FUNDACION HEIFER ECUADOR
Abril 2014
El presente estudio busca facilitar información que abra la reflexión y discusión sobre posibles impactos en el sector campesino por la puesta en marcha de un Tratado Comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Heifer Ecuador trabaja más de 20 años con sectores campesinos e indígenas del Ecuador. Creemos que siendo este, un sector clave que garantiza el alimento para l@s ecuatorianos, debe ser informado y generarse espacios para que aporten con su opinión, en este tema que directamente les afecta. El estudio fue realizado por Cecilia Chérrez y Elizabeth Bravo. Abril 2014.
¿Negociar Acuerdo de Asociación Ecuador-Unión Europea es negociar un TLC?
Nombres confusos que llevan a confusiones: Acuerdo de Asociación (AdA), Acuerdo Comercial Multipartes, Acuerdo Comercial para el Desarrollo. Una negociación secreta.
La Unión Europea (UE) ha impulsado una avalancha de negociaciones de “Acuerdos de Asociación” (AdA) con los distintos bloques y países de América Latina, como eje vertebral de sus relaciones con la región.
En el año 2000 firmó el primer acuerdo con México; luego vino el de Chile, que entró en vigencia cinco años después; en 2013 entró en vigor el acuerdo con Perú y provisionalmente con Colombia; entre agosto y diciembre del mismo año lo hizo con los países de Centroamérica también de manera provisional hasta que sea aprobado por los respectivos parlamentos; y logró el compromiso de Brasil para relanzar las negociaciones con el Mercosur, detenidas por más de diez años.
Claramente la pretensión de la UE es contar con su propia versión del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsado hace casi una década por EE.UU. y que recibiera el rechazo unánime de los movimientos sociales de la región. La apuesta europea es mostrar a sus Acuerdos de Asociación con rostro aparentemente distinto al de los TLC, considerando que la negociación comercial va acompañada de dos componentes más, uno de diálogo político y otro de cooperación.
Sin embargo, hay poco de verdad en esto. Numerosos análisis provenientes de países como México o Chile, donde ya se han aplicado estos acuerdos, advierten sobre la pretensión de la UE en América Latina: convertir la región en un territorio donde las inversiones europeas cuenten con garantías de privilegio para hacer lucrativos negocios en la extracción de recursos naturales, la construcción de infraestructura, la provisión de bienes y servicios -principalmente a los Estados mediante las compras públicas-; a través de asegurar mercados a su abultada producción -mayormente subsidiada- de cárnicos, lácteos, bebidas, cereales, frutas, verduras, semillas, maquinaria; o mediante la imposición de patentes a través de reforzar los derechos de propiedad intelectual.
Las expectativas de ‘abrir el mercado europeo’ a la producción nacional en la práctica se reduce principalmente a las exportaciones de banano, flores, camarón, atún, frutas tropicales, por lo que la firma de este Acuerdo consolidará el modelo de sobre-explotación agrícola que beneficia al sector agroexportador; y creará condiciones para el abastecimiento de materias primas que necesita la UE, como son los agrocombustibles.
Por otro lado, la experiencia de países signatarios de estos acuerdos indica que el componente de “cooperación” que supuestamente constituye una de las bondades de la negociación, más bien ayuda a no visibilizar condiciones que se imponen sobre los países firmantes. El capítulo sobre “cooperación técnica y científica” del acuerdo con Chile indica que ésta se llevará a cabo particularmente en lo que respecta a las normas de utilización de la propiedad intelectual resultante de la investigación, por lo que puede decirse que viene acompañada de privatización, patentes y otras formas de propiedad intelectual. En el acuerdo con los países del Caribe la cooperación incluye apoyo en la preparación de leyes y regulaciones nacionales para la protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. La “cooperación minera” con México tiene como primer objetivo fomentar la exploración, explotación y utilización provechosa de los minerales.1
Igualmente, los capítulos sobre cooperación económica con Chile y con México plantean en realidad la protección a la inversión; en el caso de Chile, este capítulo incluye consolidar las relaciones económicas en sectores clave como el hidroeléctrico, el del petróleo y el gas, las energías renovables, las tecnologías de ahorro de energía y la electrificación rural, además de un mejor acceso a los mercados del transporte urbano, aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera2
La estrategia descrita en el documento Una Europa Global: competir en el mundo, aprobada en el año 2006 por el Consejo de Europa, contempla la necesidad de garantizar mercados abiertos en todo el mundo donde los tratados de libre comercio juegan un papel central dado que pueden abordarse muchos temas claves, incluidos la inversión, la contratación pública, la competencia, otras cuestiones reglamentarias, y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual3
Si se tiene en cuenta que a partir del año 2008 inició en la eurozona una recesión que continúa hasta la fecha, no es difícil suponer que hayan aumentado significativamente las expectativas de los estados y las corporaciones europeas para que los acuerdos de asociación sirvan para salvar del naufragio a la economía de la UE.
La UE utiliza una estrategia similar a la de EE.UU., cuando este país pasó a negociar tratados bilaterales de libre comercio como una forma de recomponer su fallida ALCA. La UE impulsa negociaciones bilaterales o con grupos más pequeños de países, donde las condiciones desiguales en las negociaciones le aseguran mayores ventajas para obtener mayor liberalización en las compras públicas, más garantías para las inversiones y los derechos de propiedad intelectual, delinear una política de competencia a su favor, y simplificar los procedimientos comerciales. Estos temas quedaron sin resolución en espacios de negociación multilateral como la Organización Mundial del Comercio (OMC), a pesar de los esfuerzos de la UE y otros países industrializados.
Por todo esto, se puede decir que los Acuerdos de Asociación (AdA) y sus derivados son esencialmente tratados de libre comercio. Así lo confirmó además el Comisario Europeo para las Relaciones Comerciales, Peter Mandelson, durante la Cumbre de América Latina, el Caribe y Europa realizada en Lima en mayo de 2008, cuando le recordó a Bolivia que un TLC era parte esencial del AdA y que si no le gustaba podía retirarse de las negociaciones.4
Tal señal de parte de la UE a un país miembro de la CAN en realidad da cuenta del nivel de resquebrajamiento en que se encuentra el proceso de integración subregional principalmente después de la firma de un TLC con EE.UU. por parte de Perú y Colombia, que trajo como consecuencia reformas en la normativa andina para permitir a estos dos países responder a los compromisos asumidos en cuanto a liberalización de mercados.
Con este antecedente, el lanzamiento de las negociaciones con la UE agudizó los conflictos al punto de provocar el aislamiento de Bolivia luego de su oposición a nuevas reformas de la normatividad subregional. Con ello, quedó sin piso la propuesta hecha por este país de que en las negociaciones con la UE se incluya una mesa que atienda transversalmente el reconocimiento de las asimetrías y la aplicación del Trato Especial y Diferenciado.
A partir de entonces el formato de negociación pasó a ser el de un Acuerdo Comercial Multipartes, que cuenta con un mandato negociador elaborado por el Parlamento Europeo.
Se negociaría un acuerdo de carácter OMC Plus, en el que debían asumirse compromisos en todas las materias y los países no podían proponer la exclusión de compromisos y temas. Ecuador ratifica su desacuerdo en negociar un TLC y deja de participar en las últimas rondas argumentando que su objetivo era promover un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo5
Tiempo después, el gobierno nacional anuncia la reanudación de las negociaciones del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE afirmando que no se trata de un TLC.6
El Acuerdo establece los mecanismos de adhesión al mismo por parte de los países andinos no firmantes, en este caso el Ecuador. Adherir al Acuerdo supone mantener como base el acuerdo suscrito por Colombia y Perú y si bien existe la posibilidad de renegociar algunos temas con el fin de adecuarlos a las particularidades e intereses comerciales del país, en la práctica hay limitaciones reales para que el Ecuador proponga un esquema diferente a las bases generales ya establecidas7.
Adicionalmente, como sucedieron los procesos de negociación de los TLC, se imponen cláusulas de confidencialidad que implican un total secretismo respecto a lo que se negocia, impidiendo que la población conozca sobre los impactos sociales y ambientales del Acuerdo.
Las reiteradas peticiones de parte de las organizaciones ecuatorianas para que se transparenten los textos de la negociación, han sido respondidas con el silencio8.
VER INFORME COMPLETO: https://ne1-attach.ymail.com/uk.f1203.mail.yahoo.com/ya/securedownload?mid=2_0_0_1_29262399_AMtwimIAABmKU2EfkCVRAMm3yrY&fid=Inbox&pid=2&clean=0&appid=YahooMailNeo&cred=FNI2LwVcBwJ4YH8mY86k2OjPMU5OzB1cmUTbTJfeSfG7PA–&ts=1399042154&partner=ymail&sig=FuMRy53qQ3psDqTLAuJsKg–
El ocultamiento al implicado directo, la población, sobre lo que a nivel gubernamental podrían negociar, es un claro indicio de que esos acuerdos perjudicarían a la población, gente malvada y sin escrúpulos es la que intenta imponer sus intereses ligados al saqueo de todo un país, como ha sucedido y sucede en diferentes países, en consecuencia, la transparencia ante la opinión pública ha de ser el primer requisito para algún acuerdo decente, de mutuo y equitativo beneficio.