Como garantía básica en las relaciones laborales, este principio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo hace casi 70 años suena muy bien, sin embargo no tiene plena aplicación aquí y en muchos otros países.
Eso ocurre generalmente con declaraciones enfáticas de esa índole, debido a que al mismo tiempo no se crean condiciones prácticas para la realización de esos principios.
Las diferencias salariales en nuestro país, entre hombres y mujeres, son en promedio de un 25% en contra de éstas últimas, según establece un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Hablamos de promedio, pues, hay sectores en los que la brecha llega a un 70%. Esta media nacional es tres puntos superior a la mundial.
El movimiento de mujeres tiene como una de sus reivindicaciones la aplicación de este principio, pues, los niveles de explotación laboral son aún mayores en el sector femenino. Afortunadamente, esta injusticia social no ha provocado el surgimiento de opiniones en el sentido de que las mujeres «quitan el trabajo a los hombres» debido a las diferencias salariales, como se plantea ahora por la presencia de migrantes venezolanos que se ven obligados a laborar por salarios más miserables que los oficialmente establecidos; pero, lamentablemente, a su vez esa injusticia es vista por la sociedad como algo «normal».
A medida que el número venezolanos crece en el país, toman fuerza opiniones y comportamientos xenófobos que aquí se los conocían principalmente por lo que ocurría y ocurre en otras latitudes, con los migrantes africanos en Europa por ejemplo, o por lo que vivieron muchos de nuestros compatriotas que dejaron el país para encontrar una mejor vida en otras regiones. No podemos olvidar que hay alrededor de tres millones de ecuatorianos en el exterior.
En estos días se conoció los resultados de una inspección efectuada por el Ministerio del Trabajo en 600 empresas, alrededor del 60% de éstas tenían contratados extranjeros en situación irregular. Así evaden la inscripción de contratos, la afiliación al seguro social, fijan salarios más bajos y por lo tanto sus utilidades crecen. Quienes contratan migrantes en esas condiciones pagan salarios inferiores en un 30% al oficialmente establecido.
Aquí hay un problema que muchos no quieren ver: la moral de los empresarios que han encontrado en la desesperación de los migrantes la oportunidad para amasar mayores ganancias. La lógica del capitalismo se manifiesta de manera clara: reducción de salarios para elevar la tasa de plusvalía.
Los empresarios hacen con los migrantes lo que quieren establecer en las relaciones laborales de manera oficial: precarizar del trabajo. Para ello cuentan ya, por ejemplo, con mecanismos como el denominado «trabajo discontinuo», las «jornadas especiales y de temporada» que no garantizan estabilidad laboral y limitan el ejercicio de otros derechos como la libre asociación y la contratación colectiva.
Se quiere culpar a los migrantes de las difíciles condiciones de vida que enfrentamos los ecuatorianos, siendo éstas un fenómeno histórico y no circunstancial, y se acepta como normal que los empresarios contraten mujeres con salarios más bajos, que evadan impuestos y hasta obtengan el perdón de sus deudas con el Estado.
«La igualdad, la no discriminación en el empleo y la ocupación es un principio, derecho fundamental y un derecho humano de todas las mujeres y los hombres, en todos los países y todas las sociedades» se puede leer en muchas proclamas, convenios, discursos. Al fin y al cabo, el papel aguanta todo.
