Por Paulina Escobar*
Aunque la actividad de las ciudades se detuvo con la expansión de covid-19, no ocurrió lo mismo con el trabajo del campo. Sí, los campesinos e indígenas quedaron más aislados que nunca de la atención pública y mediática, pero no se acomodaron en el lamento y la queja, continuaron labrando la tierra que da el sustento al campo y a la ciudad.
“Seguimos trabajando, pese a las limitaciones porque si hubiéramos dejado de trabajar las ciudades hubieran sentido el desabastecimiento de productos”, indica Romelio Gualán, representante de la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), al hacer un balance de este tiempo de crisis y pandemia. Determinar –desde el sector público o desde las organizaciones campesinas- una cifra real de productos que salieron del campo a la ciudad durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria sería impreciso porque en algunos casos salieron, pero no llegaron. El único monto que reportó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fue el de la comercialización de 27.000 canastas agroecológicas-entre marzo y junio-, como parte del programa Agro Tienda Ecuador, las ferias ‘De la mata a la mesa’ y otras redes de comercialización.
Lejos de las cifras, cuando los productores asimilaron las dificultades que suponía el estado de excepción para el abastecimiento de alimentos -debido al cierre de ferias y mercados por considerarse focos de contagio-, también resolvieron continuar con sus actividades en el campo, sorteando cualquier limitación en el camino y en todas las etapas (producción, cosecha, distribución).
Cuando el dirigente habla de limitaciones se refiere, por ejemplo, a los permisos que, de acuerdo con el protocolo de emisión y control de salvoconductos, habilitaban en pleno confinamiento el ingreso de la producción agrícola a las ciudades, aunque en ocasiones lo obstruían. En otros, la tónica era el decomiso de los productos, lo que significaba retraso en la entrega de los alimentos, pero también pérdidas económicas. Algunos productores lograban “sortear” esos controles para pasar los productos de un lado a otro, “casi de manera ilegal”, porque no tenían otra opción, según comenta.
“Seguimos trabajando, pese a las limitaciones porque si hubiéramos dejado de trabajar las ciudades hubieran sentido el desabastecimiento de productos”
–Romelio Gualán, Coordinadora Nacional Campesina (CNC)
A la inversa, el cierre de la actividad económica en las ciudades impidió que los agricultores y campesinos accedan a insumos y fertilizantes para cumplir con sus labores de siembra, recuerda Raquel Silva, secretaria ejecutiva de la organización Tierra y Vida. Y aunque el resultado fue la disminución de la producción agrícola, en diferentes recintos y comunidades de Guayas la necesidad los llevó a retomar el uso de insumos agroecológicos, elaborados a partir del estiércol de vacas y gallinas, melaza y hojas secas. Esta práctica favoreció no solo la fertilización de la tierra y el cuidado de los cultivos, sino también la calidad de los productos. De la mano de organizaciones campesinas y la organización FIAN Ecuador, que impulsa el derecho a una buena alimentación, productores de Tierra y Vida también se han beneficiado de capacitaciones para elaborar otro tipo de insumos minerales, además de insecticidas biológicos.
Hacer frente a la adversidad fue parte de la cotidianidad en el campo, desde el inicio de la pandemia y, en muchos aspectos, lo sigue siendo hoy. Esto, pese a que el 70% de la alimentación del país depende de los actores de la agricultura familiar, campesina e indígena. El embate de la crisis sanitaria ha tenido efectos en diferentes sectores, pero, en lo que respecta a la seguridad alimentaria, ya en abril del presente año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que la pandemia repercutiría en un incremento del hambre y la pobreza. ¿Cuáles han sido las condiciones para la estabilidad de esta agricultura? ¿cuáles han sido los efectos y cuáles las respuestas?
Iniciativas y medidas frente a la demanda y comercialización interna
El cierre de mercados y ferias populares fue una de las dificultades que debió enfrentar el campo durante la crisis sanitaria. Una encuesta realizada, en julio de este año, por la FAO y la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento en 71 mercados mayoristas de 15 países de la región identificó a la disminución de la demanda como la principal dificultad, lo cual reafirma el panorama que vivían las comunidades rurales en Ecuador.
Algunas comunidades reactivaron el trueque, mientras otras encontraron iniciativas para vender su producción de forma directa. Por ejemplo, en el contexto del programa ‘De la mata a la olla’, de la fundación Heifer Ecuador, alrededor de 400 campesinos y productores de Azuay, Pichincha, Cotopaxi y Santa Elena comercializaron productos entre regiones, cumpliendo protocolos de producción y acopio, y beneficiándose de precios justos. “Así como los médicos se han jugado la vida para salvar vidas, los campesinos estuvieron en primera línea para abastecer de alimentos a las ciudades”, destaca Rosa Rodríguez, representante de Heifer Ecuador.
Esta iniciativa ha pasado por diferentes etapas, involucrando a varios actores en todo este tiempo. Al inicio de la crisis, por ejemplo, elaboraron un protocolo con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar, porque los campesinos desconocían medidas específicas de protección personal y de salubridad en los centros de acopio. Poco a poco identificaron lugares donde recolectar los productos, así como zonas donde canalizarlos, con el apoyo de organizaciones barriales y gobiernos autónomos en Quito, Cuenca, Machala y Santa Elena. Una vez establecidos, lograron comercializar canastas con granos frescos y secos, verduras y hortalizas; harinas, papas, gallinas de campo y huevos, además de lácteos. Con la respuesta de la gente, los actores de esta iniciativa se aprestan en un corto plazo a diversificar sus ventas a través de ferias móviles y entrega a domicilio en nuevos sectores como –en el caso de Quito- los barrios del norte y centro de la ciudad.
Por parte del sector público, los circuitos alternativos de comercialización fueron una opción, así como la implementación de corredores logísticos por parte de los ministerios de Agricultura y el de Transporte y Obras Públicas. Otras acciones han sido, por una parte, la creación del programa Agro Tienda Ecuador, para facilitar la venta directa de hortalizas, frutas, huevos y lácteos a los consumidores; y, además, en el contexto de la celebración del Mes de la Agricultura Familiar y Campesina que se conmemora en octubre, se anunció la implementación de una agenda de la agricultura familiar y campesina. También, en esta misma línea apunta el fortalecimiento de las capacidades de quienes trabajan en este segmento, así como la revisión de los pilares del Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028), declarado por las Naciones Unidas a este período, como una oportunidad para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así como los médicos se han jugado la vida para salvar vidas, los campesinos estuvieron en primera línea para abastecer de alimentos a las ciudades”.
–Rosa Rodríguez, representante de Heifer Ecuador
Las buenas, pero “mínimas” acciones, sin embargo, no frenaron el abuso de los intermediarios. Con tal de vender sus productos, muchos agricultores debieron aceptar lo que les ofrecían, señala Romelio Gualán (CNC), organización que agrupa a alrededor de 35.000 pequeños y medianos agricultores de 18 provincias del país. En la Sierra, por un litro de leche, el productor recibía 0,20 centavos de dólar, cuando el precio de sustentación es de 0,45 centavos de dólar; por un quintal de cebolla 3 ó 4 dólares, cuando en el mercado su precio se duplicaba. En la Costa, los productores debieron vender en 1 dólar y hasta en 0,50 centavos de dólar un racimo de verde, reclama Raquel Silva, secretaria ejecutiva de la organización Tierra y Vida. Lo mismo se replicó con el maíz, la papa, el fréjol y otros productos que ni siquiera cuentan con precios de sustentación.
La intermediación sigue mermando los ingresos de quienes trabajan la tierra, ante la ausencia de una política de control de precios que de existir evitarían la especulación y las dificultades económicas en el campo. En la Amazonía, por ejemplo, no fueron las instituciones públicas las que intervinieron con asesoría para el establecimiento de un mercado justo, sino la autogestión. De la mano del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, los agricultores pudieron comercializar sus productos de forma directa, sobre todo en momentos en que las condiciones de movilidad y comunicación eran desfavorables. Se unieron a este esfuerzo también la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Agroindustria, la huella que amenaza a la agricultura familiar y campesina
El banano, el camarón, el cacao, el café y las flores son los productos estrella de la agroindustria y de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Pese al impacto de la crisis sanitaria (cierre de fronteras, dificultades de transporte, flujo limitado de contenedores y turnos en navieras), las cifras de las exportaciones de banano revelan un crecimiento entre enero y agosto. Según las estadísticas del Banco Central, el sector exportó 2.600 millones de dólares, mientras en el mismo período de 2019 la cifra llegó a 2.200 millones de dólares. Pero, mientras la actividad productiva del sector bananero se mantenía, los demás sectores vieron reducir sus ingresos, con relación al año anterior (enero-agosto). Las exportaciones de café disminuyeron de 3.560 millones a 3.467 millones de dólares; las de camarón de 2.580 millones a 2.501 millones de dólares; las de flores de 617 millones a 580 millones de dólares y las de cacao de 351 millones a 432 millones de dólares.
El panorama se presentó así, pese a que estos sectores de la agroindustria se beneficiaron de políticas de flexibilización laboral que atenuaron el impacto económico para las empresas; por ejemplo, el acuerdo ministerial de Jornada Laboral Emergente (suscrito en marzo), que dio la potestad al empleador privado de reducir, modificar o suspender la jornada laboral, o la ley de Apoyo Humanitario (aprobada en mayo), que permite la vigencia de contratos de emergencia por dos años, pero que reduce la jornada a 20 horas/mes con un salario y aportes a la seguridad social proporcionales al ingreso, y, que en conjunto, facultaron despidos masivos o precariedad laboral para los trabajadores y productores dependientes de la agroindustria. De acuerdo con el informe ¿Crisis alimentaria en Ecuador? Nuestro derecho a la alimentación en tiempos de covid-19, este tipo de medidas de política pública adoptadas en la pandemia se ha limitado a sostener y fortalecer los capitales y la cadena productiva de la agroindustria, vulnerando también el derecho a la alimentación y los derechos campesinos (acceso a educación, salud, trabajo, agua). El documento advierte, además, que los efectos de la crisis sanitaria en torno a la alimentación son tanto inmediatos como de mediano y largo plazo.
Las instituciones e investigadores que participaron del informe (FIAN Ecuador, FIAN Internacional, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio del Cambio Rural y la organización Tierra y Vida) coinciden en que tanto las medidas que han formado parte del estado de excepción –desde el inicio de la emergencia, en marzo- como los efectos que se sentirán de manera paulatina han puesto en duda el apego del Estado al denominado derecho a la alimentación y nutrición adecuada, garantizado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento, a su vez, adoptado por las Naciones Unidas. En el informe se identifican 14 conflictos que permiten evidenciar los derechos campesinos y mandatos constitucionales que han sido vulnerados, durante la crisis sanitaria. Entre los conflictos se menciona a la reducción de exportación de productos agropecuarios como causa de despidos y reducción de horas de trabajo; la ineficiencia e inexistencia de atención de salud en zonas rurales, el cierre de marcados campesinos y populares; mientras, los derechos vulnerados son el derecho al trabajo, al acceso al agua, la salud, la educación; además, de la garantía de la soberanía alimentaria.
Frente a la necesidad de fomentar y asegurar la estabilidad de la agricultura familiar campesina, Esteban Daza, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, recomienda la inclusión de productores del campo con el fin de evitar la acumulación de un abandono estructural del sector. La pandemia ha evidenciado que se trata de un sector invisibilizado que requiere apoyo, sobre todo en torno a la producción, el transporte y la comercialización de sus productos. El informe arriba citado insiste en que las cadenas de supermercados y sus socios comerciales han tenido privilegios durante la pandemia, sobre todo en su actividad productiva, transporte e incluso relaciones laborales. Sin embargo, a costa de la pérdida de empleos o de la precarización de las condiciones de trabajo. Un ejemplo de ello es la cifra de trabajadores despedidos en el sector florícola. Según reportó la Asociación de Productos y Exportadores de Flores (Expoflores), en mayo este valor fue de 8.000 despidos, y en agosto llegó a 10.000 personas que trabajaban de forma directa, aunque la afectación también se extendió a otras 6.000 personas que laboraban de forma indirecta para el sector.
“Las cadenas de supermercados y sus socios comerciales han tenido privilegios durante la pandemia, sobre todo en su actividad productiva, transporte e incluso relaciones laborales, a costa de la pérdida de empleos o de la precarización de las condiciones de trabajo”.
–Informe FIAN Ecuador
Una mirada urgente desde la política pública
Implementar acciones urgentes para garantizar la seguridad alimentaria fue el llamado que, en mayo de este año, hizo la FAO a los gobiernos en medio de la propagación del coronavirus en el mundo entero. En su declaración oficial subrayó la necesidad de brindar atención y respaldo especial a las acciones relacionadas a la alimentación y la agricultura, sugiriendo a los gobiernos declararlas en cada país, como “estratégicas y de interés nacional”.
Aun antes de la pandemia, la FAO advertía sobre el empeoramiento de las condiciones para garantizar la seguridad alimentaria en los países de América Latina y el Caribe. La llegada del virus no hizo más que acelerar el panorama negativo. Sin embargo, el impacto más importante recayó sobre quienes debían recluirse en confinamiento y no han podido acceder a alimentación ni a insumos básicos.
En el contexto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030), la FAO recomendó en su informe implementar “lo antes posible” estrategias post-covid-19 para garantizar el cumplimiento de las metas de los ODS, especialmente la denominada ‘Hambre cero’.
Las recomendaciones apuntaron a reducir los riesgos frente a la oferta y la demanda. En cuanto a la oferta, frente a limitaciones de acceso a insumos intermedios, a crédito, a la reducción de mano de obra y a la distribución y comercialización de alimentos; y, con respecto a la demanda, frente a la reducción de la capacidad adquisitiva para comprar alimentos. Además, considerando las particularidades de cada país de la región, la FAO recomendó una medida de base y común a todos los países, la de declarar a las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas y de interés público nacional.
Pero, mientras el confinamiento se generalizaba, las instituciones públicas definían acciones y la actividad económica disminuía su ritmo en las ciudades, diversas organizaciones sociales dirigieron su mirada al campo para identificar las principales dificultades que atravesaban agricultores y productores, pero también para plantear alternativas de respuesta inmediata. Eso lo refleja el informe De quienes nos alimenta, la pandemia y los derechos campesinos en Ecuador , elaborado por el Observatorio del Cambio Rural, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, las organizaciones FIAN Internacional y FIAN Ecuador, además de Unión Tierra y Vida, con el apoyo de instituciones como la obra episcopal Misereor, Forum SyD y la fundación Rosa Luxemburg. Democratizar la tierra, así como el acceso al agua, semillas, sistemas de riego, créditos, logística e infraestructura productiva son los aspectos identificados en este informe como prioritarios a ser atendidos desde la política pública para impulsar la agricultura familiar campesina y al mismo tiempo garantizar la soberanía alimentaria del campo y la ciudad.
“Aun antes de la pandemia, la FAO advertía sobre el empeoramiento de las condiciones para garantizar la seguridad alimentaria en los países de América Latina y el Caribe. La llegada del virus no hizo más que acelerar el panorama negativo”.
Atención médica y condiciones de trabajo limitadas
La falta de información sobre prevención del contagio de covid-19 y el aislamiento se sumaron a las deficiencias del sistema público de salud en la ruralidad. En el país, el 75% de los establecimientos de salud pertenecen al sector público y el 25% al sector privado. La mayoría de establecimientos públicos -urbanos y rurales- pertenecen al sistema de salud pública (53%), mientras que el porcentaje restante es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de los institutos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de acuerdo con el Observatorio Social del Ecuador (OSE). Con el inicio de la pandemia, los problemas en el campo no solo se relacionaron a la falta de información preventiva y de mascarillas de protección, sino a las dificultades para recibir atención médica.
Por lo menos en Guayas, los centros de salud del sector rural estaban colapsados o cerrados. “Hasta los médicos se enfermaron y mandaban a los pacientes a Guayaquil”, recuerda Raquel Silva al hablar de los meses más difíciles de la pandemia (marzo y abril). Poco después, el Ministerio de Salud reportó el contagio de 1.851 médicos, 911 enfermeras/os, 432 auxiliares, 101 profesionales de obstetricia y 89 de odontología, lo cual representó el 9,5% de casos confirmados por el COE nacional, a junio del año en curso.
Para mitigar el impacto, las comunidades volvieron al consumo de aguas medicinales para fortalecer el sistema respiratorio. Quienes fallecieron, fueron por ineficiencia o falta de atención médica.
Por otro lado, la falta de información sobre lo que estaba pasando en Guayaquil, de alguna manera fue positiva, porque evitó una mayor conmoción en el campo. Lo que sí fue notorio fue el retorno de familias de la ciudad al campo y fue “por ellos que nos enteramos de lo que estaba pasando”.
Muchos eran jóvenes que se integraron a las tareas del campo, debido al cierre de actividades en la ciudad y posteriores incumplimientos de derechos laborales e incluso despidos en empresas y fábricas. De acuerdo con información recopilada por organizaciones indígenas y campesinas, como Tierra y Vida, que agrupa a 5.000 productores de Guayas y Los Ríos, fue en florícolas, bananeras y empresas cacaoteras donde hubo un mayor impacto para los trabajadores. El sector florícola recurrió a suspensiones sin sueldo y también a despidos; en el sector bananero se denunció doble exposición a contagios: enfermedades respiratorias por fumigaciones habituales y ausencia de medidas sanitarias frente al covid-19; y, en el sector cacaotero se redujeron las contrataciones de mano de obra externa, debido a la caída del precio del cacao.
Para mitigar el impacto (de covid-19), las comunidades volvieron al consumo de aguas medicinales para fortalecer el sistema respiratorio. Quienes fallecieron, fueron por ineficiencia o falta de atención médica.
*Paulina Escobar es investigadora, docente y periodista freelance. Actualmente investiga las dinámicas de trabajo de los medios y los periodistas en el contexto digital, como parte de su tesis doctoral.
Fotografías: Heifer y Ministerio de Salud Pública.
