EL CONFLICTO ENTRE LA CONAIE Y LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. Por Inti Cartuche Vacacela*

Este artículo trata sobre los cambios en un modelo de interlocución política entre el movimiento indígena y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Estado y el gobierno de la Revolución Ciudadana; dichos cambios se encuentran en la base de las confrontaciones entre los dos actores políticos en el ciclo presente.  

El momento actual muestra un proceso de transformación del modelo de relación política entre la CONAIE y el Estado/gobierno basado en los cambios de las políticas hacia los pueblos indígenas y la participación, relacionados a la centralidad que el Estado ha tomado en la Revolución Ciudadana. Ese cambio ha provocado confrontaciones entre el gobierno y la CONAIE, en donde el punto en discusión es la participación social de las organizaciones indígenas en el modelo de Estado que se construye.

Introducción

En 2006, luego de un período de intensa movilización de diferentes sectores sociales contra las políticas neoliberales, el abandono del Estado y la crisis económica y social, llega a la presidencia de la república Rafael Correa y su movimiento Alianza País (AP). La propuesta política de AP confrontaba fuertemente, al menos en discurso, las políticas neoliberales del ciclo anterior y al papel jugado por la partidocracia en ello; también se proponía una reestructuración total del Estado a través de la creación de una nueva Carta Constitucional que se concretó en 2008. Diferentes sectores de las organizaciones sociales progresistas y de izquierda vieron en esa coyuntura la posibilidad de una transformación radical y profunda del país, del papel del Estado y de las estructuras inequitativas en las que se encontraba luego de casi 20 años de neoliberalismo.

En sus comienzos, el gobierno de AP recibió el apoyo de diferentes sectores organizados de un amplio espectro político ubicados en la izquierda, entre ellos, parte del movimiento indígena (MI). Desde el principio, los desacuerdos con la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), mayor organización del MI, fueron notorios; sobre todo, en relación al tema de la Plurinacionalidad del Estado, el extractivismo y la política pública respecto de los pueblos indígenas. Con el paso del tiempo, las confrontaciones se han ido haciendo más fuertes hasta ubicarse en oposición frontal al gobierno actual. Varias movilizaciones se han sucedido en este ciclo actual: por la Ley Minera en 2009, marcha por la vida y el agua en 2012, Ley de Tierras entre otras[1]. ¿Cómo influye la llegada de Rafael Correa en la llamada crisis de la CONAIE? ¿Qué relación tiene la transformación estatal ejecutada en este gobierno con los conflictos en la organización indígena? Más allá de las confrontaciones visibles entre el gobierno y la organización indígena, ¿qué es lo que está detrás de la oposición gobierno – CONAIE? ¿Cuál es la posición de las dirigencias actuales en este contexto? ¿Cuál es el horizonte político que se podría vislumbrar para la organización?

Movimientos sociales y Estado

A nivel teórico, la llegada de diferentes gobiernos progresistas en América Latina ha traído de vuelta el debate en torno a la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Por un lado, algunas visiones han sostenido la importancia de que los movimientos sociales tengan total autonomía del Estado, ya que correrían el peligro de la cooptación,[2]. En el otro lado, algunas posturas posicionan al Estado como único y exclusivo actor político en los procesos de transformación social minimizando el accionar y contribución de los movimientos sociales, promoviendo así una política de estado – céntrica que puede devenir en autoritarismo.

Desde otras visiones, los procesos de transformación social requieren de una participación conjunta de los movimientos sociales populares y el Estado. Es decir, éste no puede desconocer el potencial democratizador y transformador de los sectores populares organizados y su necesaria participación para ampliar y profundizar la democracia y las posibilidades de transformación social. Al mismo tiempo, los movimientos sociales no pueden desconocer el poder estatal de concreción de luchas y demandas; por tanto, no pueden abandonar la lucha por el control o participación en las decisiones estatales. Esto no significa que los movimientos sociales deban hipotecar su autonomía organizativa y política, totalmente necesaria, en la lucha por el control de las decisiones del Estado. Al contrario, la autonomía relativa es necesaria como condición de posibilidad de impugnación del poder y democratización de las decisiones.

En este sentido, un movimiento social es un actor político de carácter conflictivo y relacional, donde el Estado es el principal interlocutor político, el actor sobre el cual los movimientos sociales han volcado históricamente sus demandas (Tarrow, 1999). En el caso de los movimientos indígenas, éstos han cuestionado históricamente, a través de su movilización, en mayor o menor medida, diferentes formas de dominación. Para ello han disputado: por un lado, la definición de la racionalidad del Estado a favor de dinámicas democráticas; y por otro, el control de poderes privados. Esta disputa ha sido identificada como relevante para cambiar “las formas en que se han expresado relaciones estructurales entre los pueblos indígenas, el Estado y las sociedades nacionales” (Bello, 2004: 26).

Este enfoque teórico pone el acento en la relación dinámica entre el movimiento social y el Estado, y concibe el conflicto político[3] como proceso propio de esa relación pues el conflicto y los términos de su dirimencia tienen la capacidad de “reorganizar las relaciones internas y externas de los actores políticos”, o puede producir “un realineamiento de la lucha, la defensa, las alianzas y las rivalidades de los actores” (Tilly, 1998: 37) y de las estrategias del movimiento (Tarrow, 1999); todo esto relacionado a una estructura de oportunidades políticas.

Los movimientos sociales no solamente son acción colectiva como confrontación directa o protesta. Llevan consigo demandas más o menos específicas al Estado y para esto usan, aparte de la acción colectiva contenciosa, un discurso y unos mecanismos jurídicos e institucionales dispuestos por el Estado; los mismos que son capaces de desatar los procesos y las operaciones estatales que se buscan activar. Entre el Estado y los movimientos sociales se generan así una interlocución política que posibilita (o no) la canalización de los conflictos, y a su vez produce determinada dinámica democrática y articulación hegemónica. Por tanto, los movimientos sociales tienen la capacidad de impactar el Estado directa o indirectamente, buscan activamente cambiar ciertas relaciones de poder, marcos jurídicos o sentidos sociales. Desde este punto de vista, los movimientos sociales son también “agente[s] de influencia y persuasión que desafía[n] las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos de la realidad” (Ibarra, Gomá y Martí, 2002: 30).

Álvaro Bello (2004: 36) sostiene que, para el caso de los movimientos indígenas en América Latina, la acción colectiva no solamente se ha expresado en forma de rebeliones, estallidos sociales, protestas, que tendrían que ver con la acción colectiva contenciosa; sino también como negociación y participación a través de los canales ciudadanos y estructuras de representación ya establecidos, ha usado las leyes y ha producido marcos jurídicos como conquistas. En el caso del MIE, a partir de la promulgación de la Ley de Comunas en 1937, el Estado ecuatoriano promueve la formación de comunas que terminarán siendo las bases del movimiento social (Sánchez-Parga, 2010). Posteriormente, el movimiento modificará el carácter del Estado a través de la inclusión de demandas y políticas específicas para los pueblos indígenas que terminan democratizando el Estado. El MIE ha usado diversas formas de acción colectiva estratégica que van desde: las gestiones institucionales, la participación electoral hasta la movilización directa; es decir, una política de la influencia en términos de Zamosc (2005).

En resumen, los movimientos sociales, al interactuar con el Estado como principal factor de estructuración, usan la acción colectiva de protesta y a la vez canales institucionales por donde llevan sus demandas. Sus acciones afectan la forma del Estado en varias dimensiones; y, a su vez, éste puede propiciar transformaciones en los movimientos sociales en el orden de la estrategia, las demandas, las articulaciones organizativas. El uso de la protesta y de los canales institucionales de solución de conflictos determinan un cierto modo de relación Estado – movimiento social, que se inscribe en un determinado momento histórico.

El análisis de las trayectorias históricas de la solución (o no) de conflictos Estado – sociedad civil, o movimiento social permite mirar en qué medida ciertos estados están más o menos abiertos a permitir el posicionamiento de agendas públicas o de demandas sociales, el estilo de gestión de los conflictos sociales. Y por otro lado, mirar la trayectoria histórica también posibilita ver el grado de flexibilidad, de reacomodamiento, y re direccionamiento político del movimiento social, siempre en relación al cambio del entorno político. La eficacia estructural del sistema político establece pautas de apertura o cierre al reconocimiento, a la incorporación de demandas de actores sociales, o por el contrario tiende a subestimarlos, desconocerlos. Ésto supone apuestas sobre qué tipo de dinámica social se privilegia e incentiva como matriz formadora del Estado, una dinámica que toma en cuenta el potencial democratizador de los movimientos sociales (García Linera, 2010) o una dinámica centralizadora de la política en el Estado, diríamos en palabras de Raquel Gutierrez (2011), una política estado-céntrica.

CONAIE y Estado entre 1990 – 2006

En este período comprendido entre 1990 y 2006, la movilización indígena sirvió para posicionarse como un actor e interlocutor político necesario frente a los gobiernos y el Estado ecuatoriano. La movilización indígena en este período está caracterizada por la continua contestación a los ajustes económicos y la disputa por la reforma estatal dentro de un contexto neoliberal, dentro de los cuales se fue construyendo un modo de interlocución política. Este modo tiene dos líneas: la movilización contenciosa a través de los levantamientos y las consiguientes mesas de diálogo; y el acceso, participación y control de ciertas instituciones al interior del Estado que canalizarán algunas demandas, relegarán e incentivarán otras. Este modo de interlocución modificará a los actores de la contienda, el Estado se abrirá a modificaciones para dar cabida a las demandas étnicas del movimiento, y esté relegará progresivamente las demandas agrarias para concentrarse en la participación institucional y en la protesta anti neoliberal.

En este ciclo, marcamos dos momentos de la interlocución con el Estado: el primero, alrededor del levantamiento de 1990 donde la demanda principal hacia el Estado es la de la solución de conflictos agrarios (tierra, agua de riego, créditos) y la Plurinacionalidad[4]. En este período, la respuesta estatal será la solución parcial de las demandas agrarias y la consolidación de la educación bilingüe intercultural; un segundo momento se dará desde 1994 en adelante, donde las demandas referidas a la plurinacionalidad van tomando mayor relevancia en detrimento de las agrarias, pero dentro de un contexto mayor de movilización defensiva a la profundización de las medidas. El avance en las demandas étnicas referidas a un cierto entendimiento de la plurinacionalidad se expresan en la creación y consolidación de instituciones al interior del Estado, tales como el CODENPE y otras instituciones.

Por otro lado, la CONAIE, como parte del movimiento indígena y por medio de la acción colectiva de diverso tipo, alcanzó un control relativo de ciertos espacios institucionales en el Estado destinados a los pueblos indígenas: DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe) creada en 1988; CODENPE y Dirección de Salud como parte de los derechos colectivos impugnados durante toda la década de los noventa. Estos espacios institucionales estuvieron destinados a la implementación de políticas, programas y planificación destinados a los pueblos indígenas del país. A nivel jurídico se logró insertar en la nueva Constitución el tema de los derechos colectivos y el reconocimiento de la diversidad cultural del país en 1998, la ratificación, ampliación y declaración del carácter plurinacional e intercultural del Estado en 2008.

En términos generales, el periodo 1990 – 2006 representa para la CONAIE la formación de un modo de relación con el Estado ecuatoriano neoliberal en dos momentos: 1990 – 1994, donde la demanda de tierra subordina a la plurinacionalidad, se inaugura una forma de negociación política y se dan los pasos iniciales de una participación al interior del Estado. En el período 1994 – 2006, de acentuación de las políticas neoliberales en términos de reforma estatal y económica, las demandas coyunturales defensivas subordinan a las demandas étnicas que sin embargo se mantienen. La CONAIE fue usando progresivamente los mecanismos jurídicos logrados por sus luchas (Convenio 169, Derechos Colectivos) y aceptadas por el Estado para dar sustento legal a las confrontaciones coyunturales y de mayor alcance político y social.

El Estado en la Revolución Ciudadana

Franklin Ramírez (2010b) analiza los cambios en las políticas estatales del régimen de Correa haciendo un recuento de las condiciones sociales y políticas del momento en el que la RC llega al poder: deslegitimación social del neoliberalismo y sus efectos políticos. Las políticas de ajuste estructural, acentuadas en la década de los noventas, agudizó la pobreza de gran parte de la población ecuatoriana. De igual forma, promovieron recortes de la presencia y control estatal sobre áreas estratégicas de la economía y de la inversión social. Desde 1992, los distintos gobiernos de turno aplicaron de diferentes formas políticas privatizadoras de áreas estratégicas del Estado como: las telecomunicaciones, petróleo,, dejando el campo abierto a la entrada de transnacionales que violentaban la soberanía nacional. La aplicación de las PAE incentivaron la conflictividad social y la crisis del sistema político.

Por otro lado, la movilización permanente de las organizaciones en respuesta al ajuste económico y político provocaría la profundización de la crisis institucional: deslegitimación de las funciones del Estado a partir del feriado bancario, y de todos los partidos políticos[5]. Crisis social y política que alcanzaría su máximo nivel en 2005 en la destitución de Gutiérrez por la rebelión de los auto – denominados ‘forajidos’ y bajo el lema ‘que se vayan todos’.

De tal forma que, Correa llega con un proyecto político que se asienta y recoge estos antecedentes: la recuperación de la soberanía nacional, la salida de la ‘larga noche neoliberal’, la redistribución de la riqueza, el impulso de las fuerzas productivas en medio de alianzas con ciertos sectores progresistas y de izquierda. La herramienta que se hacía necesaria para lograr este cambio fue la Asamblea Constituyente de 2008. En efecto, una de los primeros decretos del presidente al llegar a Carondelet sería la convocatoria a la misma.

La Asamblea lograría dar las directrices de un nuevo ordenamiento jurídico del Estado en vista de su recuperación, una nueva visión de desarrollo que supere las políticas economicistas en pos de una nueva que sea respetuosa con la naturaleza y el ser humano, así como el fortalecimiento de los derechos. De esta forma, los principales cambios a nivel de la Constitución del Estado serían: la declaración de un Estado de derechos, plurinacional y soberano, la participación social, los derechos de la naturaleza, la protección de la soberanía nacional.

Según el documento construído por la SENPLADES (2009) llamado “Reforma Democrática del Estado”, las políticas de reforma promovidas por el Consenso de Washington, que se venían implementando en toda Latinoamérica, se concentraron en la reducción del papel y la presencia del Estado conforme la política neoliberal de autonomía y liberalización de los mercados.

La aplicación de la política neoliberal en el Ecuador habría influenciado a nivel del Estado en la

[…] debilidad institucional y baja eficacia de las agencias estatales a la hora de coordinar a los agentes económicos en torno a metas de desarrollo han dejado como consecuencia un país con pocas islas de modernidad e inmensos sectores poblacionales en situaciones de pobreza, exclusión y precariedad social (SENPLADES, 2009: 8).

Lo cual habría provocado la debilidad en el control de las políticas e intervenciones públicas, en la baja capacidad estatal de planificación a nivel nacional. Esta débil capacidad de coordinación del Estado se vería expresada también en la proliferación de entidades públicas (18 clases) con múltiples formas de institucionalidad (119 consejos, fondos, institutos, 16 organismos de desarrollo regional, etc.) con poca articulación a los ministerios y al ejecutivo, y poca claridad en el manejo de la autonomía institucional. Además, desde el punto de vista del gobierno, esta figura “para-ministerial”, que habrían adquirido algunas instituciones al disponer de un manejo autónomo de su acción, llevaron a la superposición de funciones entre muchas instituciones estatales. de la autonomía institucional, onal,l centro de la lacitre el Estado y la sociedad civil. econ

El otro punto de este diagnóstico se refiere a la corporativización de las instituciones estatales. En efecto, el 69% de éstas, tendrían carácter corporativo, donde han tenido primacía los gremios empresariales con un 67% en los 72 organismos estatales de carácter corporativo. Pero, al mismo tiempo, se señala la existencia de “un nuevo tipo de corporativismo” básicamente proveniente de la sociedad civil (movimientos sociales, asociaciones, etc.) situada en instituciones relacionadas con el desarrollo social y los derechos. Estas instituciones no habrían cumplido eficientemente la transversalización de las políticas públicas a su cargo (SENPLADES, 2009: 9).

En definitiva, la época neoliberal en el Ecuador habría provocado una creciente debilidad en la capacidad rectora del Estado para coordinar, planificar y llevar a cabo la política pública y organizar la institucionalidad estatal. Esta debilidad se haría presente en dos dimensiones: por un lado, la exagerada dispersión institucional del Estado que provocó grandes niveles de descoordinación y superposición de funciones en los campos de acción de las políticas públicas; y por otro lado, la cooptación corporativa de algunas instituciones estatales por parte de gremios, asociaciones y organizaciones, que dificultaron la construcción de políticas y acciones estatales en dirección del bien común.

Desde este punto de vista, la reforma estatal implicaría “tender hacia una visión universal, racional y coherente de todas las funciones y entidades del aparato estatal ecuatoriano”; así como “propender hacia una arquitectura institucional sin arbitrariedades funcionales ni agencias estatales con origen y estatus excepcional y/o discrecional” (SENPLADES, 2009: 6). En el primer caso, supone la construcción de una política de ordenamiento institucional desde el Estado, de tal forma que posibilite llevar la gestión de lo público de manera ordenada, eficaz y articulada. En el segundo caso, responde a una nueva forma de entender las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y entre el Estado y los movimientos sociales. Bajo estas dos dimensiones:

El Estado […] vuelve a ser colocado en el centro de la reforma institucional para recuperar para sí un conjunto de capacidades estratégicas que aseguren una adecuada coordinación entre política, economía y sociedad. Así, la reforma institucional del Estado busca que la recuperación de los márgenes de maniobra estatal se produzca bajo esquemas de gestión eficientes, transparentes, descentralizados, desconcentrados y participativos, a fin de dotarle de la mayor coherencia funcional y legitimidad democrática posible a sus intervenciones (SENPLADES, 2009: 5).

Es preciso señalar que esta lectura se concentra en el corporativismo social como límite para la redistribución económica ampliada; pero no como interrelación política constitutiva o modelo de interlocución democrática que definía los deberes, derechos y los alcances del Estado en tanto expresión de hegemonía. Es decir, esta lectura mira la participación social como un límite operativo y no como resultado de una contienda política entre los movimientos sociales y el Estado. Éste se propone responder a la delegación que le dieron electoralmente para defender los intereses colectivos; sin embargo, no reconoce dinámicas de demanda ni interlocutores como elementos claves que activan una respuesta estatal.

Bajo esta lógica, la relación que ha asumido el Estado frente a ciertos movimientos sociales no apunta a una profundización de la democracia, ni a un empoderamiento de la sociedad; al contrario, el Estado se fortalece, se coloca al centro de la economía y la política pero se aleja de la sociedad politizada. En este sentido Franklin Ramírez (2010b) señala que la RC, a pesar del desplazamiento de viejos partidos de derecha de la agenda pública y la democracia, ha soslayado las dinámicas democráticas

[…] no ha alcanzado para recomponer el conjunto de intermediaciones políticas entre estado y sociedad, para implicar de modo abierto a la ciudadanía y a las organizaciones sociales en la dinámica gubernativa y, menos aún, para activar sostenidas dinámicas de acción colectiva en torno a la disputa por el cambio (Ramírez, 2010b: 189).

Pablo Ospina (2009b) comparte algunos puntos del recorrido anteriormente realizado en base a Franklin Ramírez (2010b): la integración regional, la renegociación de la deuda y la centralidad del Estado en la economía y la política pública, la política anti corporativa[6]. Sin embargo, sostiene que se debe tomar en cuenta la excesiva promoción de la minería subordinando cuestiones ambientales al crecimiento económico y al reforzamiento de la posición de grandes grupos económicos nacionales vinculados al mercado interno. Para este analista se trataría de “un gobierno central fuerte cuya autoridad deriva de las encuestas de opinión y de los sucesivos resultados electorales […]; el éxito está fundado en la oportunidad de ampliar el gasto público” (2009b: 13). Y este gasto público se asienta sobre la necesidad de una política extractiva nacional petrolera y minera, lo cual ha activado confrontaciones con los movimientos sociales en diferentes grados.

Para Mario Unda (2013), a nivel discursivo, se promueve la modificación de la estructura económica: pasar de una economía primario – exportadora hacia otra de diversificación productiva y exportación de servicios especializados. Pero al mismo tiempo, el Estado se ha convertido en proveedor de condiciones generales de producción y reproducción de los capitales, de imposición de condiciones normales de explotación del trabajo y de la relación entre el capital y el Estado. Se trataría de un proyecto de modernización capitalista del Estado, donde la recuperación del mismo tendría otros significados: responder a las necesidades estratégicas para el momento actual de desarrollo de capital. En este sentido, sostiene que el gobierno provee de un Estado moderno que pueda velar por los intereses de toda la clase dominante; y no sólo de una fracción, un Estado que facilite la expansión de los mercados internos, a través de las carreteras, programas sociales y disciplinamiento laboral, y externas a través de alianzas regionales.

En este sentido, la crítica planteada por Mario Unda (2013) sobre el liderazgo de la élite en la modernización estatal, y la de Pablo Ospina (2013) sobre el estilo coercitivo con el que se busca imponer reglas supuestamente dictadas por el conjunto social, bien podrían relacionarse con el poco interés del gobierno por el fortalecimiento de actores populares organizados que puedan disputar el carácter de las transformaciones estatales y fortalecer un proceso de ampliación democrática. Es decir, la modernización estatal para el desarrollo capitalista necesita del disciplinamiento de las organizaciones sociales críticas, es ahí donde la judicialización de la protesta social, como un rasgo distintivo de este régimen tiene sentido.

La campaña “anticorporativa” del régimen, solamente destinada a las organizaciones populares, está relacionada con este giro. Bajo esta línea, el gobierno argumenta la necesidad de una re-centralización del Estado y sus instituciones de tal manera que puedan liberarse de “intereses particulares” de gremios, sindicatos y organizaciones. Esto implica, según el gobierno, la necesidad de construcción de una política desde el Estado que ayude a contrarrestar el exceso de autonomía de algunas instituciones públicas; y por otro lado, una política que logre cerrar paso al exceso de influencia de los estamentos corporativos, sean estos gremios empresariales, trabajadores públicos o pueblos indígenas. Pero esta política “anticorporativa” está destinada a neutralizar la influencia, no de todos los “gremios” al interior del estado, como plantea el gobierno; sino solamente a aquellos que disputan y cuestionan el carácter del estado en la revolución ciudadana. La judicialización de la protesta, acentuada sobre organizaciones como la CONAIE, UNE, luchadores anti mineros es resultado de esta política centralizadora del Estado en beneficio de ciertos grupos de poder económico.

Esta línea programática en la dirección de una descorporativización de las instituciones del Estado ha generado en el ciclo reciente el descontento de ciertas organizaciones sociales y ha redefinido el ámbito del conflicto. Algunos de los roces entre el gobierno de la RC y la CONAIE se motivan por esta política; pero más allá de eso, el descrédito del corporativismo que ha llevado el régimen ha logrado, en cierta medida, que la movilización indígena no sea escuchada en el Estado, desactivando el mecanismo democrático usado entre ambas partes que conjugaba movilización y reconocimiento selectivo de derechos en el ciclo anterior a la llegada de la RC.

El cambio en las políticas públicas referidas a los pueblos indígenas

Mediante el Decreto Ejecutivo 1585 en febrero de 2009 se puso fin a la autonomía de la DINEIB. Posterior a la movilización de septiembre de 2009, se derogó este decreto y fue reemplazado por el Decreto 196 “Regulación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y designación de autoridades” como respuesta a la demanda indígena de aquel entonces. Este decreto traspasa al Ministro de Educación toda la definición y control de la política educativa indígena. El Estado, a través del Ministerio toma el control y la planificación de esta institución que antes gozaba de autonomía administrativa y de planificación.

En efecto, el artículo primero de este decreto muestra claramente la dirección de los cambios en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB):

Art. 1.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe será desarrollado, fortalecido y potenciado, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado a través del Ministerio de Educación, que formulará la política para el sistema educativo nacional, con respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; regulando y controlando las actividades y el funcionamiento de las entidades del sistema, bajo los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, procurando la concepción y prácticas de éstos en todo el sistema educativo nacional (Decreto No196: 2, énfasis nuestro).

En la misma línea, este decreto cambia la estructura de funcionamiento del SEIB de tal forma que entra a formar parte del Sistema Educativo Nacional. Las atribuciones de designación del subsecretario de Educación para el Diálogo Intercultural, el director de la DINEIB y los directores provinciales de educación quedan en manos del ministro en el primer caso; y en los otros, se realizará por medio de un concurso de méritos y oposición convocado desde el Ministerio. Así mismo, se crea un ente consultivo llamado “Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe”. Las competencias y atribuciones de cada uno de estos entes estarán bajo control del Ministerio.

En la línea política del régimen, dicha Comisión será integrada por representantes de las nacionalidades, designados bajo concurso público de méritos y oposición convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; instancia que se encargará del proceso de selección de los representantes (Decreto 169: 3). Los requisitos para concursar son claros, se basan en méritos y experiencia, y no refieren a ninguna conexión con organización indígena como requisito, como se acostumbraba a través de la emisión de avales organizativos anteriormente.

En relación al CODENPE, creado en 1998, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (LOCNI) elimina al CODENPE; y en su lugar crea un Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Según el art. 7 referido a Integración señala que:

Art.7. Integración. Los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente      por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la igualdad se integrará por diez (10) consejeros en total, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sol vez, estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente. (LOCNI, 2014: 4)

El principal cambio se refiere a la centralidad que tendrá el ejecutivo dentro de los Consejos de Igualdad, pues ahora pasará a ser mayoría y tendrá voto dirimente sobre las decisiones que adopten los Consejos. De igual forma, la designación estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante concurso público de méritos y oposición. Aunque en el Art. 8 de esta Ley se afirme que “Los postulantes podrán contar con el respaldo de una o varias organizaciones sociales” (LOCNI, 2014: 4), las organizaciones en sí mismas no tendrán tanto peso dentro de la designación de los representantes. Antes de la promulgación de esta Ley los representantes del CODENPE eran elegidos directamente desde las organizaciones indígenas representativas de cada pueblo y nacionalidad.

El argumento de estos cambios es la limitación del poder de influencia de ciertos gremios (étnicos, religiosos, económicos, de género, etc.) en la esfera estatal; y en su lugar está la centralidad de la idea de ciudadano, quien debe ser el actor único de las transformaciones sociales. La legitimidad política del gobierno se asienta en los masivos triunfos electorales y en el liderazgo del presidente, sumada a la debilidad organizativa de una participación individualizada y sin posibilidad de divergir supone límites a una participación democrática real de las organizaciones sociales, y aún más de los ciudadanos individuales.

Las luchas que dieron paso a todas las instituciones indígenas estuvieron sostenidas en los derechos colectivos y la interculturalidad promulgados en la Constitución del ’98, así como la plurinacionalidad. En el momento actual, esta última noción ha entrado también en disputa. Para el gobierno de Correa las formas propias de gobierno, de administración de justicia, ciertos grados de autonomía en la definición de políticas públicas para los pueblos indígenas no son formas correctas de entender la plurinacionalidad; según este punto de vista, se trataría de crear y mantener “estados paralelos” que, según palabras del primer mandatario,

[…] buscan entender la plurinacionalidad como una alianza de territorios en donde tengan su sistema de justicia, salud, educación, en la que pretenden mandar ellos y no el legítimo gobierno del Estado ecuatoriano (“Necesario debate sobre la Plurinacionalidad”, La Hora, 20.05.2008).

Por un lado, el gobierno parece asumir la plurinacionalidad como una demanda social particularista del movimiento indígena; y en ese sentido una demanda corporativa que choca totalmente con la propuesta correísta de la necesidad de una política estatal de corte universalista. El documento titulado “Reforma Democrática del Estado” indica que:

La visión del desarrollo que inspira al gobierno de la revolución ciudadana de Ecuador entiende que el Estado es un actor fundamental del cambio, tanto como garante del funcionamiento adecuado del mercado y de la corrección de sus tendencias auto-centradas y monopólicas, como de la distribución y provisión universal de un conjunto de bienes y servicios públicos destinados a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas (SENPLADES, 2009: 5).

Y al mismo tiempo, la plurinacionalidad, tal como la entienden el gobierno y ciertos segmentos del movimiento indígena, se asimila a un modelo de organización del Estado que se basa en representaciones gremiales. Esta idea de la plurinacionalidad también es contraria a las directrices del modelo de Estado que busca construir el gobierno

Tender hacia una visión universal, racional y coherente de todas las funciones y entidades del aparato estatal ecuatoriano. Propender hacia una arquitectura institucional sin arbitrariedades funcionales ni agencias estatales con origen y estatus excepcional y/o discrecional (SENPLADES, 2009: 6).

Por su lado, dentro del Proyecto Político de la CONAIE, la plurinacionalidad

[…] requiere de la aplicación de políticas de ordenamiento de las estructuras de poder, cambios profundos en las instituciones del Estado con la participación plena y real de los Pueblos y Naciones Originarias, la redistribución de la riqueza y presupuestos del Estado, e incide en una convivencia respetuosa y de diálogo intercultural entre los pueblos (CONAIE, 2012: 12-3, énfasis nuestro).

Desde mi punto de vista, la plurinacionalidad entendida como reordenamiento de las estructuras del poder en pos de una redistribución de la riqueza, proceso sobre el cual las organizaciones pueden y deben participar activamente, no se contradice con la idea de universalización del gobierno. Por el contrario, puede promoverlo o sustentarlo, dotarle de una base social que se empodere por sí misma de un proceso tal; y al hacerlo se rompan, de algún modo, formas clienterales de acceder a recursos y a derechos. El problema también es que, el gobierno, al “quitarle” las instituciones indígenas a las organizaciones, por usar una expresión de algún dirigente, no ha querido construir conjuntamente una alternativa viable de participación social dentro del Estado. Una participación que no se reduzca a un individuo indígena desconectado de las organizaciones y que mantenga ciertos grados de autonomía que promueva una ampliación democrática. Podríamos decir que el corporativismo social, como mecanismo de participación de la cuestión pública, no es en sí mismo anti-universalizante, ni anti democrático; depende del contexto político con el que se teja. No se puede negar que en toda la época, la DINEIB fue una forma de corporativismo multicultural que promovió el aislamiento de los pueblos indígenas del resto de la sociedad en materia educativa; a pesar de los avances que, en términos generales, significó en el reconocimiento de los derechos a una educación que reconozca valores culturales y saberes de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el momento actual de cambio, el desmonte del programa neoliberal referido a los indígenas no debe significar cerrar canales de participación organizada y crítica; pretendiendo que la democracia se reduzca solamente a una noción liberal de ciudadanía y dentro de los márgenes diseñados por el Estado como ha indicado Andrés Ortiz (2013), en el caso ecuatoriano.

Confrontaciones entre CONAIE y gobierno

Durante la Asamblea de Montecristi entre los años 2007 y 2008, la relación entre el gobierno de Correa y la CONAIE tuvieron sus primeras confrontaciones. Los temas básicamente giraban alrededor de la declaratoria de la plurinacionalidad del Estado, la consulta y/o consentimiento previo para actividades extractivas en territorios indígenas, la declaración del agua como derecho humano fundamental y el problema ambiental de la minería. Aun así, y tras fuertes debates al interior y exterior del movimiento, la declaratoria del Ecuador como Estado Plurinacional, demanda histórica del movimiento indígena, se incluyó en la nueva Carta Magna^[7]. De igual forma, dentro de la cuestión ecológica se promulgaron los derechos de la naturaleza y el Sumak Kawsay/Buen Vivir como paradigma alternativo al desarrollo y la ratificación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la propuesta de la CONAIE del consentimiento previo e informado antes de la adjudicación de concesiones y aprobación de proyectos, planes y programas de actividades de prospección, exploración y explotación de recursos naturales no renovables en tierras y territorios indígenas (CONAIE, 2007: 64), no fue aceptado. En su lugar, se aprobó la tesis gobiernista de la consulta previa libre e informada (Constitución de la República, art. 57 numeral 7).

Este punto es importante porque moverá algunas de las confrontaciones posteriores en torno a recursos naturales no renovables como petróleo y minería. Adelantamos que la negación del consentimiento previo propuesto por la CONAIE está en la línea “anti – corporativa” en pos de una centralización política del Estado. La aceptación del consentimiento previo, desde el punto de vista del gobierno habría significado ceder soberanía y control del territorio nacional a los pueblos indígenas; lo cual está por fuera de los marcos de reforzamiento estatal propuesto por el régimen de Correa.

Las movilizaciones indígenas que se han realizado desde 2009 (en algunas zonas del austro anti minero incluso desde principios de 2006) han demandado la real participación democrática de las organizaciones en el control de políticas y transformaciones del Estado; de lo cual han sido excluidos sistemáticamente por el gobierno. De igual forma, el otro gran bloque de demandas tiene relación con la oposición al avance de las políticas extractivistas promovidas por este gobierno, sobre todo en lo referido al tema minero. Como ejemplo mostramos las demandas de la movilización de 2012:

• Derogatoria de la Ley de Minería por inconstitucional y cumplimiento del Mandato Constituyente No 6 (conocido como Mandato Minero).
• Aprobación de la Ley de Aguas que contemple la creación del Consejo Plurinacional del Agua, desprivatización efectiva y creación del Fondo del Agua.
• Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios que sancione el latifundio y la concentración de tierra, promueva la propiedad comunitaria y asociativa y redistribuya la tierra; y que se cree un Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario.
• Respeto y garantía del derecho a la educación, reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior presentado por la FEUE, la aprobación del Proyecto de Reforma a la Ley de Educación Intercultural presentado por la UNE y el restablecimiento de la gestión de la DINEIB y sus direcciones provinciales.

Lo que está detrás de estas demandas sigue siendo la demanda de participación de las organizaciones críticas en la discusión de las leyes; así como en la definición de las políticas en el Estado, se puede ver en la insistencia por la aprobación del Consejo Plurinacional en contraposición de la propuesta centralizadora del régimen. Pero también están las referidas al tema extractivista; sobre todo minería en la amazonia y sierra sur.

La CONAIE, constantemente ha tratado de revivir estrategias históricas de diálogo político, y de un reconocimiento de la necesidad de darle un carácter legal y necesario a la participación del movimiento indígena en la deliberación pública de los temas específicos y nacionales. Una participación autónoma de las organizaciones con respecto al estado en el diseño, control de las políticas estatales, es decir, una participación democrática en los temas comunes que afectan a toda la sociedad ecuatoriana.

Las potencialidades, riesgos y necesidades de la relación dialéctica entre los dos actores ha sido analizada por Thwaites y Ouviña (2012) para quienes es importante que los movimientos sociales mantengan cierto nivel de autonomía frente al Estado; pero, a la vez, teniendo en cuenta que las demandas de los movimientos deben ser puestas en marcha necesariamente por el Estado. Por tanto, debe propiciarse una participación autónoma y antagonista de los movimientos sociales en el aparato estatal. En este sentido se puede entender ese intento de institucionalización del diálogo por parte del movimiento indígena. Desde los espacios conquistados a lo largo del ciclo anterior, este movimiento social ha participado en la formulación, reforma, o rechazo de las políticas estatales y de gobierno; es decir, ha dado forma al Estado a la vez que ha sido estructurado por él. Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno actual, esa misma participación dentro del Estado ha sido vista como simple corporativización de un gremio especifico, como señala la SENPLADES.

Por otro lado, se puede mirar un declive en la defensa de las instituciones indígenas para dar paso a las referidas a tierra y agua. El reacomodo de las relaciones movimiento indígena – Estado provocaron el fin de esas instancias estatales. Frente a ello, las organizaciones han ido enfocando sus demandas a otras que habían sido abandonas en el ciclo neoliberal. En el último tiempo, al interior de la CONAIE, se observa una vuelta a la reflexión y el debate en torno a la tierra y al agua impulsado por las dirigencias nuevas. Pero también se debe necesariamente a los altos índices de desigualdad en la distribución de la tierra y el agua que no están siendo modificados mayormente en el gobierno actual (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008). En tal sentido, se puede comprender la mayor jerarquización de las demandas por tierra y agua por sobre las de las instituciones indígenas.

También es importante señalar que las movilizaciones a lo largo del período comprendido entre 2006 y 2014, muestran una progresiva articulación con sectores populares opositores al gobierno: Frente Popular, ecologistas, universitarios y mujeres, entre otros. La movilización de todos estos sectores se vuelven a realizar en torno a las convocatorias del movimiento indígena, pero no exclusivamente^[8]. Esta articulación también se puede observar a nivel de la Asamblea Nacional, en donde se formó el Bloque Plurinacional de Izquierda conformado por Pachakutik y el MPD. Las articulaciones se producen alrededor de las demandas por participación en la discusión de las leyes, así como por la defensa de las autonomías en las instituciones, sobre todo en la educación (DINEIB y UNE). Desde principios de 2014, la discusión en torno al Código Laboral ha ido produciendo mayores articulaciones entre CONAIE y organizaciones sindicales opositoras al régimen.

A nivel de dirigencias, a diferencia de las movilizaciones de 2009 y 2010, la de marzo de 2012 mostraba un repunte de las dirigencias vinculadas a cargos públicos de Pachakutik como prefecturas y asambleístas. En efecto, en la última Marcha indígena, la iniciativa inicial estuvo a cargo del Prefecto de Zamora Salvador Quizhpe. Así mismo, en las diferentes movilizaciones las dirigencias de Pachakutik han tenido un papel importante a la hora de los debates en la Ley de Aguas, y en los diálogos con los Asambleístas. Esto se podría entender por los reacomodos y disputas internas en la organización conectados al impacto que ha tenido en la organización la presencia de Correa. Éste, no solamente ha acogido los discursos y algunas demandas de las izquierdas del ciclo anterior, sino que ha modificado las políticas étnicas desde el Estado, ha promovido mayor presencia territorial mediante la obra pública, pero sobre todo de los bonos de todo tipo y la misma voluntad de intervención al interior de las organizaciones. De todas formas es necesario un estudio más detallado de las dinámicas organizativas que se están produciendo en este período en las bases de la CONAIE para poder entender a cabalidad de por qué algunas organizaciones apoyan al gobierno y otras no.

Esos reacomodos a un nuevo momento histórico se expresan en las divergencias al interior de la organización en torno a la viabilidad de mantener el diálogo político con el gobierno.

El movimiento indígena siempre tiene que estar predispuesto a dialogar, así sea un presidente indígena, así sea alguien de la ultraderecha, tiene que estar predispuesto a dialogar. El movimiento indígena dialogó con el Febres Cordero […] claro no coincidían […] pero dialogaron en puntos que debían dialogar y proteger a la organización. Lo peor que puede pasar es que no dialogar, no proteger a la organización, simplemente confrontar y enfrentar el Estado y perjudicar a los pueblos y nacionalidades. Hay cosas que enfrentar con firmeza y claridad, pero también hay que dialogar para avanzar.  Entonces yo creo siempre el movimiento indígena va a tener esa predisposición para dialogar, nosotros hemos tenido esa predisposición, ahora otra cosa es que no se ha concretado (HCH, 2014, entrevista).

Por otra parte, otro ex dirigente plantea en estos términos el diálogo

solamente hay que mirar el pasado un poquito […] cómo se dieron los diálogos, en qué condiciones se dieron los diálogos, no es diálogo por diálogo, no es ir a golpear la puerta y que me abran la puerta para ver qué converso, yo creo que ahí está la falla. ¿Dónde está la agenda del movimiento indígena?, hay que organizar esa agenda, […] e irse con una agenda, con una propuesta, […] Segundo, las condiciones […] en el pasado. O sea el diálogo se dio en el fragor de la lucha, el levantamiento hizo que los gobiernos digan “bueno, bueno a ver dialoguemos ¿qué quieren?” ¿y ahora que? yo no digo qué hay que hacer un levantamiento, pero mínimamente generemos condiciones para que haya un diálogo (LM, 2014, entrevista).

El reacomodo de las relaciones entre el movimiento indígena y el Estado se expresan en la poca efectividad que han logrado las movilizaciones callejeras en el ciclo presente. A pesar de que en 2010 se haya logrado “detener” la Ley de Aguas, como expresó cierto dirigente, no se logró mayor diálogo político vinculante. En efecto, la ley quedó represada por cuatro años y fue aprobada en el mes de junio de 2014. En esa ocasión, se pudo verificar una débil movilización indígena alrededor de la CONAIE. Oficialmente, dichos años fueron usados para realizar las consultas en las comunidades y organizaciones, pero que a decir de las dirigencias actuales no fueron vinculantes. No se incluyó la demanda del Consejo Plurinacional.

Conclusiones: horizontes de las organizaciones indígenas

El gobierno de AP ha promovido una reforma estatal general donde el Estado se ha fortalecido en este último período. Ese fortalecimiento del Estado ha tenido consecuencias sobre la participación real de las organizaciones indígenas en las decisiones estatales y en la acción colectiva de las mismas, la transformación estatal está provocando un cambio en la forma de relación política que la CONAIE había construido con el Estado en el período anterior. El Estado, en su afán centralizador excluye rotundamente del diálogo político a esta organización tanto en las respuestas a la protesta social indígena como a nivel institucional donde desmonta los canales de participación indígena construidos en el período estatal.

¿Cuál es la respuesta de la organización? Ante el nuevo escenario, las dirigencias indígenas en relación a las estrategias políticas, han optado por la radicalización del discurso confrontativo, la “resistencia total al gobierno”; “no al diálogo” afirman algunos dirigentes. Lo que se puede ver detrás de estos discursos es una tendencia autonomista sustentada en la sobrevaloración de las diferencias étnicas y de la cultura indígena que no es nueva; pero podría profundizarse a raíz de la constante confrontación con el gobierno y producir un encierro o aislamiento de las bases y del resto del proceso histórico actual. Se concretaría así una aspiración neoliberal de construir reductos étnicos que estén supuestamente por fuera de los procesos políticos nacionales e internacionales.

Otros, por su parte, apegados históricamente a una forma de relación entre indígenas – Estado/gobierno apelan a la búsqueda de un diálogo político. Pero ahí parece que pesa el no reconocimiento y la aceptación crítica de las fortalezas y las debilidades de la CONAIE. Del lado del gobierno, se tiende muchas veces a una burda generalización de la CONAIE como una organización eminentemente étnica – corporativa, corrompida y sin propuestas; desconociendo así la múltiple heterogeneidad organizativa e ideológica de la organización, los procesos internos de disputas y construcciones de hegemonías. Pero sobre todo, el gobierno ha mostrado una voluntad férrea de golpear a las organizaciones populares mediante una estrategia discursiva que busca equiparlas con la derecha de este país. Crítica fuertemente el accionar de estas organizaciones, las trata de dividir y subordinar, y al mismo tiempo no cuestiona ni afecta el poder económico de los sectores de la burguesía de este país.

Las organizaciones y cierto sector de la dirigencia reconocen los avances en obras de infraestructura, en inversión social; sin embargo, lo que cuestionan es, sin duda, la participación directa y autónoma en la planificación y el control estatal. Como se quejaba un ex–presidente de la CONAIE, el gobierno ha recogido algunas demandas históricas del movimiento indígena pero lo ha hecho “a su manera, sin una conversación sin mediar una discusión de un proyecto”. Al contrario, lo que el gobierno ha mostrado cada vez con mayor claridad es su falta de voluntad al diálogo político, ha construido un monólogo en consonancia con su acción centralizadora de la política en el estado. El gobierno no reconoce la necesidad del conflicto y del debate político para el avance democrático y la transformación de la sociedad, construye una política de amigo/enemigo de la revolución ciudadana desconociendo los procesos históricos de emancipación social donde la participación organizada de los sectores excluidos y explotados ha sido fundamental. Peor aún, no dialoga políticamente con los movimientos sociales, pero sí lo hace con ciertos sectores empresariales, lo cual indica claramente la postura política dominante en el gobierno. Esto se enlaza con el constante ataque a las organizaciones sociales, cosa que no ocurre con los sectores burgueses del país. Tal posición cierra un momento de posibilidad de transformación democrática de la sociedad a favor de fuerzas conservadoras pro capitalistas neoliberales que no han visto mermados sus privilegios y poderes en el país, negando así las expectativas y esperanzas de cambio de los sectores populares que lucharon y dieron su contribución para que tal momento se haya abierto.

Por otro lado, el cambio de un modo de interlocución política obligará a las organizaciones y las dirigencias a repensar el proyecto político indígena. Los efectos del neoliberalismo como un programa total económico, político y cultural ha impactado en la dirección política y organizativa de la CONAIE, promoviendo “virajes etnicistas”, alejándola, en parte, de su proceso histórico original de lucha articulada a otras organizaciones populares dentro de un proyecto nacional que posibilite trazar caminos que vayan más allá del capitalismo. Se trata de ir más allá de la defensa de derechos logrados, a pesar del neoliberalismo, de cuestionar los alcances y las limitaciones de un anclaje étnico en la lucha. No se trata de sobreponer las demandas de redistribución a las de reconocimiento; Nancy Frazer (2006) ha indicado que aquellas deben ir siempre enlazadas una con otra en el horizonte de una ampliación democrática y de liberación. En este sentido, las organizaciones indígenas necesitarán repensar, realinear o rearticular el proyecto de la plurinacionalidad dentro de las posibilidades y necesidades históricas actuales nacionales e internacionales.

Una de esas necesidades es pensar el proyecto político en relación a los cambios socio estructurales que han vivido los pueblos indígenas en los últimos veinte o treinta años: migración del campo a la ciudad y hacia el exterior; profesionalización y nuevas clases sociales; proletarización que desde nuestro entender no han sido tomados en cuenta por algún tiempo bajo la centralidad que adquirieron los derechos colectivos después de 1998. Afortunadamente, en estos últimos años y bajo la influencia de algunas dirigencias se está llevando a cabo un proceso inicial de organización de los estudiantes indígenas en las universidades, de los profesionales y de los trabajadores agrícolas en algunas zonas del país en un horizonte de articulación con otras organizaciones populares. Al mismo tiempo han iniciado también una primera evaluación crítica de la DINEIB, de las instituciones indígenas y de Pachakutik. A pesar de logros obtenidos en los primeros años en educación, en la actualidad, es necesario repensar la educación en términos que vayan más allá de lo étnico cultural; “el movimiento indígena ya no es solo de la selva o el páramo, está también en las ciudades”. De igual forma, la educación, según estos dirigentes, debe ser “propia y comunitaria” en contrasentido a lo bilingüe intercultural de la educación indígena que se habría cerrado en lo “indígena”. La adopción de una educación propia y comunitaria implicaría la incorporación de otras realidades sociales “ya que en el país existen muchas comunidades que no son necesariamente indígenas”. Se puede mirar en estas posiciones de algunas dirigencias la necesidad histórica de la CONAIE de hacer una evaluación seria de los límites de las políticas de identidad como diría Frazer (2006) para reposicionar el proyecto político de la plurinacionalidad en un marco nacional y de transformación de toda la sociedad.

Al interior de las organizaciones indígenas se habla de “retomar el proyecto histórico” del movimiento indígena. Creo que eso no significa avanzar dentro de proyectos autonomistas ni etnicistas por fuera de la historia de los pueblos indígenas. Al contrario, un horizonte tal implica recordar que las luchas indígenas desde Dolores Cacuango, pasando por la movilización en torno a las reformas agrarias y el período de la lucha contra el neoliberalismo ha estado unido a la lucha por construir condiciones políticas en la matriz Estado – sociedad en el horizonte nacional. Esa lucha hegemónica, obviamente, ha tenido avances y retrocesos, que son inherentes a la condición no definitiva que todo movimiento social tiene en relación a su identidad, y que es a la vez la condición de posibilidad de su rearticulación y proyección en tanto pueda ligar su lucha a lo nacional y al horizonte de la emancipación de la sociedad en su conjunto.

Referencias

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NOTAS

[1] La investigación base de este artículo se realizó hasta el año 2013. En lo posterior se han registrado otras movilizaciones importantes que no han sido tomadas en cuenta en esta indagación.

[2] En esta postura algunos autores ecuatorianos han incluido al movimiento indígena y a la CONAIE, concluyendo que su crisis se deben a esa cooptación estatal así como a la “cooptación social” por parte de los proyectos de desarrollo que desde los años noventa se han aplicado en la población indígena.

[3] Tilly (1998: 33) asigna el término conflicto político a todas las acciones: 1) en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores; 2) en las que, al menos una de las partes afectadas, incluyendo terceras partes, es un gobierno.

[4] Diversos investigadores como Guerrero y Ospina (2003), Barrera (2001), Zamosc (1993), entre otros han estudiado a profundidad los factores sociales, políticos, económicos de la conformación del movimiento indígena en los noventa. También se ha analizado su actoría política (demandas, formas de movilización, discurso y propuesta política), de tal forma que no vamos a reseñar todo ese proceso ya descrito.

[5] Crisis política que arrastró incluso a los partidos de izquierda que pretendían ser alternativa electoral como Pachakutik Nuevo País (Ramírez, 2010a).

[6] Aunque comparte con Ramírez (2010b) en señalar como uno de los puntos importantes de la política estatal a la descorporativización.

[7] Cabe recordar que mientras la CONAIE impulsaba la inclusión de la plurinacionalidad del estado como condición de interculturalidad, la FENOCIN creía que el estado debía ser intercultural y la plurinacionalidad desechada. A su vez, la posición de Correa y ciertos segmentos de AP siempre estuvieron en desacuerdo con la plurinacionalidad.

[8] En el período del actual gobierno se han producido también movilizaciones relativamente fuertes de sindicatos de trabajadores públicos como maestros y médicos, así como de ecologistas en torno al tema del Yasuní; y lo propio con organizaciones de mujeres en relación a la despenalización del aborto y derechos reproductivos.

* Maestría de Sociologia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Investigador asociado del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)