Las estrategias del Estado frente las propuestas del Parlamento de los Pueblos
Durante la situación post-paro en el Ecuador, las miradas de varios actores – tanto estatales como sociales – cayeron sobre el sector agrario, convirtiéndolo en el centro de atención y en campo de disputa entre propuestas políticas que representan diferentes modelos de país.
Si miramos, por un lado, los planteamientos para el agro que el gobierno nacional hizo público durante las últimas semanas y, por el otro lado, las propuestas que elaboró el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales, nos encontramos frente a ideas antagónicas que plasman las diferencias entre un desarrollismo convencional y una visión orientada hacia el Sumak Kawsay.
Desde el Estado se hizo un esfuerzo durante y después del paro para mostrar su atención hacia el agro. Su primera reacción para generar un acuerdo que ponga fin al paro nacional, fue plantear el 9 de octubre, a través del Secretario General de la Presidencia José Augusto Briones, una propuesta de nueve puntos dirigidos al mundo rural-agrario.[1]
Entre estos 9 puntos se encontraban los ofrecimientos de kits agrícolas, desarrollo de dos mil hectáreas de pasturas mejoradas, agrovías rurales, sistemas de riego parcelario y centros de acopio para papa, cebada, quinua y chocho. Además, se ofrecían proyectos de desarrollo comunitario. Con esta lista de propuestas, el gobierno no logró generar ningún acuerdo, ni siquiera un diálogo, con el movimiento.
Primero, esta propuesta como reacción inicial por parte del gobierno deja en evidencia su visión limitada sobre el paro de octubre. Aparentemente, el gobierno creía que con propuestas sectoriales para el agro podía negociar con los sectores movilizados, sin tomar en cuenta la pluralidad de los actores y la claridad de sus exigencias que estaban dirigidas en contra de las políticas sintonizadas con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Reaccionar al paro con propuestas para el agro mostró, además, la falta de comprensión de la diversidad del movimiento indígena que no es sinónimo de campesino y de la realidad de sus bases, que cuentan con sectores tanto urbanos como rurales.
Segundo, las propuestas son una continuidad de lo que ya se viene aplicando en el agro, intentos de una modernización convencional, sin novedad alguna: más kits agrícolas que atentan contra las semillas nativas y la agroecología, al mismo tiempo que masifican el uso de agro tóxicos y limitan la autonomía campesina al insertarlos en cadenas productivas de dependencia de las casas comerciales; pasturas mejoradas para la ganadería que afectan los ecosistemas y contradicen así el intento del mismo gobierno de justificar la eliminación de los subsidios a los combustibles con argumentos ambientales[2] – la ganadería es uno de los factores que más impulsa la deforestación y que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, aporta de manera importante al cambio climático–.[3] Esto sin mencionar, además, que el precio de la leche se encuentra a la baja, hecho relacionado con los efectos directos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y que afecta especialmente a los pequeños productores.
El camino de modernización con toque de “revolución verde” como lo sugiere esta propuesta, ya ha demostrado no ser útil para la reducción de la pobreza rural, para generar sustentabilidad en el campo o para garantizar la soberanía alimentaria.
Pero la atención especial hacia el sector rural-agrario por parte del gobierno no terminó con el paro ni se resolvieron cuestiones fundamentales sobre el proyecto de país en el diálogo público con el movimiento indígena el día 13 de octubre.
Durante la situación post-paro el Ministro de Agricultura y Ganadería aprovechó para recorrer varias provincias de la Sierra, promoviendo políticas públicas agrarias y prometiendo proyectos de desarrollo rural, mientras que Lenín Moreno anunció en cadena nacional el 6 de noviembre varias medidas enfocadas en el agro para buscar la “reactivación económica y social”.[4]Entre estas medidas están, nuevamente, créditos para los productores, centros de acopio, impulso de ferias denominadas “De la Mata a la Mesa” y la apertura de escuelas rurales.
Frente a estas medidas anunciadas, es necesario señalar algunos detalles que las contextualicen y puedan mostrarlas en su luz real: por ejemplo, los créditos que da la banca pública Ban Ecuador están dirigidas a la producción de ciertos rubros que el Estado comprende como “productivos” y que están alineados con la estrategia primario-exportadora del país, por ejemplo, la producción de banano, palma aceitera, café y cacao, mientras que la pequeña agricultura familiar o comunitaria que produce alimentos para la población, tiene dificultades para acceder a créditos.
La apertura de escuelas rurales, por otro lado, es la misma promesa que el presidente Lenín Moreno ya había hecho en enero de este año: prometió reabrir 1000 escuelas rurales, de las que hasta la fecha sólo existen 11.[5]En el marco de las promesas post-paro, el presidente bajó la cifra prometida a sólo 500 reaperturas de escuelas rurales que se habían cerrado. Por lo tanto, no representa una política nueva sino más bien una deuda pendiente del Estado con el sector rural.
Con respecto a las ferias campesinas que promueve el gobierno bajo el nombre “De la Mata a la Mesa”, el mensaje es querer promover el consumo de productos frescos y fortalecer la comercialización directa de productor a consumidor, sin la dependencia de intermediarios; pero cabe señalar, por ejemplo, que en el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)ya existió desde el 2011 la Coordinadora General de Redes Comerciales, justamente encargada de impulsar estrategias de comercialización alternativa de productos campesinos – en el marco de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA)–. Sin embargo, el mismo gobierno fue retirando el apoyo a esta política, anulando aquella Coordinadora General.
Lanzar ahora la campaña “De la Mata a la Mesa” solo es poner un nombre nuevo a uno de los mandatos de la LORSA al que se le había prestado poca atención durante los últimos años. Sin embargo, las ferias durante este tiempo se han construido como procesos auto gestionados por organizaciones de productores campesinos que en muchos casos se encuentran en una lucha permanente frente a las autoridades para mantener sus espacios de comercialización.
Las ferias “De la Mata a la Mesa” se inscriben en una política de desmovilización social, creando, por un lado, espacios de comercialización paralelos a ferias campesinas ya existentes y por otro lado, ejerciendo desde el gobierno un acercamiento clientelar y paternalista.
Frente a esta realidad y frente a la general orientación “anti campesina”[6] de las políticas del gobierno, esta campaña parece puramente publicitaria. Detrás de la promoción de las ferias faltan las políticas estructurales que apoyen al sector campesino y a la producción agroecológica, mientras que el objetivo de las políticas dirigidas a los pequeños productores está en su inserción a cadenas productivas, que justamente aumenta su dependencia de intermediarios y los suele alejar del contacto directo con los consumidores.
Durante las últimas semanas, se resaltaban también en el marco de la promoción de la tal llamada Ley de Crecimiento Económico (en este momento ya archivada por la Asamblea Nacional), los supuestos beneficios que la ley iba a traer para el agro, en forma de una disminución de los aranceles para importar maquinaria e insumos agrícolas.[7]Aquí, nuevamente, se evidencia hacia quién se dirige la política pública en el sector agrario: los productores que tienen los medios para acceder a maquinarias importadas, los grandes productores que tienen monocultivos bajo alto uso de insumos químicos, en lugar de la agricultura campesina que asegura la soberanía alimentaria del país y que lucha por la agroecología en defensa de la tierra, del agua, de la vida.
Las varias propuestas y medidas que planteó el gobierno ecuatoriano en estas semanas durante y después del paro nacional se inscriben en una visión específica del agro y del modelo de desarrollo deseable. Las políticas están enfocadas en aumentar la productividad en el campo, enmarcado en la profundización del modelo primario-exportador y la industrialización del agro, que no mira ni los efectos negativos para la soberanía alimentaria ni los impactos ambientales que genera con esta orientación. Debido a este enfoque productivista, encaminado a promover el crecimiento económico a cualquier costo y aumentar la vinculación con el mercado alimenticio global se beneficia principalmente a los grandes productores ya las cadenas agroindustriales.
Estas políticas están ancladas en una idea occidental del “desarrollo” como progreso lineal que se impulsa con innovación, tecnología, industrialización y vinculación al mercado. Debido a esta mirada se anula el reconocimiento de saberes diversos y de modelos de sociedad y economía distintos, imposibilitando de esta manera, la búsqueda de alternativas reales para el agro.
Pero justo en la situación post-paro se revivió desde el movimiento indígena y otros sectores sociales la búsqueda y construcción colectiva de alternativas que confluyó en la “propuesta al país” del Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales. Un resumen ejecutivo de la misma en forma de un documento de 19 páginas fue entregado de manera oficial al gobierno el día 31 de octubre.[8]
En este espacio del Parlamento de los Pueblos, constituido inicialmente por 182 organizaciones, diversos actores de la sociedad civil se habían juntado para elaborar propuestas alternativas para el modelo económico y social del país y para mostrar, de esta manera, que el camino del FMI y de políticas neoliberales que escogió el gobierno no es la vía única.
El documento que se entregó al gobierno es resultado de los debates en cuatro mesas de trabajo que se habían organizado en el Parlamento de los Pueblos durante una semana en el mes de octubre sobre las temáticas de economía, sociales, el agro y ambiente. Además, se tomaron en cuenta las cartas, pedidos y recomendaciones que recibió el Parlamento de parte de diversas organizaciones de todo el país, a veces desde intereses opuestos entre los que se hacía necesario mediar y priorizar según los principios que se definieron en el espacio.
Las propuestas que se entregaron públicamente representan una ruptura profunda con el modelo de desarrollo convencional que persigue el gobierno, al mismo tiempo que retoman lo que ya se ancló en la Constitución de 2008 y que parece, con el gobierno actual, haber caído en el olvido después de haber sido vaciado de contenidos en el gobierno anterior: la crítica fundamental a la idea de “desarrollo” que se expresa en la alternativa del Sumak Kawsay. En el documento “propuesta al país” el Parlamento específica sobre el modelo económico:
“Una visión plurinacional de la economía implica comprender al sistema económico como un sistema complejo y en el cual los principios de la relacionalidad inherentes a la cosmovisión indígena, son importantes para una transición desde una visión capitalista y orientada exclusivamente al crecimiento económico, hacia una nueva forma de relación entre la sociedad, la naturaleza y la producción, de tal manera que se puedan mitigar de formar real los efectos del calentamiento global y se pueda detener la pérdida de biodiversidad.”
Lo que pide el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales es, por lo tanto, tan profundo como un “cambio de perspectiva civilizatoria” que toma en cuenta otras cosmovisiones, otras maneras de relacionarse entre sociedad y naturaleza y la búsqueda de la justicia y equidad por encima de indicadores economicistas. Cuestiona la idea de “modernización” comprendida como sinónimo de progreso tecnológico y crecimiento económico, ya que con el “cambio de perspectiva civilizatoria” se pone en duda de qué valores estamos hablando cuando perseguimos el “desarrollo”, a cuyos costos y beneficios.
Para el agro eso implica planteamientos sobre los actores y la forma de la producción agrícola que debería ser el centro de nuestro sistema agroalimentario y que debería verse fomentado desde la política pública. En consecuencia, en las propuestas se reemplaza el enfoque de la modernización convencional y la orientación hacia el agro negocio, por el enfoque en la soberanía alimentaria como eje orientador de la política pública y del modelo agrario.
En el documento se propone promover a la agroecología y a la agricultura familiar campesina y comunitaria en vez de beneficiar al gran agro negocio ya que son los campesinos que aseguran la alimentación del país, el cuidado de la tierra y así la reproducción de la vida. Se pone, además, un énfasis fuerte en el manejo comunitario de la tierra, en el riego y el transporte comunitario, en las economías comunitarias y en la falta de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta y fortalezcan a esta forma de organización.
Con miras a la soberanía alimentaria también se exige que se respete la prohibición constitucional de cultivos y semillas transgénicas, y el cumplimiento de los controles respectivos obligatorios por parte del MAG, tal como lo ha afirmado la Corte de Quevedo en su sentencia este año.[9]El Parlamento de los Pueblos resalta la importancia de garantizar la libre circulación de semillas nativas, práctica que se encuentra en oposición a la idea mercantilizada, productivista e intervencionista del mercado de las “semillas mejoradas” que promueve el gobierno. Mientras que éste último se basan en el concepto de la “propiedad intelectual” en manos de grandes empresas con fines de acumulación capitalista, la libre circulación de las semillas nativas permite mirar la reproducción de la vida como proceso comunitario al que no es necesario poner valor monetario y que debe fluir.
Se reconoce también la heterogeneidad entre los pequeños productores que se debe a la diversidad climática, geográfica, social y cultural, y que requiere de políticas diferenciadas, según cada contexto en vez de la generación de recetas universales para el desarrollo agrario.
En este sentido, además, se exige que las medidas fitosanitarias, que se intensificaron en consecuencia de la firma del TLC con la Unión Europea por las exigencias del mercado europeo, no se apliquen de la misma manera para todos los actores, sin tomar en cuenta su tamaño, su capacidad productiva o si el destino de su producción es la exportación o el mercado local. Más bien se resalta la necesidad de diferenciar las medidas fitosanitarias para que estén adaptadas a las posibilidades de los productores y no generen su exclusión del mercado mientras que benefician a los grandes productores.
Las propuestas también recogen el tema del direccionamiento de las compras públicas, ya planteado en la Constitución de 2008: se pide que las compras públicas se dirijan a fortalecer las economías comunitarias y a los pequeños productores como mecanismo potente para conducir flujos de capital público hacia sectores prioritarios y aportar a la soberanía alimentaria.
En términos muy concretos se plantea re-direccionar, por un lado, 30.000 hectáreas que están dedicados a la producción de caña de azúcar para biocombustibles y, por otro lado, el presupuesto aproximado de 100 millones de dólares de los proyectos de irrigación tecnificada (PIT) y del Buen Vivir Rural, para iniciativas de pequeños productores que fortalecen la soberanía alimentaria.
En resumen, el Parlamento de los Pueblos, como espacio de articulación y representación de diversos actores de la sociedad civil de todo el país, está realizando el trabajo constructivo de generar de manera colectiva un modelo alternativo de país, que necesita construirse desde las raíces, pensando lo económico, lo político, lo social y lo ambiental de forma interrelacionada y holística.
Frente al modelo único que plantea el gobierno, que para el agro significa beneficios para los productores más grandes, modernización e inserción de los pequeños campesinos en el mismo sistema mercantilista y explotador, la propuesta del Parlamento de los Pueblos abre la perspectiva a la diversidad de modelos y de cosmovisiones. Pone en el centro de los planteamientos una reproducción de la vida no mercantilizada, unas relaciones de la sociedad con la naturaleza que cuiden el equilibrio en vez de la ganancia y el aumento de las exportaciones, mientras que valoriza la labor campesina y su autonomía.
Así, el Parlamento construye una propuesta concreta para pensar las políticas públicas para el sector agrario alrededor del fortalecimiento real de la soberanía alimentaria y sus actores claves, los agricultores familiares campesinos y comunitarios, desnudando al mismo tiempo las falsas promesas de la modernización y del “desarrollo” occidental.
Para finalizar es necesario hacer énfasis en el carácter abierto de la propuesta del Parlamento. Lejos de ser un documento acabado o un modelo de país absoluto, teniendo en el momento varios puntos ciegos como la inclusión transversal del tema de género, el desafío de los próximos meses será que el espacio siga funcionando como punto de encuentro de un espectro amplio de organizaciones de la sociedad civil para discutir y construir de manera participativa un proyecto de país que no parta desde la estructura estatal ni desde una concepción única y occidentalizada del mundo.
Hay muchas voces que aún necesitan ser escuchadas e incluidas, hay muchos puntos que aún necesitan discutirse y desarrollarse y muchos aspectos que tomar en cuenta al momento de pensar el mundo en el que queremos vivir y los cambios que queremos realizar. El Parlamento es una invitación para la construcción colectiva, pero dependerá de las organizaciones y la demás sociedad civil, si llenan este espacio.
* Investigadora asociada del Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural (Ecuador) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (Uruguay). Estudios de Master en Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena, trabaja temas de desarrollo rural y territorial, ecología política y alternativas al desarrollo
[3]Costantini, Alejandro et al. (2018): Emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Ciencia e investigación, Tomo 68, N° 5, pp. 47-54.
FAO (2008): La largasombra del Ganado.
