ADIÓS ATPDEA (LEY DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANDINA Y ERRADICACIÓN DE DROGAS): NO ES UNA MALA NOTICIA. Por Fander Falconí y Julio Oleas*

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26 febrero 2011

La “Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas” (ATPDEA, por sus siglas en inglés), antes de 2001 Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA, por sus siglas en inglés), era una concesión del Gobierno de EEUU que libera de aranceles el ingreso de productos originarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia al mercado estadounidense. El objetivo de este sistema de preferencias: fortalecer las actividades legales de los países andinos, como alternativas al tráfico y producción de cocaína. En 2005 Colombia exportó el 40,6%, Ecuador el 38,1% y Perú el 19,9% del total de exportaciones andinas amparadas por el ATPDEA.

El ATPDEA, vigente desde el 31 de octubre de 2002, comprendía unos 6.300 productos, muy pocos de ellos aprovechados por el sector productivo ecuatoriano. Desde el 31 de diciembre de 2006, fecha en que debía expirar, el Gobierno y el Legislativo estadounidenses tuvieron un magnífico pretexto para someter a su escrutinio la conducta de los países andinos, como ocurrió en noviembre de 2008, cuando se excluyó a Bolivia por no someterse a los dictámenes de Washington sobre control del tráfico de cocaína. Los esfuerzos del resto de naciones andinas –en la lucha antidrogas- justificaron las prórrogas de las preferencias por seis, ocho o 10 meses por vez hasta que, tras un último aplazamiento irrisorio de seis semanas, el 12 de febrero de 2011, el Senado norteamericano se negó a renovarla.

Para el Perú, el ATPDEA ya no tiene importancia, pues se decidió por la vía del desarrollismo dependiente, regulado por un TLC. Para Colombia todavía importa -igual para Ecuador- mientras no se apruebe su propio TLC, estancado desde hace cinco años por consecuencia del prontuario que acarrea en temas de derechos humanos. Si el Legislativo estadounidense decidiera hacer de la vista gorda con ese prontuario, el restablecimiento del ATPDEA seguiría siendo de interés para el conjunto de empresarios ecuatorianos que usufructuaron de él, para los proveedores de esas actividades y, de alguna manera, para la mano de obra empleada en ellas.

Algunos de esos empresarios han afirmado que el Gobierno ecuatoriano carece de perspectiva comercial definida. Igual opinan varios grupos de presión tradicionales, articulados en torno a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, donde también confluyen prominentes importadores. Es entendible que a este grupo de empresarios importadores y exportadores les interese mantener el status quo y, más todavía, que pretendan arrinconar al Ejecutivo para obligarlo, pese a la Constitución de Montecristi, pese al Plan Nacional para el Buen Vivir y las agendas sectoriales del Gobierno, a negociar tratados de libre comercio.

¿Interesa o no el ATPDEA?

La pregunta es: ¿realmente le debería interesar al Ecuador recuperar el ATPDEA? En primer lugar, es evidente que, a corto plazo, los exportadores que se beneficiaron de él se verán perjudicados por la supresión de las preferencias. El nivel del perjuicio varía según el gravamen del sector y el volumen exportado. Y su cuantificación sería posible estableciendo un precio de referencia. A largo plazo, el problema es distinto. No es un problema de costo de oportunidad o de reducción de ingresos, sino de competitividad. El diferencial de aranceles, en especial en sectores como el maderero, erosionaría paulatinamente la participación ecuatoriana en el mercado de EEUU. Eso traería consecuencias negativas en cuenta corriente, liquidez interna, empleo y tejido empresarial relacionado. Al no renovar el ATPDEA, el legislativo norteamericano añade una razón adicional para el déficit de la balanza comercial, en consecuencia, suma otro factor contra la estabilidad de la dolarización. El ATPDEA fue una concesión unilateral, no una dádiva. Según EEUU, sirvió para reconocer el esfuerzo en el combate al narcotráfico, una compensación mínima por la inversión requerida para luchar contra ese azote social. En el muy imperfecto y asimétrico mundo de las relaciones internacionales, una potencia mundial tiene la capacidad de subordinar preferencias arancelarias –un tema comercial por excelencia- a sus intereses geopolíticos y a la consolidación de su hegemonía hemisférica.

En el campo del combate al narcotráfico, Ecuador presenta resultados inigualables que le hacen plenamente merecedor del reconocimiento internacional. Pero, así como Ecuador tiene la obligación jurídica y ética, frente a sí mismo y frente a la comunidad internacional, de realizar sus mejores esfuerzos para combatir el narcotráfico, no es menos cierto que, siendo el ATPDEA una concesión unilateral, el concesionario tiene derecho de mantenerla o eliminarla según su voluntad. Se puede anticipar que, sin las preferencias andinas, Ecuador no dejará de extremar su lucha contra ese cáncer social y, con ese propósito, puede cultivar lazos de cooperación con uno de los principales centros de demanda mundial de cocaína –EEUU- dentro de los límites del respeto a las soberanías de los países cooperantes.

 Resultados pobres… pese a todo

En 2005, ante la inminente caducidad del ATPDEA (diciembre de 2006), un país con un larguísimo historial proteccionista como EEUU determinó en el informe “The Impact of the Andean Trade Preference Act, Twelfth Report 2005”, del United States International Trade Commission (USITC) que las importaciones estadounidenses cuyo único beneficio era el ATPDEA solo representaba 0,7% de todas sus importaciones. El conjunto de importaciones andinas beneficiadas con esas preferencias no tenía efectos significativos contra los norteamericanos, aunque sí podría tenerlos para los productores de espárragos, rosas frescas cortadas, crisantemos, anturios y orquídeas. Sin embargo, también puntualizaba que las importaciones de los 20 principales bienes beneficiados con las preferencias producían incrementos de bienestar para los consumidores norteamericanos. Ese informe anticipó que si el ATPDEA se prorrogaba luego de 2006, el efecto para el sistema productivo de EEUU sería prácticamente inexistente.

Sin embargo, en esa ocasión, el USITC no pudo dejar de concluir que el ATPDEA no había tenido los efectos esperados en la erradicación de los cultivos de coca. Entre 2001 y 2005 esos cultivos crecieron en Bolivia y Perú. En este último, crecieron 38% entre 2004 y 2005. En resumen, pese a su menos que marginal efecto sobre la economía de EEUU, el ATPDEA ya era insatisfactorio como instrumento de lucha contra el tráfico de drogas por el lado de la oferta.

Si se adjunta la pérdida de significación del ATPDEA (por lo ocurrido con Bolivia y Perú, y por lo que podría ocurrir con Colombia), el afán ecuatoriano de denunciar los tratados de protección de inversiones, el cambio de participación en las rentas petroleras a favor del Estado ecuatoriano en desmedro de las empresas norteamericanas (iniciado en 2006), la no renovación del acuerdo para utilizar la Base de Manta, la insumisión ecuatoriana al mantener relaciones de cooperación con Rusia, la cercanía a Venezuela y Bolivia, la expulsión de funcionarios diplomáticos norteamericanos inmiscuidos en asuntos sensibles para la soberanía nacional, la adhesión al ALBA, el cambio de correlación de fuerzas en el legislativo norteamericano y, como la guinda sobre el pastel, la reciente sentencia contra Chevron-Texaco por daño ambiental y social, ¿qué opciones reales de prórroga quedan?

La necesidad del ATPDEA es palpable para los sectores productivos beneficiados. Pero de ahí a poner en entredicho una sentencia judicial de un tribunal ecuatoriano por daño ambiental y social, para preparar el camino de la recuperación de las preferencias ‘perdidas’ (¿cuándo y cómo las ganamos?), hay una distancia infinita, que solo se comprende con la noción de que la dependencia es un fenómeno social, económico y mental. Es más, en una visión más amplia de la posición ecuatoriana en el ámbito global, la no renovación del ATPDEA es una magnífica oportunidad para acentuar la política de “desnarcotización” de su relación Ecuador-EEUU. Sin esas preferencias –que mezclan lo comercial con la lucha contra el narcotráfico- será mucho más fácil dimensionar la falta de reglas comerciales bilaterales y la necesidad mutua de arreglar un acuerdo estable y de largo plazo, al margen de los engañosos principios del libre comercio y, por supuesto, al margen de la invasiva política estadounuidense de control del mercado de drogas. En otras palabras, sin ATPDEA será mucho más evidente, para las dos partes, negociar un auténtico acuerdo comercial que, en la visión ecuatoriana, no puede ser sino para el desarrollo… ¡no un TLC!

En forma falaz e irresponsable sectores empresariales argumentan que el ATPDEA no se ha renovado porque Ecuador carece de política comercial. Este argumento, claramente, es un eufemismo para significar el descontento que causa en ciertos sectores sociales que el Gobierno ecuatoriano no se allane a las políticas de libre comercio que le han querido imponer sus vecinos, EEUU y ahora la Unión Europea. Esos sectores son los mismos que quisieron un TLC con EEUU, que renegaron de las salvaguardias por balanza de pagos y cambiaria erigidas en 2009 para proteger la dolarización, los mismo que deploraron la terminación del acuerdo de la Base de Manta y que siguen sin asimilar la derrota política sufrida en Montecristi durante 2008. No es que no haya política comercial, lo que ocurre es que el desarrollo endógeno y la planificación económica repugnan a la empresa monopolista que durante décadas ha servido de nexo entre el capital del centro y el de la periferia, como herramienta irreemplazable del antidesarrollo.

Para esos sectores empresariales, la pérdida del ATPDEA puede convertirse en pretexto para recuperar viejas prácticas rentistas. Cualquier tipo de compensación –financiera, tributaria o fiscal- que se quiera establecer para mejorar los ingresos de los empresarios que han usufructuado del ATPDEA, solo tendría sustento político si se acepta que el Estado ecuatoriano está obligado a asumir los costos privados derivados de una decisión soberana y unilateral de EEUU. Una decisión de este tipo solo reeditaría, en otro contexto, mecanismos de socialización de pérdidas privadas, como a su momento fueron la ‘sucretización’ de la deuda externa privada (años 80) o el salvataje bancario (años 90).

Como en aquellas ocasiones, en ésta también se tratará de justificar el salvataje empresarial aduciendo la necesidad de preservar el empleo, sin transparentar la verdadera condición de la distribución del valor agregado en cada cadena productiva. Si este salvataje tuviese sentido lógico y, de alguna manera expresase algún grado de justicia social, ¿por qué el Gobierno no ha indemnizado y subsidiado a las multitudes de migrantes ecuatorianos, discriminados y abusados en territorio estadounidense? Esos migrantes contribuyen desde su expatriación –igual que floricultores o industriales del atún- a sostener el modelo económico que en su día les obligó a abandonar el país.

*Texto especial para b10 escrito por: Fander Falconí (ex Canciller de Ecuador; Coordinador, Programa de Doctorado de Economía del Desarrollo, Flacso) y Julio Oleas (profesor investigador asociado, Programa de Economía, Flacso)

fuente: http://www.b10.com.ec/2011/02/26/adios-atpdea-%c2%bfmala-