El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. No obstante, en Ecuador, elegimos que esa fecha sea un día que cambie la historia de muchos cuerpos invisibilizados por años y décadas.El 17 de mayo de 2019 se presentó por primera vez en Ecuador una denuncia hacia el Estado por graves violaciones de derechos humanos en contra de mujeres trans ocurridas en la época de los años 80’s, 90’s y 2000, así como en contra de integrantes del colectivo LGBTI.
Ser lesbiana o gay, en un contexto influenciado por la religión judeo-cristiana, ha sido visto como algo pecaminoso, erróneo, anormal o como si la orientación sexual estaría ligado a problemas de violación, de traumas psicológicos infantiles o falta de cuidado parental. Esta situación empeoraba más aun con las personas trans.
Hasta el 25 de noviembre de 1997, mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo estaba penado con una sanción de 4 a 8 años de cárcel, es decir, que ser homosexual estaba prohibido por la ley, en la medida en la que el Estado “o los afectados” probaran que realmente eras gay o lesbiana. Estas relaciones, en su mayoría, se desarrollaban puertas adentro.
En esa misma época, puertas afuera, varios sectores de la ciudad capitalina como el puente de El Guambra, La Mariscal o en centro histórico de Quito se constituyeron puntos de encuentro de las mujeres trans. “El trabajo sexual se convirtió en una opción de subsistencia de los diferentes grupos travestis y transexuales que veían en esta labor como una actividad que les permitía cubrir sus gastos básicos como alquiler, alimentación, ayuda a sus familias y otros menesteres”[1].
Esto, en medio de una sociedad curuchupa, conservadora de supuestas buenas costumbres y moral gobernada por el Partido Social Cristiano presidido por el expresidente León Febres Cordero, señalado por instaurar un sistema de represión estatal en el país. Esta perfecta combinación concluyó en una estructura estatal violenta que atacaba a quien podía identificar en este espacio público como lo “en contra”, “lo anormal”, “lo indecente”, lo que atentaba a “la moral y las buenas costumbres” y lo que representaba “peligrosidad” para el status quo. Estructura que estaba normalizada, y de cierta manera, aceptada y apoyada por la sociedad ecuatoriana.
Pero la violencia, cada vez se intensificaba más, ya no solo en las ciudades capitalinas, sino también en cada provincia. Tampoco se circunscribía a un solo gobierno con varias políticas públicas como, por ejemplo: “Más Seguridad”, sino que traspasaba gobiernos. La violencia era tan grande, que ya no le pertenecía al presidente, su partido y su ideología, sino que le pertenecía al Estado y sus fuerzas policiales y militares.
Hasta ahora, no se cuenta con información oficial de la cantidad de víctimas de la comunidad LGBTI, específicamente mujeres transfemeninas de estos años. El único documento que registra esta vulneración de derechos a este colectivo, por parte del Estado, es el Informe de la Comisión de la Verdad, que admite que hubo persecución y vulneraciones de derechos humanos en contra grupos LGBTI; no obstante, no hay individualización, investigación, responsabilidad ni sanción.
Por esta falta de información oficial no se cuenta con estadísticas sobre las muertes de mujeres trans que fueron detenidas de manera arbitraria por trabajar en las calles, violadas y torturadas. Tampoco han sido sancionados los responsables, ya sean civiles, policías o militares.
De la información que el colectivo Coccinelle recolectó a través de los años podemos conocer la existencia de 25 asesinatos ocurridos en varias provincias, en donde los patrones de violencia y odio se repiten: “Nueve puñaladas”, “Asesinado presuntamente por pandilleros conocidos por matar a las “chicas” de la Marín”, “Atacado a golpes, es trasladado al hospital en estado vegetativo y muere”, “Muere estrangulado, con cortes en las manos y atados de manos y pies”, “Muere con las manos atadas a la espalda, con señales de tortura en la quebrada del Río Machángara”, “Asesinado con 42 puñaladas en su domicilio”, “Asesinado a balazos en el sector de la Mariscal”… De los cuáles no hay un seguimiento oportuno o ni siquiera se empezaron procesos judiciales.
En 20 recortes de periódicos se cuenta al menos 25 víctimas de violencia por parte de los funcionarios de la fuerza pública que hicieron uso de su poder para vulnerar los derechos de las mujeres trans. En las noticias se registran que “recibieron golpes por los policías por realizar una marcha en donde les golpearon con un tolete, diciendo que era de parte de la reconocida defensora de derechos humanos, la hermana Elsie Monge. (…). Además de ser detenidos y maltratados al momento de su captura, se los golpea, patea, se los obliga a desnudarse y se azuza a perros para que los muerdan”; “a quienes les obligaron a subir a un carro de policía: les golpearon con las pistolas, gas lacrimógeno, robaron dinero y pertenencias. Los obligaron a hacerles sexo oral, los violaron y los abandonaron desnudos”; “detenido, gaseado y humillado”, etc.
Esta información solo se la pudo extraer del periódico Extra, que reportaba los asesinatos, torturas, detenciones, así como los reinados de mujeres trans, pero con un lenguaje violento, machista, homofóbico y discriminador. Pero, dentro de esta escenario de falta de información por parte del Estado y por otros medios, esta era la única fuente con la que se contaba.
La denuncia recoge este archivo histórico, pero también testimonios personales de algunas de las sobrevivientes de Coccinelle, quienes relatan sus historias de vida durante el gobierno de León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad. Mujeres que sobrevivieron al Escuadrón Volante; y a las noches interminables de detención sin tener alguna noticia de sus familiares o saber cuál iba a ser su destino. Mujeres que sobrevivieron a la represión policial que las obligaba en la madrugada a sumergirse en la laguna: desnudas y roseadas de gas pimienta en todo el cuerpo; víctimas de violación y de interminables insultos, toletazos y robos por parte de los policías y militares.
Son historias dolorosas que parecen alejadas a nuestra realidad, pero que son experiencias que claman verdad, que claman justicia y sobretodo memoria. Ahora, ellas nos cuentan cómo viven sus vidas de manera precaria porque no tuvieron el acceso como cualquier ciudadana, a servicio de salud de calidad, a un buen trabajo (que no se redujera a la prostitución o las peluquerías), a un proyecto de vida acorde a su identidad, sus expectativas. Ellas son producto ahora de proyectos de vida truncados por la violencia estatal y la normalización social, empeorados por la falta de respuesta efectiva, actual y la discriminación constante.
Y por esto, que una vez más se organizan y surge la Nueva Coccinelle que viene recargada: con sufrimiento a sus espaldas, con condiciones no suficientes para tener una vida digna, enfermas, pero con una consigna muy clara: que la sociedad no se olvidé de cómo las trató, de que el Estado no se olvidé que fue el actor principal y responsable, por acción y por omisión, ante un sistema violentador de lo diferente. Justamente por esta responsabilidad tiene que ser el mismo Estado quien se encargue de encontrar la verdad, de tener procesos de investigación objetiva, de judicialización y sanción a los autores directos e indirectos, los que daban órdenes y quienes las cumplían. Pero, además, que se les otorgue reparación integral en todos los niveles: garantías de no repetición, indemnizaciones y medidas de rehabilitación, etc. Todo un conjunto de actos estatales que representen una verdadera disculpa hacia tantos cuerpos violentados, física y psicológicamente a lo largo de tanto tiempo. Y que vemos que son cuerpos, que hasta ahora, con otras formas de violencia, son violentados.
La denuncia contra el Estado ecuatoriano se la presenta por dos tipos penales: persecución (Art. 86) y delitos de lesa humanidad (Art. 89). Los dos se enmarcan en graves violaciones de derechos humanos, lo que hace que sean imprescriptibles y que no puedan ser respondidos a través de amnistías o leyes de obediencia debida, es decir: no importa cuánto tiempo pase, ni si solo “recibiste una orden” y no “sabías” lo que hacías, el Estado es responsable y tiene que responder.
También son delitos que se enmarcan en un ataque sistemático y generalizado, en contra de una población civil por razones de identidad. Estas fueron las mujeres trans, especialmente las Coccinelle, quienes se unieron para clamar justicia, en 1997 y ahora.
Son delitos que por separado: asesinato, tortura, detención arbitraria, violencia sexual hubieran prescrito hace mucho, pero al estar bajo una estructura estatal permanente por casi 3 décadas se convierten en delitos de lesa humanidad.
Ahora se espera que la denuncia sea conocida por la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado y que esta entidad se encargue del proceso. La pelota queda en su cancha, nuevamente; pero en nuestra cancha también, como sociedad civil, como persona LGBTIQ+, como persona de una sociedad que quiere justicia, es nuestra obligación recolectar más y más información de cualquier índole para aportar a este proceso.
Es justo aquí, en donde se necesita unir fuerzas para que el pasado no se olvide, para que el presente dé una respuesta efectiva y para que el futuro cambie no solo para las víctimas, sino también para la comunidad LGBTIQ+ que luchan cada día para recibir la vida digna que merecen.
* Asesora legal de INREDH. Abogada graduada en la Universidad San Francisco de Quito con honor Cum Laude y subespecialidad en Ciencias Políticas. Mujer activista, feminista, debatiente y defensora de derechos humanos.
[1] CABRAL y Cabrera Alberto. Los fantasmas se cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Primera Edición, Quito – Ecuador, pág 77
