Por Indira Huilca* / Tomado de Jacobinlat.com
Perú vive días agitados e inciertos. La vacancia contra Vizcarra redundó en la asunción del gobierno por parte de un sector aún más derechista, y la reacción en las calles no se hizo esperar.
Lo más evidente de la crisis que ha estallado en Perú es el recambio en la Presidencia con un procedimiento cuestionado en forma y fondo -y las consecuencias más inmediatas que acarrea en el equilibrio de poder en el país. Una moción de vacancia contra el Presidente Martín Vizcarra fue aprobada por amplia mayoría: 105 legisladores cuando el mínimo es 86. El mecanismo utilizado acarrea fuertes debates en el pleno constitucional, pues la “vacancia por incapacidad moral” empleada no está plenamente desarrollada en la Constitución. No es la primera vez que se usa esta figura difusa; de hecho, es la segunda vez que apela a ella contra el propio Vizcarra, un actor político débil, sin alianza ni partido, cuyo único activo era su popularidad, recientemente mermada por acusaciones de corrupción que no supo responder con claridad ni contundencia.
Como sea, la salida de Vizcarra ha significado que el gobierno del Perú sea inmediatamente ocupado por fuerzas sumamente retrógradas y conservadoras. Cierto es que, en gran medida, la remoción de Vizcarra y la asunción de Manuel Merino es pasar de una derecha a otra derecha, pero no hay que dejar de señalar que la facción ingresante está conformada por cuadros que ya no estaban vigentes en la política institucional, gente que proviene de sectores ultraconservadores, contrarios a los más elementales avances en derechos laborales, en la agenda de las mujeres y además, representados en el gabinete ministerial por enemigos de la vigencia de los derechos humanos con posturas macartistas. Y eso es algo que hay que mirar con mucha cautela.
**Ante la convulsión social y tras cinco días de gobierno, Merino dimitió el domingo 15 de noviembre y este lunes Perú amaneció sin Presidente de Gobierno y sin Presidente del Legislativo.
Crisis superpuestas
En este momento en Perú, varias crisis se superponen. En primer lugar, hay una crisis de la política institucional, reflejada en la confrontación de diversos actores políticos con intereses bastante inmediatos que se disputan el poder de Estado. Es la que se ha desarrollado desde la elección de Kuczynski en 2016, pasando por la llegada al poder del propio Vizcarra. No obstante, existe otra crisis más profunda, de largo plazo, que tiene que ver con la dinámica de la democracia peruana. En teoría, luego de la dictadura fujimorista, en Perú retornamos a un período democrático. Aquella democracia tenía como retos la reconstrucción de los vínculos entre sociedad y política, de las relaciones laborales, el replanteamiento del rol del Estado y del empresariado, la reparación tras el conflicto armado, entre otros frentes que el período de la dictadura había desfigurado. Pero ni la transición ni los gobiernos posteriores los asumieron. Lo que vemos hoy es el cuestionamiento de la democracia construida desde la transición posfujimorista.
Esta democracia postfujimorista es un proyecto que nunca ha terminado de cuajar. No solamente por haber sido incapaz de generar un mayor bienestar y estabilidad para el conjunto de la ciudadanía, sino porque tampoco ha conseguido consolidar un sistema político confiable. En Perú no tenemos, por ejemplo, un sistema de partidos consolidado. No hay un sistema de actores políticos sobre el cual la gente pueda proyectar sus intereses, sus demandas, o ubicarlo como referente. Existen personajes, sí, que de pronto adquieren cierta popularidad. O personas que terminan en el gobierno por lógicas como la del «mal menor», es decir, el voto que se usa para evitar entregar el gobierno a determinado candidato, en vez de un voto al candidato que represente los propios intereses.
Lo que está en crisis, entonces, es mucho más que el cargo de la presidencia. No se trata solo de una decadencia profunda de la figura del jefe de gobierno, lo que ya es bastante grave. El hartazgo es más hondo. El cuestionamiento fundamental es hacia la base misma de la democracia peruana, donde el dictado de las urnas sirve de muy poco y la representación popular está capturada por quienes tienen el capital para controlar el mercado de inscripciones electorales, con la consecuencia obvia de que el Congreso se vuelve una mera herramienta de los propios intereses y vendetas. La capacidad para articular una respuesta unificada, en un contexto que no deja de ser inesperado, resulta la principal incógnita a resolver.
“Aquella democracia tenía como retos la reconstrucción de los vínculos entre sociedad y política, de las relaciones laborales, el replanteamiento del rol del Estado y del empresariado, la reparación tras el conflicto armado, entre otros frentes que el período de la dictadura había desfigurado. Pero ni la transición ni los gobiernos posteriores los asumieron. Lo que vemos hoy es el cuestionamiento de la democracia construida desde la transición posfujimorista”.
La gota que colma el vaso
A todo esto hay que sumarle las consecuencias de la pandemia. Perú es uno de los países más golpeados del mundo en términos de mortalidad e impacto económico, a la vez que su Estado es uno de los que menor capacidad de respuesta mostró tanto en la dimensión sanitaria como en la social. Los efectos más palpables de la pandemia –muerte, hambre, desempleo, colapso del sistema de salud– han conducido a cada vez más sectores de la ciudadanía a replantearse cosas que hasta hace muy poco estaban asumidas como verdades. Verdades como, por ejemplo, que en economía o en servicios públicos lo mejor era que el Estado tuviera un rol muy relegado, y que fuera el mercado el que todo lo ordenara. O que era el capital privado, grande o chico, el responsable de las condiciones de trabajo, la seguridad social y los términos de la redistribución de riqueza, sin “intervencionismos” ni “populismos”. Estas premisas eran reforzadas cotidianamente desde los medios de comunicación y desde el coro de la clase política, hasta que la pandemia puso en evidencia todos sus límites, abriendo por lo menos una sospecha de falsedad entre los más afectados: pacientes del sistema público y privado, trabajadores formales despedidos bajo la figura de “suspensión perfecta” y trabajadores de ingreso diario que simplemente quedaron a su suerte. Desde esa posición, ver el reparto de poder en las últimas semanas solo ha sido la gota que rebalsa el descontento.
¿Qué siente la gente? Que las mayorías hacen esfuerzos enormes para sobrevivir a una situación económica extremadamente precaria, sin posibilidad de duelo y con bajos estándares de protección dado el tipo de empleo y hasta de transporte público que predomina en el país. Y mientras eso ocurre, la clase política encerrada en sus interminables peleas, se disputa un poder temporal sin ofrecer salidas ante lo que no se puede ocultar: una economía quebrada y un sistema de salud que no ofrece ninguna garantía de vida si ocurriera una segunda ola o una nueva epidemia.
Hay un gran consenso público en el sentido del rechazo a la decisión del Congreso, porque aparece no sólo como una maniobra ilegítima, sino que se lee como una expresión de indolencia en un momento crítico. A un lado de ese consenso, se escuchan cada vez más voces con una crítica más profunda que va más allá de denunciar la ruptura del orden constitucional. La cuestión de fondo es si queremos volver a la democracia tal cual la conocíamos. En ese punto, la reciente experiencia chilena aporta lecciones importantes. El camino de una Asamblea Constituyente aparece como horizonte para discutir a servicio de quién debe estar el Estado y bajo qué forma éste debe hacer frente a las demandas de la ciudadanía.
Para quienes aspiramos a cambios más de fondo, una primera cuestión a tener en cuenta es no subestimar las calles. Es cierto que en las movilizaciones aún no se observa todavía, por ejemplo, una presencia mayoritaria de trabajadores organizados o trabajadores en suspensión perfecta, sin empleo o sin paga. El perfil de la gente que se manifiesta es de mucha juventud, también hay mucha gente universitaria y particularmente en Lima, de la clase media. No por ello hay que subestimar la indignación, pues lo que se percibe, sobre todo, es un despertar político respecto a la crisis que atraviesa el país. Mucha gente que antes no lo hacía, empieza a cuestionarse el rol del Estado y el funcionamiento de la economía peruana –vendido como uno de los «milagros» de la economía neoliberal en América Latina—. Hace pocas semanas se conocieron los resultados de una encuesta que preguntaba qué aspectos la gente modificaría de la Constitución vigente (una carta elaborada al inicio de la dictadura fujimorista), la respuesta mayoritaria apuntaba precisamente a los aspectos vinculados a la participación del Estado en actividades económicas.
Existe ahí un hilo del cual tirar, siempre y cuando exista un trabajo de pedagogía, algo siempre es necesario para vincular la indignación coyuntural a procesos de más largo aliento. Para las izquierdas de nuestro país ese trabajo representa, a la vez, la mayor oportunidad y el mayor desafío de estos días.
“Hay un gran consenso público en el sentido del rechazo a la decisión del Congreso, porque aparece no sólo como una maniobra ilegítima, sino que se lee como una expresión de indolencia en un momento crítico”.
*Indira Huilca, feminista socialista. Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) y excongresista de la República por Lima Metropolitana.
Fotografía: Jacobinlat.com
