06 noviembre 2017
El espíritu del hombre es indivisible; y yo no me duelo de esta fatalidad, sino, por el contrario, la reconozco como una necesidad de plenitud y coherencia. Declaro, sin escrúpulo, que traigo a la exégesis literaria todas mis pasiones e ideas políticas, aunque, dado el descrédito de este vocablo en el lenguaje corriente, debo agregar que la política en mí es filosofía y religión.
José Carlos Mariátegui.
En tiempo de huracanes, de terremotos, de inundaciones, de desapariciones y muertes, hay que pensar que la vida continúa y hay que volver a empezar.
Estamos abrumados, asombrados, estupefactos. Cada día un nuevo escándalo. La quiebra, por el despilfarro, de los medios públicos. La corrupción, camino a la impunidad, de Odebrecht. Los sobreprecios y la incapacidad en la refacción de la Refinería de Esmeraldas. Los perjuicios milmillonarios en la comercialización del crudo. La lista es interminable. En estos días se ha completado con las denuncias sucesivas de violaciones de niños y niñas en los colegios, la destrucción de la educación pública.
Más que indignación es desilusión, angustia. La indignación implica capacidad de actuar, de organizarse y de movilizarse. Nos quedamos en la queja privada, en el desfogue del mensaje virtual.
El espacio público, la escena política está copada por las pugnas entre las facciones de Alianza País, los alineamientos entre los correistas y los morenistas. Gobierno y oposición en el mismo espacio, en un juego de espejos, mientras el resto de actores políticos y sociales quedan en off side, comentadores. Lo que define ahora la percepción y el estado de las masas son los titulares y los hechos parciales, la opinión del día, la noticia del día, el escándalo del día. Abrumados e impotentes, porque en seguida vemos que la justicia no actúa y que a la corrupción le sigue la impunidad. Parecería que sólo esperamos que el nuevo Presidente inicie el cambio que anhelamos, que el fiscal cumpla el deber que le corresponde, que el maná caiga del cielo.
Prácticas y estructuras
El primer paso para empezar a encontrar la salida es mirar los procesos profundos, no sólo las prácticas, sino las estructuras; no sólo los cambios, sino las continuidades. Ver la tendencia a una crisis integral del país, en donde la corrupción-impunidad y la escasez fiscal con apenas el signo.
La corrupción y su correlato, la impunidad, han destruido los fundamentos morales de la nación. Para salvar a los responsables, el viejo poder ha instituido una racionalidad cínica, la permisividad para el robo y la estafa. Ese estado de las masas va acompañado con el recrudecimiento de discursos anticomunistas, en un rechazo a todo lo que pueda oler a socialismo, por la confusión creada por la propaganda oficial de Alianza País, y la apropiación y disolución de los símbolos y los discursos de las luchas históricas de los trabajadores, de los pueblos, de los movimientos sociales. El sistema jurídico y los organismos de control, en lugar de cumplir su papel, de vigilantes de la pulcritud en el manejo de la cosa pública, se han convertido en los encubridores, en los obstáculos a sortear si se quiere castigar la corrupción. El cálculo político define donde está el mal: si es de mi partido, de mi fracción, hay que protegerlo. El caso del Vicepresidente en vacaciones es sintomático: la fiscalía es el principal obstáculo, y el bloque de Alianza País, su escudo. Aunque el escudo empieza a resquebrajarse.
El principal pecado de la anterior administración es haber despilfarrado la oportunidad histórica con que contó el Ecuador para cambios de fondo: abundancia económica, respaldo político, imaginario constituyente; en lugar del paraíso prometido, estamos a la puerta de una crisis no deseada. La abundancia no fue un mérito propio, sino un ciclo basado en condiciones favorables externas, el extractivismo, beneficiado por precios internacionales altos del petróleo y de la commodities; un corto lapso de desconexión con la dependencia con el eje Norte-Sur, liderado por Estados Unidos, y la vinculación al nuevo eje Este-Oeste, de los BRICs, encabezado por China y Rusia; las condiciones de intercambio sobre todo con los países vecinos. Cuando cayeron las condiciones externas, no hubo reservas internas para afrontar la escasez. Más allá de la ofertas no se abordó el cambio de matriz productiva, ni se pasó a una democracia más avanzada; el postneoliberalismo de Alianza País representó una modernización capitalista significativa, un nuevo ciclo del capitalismo dependiente.
El problema no es sólo de prácticas, de políticas, sino de un límite estructural, la reproducción del patrón extractivista-rentista, complementado con nuevas formas de renta tecnológica, con nuevos discursos de legitimación del extractivismo, ya no sólo por el progreso económico, sino por la inversión social. El Plan B del Yasuní en tiempos de Rafael Correa, ratificado en la pregunta 5 de la Consulta de Lenin Moreno, con un leve giro racionalizador, es el signo.
La tendencia a una crisis económica profunda es una amenaza preocupante. La mesa no servida puede convertirse en desastre. Lo alarmante es que no hay cambios en la respuesta del nuevo régimen y en las propuestas de los grandes actores económicos. Arriba se ha constituido un consenso en torno al programa de austeridad, iniciado en el último tramo del gobierno de Rafael Correa: endeudamiento público, flexibilización laboral, privatizaciones de los recursos estratégicos, tratados de libre comercio. La crisis la pagan los de abajo y del medio, no los beneficiarios.
Los diez años de gobierno de Rafael Correa produjeron un profundo proceso de modernización de la economía y del Estado, bajo el predominio del capital extractivista-financiero-importador, local y transnacional. Un modelo de desarrollo desde arriba, desde el control del Estado y la concentración de las decisiones en un ejecutivo fuerte. Esta vía privilegia formas de acumulación por desposesión, con graves afectaciones para la naturaleza y los pueblos originarios y para los bienes públicos; lógicas financieras y comerciales, procesos especulativos que afectan sobre todo a las inversiones productivas; copias de modelos externos y sometimiento al capital mundial, con graves embates contra la soberanía; altos niveles de discrecionalidad y oportunidades de corrupción sistémica. La corrupción actúa como acelerador de la acumulación en favor de nuevos grupos económicos en procesos de constitución, o en favor de antiguos grupos que ascienden en el ranking.
El eje estratégico de este patrón de acumulación está en las alianzas público-privadas, en donde las formas subsidiarias del Estado garantizan la reproducción ampliada del capital. No se trata del Estado neoliberal clásico o del Estado interventor. Ya no operan las viejas formas de privatización, pues el Estado mantiene la propiedad jurídica de los bienes públicos, pero entrega la posesión a los capitales privados y, sobre todo a los capitales transnacionales, para su explotación; y al mismo tiempo garantiza y apalanca los ejercicios económicos del capital, con servicios públicos, empezando por la provisión de infraestructura y por el control-disciplinamiento de la fuerza de trabajo. La modernización capitalista implica un doble proceso de desmantelamiento, de los dominios oligárquicos y de las presiones y protagonismos sociales, para garantizar ya no simplemente el funcionamiento del mercado libre, sino del capital libre, en su movimiento hacia los procesos globales.
La disputa arriba se da principalmente en la representación; en el campo de la economía hay más continuidad que cambios. La disputa de representación se da en tres campos: el control de Alianza País; el mando de las instituciones públicas, en particular, de la justicia y los organismos de control; y la relación con los grupos económicos y de poder, locales y transnacionales. Después de seis meses de gobierno, no hay un plan económico diferente. Atrás de las medidas parciales y del gradualismo económico, el presupuesto del 2018 sigue el cauce heredado, en el marco de una crisis que se agrava. El signo está en el problema de la deuda pública. A pesar de los discursos políticos, en las concreciones del presupuesto sigue la opacidad en el manejo de las cifras. No sólo hay un crecimiento de la deuda, sino que no hay horizontes que permitan avizorar que el ritmo se detenga; mientras el servicio de la deuda absorbe un tercio del presupuesto.
Una de las mayores deudas políticas del período de Rafael Correa está en el debilitamiento de la democracia. La flecha política autoritarismo-democracia se modifica hacia la orientación democracia-autoritarismo, con diversas formas de desinstitucionalización de la democracia representativa-liberal, sobre todo en la pérdida de autonomía de las funciones del Estado; con la segurización del Estado y la “mafiación” de la política; con estrategias de disciplinamiento y control de la sociedad y de criminalización de las luchas sociales.
El nuevo gobierno de Lenin Moreno representa la normalización de estos procesos en dos direcciones: la normalización económica, mediante el control de la corrupción de algunos sectores de poder medio, para poder legitimar-legalizar las acumulaciones mayores. El capital no puede seguir indefinidamente la vía desde arriba y desde el manejo discrecional de la economía; requiere un ambiente de confianza para invertir y funcionar. Y la normalización política, mediante el restablecimiento de mecanismos de democracia-liberal, y la ampliación de espacio de opinión y de consulta a los actores sociales y políticos.
La estructura de concentración del poder es más difícil de desmontar. El dominio institucional se ha definido históricamente en el control sobre todo de la justicia y de los organismos de control. En los viejos tiempos del dominio socialcristiano, el control de la Cortes permitió enfrentar a los adversarios. Las reformas a la Constitución de Montecristi, en la Consulta del 2011 y en las Enmiendas de 2015, tenían como objetivo central meter mano a la justicia y a los órganos de control. El objetivo inmediato del nuevo régimen, con apoyo tanto de la derecha como de diversas organizaciones sociales, es desplazar el mando de la justicia y de los organismos de control desde el dominio de Rafael Correa a la decisión de Lenin Moreno, y abrir espacio para relevos de representación. Todavía hay una situación de empate político arriba. La consulta y la economía serán los dos factores dirimentes.
No es un problema local. Asistimos al cierre de ciclo en el Continente, en diversos ritmos y formas.
¿Hay alternativas?
La pregunta de fondo es, ¿hay alternativa, hay otro camino? ¿O estamos condenados a girar permanentemente en torno al mal menor? Anteayer el dilema era Lucio ante el dominio oligárquico. Ayer, Alianza País ante la partidocracia. Ahora Lenin ante Correa. El mal menor y la oferta de una salida gradual.
El problema no está únicamente afuera. La salida empieza por una profunda autocrítica de lo que hemos hecho y, sobre todo, dejado de hacer, desde abajo, desde la izquierda, desde los pueblos indígenas, desde los movimientos sociales, desde los intelectuales críticos, desde los sectores democráticos. Hemos pasado atrás del mal menor y hemos educado a la gente en esa conducta. Hemos apoyado al progresista de turno, y nos hemos olvidado que la fuerza está en el pueblo, abajo. Atrás del último caudillo, del último outsider, del último líder carismático; y nos hemos olvidado que la alternativa está en la lucha por una sociedad precisamente sin caudillos, sin falsos profetas, que la alternativa está en la organización autónoma, en la construcción de un nuevo poder.
La gravedad del problema exige un viraje estratégico en la política y la economía, que no va a estar en capacidad de ejecutar el Gobierno actual. Tampoco hay visos de una nueva perspectiva desde las fuerzas económicas y políticas tradicionales. El segundo finalista ha desaparecido de la escena una vez terminadas las elecciones.
Otra vez volvemos a la necesidad de trazar un camino que junte a todos los sectores sociales, económicos, políticos, culturales, hombres y mujeres dispuestos a la lucha, en torno a objetivos fundamentales, para avanzar hacia el Ecuador que queremos: la restitución y fortalecimiento de una democracia integral; el combate a la corrupción y a la impunidad, y el impulso de la ética de la honradez y la solidaridad; la reactivación productiva y la superación de la dependencia extractivista; la soberanía y la dignidad nacionales; el respeto pleno a los derechos políticos y humanos; una reforma agraria democrática y productiva; una relación de respeto con la naturaleza y de protección de la biodiversidad.
La transición de mando es un momento de inflexión que se puede utilizar para recomponer las fuerzas y organizaciones sociales, populares, de los pueblos originarios, de trabajadores, de derechos humanos, de defensa de la naturaleza, de defensa de los derechos de género. La condición es recuperar la autonomía ante los polos de poder dominante, para impulsar gérmenes de poder paralelo. La salida viene desde abajo.
El período estratégico va más allá de los calendarios electorales; está marcado por la tendencia a una crisis económica con graves afectaciones sociales, y que puede desembocar en una crisis política que abra nuevas condiciones para alternativas de poder desde abajo. El reto es volver a colocar las diversas tareas, acciones, movilizaciones, discursos, en la perspectiva de estar preparados para ese momento histórico instituyente.
Dos tácticas
La estrategia se concreta en la táctica, en la política ahora. En la transición, la táctica ha sido contestaría, seguir el ritmo, los temas impuestos por los juegos de poder de las facciones de Alianza País. La lucha contra la corrupción se ha quedado en la denuncia. La respuesta ante la consulta se ha inclinado al apoyo al SI, en nombre de desmontar el correismo. El esfuerzo ha sido opinar sobre la agenda que viene desde el poder. Una táctica subordinada a la estrategia gradualista del Gobierno de Lenin Moreno que señala la necesidad de atender el problema político inmediato. Las preguntas de la consulta muestran la concepción de Lenin Moreno, la disputa de representación, mientras deja a un lado las demandas de fondo.
¿Es posible superar esta táctica subordinada? ¿Cómo combinar la respuesta ante la consulta con la apertura ante la conciencia de la gente de una alternativa diferente? Al menos se requiere un SI condicionado, o mejor un SI selectivo, que permita continuar la lucha en los otros terrenos y mantener una política de exigencias. La economía no espera, se requiere un Plan anticrisis que enfrente el acuerdo arriba en torno al programa de austeridad. La geopolítica no espera, se requiere iniciativas de desconexión ya sea del dominio imperial norteamericano, como del dominio neocolonial de las transnacionales chinas. La democracia no espera, se requiere un poder desde abajo que enfrente la continuidad de la criminalización de las luchas sociales, como en el caso de la minería en Río Blanco.
La dimensión sagrada del viraje
El modelo de este período no sólo ha cumplido un tipo de modernización capitalista dependiente del Estado y la economía, sino que ha disuelto la posibilidad de pensar que hay alternativas autónomas, postcapitalistas, postpatriarcalistas. La licuación de las utopías socialistas y comunitaristas debilita la construcción de fuerzas autónomas.
Como dice José Carlos Mariátegui, en nuestra América, barroca, mágica, la revolución tiene un hálito sagrado, trascendente, se presenta como filosofía y religión. La disolución de las utopías antisistémicas, la suplantación de los ideales por calcos y copias de modelos externos, el encausamiento carismático de las energías sociales, dejan un vacío que va a ser difícil reconstruir. Y sin embargo, sin ese halo utópico-mesiánico, no hay posibilidad de un viraje estratégico.
