El valle del Río Intag en la provincia de Imbabura es predominantemente agrícola, su historia íntimamente ligada a la migración de colonos mestizos a inicios del siglo veinte y de gente negra en el siglo diecinueve. Sus atractivos son muchos, pero desde hace unas dos décadas esta zona verde y bondadosa es más conocida por los intentos de establecer minas de cobre y la férrea oposición de los habitantes.
Gerard Coffey
30 octubre 2017
Llegar a Intag es más fácil ahora que en el tiempo de las migraciones que inicialmente poblaron el valle. En ese entonces la región quedaba bastante aislada, lejos de la ‘civilización’ representada por Quito o Ibarra. Hoy el camino está asfaltado y llegar en bus desde Otavalo solo lleva dos horas en vez de las tres que duraba hace unos pocos años, y eso en estación seca; en vehículo particular el viaje es más rápido aún.
Se imagina que esto representa el progreso, bueno para el turismo que representa una de las principales fuentes de ingresos de la zona. Y para muchos habitantes del valle el turismo sí es visto como una oportunidad: es sostenible y no provoca daños a una naturaleza generosa que representa la atracción principal para los visitantes. No es la única opción, sin embargo. Desde hace dos décadas los agricultores están produciendo café orgánico; su fama sigue creciendo y producirlo proporciona empleo a mucha gente del área. Es una verdadera historia de éxito.
Pero hay otra presencia, una que está perturbando el aire tranquilo del valle: la minería a cielo abierto. Han encontrado cobre aquí y las empresas mineras y el Estado están interesados en explotarlo, lo que para mucha gente de Intag no es precisamente una fuente de alegría, sino motivo de resistencia.
El hostal donde me alojo está ubicado a la ribera del Rio Intag, cerca de las piscinas térmicas de Nangulví en la parroquia de Peñaherra. Es bonito, bien mantenido y como muchos de los establecimientos del sector, lleno de flores. Su dueña, Jimena Larregui, argentina de nacimiento, me cuenta que compró el hostal, ahora conocida como Pacheco Farmhouse, hace aproximadamente un año y medio. Se siente contenta, dice, con el progreso que ha visto en el turismo y percibe un buen futuro para la zona.
“Pero claro,” añade Jimena, “la minería puede llegar a ser un problema serio. Si logran abrir minas a cielo abierto, temo que cambiará el aspecto bucólico de la zona, y de ahì tener un impacto bastante negativo en el turismo.” Y ella y otros tienen todo el derecho de estar preocupados, porque la minería no está muy lejos. Aunque por ahora la exploración está confinada al sector de Junín, a una hora y media rio abajo, todo el valle está dividido en bloques para ser concesionadas. Absolutamente todo.
Larreguí no es la única que vino para invertir, a lo largo del río se ve nuevas inversiones en infraestructura, y la excepcional belleza del valle hace pensar que si no fuera por la amenaza de la minería, el turismo podría llegar a ser una importante fuente de trabajo e ingresos. Irónico pues que la anterior dueña del Hostal, Margarita Espín, es la actual Presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera y gran promotora de la minería. Casada con un funcionario de la empresa minera estatal, ENAMI, ella antes promovía el turismo, incluso haciendo su tesis sobre esta actividad.
Elegida en el 2014 como representante de Alianza País, Espìn utilizaba toda la maquinaria del estado para promover la minería, dice un activista local que pide la reserva. “El problema era que cualquier cuestionamiento de la política relacionada con la minería chocaba contra los muros del estado.” “Ahora con las divisiones en el partido no sabemos qué va a pasar. Esperemos que el clima político mejore, sea menos represivo. Pero hasta ahora ha sido imposible moverse sin la amenaza de acción judicial” Me habla del caso de Javier Ramírez, ex presidente de la comunidad de Junín, donde la minera estatal chilena CODELCO ahora se encuentra explorando.
El caso de Javier Ramírez
En abril del 2014 hubo una altercación en el sector de Junín cuando técnicos de la empresa ENAMI fueron impedidos de entrar en la zona minera. Se dañó el parabrisas de un vehículo de la ENAMI y Javier Ramírez fue arrestado unos días después, luego de haber asistido a una reunión en Ibarra. Fue condenado a 10 meses de reclusión por ‘rebelión’ a raíz de una supuesta agresión a los técnicos y el vehículo de la empresa estatal.
“Javier ni estuvo ahí”, dice su vecino y también opositor a la minería, Israel Pérez, cuya familia se asentó en la zona hace unos cien años. “Javier estuvo mal de rodilla en ese entonces y no pudo movilizarse. Pero aun así le condenaron. Lo peor es que durante su tiempo en la cárcel de Ibarra, él fue agredido y su esposa sufrió un paro cerebral.”
Añade Israel que desde su punto de vista lo importante para las autoridades no fue si Javier estuvo o no en el lugar. Se necesitaba de una víctima cuya sentencia serviría como mensaje para la gente opuesta a la minería. “La detención funcionó como aviso, como caso ejemplar.” Según Ramiro Román, el abogado de Ramírez, condenarle después de ya haber pasado diez meses encarcelado, solo funcionó para quitarle el derecho a pedir que el estado le recompense por detención sin causa”[i].
Israel cuenta que en Junín, si bien aún no existe una mina como tal, hay un campamento de la empresa CODELCO (la minera estatal de Chile), trabajadores y maquinas involucrados en la segunda fase de exploración. “Pero en este el momento el entorno está más tranquilo”, explica Pérez, “no hay conflicto abierto, aunque los impactos sociales sí se sienten. Algunas familias están trabajando, mientras otras no están de acuerdo porque se ve que es falso lo que dijo el gobierno anterior de ‘qué dichosa la gente de las concesiones’. La realidad es que hemos salido bastante perjudicados. De lo que ofrecieron cuando entraron- mejoras en la educación, la salud, caminos asfaltados – no hemos visto nada, incluso el Vice Presidente Jorge Glas estuvo aquí prometiendo una escuela del milenio y un sub-centro de salud tipo A, pero nada. Y la compañía ni siquiera arregla la carretera por donde salen la leche y otros productos, además de los niños que van a la escuela.”
Parece que la gente del área tampoco cree en las promesas de la empresa. Segùn Israel, vieron como funcionaron las cosas con la represa Mandariacu donde después de ofrecer trabajo a toda la gente de la zonam, esta solo ocupó veinte de los mil puestos que había. Pérez manifiesta que muchos trabajadores vinieron de afuera, como suele suceder con las grandes obras de infraestructura, y que esto de los trabajos permanentes bien pagados es un espejismo.
Mientras esperamos el bus en el pueblo de García Moreno donde me reuní con Israel, un grupo de personas conversa animadamente. “Es un estupidez”, escucho decir indignada una mujer mayor. Cuando le pregunto, dice que para ella la mina va a afectar el turismo, destruir el medio ambiente y afectar seriamente el sustento de mucha gente que cultiva sábila, café y frutas como la naranjilla.
Habría sido bueno escuchar también la opinión de la Presidente de la Junta Parroquial del mismo pueblo, Gisela Morales de Alianza País. Pero por desgracia no me recibió; su secretaria señaló que se encontraba en una reunión. Pero mientras esperábamos fuera de su oficina nadie salió ni entró, ni se escuchaban voces al interior de su despacho.
El Café y el cobre
A 45 minutos de García Moreno – la mitad de la vía lastrada y polvorienta – se encuentra Apuela, un pequeño pueblo que funciona como y el centro comercial del área. Aquí se encuentra la sede de la Asociación Artesanal de Caficultores del Rio Intag, AACRI, una organización que existe desde casi veinte años y aglutina a muchos productores del valle. Ramiro Fuertes, el administrador de la Asociación, explica que el negocio del café orgánico es cada vez más sólido. “Hemos logrado avances importantes en el empaque y la distribución.”, manifiesta, “El volumen y la productividad han crecido significativamente.”
El dato que más impresiona es que son 120 a 130 hectáreas bajo producción y unas 200 familias de la zona involucradas en la cosecha. “Y eso sin contar la gente que trabaja en el procesamiento y distribución” manifiesta Fuertes. La Asociación ofrece capacitación permanente a estos socios productores, y además de ser vendido en todo el país, Fuertes cuenta que el café de Intag se exporta a Francia y Japón entre otras destinaciones internacionales.
El administrador explica que en la actualidad AACRI está trabajando con un proyecto del Ministerio de Ambiente (MAE) con el objetivo de proteger a las zonas altas, los bosques primarios y los hábitats de los animales al disminuir la presión social sobre esas áreas. Y respecto a minería, como administrador de la Asociación él reconoce la gravedad del problema para una industria que ya se arraigó en la zona, y que podría tener un futuro muy alentador. “Sin embargo”, dice, “la gente necesita producir café para conseguir ingresos, y si bien ve en la minería una amenaza no se ha desmotivado.”
Y sí algo queda claro en este enfrentamiento entre el cobre y el café (entre otras cosas) es que aquí en el Valle de Intag la gente no se desmotiva, no importa la fuente de la amenaza. Parece una característica de personas que han tenido que luchar para vivir y hasat sobrevivir, trabajando la tierra y produciendo lejos de las grandes ciudades del país.
No es la primera vez que comunidades inteñas como Junín, Peñaherra y Garcia Moreno han enfrentado a empresas mineras buscando metal en las colinas. Primero vino la japonesa Bishimetals en los años 90 del siglo pasado, encontró una resistencia fue fuerte y se fue. Luego llegó Ascendant Copper, minera canadiense que con sus tácticas más agresivas enardeció la oposición, provocando duros enfrentamientos entre vecinos, y con guardias de seguridad y funcionarios de la empresa. Al final la minera perdió. Salió de la zona, pero sigue buscando recompensa en las cortes de Estados Unidos.
Esta última vez ha sido distinto. El estado fuerte creado por Rafael Correa buscaba una fuente de ingresos para reemplazar el petróleo, recurso que está llegando a su fin, o por falta de campos nuevos o restricciones impuestas para combatir el cambio climático. La minería se vio con buenos ojos – no podemos sentarnos sobre un saco de oro dijo Correa – y se promovió fuertemente. Minería responsable prometieron. En Intag la consecuencia es la presencia de CODELCO, que entró a la zona para explorar. Y ahí sigue después de tres años, a pesar de un precio de cobre deprimido, a US $3 la libra, y a pesar de que las posibilidades de una recuperación parecen distantes.
En García Moreno la oficina de ENAMI no dispone de información sobre el proyecto. Habrá que preguntar a CODELCO me dice la asistente. Lo que quiero saber es por qué la compañía sigue en Junín, donde, de lo que se sabe, la veta de cobre en el valle es mucho menos rica que en Chile. Como explica Alberto Acosta en una reciente entrevista, los yacimientos minerales en el país: “…son relativamente pequeños, no hay yacimientos tan grandes como se ha dicho y como la propaganda oficial, sobre todo en el otro Gobierno, los presentaba”. La presencia de la minera es un misterio, pero uno que deja mal sabor en la boca de muchos habitantes del valle.
Extracción y sostenibilidad
Si existe en el país un mejor ejemplo que Intag del conflicto entre el extractivismo y la sostenibilidad, no lo conozco. Aquí en este valle verde y fértil se ponen en manifiesto las decisiones que la sociedad ecuatoriana debe tomar respecto a su futuro. La minería puede ser necesaria, aun cuando debe haber debate al respecto; hay preguntas serias sobre qué y cuánto se extrae y sobre dónde se ubicarán las minas. Y no es suficiente decir que para nosotros no, somos un país de alta biodiversidad, pero a los demás sí. Hay que buscar una solución integra al problema del uso de materiales en la economía global.
A nivel de Intag, la pregunta más importante es si es posible que todos los esfuerzos de la gente de la zona para buscar un futuro sostenible sean hundidos por una serie de minas a cielo abierto. ¿Es posible hacerse de la vista gorda frente a lo logrado allí desarrollando actividades que no solo son sostenibles sino que producen mercancías que traen divisas y que añaden valor, sin mencionar el turismo, uno de los supuestos pilares de la nueva economía del buen vivir? Parece inconcebible.
El obstáculo mayor es el cortoplacismo de la política (y los políticos) y la dificultad de determinar el punto de no retorno, es decir nuestra aparente incapacidad de cambiar de rumbo antes de que esto sea un acto de desesperación. La respuesta obvia pero que para muchos resulta aterradora, es empezar ahora a redistribuir mejor la riqueza existente del país, haciendo más con menos, aceptando que seguir consumiendo bosques, ríos y valles para conseguir rentas no sostenibles es una forma de suicidio lento.
Es urgente definir límites, pero hasta ahora no hay indicios de que el Gobierno de Lenin Moreno sea el que tome la decisión difícil. A lo mejor ve a esta clase de declaraciones con ojo amarillo. La consulta, si es que avanza, pregunta si se debe prohibir la minería en áreas protegidas y áreas urbanas, pero esas mismas prohibiciones ya existen en la Constitución, y la pregunta verdaderamente urgente es otra. ¿Pero cómo llegar a un futuro sostenible si las decisiones difíciles se postergan y se sigue destruyendo lugares donde la gente trabaja duro para lograrlo?
[i] ‘El dirigente antiminero, Javier Ramírez, acusado de rebelión fue sentenciado a 10 meses de privación de libertad.’ El Comercio 10 de febrero 2015. http://www.elcomercio.com/actualidad/dirigente-antiminero-javier-ramirez-sentencia.html
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LA GENTE NEGRA DE INTAG.
Como se mencionó al inicio del artículo hay una importante presencia de pueblo negro en el valle. A lo largo del Rio Intag existen casas, terrenos y caseríos como Santa Rosa, pero los origines de su presencia en la zona quedan poco claros. Según algunos habitantes del valle, el ex presidente García Moreno, dueño de una extensa hacienda y cuyo campamento es ahora el pueblo que lleva su nombre, trajo esclavos del Valle de Chota con el fin de abrir un camino a Esmeraldas.
Esmeria Salazar, una mujer fuerte y animada, vive con su marido, dos hijas y cuatro nietos cerca de Nangulví, a unos cinco kilómetros de Apuela. Ella cuenta que llegó al área desde el valle de Chota hace más de cincuenta años con sus padres; su abuelo ya vivía en la zona. Sus padres compraron terrenos al lado del rio donde ella y su marido, también del mismo pueblo de Chota, ahora siembran café, tomate de árbol, maracuyá y granadilla, entre otras cosas. No le gusta ser llamada afro ecuatoriana. “No tengo que ver con África”, dice con firmeza, “soy ecuatoriana y soy gente negra.” Esmeria cuenta que no hay organización entre la gente negra de la zona y que la junta parroquial tampoco les presta mucha atención salvo cuando quiere organizar una fiesta de baile para el turismo. “Pero la gente ya se dio cuenta que la junta no le iba a ayudar, y perdió interés.”
Para la minería no tiene tiempo, y si bien no se considera activista, se opone. Opina que representa una amenaza, y se vuelve brava cuando empezamos a hablar de Javier Ramírez y lo que le pasó por oponerse a la presencia de CODELCO y ENAMI. Fue una barbaridad dice.
