Vivimos tiempos paradójicos. Varios países de América Latina han cambiado la matriz dominante del modelo neoliberal[1] mediante gobiernos que giran hacia la izquierda[2] y con procesos de cambio que han supuesto transformaciones sociales y estatales que apuntan a un horizonte de emancipación. Sin embargo, nos encontramos en estos procesos con enormes dificultades para salir de un modelo extractivista, o para generar políticas públicas que desarrollen nuestras nuevas constituciones de acuerdo al proyecto político que históricamente han venido construyendo los organizaciones sociales y pueblos indígenas, movimientos que han posibilitado estos momentos de transición mediante sus luchas históricas.

La reciente victoria del nacionalista Ollanta Humala en Perú[3], así como la continuación del lulismo en Brasil por medio de Dilma Roussef, nos lleva a evaluar los procesos en Ecuador y Bolivia, procesos de cambio desde donde hablamos y en los que militamos, con una perspectiva geopolítica regional e inserta en el debate latinoamericano.

Las crisis y contradicciones que viven nuestros procesos de cambio se encuentran inmersas en un complejo proceso de dependencia de nuestras economías extractivistas respecto de la dinámica mundial del capitalismo, del sistema-mundo, de un contexto donde se intenta superar el neoliberalismo pero sin lograr resolver el problema entre redistribución y justicia social, y mucho menos una resolución en clave post extractivista. Las herencias estructurales coloniales, patriarcales y capitalistas forman parte de las contradicciones y de los procesos dentro de estos marcos de transición. En este artículo ahondaremos en la reflexión, crítica, interpelación y propuesta en lo concerniente al Estado, los gobiernos y el campo popular.

Partimos de la base de que las contradicciones inherentes a nuestros procesos nos han conducido a una coyuntura de crisis de los mismos, pero también que estas contradicciones no son sino resultado de los límites con los que comenzaron. Esos límites que quizás no veíamos en un primer momento debido al estado de transformaciones políticas pero también subjetivas de los primeros años, incluido todo el potencial y energía de las asambleas constituyentes, han cristalizado, se han solidificado presentándonos el aspecto más terrenal de nuestras revoluciones.

Bolivia y Ecuador

Los últimos acontecimientos en Bolivia y Ecuador demuestran el alcance de la crisis, de los límites y contradicciones de nuestros procesos.

El decreto de nivelación de precios del 26 de diciembre del 2010, conocido comúnmente como gasolinazo, el posicionamiento de sectores de la derecha provenientes de la tecnocracia y el neoliberalismo en puestos de responsabilidad al interior del ejecutivo, la corrupción política de algunos dirigentes en el manejo legislativo, o los conflictos sectoriales y territoriales con el movimiento indígena, son expresiones de las contradicciones que vivimos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Probablemente el actual conflicto por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que si no se modifica su trazado atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Secure (TIPNIS) es la clara demostración de las contradicciones, pero también límites del actual proceso de cambio en Bolivia. Mientras los sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) defienden la construcción de la carretera, como reclamo histórico de una conexión del oriente boliviano y amazónico con el altiplano y La Paz que no tenga que dar un rodeo de cientos de kilómetros pasando por Santa Cruz, las organizaciones ambientalistas y los pueblos indígenas del oriente (CIDOB) defienden la no construcción de la carretera o la modificación del trazado. A todo ello se le suma que el gobierno boliviano ha denunciado que algunos de los dirigentes indígenas mantienen conversaciones telefónicas con la embajada estadounidense mientras la marcha se desarrolla, algo que la propia embajada ha reconocido, mientras que las propias ONGs ambientalistas reciben a su vez fondos de USAID. En cualquier caso la confrontación de modelos de desarrollo y alternativas al mismo es palpable, como también es cierto que se utiliza el Vivir Bien como parapeto de algunos sectores intelectuales y dirigentes indígenas para no enfrentar un debate urgente y necesario como es  que las bases, las comunidades rurales en Bolivia, demandan al Estado electricidad, escuelas y carreteras.

Sin embargo, con la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo del 2006, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dio a luz una nueva Constitución Política del Estado, se cumplió la Agenda de Octubre, conjunto de reivindicaciones con el que el Movimiento al Socialismo llegó al gobierno en diciembre de 2005. Asimismo se ha avanzado en cuanto a transformación estatal en áreas claves como el reparto de la tierra, donde entre los años 2006 y 2010 se han saneado y titulado más de 45 millones de hectáreas[4], un 389% más que en los diez años anteriores, o el empleo urbano donde la tasa de desempleo ha bajado del 8,15% del 2005 al 5,7 del 2010[5]. Asimismo se ha producido una redistribución de la riqueza, principalmente proveniente de la renta hidrocarburífera, en la que 3 de cada 10 bolivianos y bolivianas son beneficiadas con políticas de transferencias directas condicionadas (bonos) como el Bono Juancito Pinto (15,6% de la población), que ha conseguido bajar la tasa de deserción escolar del 5,8% del 2005 al 2,5%, o la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, percibidos por el 8,1% y 6,1% de la población respectivamente. Todo ello acompañado de un salario mínimo nacional que ha visto duplicado su monto (de 440 bolivianos en 2005 a 815 bs en 2011).

En lo que respecta a la pobreza, en el periodo del 2005 al 2009 se ha pasado del 51,1% del 2005 al 41,3% en el área urbana, y del 77,6% al 68,6% en el área rural mientras que la pobreza extrema ha pasado del 24,3% 14,8% en el área urbana y del 62,9% al 48,1% en el área rural.

Todo esto acompañado de un retorno y fortalecimiento del Estado en áreas estratégicas, en el que un incremento del PIB per cápita de los 1.010 USD del 2005  a los 1.871 USD de 2010 se ha traducido en que la inversión pública ha pasado de 629 millones de USD a 1.521 millones de USD[6] mientras que la deuda pública externa caía un 39% hasta los 3.013 millones de USD[7].

En cualquier caso todo lo anterior no se ha conseguido traducir hasta ahora en una reducción de la desigualdad, manteniendo Bolivia un desgraciado liderazgo en América Latina (la región a su vez más desigual del mundo) con un índice de desigualdad Gini en torno a 0,58.

En Ecuador la situación no es mejor, aunque debemos comenzar este análisis reconociendo también los significativos avances del actual gobierno en materia de inversión social, superación de la pobreza y subida de los salarios. En los cuatro años de gobierno de Correa y Alianza País, el presupuesto ha subido de 6 mil millones de dólares en 2006 a 21 mil millones en 2011, se ha ampliado la redistribución en el cobro de impuestos: los impuestos directos como el impuesto a la renta de ser el 26% de la recaudación en el año 2002 han pasado a constituirse en el 40,7% en el 2010, y el gasto público social se ha incrementado del 4,85 del PIB en 2006 al 8,1% en 2009[8]. Como sostiene Ospina esto ha permitido pagar a tiempo los sueldos de los maestros, policías y funcionarios, comprar equipamiento, útiles escolares y uniformes en la educación pública. Además “eliminó pagos de los usuarios en los hospitales y centros de salud del estado”[9].

Si bien la pobreza se redujo entre el 2006 y el 2010, de 37,4% a 35,8%, el índice Gini nos muestra que Ecuador se mantiene en un 0,56. Este es  uno de los límites más grandes que encontramos en la Revolución Ciudadana, la incapacidad del gobierno para transformar los elementos estructurales que producen desigualdad. La aplicación de políticas y programas como los bonos de desarrollo humano, que constituyen el 42% del Banco Nacional de Fomento, en efecto han servido para bajar la pobreza fundamentalmente concentrada en zonas rurales y de la costa, pero no se han logrado modificar las brechas de desigualdad producto del neoliberalismo ni tampoco las desigualdades históricas del país. Si tomamos por ejemplo el plan para la redistribución de la tierra vemos que no solamente hay un recorte en el presupuesto asignado sino que además las políticas para el agro están concentradas en negocios inclusivos o en asignación de bonos, y no en políticas de redistribución[10].

Uno de los mayores límites tanto en Ecuador como en Bolivia es que a pesar de que nuestras Constituciones y los planes nacionales de desarrollo cuestionan el propio término “desarrollo” y se plantean el paso a un nuevo paradigma denominado Buen Vivir o Vivir Bien, el modelo de desarrollo sigue siendo extractivista, dependiente de la renta petrolera, gasífera o minera. A esto se suma en Ecuador la acusación de terrorismo y sabotaje a más de 200 dirigentes indígenas y campesinos, acusación vinculada con el avance de los proyectos mineros y la movilización social por una ley de aguas que determine una desprivatización de los sistemas y canales, así como una nueva institucionalidad plurinacional en la gestión del agua.

La transición de un mandato constitucional surgido de las asambleas constituyentes en Ecuador y Bolivia a la creación de leyes, políticas públicas, planes y programas, revelan las tensiones presentes en la composición de quienes hacen gobierno, y muestran los distintos proyectos que coexisten en una estructura en construcción, que hereda patrones capitalistas periférico, coloniales-neoliberales y patriarcales de cómo hacer política pública. Así mismo, la composición de los gabinetes ministeriales actuales muestra la presencia de sectores de derecha en áreas claves. En el caso del Ecuador el actual ministro de Agricultura, Stanley Vera vinculado a sectores agroexportadores[11] o la ministra coordinadora de la Producción, Nathaly Celi, antigua colaboradora de Jamil Mahuad[12] y una de las mayores impulsadoras de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea, que como sostiene el Viceministro de Relaciones Exteriores, Kintto Lucas, es en realidad un tratado de libre comercio que forma parte de un modelo de dependencia neocolonial del norte[13]. En el caso boliviano, la principal exponente de esta argumentación es la Ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro Hinojosa, que ya ejercía como subdirectora de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del propio Ministerio de Planificación durante la época neoliberal.

Existe además en los dos países una comprensión y ejercicio de la política con criterios neoliberales y coloniales de tecnocracia reinventada bajo el llamado a la meritocracia que se plasma en una serie de mecanismos para limitar la participación organizada y determinar la ocupación de cargos según grados de titularidad académica[14].

Todo lo anterior nos lleva a proponer una serie de debates conjuntos que debamos encarar sin caer en la trampa que expertos analistas o supuestos asesores de los movimientos sociales nos quieren plantear.

Falsos debates y dilemas sobre nuestras crisis

Desde diversos espacios políticos y académicos se ha intentado dar respuesta a lo que definimos como una crisis de nuestros procesos, llegando estas voces incluso a hablar de una derechización de los procesos de cambio, o  anunciando el fin del socialismo, bajo una mirada que homogeniza los procesos de Bolivia, Ecuador, y también Venezuela, y que no se plantea los límites y contradicciones de éstos, mucho menos sus actores concretos y las condiciones posibles de éstos en la dinámica política.

Retomando la pregunta sobre cómo entender la crisis de nuestros procesos, es preciso cuestionar los planteamientos que sostienen que lo que estamos viviendo es la reproducción del neoliberalismo. Raúl Zibechi, en el reciente “Encuentro de los Pueblos por el Agua y la Pachamama”, celebrado en junio en Cuenca, Ecuador, calificaba el modelo extractivista como la segunda fase del neoliberalismo[15]. Y en un artículo publicado en mayo de este año[16], siguiendo el esquema de análisis de Pablo Dávalos[17], sostiene que el modelo impulsado por los gobiernos de Ecuador y Bolivia en la recuperación del Estado es netamente neoliberal y que las muestras más claras de esto son por ejemplo en Ecuador, el silencio del partido de gobierno Alianza País frente a la dolarización, la reiterada declaración de estado de emergencia económica que marcó los años neoliberales para gobernar con políticas de ajuste estructural y que aparentemente ahora sigue siendo el mecanismo de hacer política económica, y la dependencia de las exportaciones del petróleo y el extractivismo.

Sin embargo, ambos autores olvidan que tanto el gobierno ecuatoriano como el boliviano, son parte de una serie de iniciativas para la conformación de plataformas e institucionalidad regional que justamente se enmarcan en la creación de una nueva arquitectura financiera post neoliberal. Arquitectura financiera que avanza en la conformación de un Banco del Sur que sirva para el financiamiento de proyectos públicos (por ejemplo de organizaciones campesinas o de mujeres de sectores populares) que los Estados no puedan financiar, una moneda regional (SUCRE) que no caiga en los errores y las limitaciones neoliberales del euro sino que permita articular sistemas de trueque e intercambio ya existentes en un nuevo entendimiento de las finanzas y la economía popular como solución alternativa a los ataques especulativos neoliberales, y que además está trabajando en otro tipo de soberanías, energética, alimentaria y de salud[18].

Por otra parte, tanto la dependencia de la renta petrolera en el caso ecuatoriano como de la renta gasífera y minera en el boliviano, constituyen un problema porque consolidan un modelo extractivista, primario exportador y periférico, y un tipo de Estado rentista[19]. Pero esta dependencia y la existencia de un modelo extractivista han sido problemas históricos de nuestros países, encontrándose ya en el momento del surgimiento de los estados, en periodos populistas nacionalistas, dictaduras y también evidentemente fueron parte de la imposición neoliberal. Es decir, no es ahí donde podemos determinar si el modelo es o no neoliberal, sino en la propiedad de las empresas, en cómo se negocian estas rentas, cuáles son los porcentajes que le corresponden al Estado, en qué son utilizadas estas rentas, en el marco jurídico diferenciado para empresas nacionales y cualquier empresa transnacional, etc.

Caracterizar nuestros procesos como neoliberales y más desde “la asesoría a la izquierda” impide dotar a las organizaciones de una mirada histórica, con claridad estratégica y capacidad de disputa. Pero además conduce el debate a tal nivel de confusión e imprecisión que se cae en el juego falso de poner a la izquierda más allá de las condiciones posibles e históricas, enterrando nuestras constituciones, herramientas de disputa y transición producto de nuestras movilizaciones, sin plantearnos por otra parte propuestas o una alternativa real, una posibilidad de construir hegemonía, dejando a su vez listo el camino para gobernar a la derecha, tanto la que está en los gobiernos como la que está fuera de estos.

A su vez, en el reciente artículo “Fin del socialismo estatal en América Latina”[20], Heinz Dieterich nos plantea que la Nueva Clase Política Criolla (NCPC), en la que estarían insertos nuestros procesos, se ha negado ya a crear cualquier tipo de economía post capitalista, adoptando el modelo de desarrollismo burgués. Por un lado el planteamiento de Dieterich es  inmovilizador, obviando la posibilidad de disputar el sentido actual de la historia a través de nuestros mandatos constitucionales, que reconocen un cambio en el modelo de desarrollo, un modelo de Estado Plurinacional y el horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien. Por otro lado la escueta caracterización que señala el autor, no resulta suficiente para afirmar que se han cerrado todas las posibilidades para la transición.

Estado, gobierno y campo popular

No estoy diciendo que el estado haya de ser nuestro horizonte último, sino que su poder no puede ser simplemente ignorado o «resistido». No acepto la idea –que el propio Badiou a veces defiende– de que la política verdadera tiene lugar fuera del estado. ¿Qué significa tal cosa? ¿Significa fuera del estado en el sentido de que debemos transformarlo o en el sentido de que tenemos nuestro pequeño espacio desde el que «resistimos», al tiempo que todavía dependemos del trabajo sucio del estado?

Slavoj Zizek

Los llamados a la rebelión sin más o a declararse en oposición a los “gobiernos neoliberales” de Ecuador y Bolivia[21] por un lado, y las propuestas de ciertos dilemas como “llegar al gobierno o transformar al Estado”[22] o la proclamación del “fin del socialismo estatal” por otro lado, muestran de manera diferenciada una concepción tanto del Estado como del campo popular, que consideramos incompleta. En primer lugar, hay que dejar sentado que el momento histórico por el que atraviesan nuestros procesos nos muestra las constituciones como herramientas para disputar el Estado y el proyecto político, es decir que o bien como es el caso de Bolivia, este es un momento donde los movimientos sociales y pueblos indígenas asumen este gobierno como suyo[23], o como en el caso ecuatoriano, la Constitución ha concretado demandas históricas del campo popular. Por lo tanto, gobernar o concretar demandas en el proceso constituyente implica el enorme reto de proponer políticas públicas y contenidos que radicalicen, o permitan elementos centrales de transición.

Proponemos entonces comprender el Estado en dos perspectivas, como anhelo histórico de las organizaciones populares y los pueblos indígenas de nuestros países, y como espacio de disputa política y por lo tanto como posibilidad de construcción del interés colectivo, es decir, como universalización de un proyecto político. Cómo lograr que un proyecto político se vuelva sentido común, articulación y referencia, es finalmente el debate sobre la hegemonía en su concepción gramsciana, central en la dinámica política de ambos procesos, tanto para los gobiernos como para el campo popular. En ese sentido, la construcción de hegemonía nace en la sociedad civil pero logra reproducirse en el Estado.

Quizás sea útil recuperar dos términos acuñados por Gramsci en el contexto de los debates que el movimiento obrero y el Partido Comunista Italiano tuvieron en los años 20 del siglo pasado, revolución pasiva y hegemonía expansiva[24]. La revolución pasiva hace referencia a la forma política que adquiere la burguesía en tiempos de crisis. Gramsci sostenía que la existencia de una crisis orgánica en la burguesía y la clase dominante pero también una debilidad de las clases subalternas, tenía como resultado una dinámica política en donde la burguesía expropiaba ciertas demandas y cumplía parcialmente las reivindicaciones populares. Esta forma implica que el Estado absorbe y domina a la sociedad civil y paralelamente se sustituye momentáneamente al grupo dominante que se encuentra en crisis. El segundo término es la hegemonía expansiva, que se entiende como la ofensiva popular articulada en un proyecto político con capacidad de generar voluntad colectiva, generalmente asumida como Revolución, para transformar el orden imperante.

Pero si la forma política que adquiere la burguesía en tiempos de crisis es la revolución pasiva ¿cuál es la forma que se configura en tiempos complejos que articulan cambio, transición y crisis? Esta pregunta se vuelve central porque nos permite pensar en las condiciones concretas e históricas por las que atraviesan nuestros procesos, pero además articula la necesidad de interpretación del proyecto político tanto de los actuales gobiernos, como de los sujetos políticos del campo popular.

La crisis orgánica por la que atravesaron Bolivia y Ecuador durante los años 90 y 2000 se caracterizó por una crisis de representación política del conjunto de partidos políticos pero sobretodo de la forma política que adquirieron las élites que controlaron los gobiernos en las  décadas neoliberales que se tradujeron en la caída de varios presidentes producto de movilizaciones populares. Asimismo se produjo una crisis económica entendida como la instauración del neoliberalismo y el reforzamiento de las desigualdades para las mayorías, que desembocaron en un enorme descontento popular y en reiteradas movilizaciones y levantamientos de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Esta crisis orgánica de los sectores dominantes en su incapacidad de articular lo popular en un proyecto nacional, también estuvo marcada por una crisis de representación y de proyecto programático de las izquierdas tradicionales de ambos países y por el surgimiento como actor político de los movimientos indígenas. Son estos actores, y su capacidad de articulación y representación de los sectores populares, los que en las últimas décadas plantean la necesidad de no solo recuperar el Estado, sino transformar su carácter colonial y capitalista periférico para construir un Estado plurinacional.

La llegada de los gobiernos encabezados por Evo Morales en 2005 y Rafael Correa en 2006, significó en un primer momento la posibilidad de cristalizar las demandas populares y de las organizaciones sociales en la elaboración de las constituciones. Ambas asambleas constituyentes plasmaron la correlación de fuerzas de ese momento y adquirieron un definido corte antineoliberal. Las constituciones aprobadas mayoritariamente, determinaron avances “revolucionarios” con la enunciación de ambos Estados como plurinacionales, el Vivir Bien o Buen Vivir como horizonte de cambio del modelo de desarrollo y la naturaleza como sujeta de derechos.

Sin embargo, luego de la aprobación de las constituciones pasamos a otro momento, el de la concreción y traducción de estos principios constitucionales en políticas públicas, leyes y reglamentos.

Es importante dejar en claro, que las contradicciones que ahora encontramos en nuestros procesos, son en general, las mismas contradicciones que estuvieron presentes al inicio. Algunas de estas contradicciones actualizadas y otras profundizadas, pero son las mismas tensiones que ya se evidenciaban con la llegada de los actuales gobiernos. La tensión entre cómo superar la brecha de desigualdades, a través de la redistribución y la inversión social, y el cuestionamiento al modelo extractivista como reproductor de nuestra condición periférica y los incuestionables daños ambientales y sociales, se perfilaba ya en la pregunta de cómo resolver la desigualdad y al mismo tiempo cambiar el modelo de desarrollo al que nuestros países habían sido confinados históricamente; la discusión de qué tipo de prioridad regiría la economía, si un proceso de industrialización para ciertas áreas, nacionalización para otras y cambio en la lógica de acumulación como parte del camino hacia el Buen Vivir o Vivir Bien, estuvo ya plasmado en los planes de desarrollo; el papel de los movimientos sociales en la conducción de los procesos, su demanda y presencia en la estructura y cargos de los gobiernos, y al mismo tiempo la denuncia de cooptación y debilitamiento por parte de los gobiernos actuales, mostraron desde el inicio el complejo proceso de “ser gobierno” en el caso boliviano, y de “haber permitido la llegada de la Revolución Ciudadana, luego de décadas de movilización social” en Ecuador; en el caso ecuatoriano además, el discurso de la descorporativización del Estado y la reducción de ciertos derechos sindicales, indígenas y de mujeres para supuestamente avanzar en una identidad universal y ciudadana dio sus primeros signos en el mismo texto constitucional aprobado.

No podemos negar que existen avances en términos de aumento de la inversión social, en la reducción de la pobreza, en la instauración de institucionalidad y fortalecimiento del rol del Estado en la planificación, redistribución y regidor de las políticas publicas, en la política internacional y regional para apostar por líneas anti militaristas, de defensa de los procesos democráticamente elegidos por voluntad popular, además de apuestas como el ALBA, el Banco del Sur y el SUCRE. Pero también es necesario señalar que ambos procesos en claves y condiciones distintas, atraviesan por una combinación de un nuevo tipo de hegemonía expansiva y revolución pasiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestros procesos, tanto los gobiernos como los movimientos sociales, están marcados por un lado por un reacomodo de ciertas élites, mientras aparecen y se fortalecen otras, además de un  repliegue parcial de las demandas populares y de las organizaciones sociales, sumado a un cambio en la matriz dominante neoliberal y por otra, muestra ahora claros intentos de un capitalismo periférico estatal. Procesos donde también encontramos, como en el caso boliviano, avances significativos en la descolonización del Estado y un intento explícito por despatriarcalizarlo. Es decir, que ambos procesos están cargados de elementos que obstaculizan demandas de transformación estructural, pero que al mismo tiempo avanzan en el desmontaje del neoliberalismo e inclusive como Bolivia, se propone la construcción de un Estado plurinacional en donde los movimientos sociales siguen siendo actores fundamentales.

En cuanto al campo popular, la situación no es menos compleja, evidenciándose por un lado la debilidad de los sectores subalternos para construir un proyecto programático que le devuelva su protagonismo en el proceso de transformación y de disputa del Estado y los gobiernos actuales, y por otro lado la dificultad por generar una claridad orgánica en su definición ideológica.

Horizontes para la transición

No es suficiente entonces como hacen algunos, proclamar que nuestra salida es resistir y caminar hacia “la rebelión de los de abajo”[25]. El contexto actual de nuestros procesos exige de nosotras y nosotros salir de la demagogia y plantear mayores definiciones programáticas y estratégicas. Los movimientos sociales que durante dos décadas encabezaron importantes movilizaciones contra el neoliberalismo y por un Estado Plurinacional, requieren caminar hacia la construcción de una estructura de cohesión programática, donde se articulen diversos actores sociales y se superen intereses prebendalistas, particulares y gremialistas, en un proyecto anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial que vaya más allá de la lógica electoral y que además supere el momento de la resistencia y lo dispute desde las propuestas concretas.

Si bien la coyuntura electoral marca los tiempos políticos, nuestras izquierdas requieren de un proceso, estructura y proyecto, que les permita pelear el sentido común, interpelar al conjunto de la sociedad y ganar adhesiones. Pero además para un gobierno como el de Bolivia, que cuenta con cinco organizaciones articuladas en el Pacto de Unidad, y en donde a pesar de las críticas y las contradicciones siguen asumiendo el gobierno encabezado por Evo Morales como suyo, es fundamental la construcción de una institucionalidad y de políticas públicas que cuenten con los planteamientos de las organizaciones en esa disputa. No hacerlo significaría dejarle a la derecha afuera y adentro, cancha libre.

Pero para disputar un proyecto desde la izquierda y desde el campo popular no podemos caer en las lógicas actuales de cercanía y negociación con la derecha. Los movimientos sociales y pueblos indígenas, así como sus estructuras de representación política, requieren configurarse como referentes éticos. Negociar o siquiera dialogar con la derecha en nombre de declararse en oposición a los actuales gobiernos es algo que no podemos permitirnos. Sólo si logramos legitimarnos en la conducción moral y política de un proyecto de transformación, podremos concretarlo. En el caso de Ecuador nos repugna ver como los compañeros y compañeras de MPD y Pachakutik en la Asamblea Legislativa transan con Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez o los socialcristianos de Jaime Nebot, bajo el común denominador del enfrentamiento con Rafael Correa y Alianza País. En el caso de Bolivia, la apuesta debe ser firme en favor de los movimientos sociales y pueblos indígenas, planteando posiciones críticas, pero sin aliarnos con ninguna otra opción político-electoral, teniendo claro que si no es con este gobierno, ni con el MSM u otras opciones más a la derecha se va a profundizar y mucho menos radicalizar el proceso de cambio.

En ese sentido, consideramos primordial recuperar el debate sobre la intelectualidad orgánica. Nuestros procesos y nuestras organizaciones requieren entrar en un fuerte proceso de evaluación interna, dos décadas de neoliberalismo y de crisis de la izquierda tradicional significaron no solo subjetividades y relaciones políticas de resistencia y movilización, sino también un conjunto de dinámicas, que al ser estructurales y naturalizadas, se volvieron también parte de nuestras propias lógicas. Es necesario partir de un cuestionamiento profundo a las relaciones de poder coloniales y patriarcales enquistadas en  nuestras organizaciones, que por seguir lógicas “gremialistas”, no han conseguido articular y construir hegemonía. Tampoco es posible que sigamos reproduciendo la división intelectual del trabajo, la tarea de reflexionar política y colectivamente nuestros procesos y el momento histórico debe ser asumida como un elemento central en la estrategia de articulación y construcción hegemónica. Mucho menos factible es naturalizar las lógicas impuestas por dos décadas de cooperación. Por ejemplo, la relación entre organizaciones no puede estar supeditada a la mediación de éstas, ni a la representación que las ONGs asumen a nombre de los movimientos sociales.

Queremos dar la razón a Alan Badiou y Slavoj Zizek cuando nos plantean que el enemigo fundamental (también para nuestros procesos) no es el capitalismo ni el imperialismo, sino la democracia, concretamente la “ilusión democrática”. Esto es, la aceptación de los mecanismos democráticos como marco final o definitivo de todo cambio, lo que evita el cambio radical de las relaciones capitalistas. Por lo tanto desde la radicalidad y para tratar de romper con la ilusión democrática que las lógicas coloniales heredaras nos imponen, proponemos profundizar en la construcción del Estado Plurinacional y dotar de contenidos políticos, programas y propuestas de políticas públicas a ese horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien que define nuestras constituciones, en cuanto a horizontes que desde una óptica de descolonización y despatriarcalización, nos permiten profundizar en alternativas al capitalismo y la modernidad.

* Katu Arkonada es investigador social diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Publicas, Alejandra Santillana es socióloga y militante feminista de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador

** Publicado originalmente en las ediciones en papel de Le Monde Diplomatique en Bolivia y La Tendencia en Ecuador