelto costumbre tomar los primeros 100 días de un gobierno de régimen presidencialista como un indicador que permite proyectar el estilo que tomaría un determinado mandatario.
Esta costumbre, muy utilizada en el periodismo norteamericano, tiene su origen en los primeros 100 días de gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt en 1932.
El antecedente inmediato a su elección es el 29 de octubre de 1929, conocido popularmente como el Gran Crac 29, mote con el que se le califica a la dramática caída de la bolsa de valores de New York y que simbólicamente quedó registrada en la memoria del pueblo norteamericano con la grotesca imagen de algunos inversores del mercado bursátil lanzándose desde los rascacielos de New York hacia el pavimento.
Pero el Crac 29 solo sería la antesala de lo que se venía: la Gran Depresión. De forma consecutiva a la explosión de la burbuja especulativa vino la iliquidez y posterior quiebra masiva de bancos. Pandemia que se extendió virulentamente a los sectores industrial, comercial e incluso al agrícola.
Con los obreros y trabajadores de la clase media despedidos y los farmers despojados de sus granjas, se tenía cerca de 13 millones de desempleados en las calles. La crisis se evidenciaba en varios de sus impactos sociales, la lumpenización de un buen segmento de la población, la proliferación de arrabales, la masificación de los sin techo. Las tasas de el suicidio, la mendicidad y el alcoholismo se dispararon rotundamente.
En medio de esta verdadera pesadilla para toda la población norteamericana y en especial para el establishment, se avecinaban las elecciones presidenciales de 1932, en las que se enfrentaban por el Partido Republicano, el ingeniero minero Herbert Clark Hoover -quien era el presidente norteamericano en funciones desde 1929- frente al abogado y gobernador del estado de New York, Franklin Delano Roosevelt, quien postulaba en representación del Partido Demócrata.
Una ventaja con la que contaba Roosevelt era que desde 1920 hasta 1932 el país había estado gobernado por el Partido Republicano, y lógicamente ante la opinión pública aparecían como los grandes responsables de la crisis. Sin embargo, el demócrata sabía que para llegar a ocupar la oficina oval debía pasar de la crítica a la propuesta.
La campaña se centró en la crisis. Hoover por su parte acuso a Roosevelt de ser un radical con tintes socialistas que buscaba incrementar los impuestos para otorgar subsidios utilizó a los “vagos” y “marginales”. Por su parte, el candidato demócrata una estrategia distinta; si bien en un inicio se centró en denunciar la inoperatividad del gobierno republicano frente a la crisis, posteriormente combinó su personalidad atractiva con un discurso de intervención estatal anti crisis, que criticaba considerablemente a las formulas tradicionales del modelo económico liberal, todo ello a través de varios medios radiales que le abrieron sus puertas.
Una vez que Roosevelt llegó a la Casa Blanca, con una victoria de 57.2% frente al 39.7% de Hoover, puso en marcha un plan de acción al que denominó New Deal, o “el nuevo trato”, que hacía alusión a su discurso de Chicago en el mencionó la necesidad de un nuevo pacto que toda la sociedad norteamericana debía asumir para enfrentar la crisis. El New Deal consistió en un conjunto de distintas políticas y medidas que tenían por objeto enfrentar los embates de la Gran Depresión. La urgencia generada por la crisis y la premura de cumplir las promesas de campaña llevaron a Roosevelt a plantearse que en los primeros 100 días de su mandato (entre el 9 de marzo y 16 de junio de 1933) podía ejecutar la reconstrucción del país.
Los pilares del programa de reconstrucción se asentaban en las tres erres: Relief, Recovery and Reform, (asistencia social, recuperación de la crisis y reforma al modelo económico). Este abarcó, la aprobación de 15 leyes que tenían incidencia en el sistema bancario y monetario[1]; la Ley de Ajuste Agrícola, la Ley de Rescate Industrial Nacional; reformas para la lucha contra el desempleo y la asistencia social (entre las que se puede mencionar la Enmienda 21 de la Constitución en el que se pone fin a la “Prohibición” de fabricación, venta y consumo de alcohol a fin de que se genere fuentes de empleo). En el ámbito social, estaban la Ley del Seguro Social, que contemplaba un sistema universal de pensiones jubilares; el seguro de desempleo y ampliación en el sistema de atención; regulación laboral que incluyó declarar como ilegal al trabajo infantil, la fijación de un salario mínimo y el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas así como de un tope máximo de horas por semana; el establecimiento de la Agencia Works Progress Administration que tenía como finalidad gestionar plazas de trabajo a los ocho millones de desempleados en diferentes obras públicas como la construcción de carreteras, puentes, etc.)
En definitiva, los primeros 100 días del gobierno de Roosevelt y su famoso New Deal significaron más que una carrera frenética por enfrentar la Gran Depresión, una importante oportunidad para construir su imagen de acción y voluntariedad política; así mismo, le permitió acumular capital político, lo que se reflejó en las tres posteriores reelecciones consecutivas. De esta manera, dado los resultados históricos -si se considera por ejemplo que la crisis norteamericana recién se superó al terminar la segunda guerra mundial- se podría afirmar que el nuevo trato encarnó más que en un plan político anticrisis, un plan de construcción de legitimidad.
A partir de ese momento, los 100 días de un gobierno se establecieron como una suerte de barómetro que permite tanto a la sociedad y líderes de opinión como a los analistas políticos medir “al ojo” la capacidad de gestión de determinado gobierno.
Trasladándonos al “aquí y ahora”, el pasado 02 de abril, en elecciones generales celebradas en Ecuador para elegir Presidente y Vicepresidente, tras un apretado balotaje, se impuso el representante del movimiento oficialista Lenín Moreno Garcés[2] con el 51.15% (5.060 424 votos) frente a su contendor, el representante de la burguesía financiera bancaria, Guillermo Lasso quien obtuvo el 48.85% para el movimiento CREO (4 833 828 votos).
Sobre este resultado, varios líderes de opinión tratan de posicionar la idea de “la división de la sociedad ecuatoriana” y la “ilegitimidad del presidente electo” (argumento nada nuevo en la política mundial). Al respecto, me permito mencionar que la división de la sociedad es estructural, está condicionada objetivamente por las diferencias de clases, y subjetivamente por sus conciencias (por clases me refiero a todos los distintos grupos, estratos y capas que conforman una sociedad). Este enfrentamiento, a riesgo de sonar como un cansón carcamán, se ha dado desde tiempos inmemoriales, la “lucha” por imponer su proyecto de clases es anterior a la supuesta situación impuesta por el gobierno de Correa.
Con certeza la gran inconformidad de las capas medias y altas urbanas, quienes a través de varios plantones y marchas manifestaron su rechazo al gobierno, guarda mayor relación con la crisis de hegemonía política de Alianza País que con la supuesta división sembrada ideológicamente por el régimen. Dos ideas básicas: primero, las inconformidades nacen de necesidades no escuchadas ni atendidas; y segundo, la línea del gobierno saliente consistió en la imposición de su política sin negociaciones ni canales de diálogo, lo que generó que las correas de transmisión se atrofien y que muchos sectores generen un sentido “práctico” de anti-correa, consecuencia de ello, el bloqueo parcial de la participación de la sociedad civil en la política.
Sobre la afirmación de la supuesta ilegitimidad del presidente electo producto de un apretado resultado, esta responde a la intención de generar un sentido común (o práctico) en la población de una sensación de trampa o estafa para quienes no eligieron al ganador. La democracia liberal cuenta, entre sus principales principios, con el reconocimiento como ganador al que obtenga la mayoría más uno en este tipo de contiendas. Guste o no, esta es una de las reglas que ha regido el juego democrático burgués en todo occidente y sus periferias, por lo que resulta “ilegitimo” afirmar que quien gana con una mínima diferencia es ilegítimo. Lo que sí se puede afirmar con toda certeza es que todo gobierno, sea que gane con una mínima o una rotunda diferencia, tiene desde el primer día el deber de construir legitimidad.
La construcción de legitimidad puede tener varios caminos, uno de ellos por ejemplo es el clientelismo, para el cual hace falta tener un Estado con muchos recursos económicos y la voluntad de derrochar; otro ejemplo de esa construcción es utilizar los aparatos ideológicos con la finalidad de crear sujetos sujetados y bien alimentados de mitos, discursos, mundos maravillosos y propaganda. A la larga estos caminos son insostenibles pues las voluntades y conciencias de los sujetos terminan por desapegarse de estos trucos ilusorios y su efecto termina en varias ocasiones en el rechazo más acérrimo.
Sin embargo, existe otro camino de construcción de legitimidad que guarda relación con la encarnación de la “voluntad colectiva”; una construcción nueva de “una reforma moral e intelectual” (en términos gramscianos) que provenga desde los saberes de las clases populares en articulación con sectores intelectuales y las diferentes capas de la sociedad; un proyecto que tenga por finalidad romper con los papeles predefinidos de la pobreza, la opresión y la exclusión; en la que todos los seres humanos tengan garantizados sus derechos y en la que la participación popular sea protagónica.
El presidente Moreno ha dado señales importantes de apertura al dialogo, su discurso de posesión presidencial quiso marcar un “cambio de estilo”; del discurso de un confrontador “académico” se pasó al discurso coloquial; del padre estricto al abuelo comprensivo. En él ha señalado que brindará solución a varios puntos que estaban en el ojo del huracán: acceso a la educación superior, incremento de fuentes de empleo, mejora de la atención prioritaria, lucha contra el femicidio, minga agropecuaria (aunque con perfil agro exportador); reactivar el motor productivo con la construcción de viviendas, mantener los proyectos de cambio de matriz productiva, potenciar al turismo, dialogar con sectores involucrados, sostener la dolarización, atender a pequeños productores e impulsar regionalmente la protección del Amazonas. Además, no habrá enlace semanal, se plantea luchar contra la corrupción, publicar la lista Odebrecht, y garantizar la libertad de expresión.
El nuevo presidente está consciente de que es necesario la apertura al dialogo y marcar “un cambio” por lo que comunicacionalmente ha empezado a dar señales de esa apertura: el cambio de gabinete (en su mayoría son nuevos rostros que guardan menor relación con el ala burguesa de Alianza País), la supresión de varios ministerios innecesarios y un camino de austeridad. Así, los 10 primeros decretos firmados por Moreno son simbólicamente una señal de apertura al respeto de las libertades individuales.
En todo caso, el camino que deberá recorrer Moreno en estos 100 días tiene que estar apegado a un cambio real y no al gatopardismo de “cambiar todo sin cambiar nada”. Si bien existen retos fundamentales en lo económico, en lo social y político, el derrotero debe marcarse por la voluntad colectiva y el bien común; la agenda popular es fundamental. Se deberá superar la política que privilegia la dimensión comunicativa (ojo sin abandonarla) y pasar a la verdadera política del debate y la construcción.
[1] Entre ellas contaban la Ley de Emergencia Bancaria que tenía por objeto el estabilizar el sistema bancario y fortalecer el capital financiero a través de la regulación estatal del Departamento del Tesoro a los bancos; Ley Glass-Steagall, que regulaba las actividades de los bancos en lo concerniente a la inversión-especulación ; la regulación del mercado bursátil; Ley de Tarifas Recíprocas, que consistía en renegociar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países
[2] Quien anteriormente fue el vicepresidente electo del gobierno de Rafael Correa en sus dos primeras elecciones presidenciales
*Abogado, Politólogo Universidad Central del Ecuador, Maestrante en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador; periodista comunitario.
