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16 de enero 2016
La crisis que vive el Estado español evidentemente no solo es económica, sino que tiene también perfil social y político.
La economía española tras haberse comprimido en un -3.7% en el año 2009, -0.1% en el año 2010, -0.6% en el año 2011, -2.1% en el año 2012 y -1.2% en el año 2013, tuvo un saldo positivo en 2014 con un crecimiento del 1.4% y, a falta de datos oficiales, tiene una previsión de crecimiento –según el FMI- de 3.1% para el año 2015. Sin embargo, la existencia de estos indicadores favorables vinculados a las políticas de ajuste –con fuerte incidencia sobre los salarios- y la reestructuración de la economía nacional, no sacan al país de su fuerte vulnerabilidad ante la nueva crisis global en ciernes: el crecimiento mundial se ralentiza, principalmente en los países emergentes (salvo India) y esta tendencia se retroalimenta con la caída de los precios de las materias primas y se transmite a los países avanzados.
Es el ministro de Economía y Competitividad español, el conservador Luís de Guindos, quien admitiría públicamente a mediados de diciembre que a pesar de que el Estado español pueda recuperar los niveles de PIB y renta previos a la crisis, todavía tiene una tasa de desempleo del 21% -dos millones menos de trabajadores que en el año 2006 previo a la crisis- y una fuerte vulnerabilidad desde el punto de vista financiero. Un informe de Cáritas subrayaba hace pocos años que, en el marco de la actual crisis, la desigualdad existente y el crecimiento de las diferencias entre los más acaudalados y los más pobres se había incrementado en un 30%, llegando la pobreza extrema a alcanzar una cifra de tres millones de personas en el país.
A su vez, la prolongación de la crisis económica latinoamericana –segundo año consecutivo de crisis en que importantes economías regionales como Argentina, Brasil o Venezuela decrecen- es una muy mala noticia para la economía española, ya que la región ha sido el destino preferente de muchas inversiones hispanas en los últimos años.
Es en ese contexto en el cual se han desarrollado las elecciones presidenciales del pasado 20 de diciembre, la cual como indica Iñigo Errejón –número dos de Podemos- no era una competición ordinaria, dado que vanía marcada por el sello de hasta donde los españoles iban a limitar los cambios y asegurar la supervivencia de las viejas élites políticas de este país.
Estas elecciones han convertido al Estado español es un país ciertamente ingobernable, donde sin mayorías absolutas, Podemos y el resto de fuerzas que propugnan el cambio político de momento consiguen bloquear cualquier intento de recomponer el viejo modelo partidocrático. Si bien, este quedó resquebrajado, estas fuerzas políticas emergentes aún carecen del acumulado necesario para dirigir un gobierno que marque la ruptura con el momento anterior.
Es así que a pesar de la victoria electoral del conservador Partido Popular (PP), podemos apreciar como dicha formación política ha perdido 3.5 millones de votos respecto a las elecciones anteriores, sufriendo un fuerte castigo debido a sus altos niveles de corrupción y sus políticas de austeridad; mientras la socialdemocracia liberal encarnada por el PSOE obtiene su peor resultado electoral desde la reinstauración de la democracia en España.
Estos dos partidos mayoritarios en la política española “sólo” consiguieron la mitad de los votos, cuando en elecciones anteriores habían obtenido el 73%. De igual manera, tan solo obtuvieron el 60% de los curules cuando siempre habían ocupado el 80% de estos.
El espacio que quedó abierto ha sido ocupado principalmente dos nuevas formaciones emergentes, Podemos y Ciudadanos, las cuales registran muy buenos resultados. Al respecto, cabe destacar que en el caso de Ciudadanos, la derecha new age, sus resultados quedan lejos de su pretendida intención por reconducir el voto conservador de las marchitadas élites políticas españolas. Se desinflaron debido a sus contradicciones en el tramo final de campaña.
Esto convierte a Podemos en la fuerza de mayor proyección nacional, pues con el 21% de los votos –algo más de cinco millones de electores- se ha convertido en el referente político de los sectores más jóvenes, sectores urbanos y de las regiones económicas con mayor dinamismo del país. Si bien es cierto que el PP ganó las elecciones, ha sido Podemos quien ganó la campaña electoral.
En este contexto solo se vislumbran dos posibilidades para la formación de gobierno: o bien hay un pacto progresista entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida; o un gran pacto de gobierno entre la vieja élite política (PP+PSOE) que incorpore a Ciudadanos.
En el primero de los casos la posibilidad parece difícil, dado que Podemos exige para pactar cinco condiciones en principio inaceptables para los socialistas: la reforma de la ley electoral, el blindaje de los derechos sociales en la Constitución, la prohibición constitucional de puertas giratorias (incorporación de ex altos funcionarios a las transnacionales españolas), la independencia de la justicia y el derecho a decidir (autodeterminación de Cataluña y otros territorios).
La segunda posibilidad, seguramente enterraría al PSOE electoralmente, pues gran parte sus bases no aceptarían un pacto con los conservadores y a la postre beneficiaria el voto a Podemos en una futuras elecciones.
Entender la realidad política plurinacional del Estado español
Secundar el discurso político de “salvaguardar la unidad nacional” bajo una gran coalición de gobierno española, significa ignorar que el resultado de las elecciones del 20 de diciembre arroja que un 32,2% de los electores escogió alternativas políticas plurinacionales. La nueva formación política Podemos –con sus alianzas territoriales- consiguió en los cinco territorios donde existentes dos lenguas (el castellano más la lengua autóctona) un 25% de los votos válidos, frente al 18% obtenido en el resto de España. A esto habría que sumar los importantes porcentajes de voto obtenidos por las fuerzas nacionalistas en cada uno de sus respectivas comunidades autónomas. Por lo tanto, un acuerdo político que ignore esta realidad beneficiará a la larga electoralmente a Podemos, dada la frustración que significará para importantes targets de población en las nacionalidades históricas.
Respecto a la autodeterminación, especialmente de Cataluña, Podemos viene a reflejar una opción política ni centralista (españolista) ni independentista.
Este es un espacio político complicado para Podemos, pero donde se ha desenvuelto con resultados sorprendentemente exitosos. Esta formación política sin dejar claro que no es partidario de la independencia de los territorios que tienen demandas nacionales históricas en el Estado español, ha lanzado múltiples guiños a la sociedad catalana asegurando que respetaría la decisión ciudadana de los afectados. En todo caso y más allá de las indefiniciones, Podemos tiene una propuesta de organización territorial de España que se basa en “reconocer el derecho a la autodeterminación” pero manteniendo la unidad del estado de manera “asimétrica” y asegurando el “carácter plurinacional del Estado”, lo cual conlleva primar a los territorios históricos, que tendrían condiciones de autogobierno diferenciadas.
Los miedos de Angela Merkel con Podemos
Unos días antes de los comicios electorales españoles, el presidente Mariano Rajoy se encontró con la premier alemana Angela Merkel durante la última cumbre celebrada por la Unión Europea. Allí unas indiscretas grabaciones mostraron como Rajoy le indicaba a Merkel que según sus encuestas el PP quedaría primero en las presidenciales y el puesto de segundos estaba muy reñido entre “o Podemos o los socialistas”. El estupor de la mandataria alemana es visible en las imágenes, lo que la obligó a repreguntar a Rajoy por dicha aseveración. “Sí, sí, Podemos”, contestaría vasallamente Rajoy.
Las preocupaciones de Merkel no son gratuitas. A primeros de este año los eurodiputados de Podemos presentaron una resolución en el Parlamento de Estrasburgo donde solicitan a la Unión Europea que estudie y prepare mecanismos para la “disolución ordenada de la zona euro”. También dejaron abierto proponer un debate con el fin de establecer los mecanismos que permitan a un país integrado en la moneda única abandonarla para adoptar, si lo estiman pertinente, por otra divisa.
Ante una realidad de la Unión Europea hecha pedazos para sus países del Sur, Angela Merkel junto a otros mandatarios del centro y norte europeos temen que la proliferación de tendencias políticas alternativas en los países mediterráneos conlleven a un confluencia que busque recuperar la soberanía monetaria y política de dichos países. De esta manera quedaría en cuestión una moneda que en la actualidad no está controlada por las instituciones democráticas.
En palabras del mismo Pablo Iglesias, “lo que tenemos claro es que este euro no sirve”.
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