Por Tamara Artacker
En primer lugar, se hace indispensable tomar en cuenta que, en rubros de agroexportación como banano, cacao o palma africana, por lo menos el 70 % de las unidades de producción están en manos de pequeñas y pequeños agricultores[1]. Por lo tanto, si a pesar de todas las restricciones por la pandemia han podido aumentar las agroexportaciones, es necesario evaluar cómo se traducen estos incrementos para la situación de estas pequeñas unidades de producción. Para tener luces sobre esa realidad indagamos en las condiciones de las y los pequeños cacaoteros y en el conflicto que se dio al interno del sector bananero. Para cerrar, tomaremos en cuenta también los impactos en otro sector fundamental de la producción agroexportadora: las y los trabajadores rurales.
El sector cacaotero en la pandemia
Como muestra el informe “De Quienes Nos Alimentan – Derechos Campesinos y Pandemia en Ecuador”, elaborado por el Observatorio del Cambio Rural, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional (2020), las y los pequeños productores fueron afectados de diversas formas por las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria.
El sector cacaotero ya venía en crisis antes de la pandemia, situación que se agravó durante el 2020.
En el caso cacaotero, llama la atención una caída importante en los precios a nivel mundial de este commodity: mientras que el precio por tonelada estaba a 2.900 dólares en febrero 2020, en marzo llegó a valer únicamente 2.200 dólares. Y aunque el valor se recuperó desde mayo, volvió a vivir una segunda caída aún más fuerte, llegando en julio 2020 incluso a un precio de menos de 2.100 dólares por tonelada.[2]
Esta volatilidad de los precios afecta principalmente a las y los productores que no están asociados y que no tienen un contrato fijo de venta.
Las y los cacaoteros que venden su producto a pie de finca a intermediarios están especialmente expuestos ante la voluntad de los compradores, lo que les pone en una situación de alta vulnerabilidad, que aumentó aún más durante la emergencia sanitaria, ya que debido a las restricciones en la movilidad y circulación vehicular, muchos no tenían otra opción que vender su producto al precio que le ofrezca el intermediario que dispone de transporte y va de finca en finca a recoger el producto, además que poseen información privilegiada sobre los precios del mercado. Los cacaoteros relatan verse obligados a vender el producto a precios por debajo del costo de producción y, por lo tanto, trabajar a pérdida.
Los precios, sin embargo, varían mucho. Según productores de Guayas, les pagaban en el mes de mayo 89 dólares el quintal de cacao seco, mientras que en marzo solo habían recibido 66 dólares por quintal. En cambio, en la provincia de Manabí informaron que se estaba comprando el quintal de cacao en baba a 25 dólares a pie de finca, durante la pandemia (FIAN Ecuador et al. 2020).
Las y los pequeños productores cuentan, también, que por parte de los intermediarios y los exportadores se argumentaba, que las exportaciones estaban muy bajas, lo que supuestamente no les permitía comprar a precios más altos, y que, además, sufrían de iliquidez debido a la situación global. Sin embargo, como vimos más arriba, durante los primeros seis meses del año las exportaciones cacaoteras han podido incrementarse incluso en comparación con el año anterior.
Como nos explica César Muñoz[3], presidente de la Asociación “Las Cruces” en Guayas, otro gran problema se encuentra en la falta de acceso a información ya que las y los pequeños productores tienen dificultades para saber qué pasa realmente en el mercado global y en las negociaciones de las exportadoras. Por eso piden que el Estado se encargue de vigilar que se paguen precios justos y ayude a tener mayor transparencia.
La venta a precios demasiado bajos, generó para muchas y muchos productores cacaoteros la imposibilidad de pagar las cuotas de los créditos o incluso el quiebre de sus economías. Es por eso que están, según Muñoz, pidiendo la reestructuración de su deuda y créditos que les permitirían cambiar de rubro, por ejemplo, hacia el cultivo de maracuyá o jengibre.
Llama la atención, por lo tanto, que el aumento de las exportaciones de cacao, tanto en volumen como en valor, no se traducen en mejoras en los ingresos para las pequeñas unidades de producción que se dedican a este cultivo y deja claro, que solo son unas élites exportadoras que se benefician. Vale recordar, en este contexto, la concentración del sector: tan solo 5 empresas o grupos controlan el 55,2 % de las exportaciones ecuatorianas de cacao a Asia, y 6 grupos o empresas son responsables de la mitad de las exportaciones de cacao a Estados Unidos (Cajas Guijarro 2018).
Conflicto bananero
Una situación parecida se puede observar en el sector bananero. Reiteramos que, en los primeros seis me ses del año 2020, las exportaciones bananeras aumentaron en valor un 17 % y en volumen un 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pero eso no resultó en mejores precios para los pequeños agricultores. De hecho, denunciaron que se les pagaba por debajo del precio mínimo de sustentación, e incluso por debajo de los costos de operación. Desde el mes de abril del 2020 eso desencadenó movilizaciones y protestas, incluso amenazas de paralizar temporalmente esa producción.
Según Byron Paredes[4], presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador, los costos de producción por caja están alrededor de 6 dólares, mientras el precio mínimo de sustentación fijado por la ley para el año 2020 se encuentra a 6,40 dólares. Sin embargo, durante los primeros meses de pandemia, los exportadores les pagaban alrededor de 4 dólares, e incluso hasta 2 dólares, por caja de banano.
Según lo que plantea la ley, el mercado del banano estaría bien reglamentado: está prohibido sembrar nuevas hectáreas de banano sin la autorización de la Asamblea Nacional, existe un precio mínimo de sustentación que debe pagarse por caja, y es obligatorio vender las cajas a través de un contrato que permite la estabilidad de los precios, lo que significa que ninguna caja debería salir del país sin contrato, expuesto a la volatilidad de los precios spot del mercado internacional.
Sin embargo, explica Byron Paredes, existe una “piratería”, quiere decir, una parte del banano sale del país a nombre de otros productores, sin contar realmente con un contrato y un precio controlado – por lo tanto, se puede suponer, que tampoco cuentan con controles ambientales y laborales en sus fincas.
A esto se suma que en el 2019 se plantaron miles de hectáreas nuevas de banano, no autorizadas, y, según afirma Paredes, en manos de grandes productores, lo que en parte explica el aumento de las exportaciones bananeras durante los primeros meses del presente año. Desde la política pública se avanza actualmente con la regularización de estas hectáreas, en vez de sancionarlas.[5]
Debido al aumento de la oferta interna, las empresas exportadoras bajaron los precios que estaban dispuestos a pagar. En consecuencia, los productores bananeros en movilizaciones reclamaron precios justos y políticas públicas de control. Se organizaron varios plantones en el año 2020 y en plena pandemia los productores impulsaron una iniciativa de donar parte de su producción de banano a sectores populares en el país para no vender la fruta a precios demasiado bajos a los exportadores que en el mercado global llevan sus ganancias. Así, se entregaron por lo menos 900 raciones de bananos (cada ración abastecería a una familia, con unas 20 a 25 bananos) a familias en todo el país como acto de protesta.
Encima de estos conflictos, en octubre de 2020 el Ministerio de Agricultura aprobó el nuevo esquema de precios de banano para el año 2021 que fija el precio promedio de sustentación en 6,25 dólares y por lo tanto incluso por debajo del precio vigente en 2020. Esto, se puede interpretar, corresponde a los intereses de los grupos exportadores, mientras que afecta a las y los pequeños productores que en las negociaciones más bien pedían un precio por caja de USD 7,05 debido a los altos costos de producción.
Este conflicto visibiliza que las cifras de exportación aún no nos indican nada sobre la situación al interior del sector y no necesariamente el aumento de las exportaciones implica beneficios para todos los segmentos de la cadena productiva.
Trabajadores rurales y flexibilización laboral
Otros actores indispensables de la cadena productiva, sin los que no sería posible mantener o incluso aumentar las exportaciones, son las y los trabajadores rurales.
Sin embargo, también aquí, en vez de beneficios y mejoras en las condiciones laborales debido al aumento de exportaciones de varios rubros, se observa que con la pandemia aumentó la precarización que va acompañada por una política de flexibilización laboral y un aprovechamiento de la “crisis”.
Por un lado, las y los jornaleros vieron reducidas sus posibilidades laborales en fincas de pequeños productores cacaoteros o palmicultores, ya que, debido a los precios mínimos que aquellos reciben durante los primeros meses de la pandemia, no tienen recursos económicos para pagar a mano de obra extra familiar, como suelen hacer al momento de la cosecha o para el mantenimiento de la finca (FIAN Ecuador et al. 2020).
Por el otro lado, las y los trabajadores rurales con contratos se vieron afectados por la flexibilización laboral impulsada desde el gobierno nacional, por ejemplo, a través de la Ley de Apoyo Humanitario. Esta ley le permite al empleador, entre otras cosas, reducir las horas laborales del empleado a mínimo 50%, incluyendo la respectiva reducción del salario y del aporte a la seguridad social (Asamblea Nacional 2020).
En rubros como el florícola, en los primeros meses de la pandemia se vivió una ola masiva de despidos, frente a la expectativa de una fuerte caída de las exportaciones y una crisis del sector. En los despidos en muchos casos se hacía uso del artículo 169.6 del Código de Trabajo que permite la terminación del contrato “por caso fortuito o fuerza mayor”, lo que desencadenó una serie de denuncias por mal uso de este artículo ya que así se evita el despido intempestivo. En este contexto, incluso la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre el abuso de la situación de emergencia sanitaria por parte de muchas empresas que aprovechan para violar derechos laborales básicos, despidiendo por ejemplo empleadas y empleados de muchos años, sin pagar las debidas indemnizaciones, como los casos que se vieron en algunas florícolas (FIAN Ecuador et al. 2020).
En cambio, testimonios de trabajadores y trabajadoras en bananeras relatan que en las fincas no se les proporcionó las medidas de bioseguridad necesarias, como alcohol y mascarillas, y muchas veces en su lugar de trabajo tampoco les fue posible mantener la distancia mínima recomendada. Además, siguieron expuestos ante las fumigaciones con agrotóxicos que afectan las vías respiratorias y, por lo tanto, los hacen más vulnerables frente al covid-19.
La utilidad del discurso de “crisis”
Para analizar los impactos que deja la pandemia y las medidas respectivas en el sector agroexportador, se hace necesario aplicar una mirada diferenciada hacia los interiores del sector, ya que los resultados difieren profundamente según los diferentes actores involucrados.
En grandes rasgos, podemos distinguir entre un sector de pequeños productores y trabajadores rurales que viven una situación de mayor precarización y una baja importante en sus ingresos debido a la reducción de los precios que se les pagaron durante los primeros meses del año y, relacionado con ello, también una reducción de los jornales. Por el otro lado, vemos un sector exportador que registra un aumento en los valores exportados, superando incluso años anteriores. Aún cuando hace falta un análisis económico más profundo del sector exportador para medir sus ganancias reales, encontramos una brecha entre el aumento del valor de las exportaciones y la reducción de los precios pagados al productor lo que nos indica que hay grupos de poder, tanto de intermediarios como de exportadores, que no trasladan las ganancias hacia las y los pequeños productores aunque ellos representen una parte importante de las unidades de producción y, así, de la cadena agroexportadora.
Adicionalmente, llama la atención que las alertas de crisis de los diversos sectores agroexportadores que dominaron los medios durante los primeros meses del año 2020, no necesariamente convergen con las cifras del sector que presenta el Banco Central del Ecuador sobre los mismos meses. Puede argumentarse que existe una utilización del discurso de “crisis” que permite, por un lado, apelar a la política pública para generar medidas favorables según sus intereses y, por el otro lado, legitimar de esta forma la reducción de los precios que se pagan al productor.
Aún tomando en consideración la incertidumbre que rigió en los primeros meses con respecto al panorama comercial global, el análisis diferenciado de las exportaciones por mes nos muestra que, por lo menos en los principales rubros de agroexportación, se temió un desplome de las ventas que en realidad no ocurrió. Sin embargo, es fundamental señalar cómo las alertas fueron funcionales en la medida de ejercer presiones sobre la política pública, por ejemplo, para generar políticas de flexibilización laboral a favor del empleador, y, para aplicar el artículo 169.6 del Código del Trabajo que permite despidos “por caso fortuito o fuerza mayor”.
Las alertas de crisis de las agroexportaciones simultáneamente opacaron otros elementos críticos del sector, como por ejemplo la explotación de las y los pequeños productores, la violación de derechos laborales o los impactos socio-ecológicos de la expansión del agroextractivismo. Se logró concentrar la atención en las preocupaciones económicas del sector exportador, representándolo, además, como un tema que afectaría a toda la población. Debido a la ecuación común de crecimiento económico y bienestar social (o “desarrollo”), una amenaza para la estabilidad de las exportaciones se enmarca fácilmente como una amenaza para el país en general. En consecuencia, en esta línea argumentativa, apoyar al sector agroexportador se igualaría a beneficios para todos, especialmente para las y los productores agrícolas.
Sin embargo, la mirada más diferenciada hacia el interior del sector agroexportador que toma en cuenta la diversidad de actores, permite cuestionar el discurso según el cual una profundización de la estrategia agroexportadora traería bienestar, reducción de pobreza y “desarrollo” para los sectores rurales vulnerables. La pandemia mostró de forma muy clara, que los que realmente logran beneficiarse de un aumento de las exportaciones son pocos grupos de poder – intermediarios y exportadores – sin que exista algo como un “efecto derrame”, de transmisión de los beneficios hacia los actores más vulnerables de la cadena agroexportadora; más bien lo contrario, la estrategia se basa en una creciente explotación del trabajo de pequeños productores y productoras y jornaleros y jornaleras.
Conclusiones
La pandemia y las respectivas medidas de confinamiento y de restricciones en la movilidad han afectado de múltiples maneras las economías de los países, generando dificultades temporales en el comercio internacional. Así mismo quedó visibilizado la dependencia del Ecuador de las exportaciones primarias: frente a la caída de los precios de petróleo en los primeros meses del año 2020, se promovió el sector agroexportador para sostener los ingresos.
A pesar de las marcadas alertas de crisis expresados por varios de estos rubros exportadores, en retrospectiva se muestra que muchos de los productos agropecuarios en efecto registraron un aumento en comparación con años anteriores. Sin embargo, existen dudas razonables sobre la distribución de los beneficios de este incremento. Aunque el discurso que se promueve desde una cierta alianza entre Estado y sectores exportadores quiere relacionar la estrategia agroexportadora con una mejorar en la calidad de vida de los sectores rurales, la realidad mostró otra cosa: las cifras positivas de exportación aún no nos dicen nada sobre la realidad que viven los diferentes actores al interior del sector. Debido a las desigualdades estructurales, los beneficios de los exportadores no se traducirán en beneficios para las familias productoras ni para trabajadores y jornaleros. Más bien, para muchos sectores los mismos meses de la pandemia significaron dificultades de comercializar sus productos, precios por debajo del costo de producción y despidos sin indemnizaciones. Por lo tanto, el aumento de las agroexportaciones, sobre todo en las condiciones complejas que genera la pandemia, incluso profundiza la brecha entre los diferentes actores insertos en la cadena productiva.
En consecuencia, no puede haber una estrategia que realmente beneficie a los sectores de la pequeña agricultura y de las y los trabajadores rurales sin tomar en cuenta las desigualdades de hecho. Es necesario analizar y señalar los diferentes intereses dentro del sector y el poder de algunos grupos de influenciar las condiciones e incluso las políticas públicas a su favor. En vez de seguir apoyando las tendencias que sirven a unos pocos mientras que los múltiples impactos quedan invisibilizados, urgen pasos para fortalecer los derechos laborales y las autonomías campesinas.
“Las exportaciones no petroleras subieron de 12.356 millones de dólares entre enero y noviembre de 2019 a 13.729 millones de dólares en el mismo período de 2020, lo que significa un aumento del 11,1% según los datos del Banco Central del Ecuador”.
Fotografías: Cacao/Camae.org; Bananero/https://sac.org.co/
Bibliografía:
ANECACAO. (2019). Sector exportador de cacao. Disponible en http://www.anecacao.com/index.php /es/estadisticas/estadisticas-actuales.html
Artacker, Tamara (2020): ¿El verdadero petróleo está en el agro? El agroextractivismo como amenaza para la Soberanía Alimentaria. Opinión. Observatorio del Cambio Rural, disposible en https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf
Asamblea Nacional. (2020). Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
Cajas Guijarro, John (2018): Los capos del comercio. Concentración, poder y acuerdos comerciales en el Ecuador: un preludio. Quito: Plataforma por el Derecho a la Salud / Fundación Donum / FOS.
Daza, Esteban, Israel Chuquimarca, David Singaña, Tamara Artacker, und Maria José Llerena. 2020. „Comercio Justo. Estudio de Impactos del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Ecuador en la Agricultura“. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
FIAN Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio del Cambio Rural, Unión Tierra y Vida, FIAN Internacional (2020): De quienes nos alimentan. La pandemia y los derechos campesinos en Ecuador. Quito.
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2020a): Informe mensual de comercio exterior. Mayo 2020. Dirección de Estudios Económicos y Comerciales.
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2020b): Informe mensual de comercio exterior. Noviembre 2020. Dirección de Estudios Económicos y Comerciales.
ProPalma (s.f.): Perfil del sector palmicultor. Disponible en: https://propalmaec.com/perfil-del-sector-palmicultor/
Referencias:
[1] En el caso del cacao – cultivo que mayor superficie productiva ocupa en el país – las y los pequeños productores representan aproximadamente el 70% de las unidades de producción (ANECACAO, 2019), en el caso del banano el 75% de las y los productores tienen menos de 5 hectáreas (Daza et al. 2020) y en el rubro de la palma africana, según ProPalma (s.f.), el 95,7% de las UPAs tiene menos de 50 hectáreas.
[2] IFC Markets: Cotización cacao en tiempo real: https://www.ifcmarkets.com/es/market-data/commoditiesprices/cocoa
[3] Entrevista a César Muñoz, presidente de la Asociación “Las Cruces”, de Guayas, el 27 de Agosto 2020.
[4] Entrevista a Byron Paredes, el 08 de septiembre 2020.
[5] Esta regularización se realiza a través del Decreto presidencial N°1127 promulgado el 15 de agosto de 2020.
